La Justicia de Mar del Plata investiga a Alejandra Género, presidente de la Sociedad de Protección a la Infancia, y a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial de Balcarce conocido como el “Patronato”, por cuatro episodios de presunto maltrato infantil ocurridos a fines de noviembre. El caso se inició tras la difusión de un audio de 40 minutos con insultos y amenazas contra dos menores, grabado por una empleada y ya incorporado al expediente.

La institución funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes que, por distintos motivos, no pueden permanecer temporalmente con sus familias. Allí conviven chicos derivados por el Servicio Local o por decisiones judiciales, generalmente en contextos de vulnerabilidad, violencia familiar o negligencia. El personal tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar y acompañarlos en lo educativo y afectivo, aunque los hechos denunciados derivaron en una causa penal.

El registro difundido por el periodista Hugo Ponce contiene frases violentas como: “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Callate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”. También se escuchan amenazas como “La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más” y descalificaciones hacia los menores en medio de una crisis emocional.

El Juzgado de Familia N°6 de Mar del Plata dictó el pasado viernes 5 una medida cautelar para proteger a los chicos involucrados, tras la denuncia enviada por la Escuela Especial N°502. La jueza ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros y cualquier tipo de contacto -por teléfono, redes sociales o mensajes- con los menores. La medida alcanza a Género, Benaduche y a otros trabajadores del hogar, y rige en todos los ámbitos donde los chicos puedan estar.

El juzgado advirtió que, en caso de incumplimiento, se dará aviso inmediato a la Justicia Penal por lesiones, amenazas y coacción. La causa tramita en paralelo en el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata. Las acusadas fueron citadas a indagatoria el próximo miércoles 17 ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina. Además, se enviaron oficios urgentes a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos para garantizar el seguimiento de la situación.

Fuente: con información de TN

Denunciaron a una docente por el presunto maltrato contra un alumno en una escuela de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

El brutal caso, que se dio a conocer en las últimas horas, generó conmoción entre los familiares de los chicos que asisten a la Escuela N° 155 Máximo Fernández Coria.

Según precisaron los medios locales, el episodio se hizo público a través de un mensaje en las redes sociales por una mujer que aseguró haber visto cómo una docente maltrataba a un chico de 2° grado.

“Cuando me acerqué al aula vi que la seño estaba con la puerta cerrada pegándole a un nene. Después lo sacó y lo arrastró del brazo como si fuera un trapo de piso hasta la dirección. El nene lloraba desconsoladamente”, relató en un mensaje dirigido a los padres, que luego se viralizó en las redes.

Durante la reunión de este lunes, la Policía estuvo presente en el colegio. (Foto: Policía de Chubut)

Esta situación generó conmoción dentro de la institución, por lo que las autoridades salieron a dar una respuesta y explicaron cómo accionaron luego de la denuncia.

“Se llevó a cabo todo lo que está reglamentado según la normativa vigente ante el supuesto maltrato. Llamé a la Policía para que se hiciera presente y salvaguardar la integridad tanto de los estudiantes como del personal, y de manera simultánea a la supervisora técnica escolar, que nos acompañó en todo momento. También informé de inmediato a los superiores”, detalló la directora del establecimiento, Guadalupe Leblic.

Ante el preocupante caso, la directora convocó a una reunión que se llevó adelante este lunes. “Se escuchó a cada papá y se dejó registro en actas. Se hizo lo que corresponde hacer según la normativa vigente”, precisó.

Durante el encuentro estuvieron presentes la supervisora técnica escolar y un equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación, personal de la Sección 5° y la Policía Comunitaria.

“Se coordinó para que esté la seguridad que corresponde para salvaguardar la integridad de cada uno de los que asistimos al establecimiento”, aclaró Leblic.

El pedido de presencia de seguridad se llevó adelante luego de una convocatoria que se había realizado para manifestarse frente a la escuela, un flyer que también se difundió en las redes. “Desconozco quién fue, porque se hizo de manera anónima. Cuando llegaron a la escuela pedí que estuviera la persona que había hecho la convocatoria y no estaba”, aclaró la autoridad educativa.

Acerca del futuro de la docente señalada, la directora explicó: “No es facultad de esta dirección tomar esa decisión, sino de nuestros superiores, quienes están informados de toda la situación”.

Fuente: TN

Un caballo que sufría maltratos por parte de su propietario fue recuperado hoy por personal de la Comisaría Decimocuarta y de Zoonosis municipal en un domicilio del barrio Peralta Ramos Oeste. En el lugar no había moradores.

La denuncia de los vecinos dio cuenta de la crueldad con la que el animal era tratado, rastros que se pudieron observar en su cuerpo. Se trata de un caballo tipo potrillo, color marrón y blanco.

El operativo se realizó en una vivienda de San Salvador al 7600 a partir de una orden de allanamiento expedida desde el Juzgado de Garantías N°1 a expensas de la Unidad Fiscal N°5, a cargo interinamente del fiscal Fernando Berlingeri.

El animal finalmente fue derivado a la Delegación de Caballería, mientras que se ordenó que el personal de Zoonosis realice un seguimiento sobre su estado. 

No hubo imputados al no encontrarse moradores en el lugar, aunque se labraron acciones por infracción a la Ley 14.346 de maltratos y actos de crueldad a los animales.

Un capitán del Ejército Argentino fue procesado por los presuntos maltratos y perjuicios ocasionados el año pasado a una mujer que ostentaba una jerarquía inferior en dependencias del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601 de Mar del Plata. Se trata de un delito previsto en el artículo 249 bis del Código Penal (CP) de la Nación que prevé una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión.

La denuncia se tramitó ante el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, quien delegó la instrucción en la Fiscalía Federal N°2, que conduce Santiago Eyherabide.

La reconstrucción de los hechos, conforme las pruebas reunidas y sumados los testimonios escuchados, indica que los episodios habrían ocurrido a partir de marzo de 2023, en el marco de las funciones que ambos cumplían en el ámbito del GADA 601 del Ejército Argentino, donde la víctima fue destinada para sus tareas al inicio de ese año, y donde el imputado era jefe de Batería.

Entre el material probatorio reunido por la fiscalía, que dio cuerpo a la investigación, se encuentran las denuncias radicadas tanto en la Comisaría de la Mujer como en la Oficina de Enlace de Género del Ejército, y el sumario administrativo que se desprendió de esta última, por el cual fue suspendido el hombre denunciado por violencia en razón de género.

“En ese grado de subordinación el imputado habría comenzado a enviarle mensajes de carácter personales, excediendo lo laboral y la función militar, con la finalidad de extraer datos personales (…), indagando sobre su vida privada y generándole incomodidad a la víctima”, relata el procesamiento. Este accionar, señaló el juez Inchausti más adelante, “se habría intensificado y prorrogado en el tiempo, convirtiéndose en un hostigamiento laboral y sexual”.

En este sentido, se tomaron como evidencia mensajes enviados por el acusado al teléfono personal de la mujer, y se analizaron hechos concretos, que generaron “un menoscabo evidente en el nombre y honor” de la denunciante, y situaciones de vergüenza frente a compañeros de trabajo. “Tales episodios denunciados (…) se enmarcan en un supuesto de violencia de género dado el sometimiento, opresión, trato arbitrario y acoso laboral y sexual proferido hacia la víctima”, sostuvo el magistrado.

Para el juez, el hecho reprochado encuentra su justa adecuación típica en el artículo 249 bis del CP, que dentro del Capítulo IV sobre delitos por “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, señala: “El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis meses a dos años, si no resultare un delito más severamente penado”.

Al analizar la calificación legal de los hechos, el magistrado reparó en lo dicho por la víctima: que en los momentos en que hacía servicio de semana, cuando su superior la llamaba entraba en pánico, pues no sabía qué era capaz de hacer.

“El modo en que le hablaba frente a sus compañeros y las exposiciones que la hacían pasar vergüenza, (…) y el contenido de los mensajes enviados a su celular (…) que configuran acoso laboral y sexual, sumado a la divulgación de situaciones que no ocurrieron, ocasionaron un perjuicio en la víctima, claramente producto de ese accionar arbitrario”.

En esta línea, amplió que el acusado “se dirigía a la víctima a través de una serie de gritos, hostigamientos, malos tratos y comentarios de índole sexual, siempre en el marco de abuso de poder y en ocasiones frente a otros subalternos”.

Inchausti también remarcó que “los episodios aquí denunciados, desarrollados en el marco de la institución militar y/o con motivo de funciones de servicio, se enmarcan en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del imputado”.

“Su conducta -continuó el magistrado- resulta especialmente grave por pertenecer a una institución del Estado argentino, obligado en todos sus poderes a asegurar el cumplimiento de las exigencias internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Así, no sólo había perjudicado a la víctima en particular, sino al buen funcionamiento de las instituciones estatales”.

Al resolver las medidas cautelares, el juez procesó al jefe de Batería del GADA sin prisión preventiva y con un embargo de 10 millones de pesos. Además, dispuso la continuidad de la prohibición de acercamiento a la víctima que ya estaba vigente.

Fuente: Fiscales.gob.ar

La Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló y clausuró un geriátrico clandestino que torturaba a los ancianos que vivían allí. Tras el allanamiento, se descubrió que vivían hacinados y no les daban de comer.

El operativo tuvo lugar en el establecimiento ubicado en la calle Gualeguay al 5400 en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que los procedimientos estuvieron a cargo de la División de Delitos Contra la Salud Pública de las fuerzas federales.

Según precisó la titular de Seguridad, el lugar había sido clausurado el año pasado por el ministerio bonaerense, pero de igual manera seguía funcionando. Además, precisó que en el domicilio había solo dos mujeres a cargo de 25 adultos mayores.

Los residentes vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, con falta de aseo personal y sin comida. Cuando los bañaban, inclusive, lo hacían con agua fría.

Asimismo, se estableció que las víctimas no podían defenderse porque presentaban problemas cognitivos o de movilidad. Luego de los allanamientos, los investigadores los trasladaron a residencias geriátricas del PAMI.

La causa se inició tras una denuncia presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, dependiente de Luis Antonio Armella, y en la Secretaría Penal N°3, a cargo de Maximiliano Iturburu, de acuerdo a la información a la que pudo acceder el medio local.

Tras ello, se dio intervención a la División que participó en los operativos para investigar si efectivamente en ese lugar funcionaba un geriátrico clandestino y si se llevaban a cabo actividades delictivas vinculadas a la trata de personas o la explotación laboral.

Luego de que corroboraron las sospechas, la dependencia federal solicitó el allanamiento de la precaria vivienda.

Sumadas a las torturas a las que eran expuestas los jubilados, los efectivos identificaron que el lugar se encontraba en muy malas condiciones edilicias, así como también descubrieron que no contaba con las medidas mínimas de seguridad de higiene correspondientes para el servicio que decían brindar. 

Fuente: TN