La conducción de UTHGRA Mar del Plata presentó ante la Justicia una denuncia penal contra la actual concejal Mercedes Morro, alineada con el dirigente sindical Dante Camaño, por el presunto delito de "malversación de fondos gremiales en provecho propio", en el marco de su gestión al frente del sindicato y que involucra la compra de un departamento en la ciudad.La presentación judicial, tramitada bajo la IPP N° 20440-25 en la UFI N°10 del Departamento Judicial de Mar del Plata, incluye además como co-denunciado a Horacio Darío Ocampo, quien oficiaba como tesorero durante la gestión de Morro y actualmente cumple funciones en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc).La denuncia cuenta con elementos probatorios contundentes. A partir de una auditoría interna iniciada en diciembre de 2021, cuando asumió la nueva conducción sindical encabezada por Pablo Santín, se descubrió un sistema contable “pésimamente organizado” que derivó en el hallazgo de documentación fuertemente comprometida: correos electrónicos, facturas de servicios, comprobantes de transferencias bancarias y comunicaciones entre la empresa constructora Cuarzur y autoridades del gremio de la gestión anterior.

Uno de los hallazgos más graves fue el descubrimiento de 14 comprobantes de transferencias bancarias en el correo electrónico oficial de UTHGRA hacia la firma constructora Cuarzur Edificios S.A., correspondientes al pago de cuotas para la adquisición de un departamento ubicado en Salta entre Matheu y Formosa. El inmueble figura a nombre de Mercedes Morro, no del sindicato.Además, se detectaron correos electrónicos enviados desde cuentas oficiales del área de Finanzas del sindicato a Cuarzur Edificios S.A., en los que se gestionaban pagos y se solicitaban prórrogas para abonar una cochera, también a nombre de Morro, en el mismo edificio.Uno de esos correos, firmado por el propio Ocampo, dice textualmente: "Hablando con la Sra. Mercedes, surgió la idea de posponer la compra de la cochera para marzo, ya que actualmente no podemos afrontar los gastos que demandaría la firma del boleto. Máxime teniendo en cuenta que el día 10 de enero de 2017 debemos transferir el refuerzo por el departamento.”También se hallaron correos electrónicos enviados a casillas institucionales del gremio, en los que empresas prestadoras de servicios como EDEA remitían facturas a nombre de Morro por consumos del inmueble en cuestión, lo que demuestra que los servicios eran pagados -o al menos monitoreados- desde las propias cuentas del sindicato, que se nutren de los aportes de los afiliados y afiliadas a UTHGRA.Incluso se recibieron en la casilla oficial comunicaciones del consorcio del edificio Cuarzur I, dirigidas a Morro como propietaria, informándole sobre reuniones de consorcio, el reglamento interno y el uso de amenities del edificio, lo cual consta en detalle en la presentación judicial.Los hechos expuestos en la denuncia con sobrada evidencia revelan una operatoria sistemática de uso indebido de fondos, y prueban que se utilizó la estructura administrativa de UTHGRA para consumar una operación de carácter personal y privada, sin el aval ni el conocimiento de la comisión directiva del gremio.Desde la conducción actual de UTHGRA Mar del Plata repudiaron enfáticamente los hechos que, tras ser advertidos, fueron denunciados ante la justicia para su correspondiente investigación.“Consideramos que estamos frente a un hecho grosero y explícito de corrupción, en el que se malversaron recursos que pertenecen a los trabajadores de la actividad hotelera y gastronómica de la ciudad, a quienes han perjudicado gravemente”, expresaron.Tal como consta en la denuncia penal, “existen elementos suficientes para creer que Morro utilizaba indebidamente los fondos de UTHGRA seccional Mar del Plata, y al personal de la misma, para la compra de un inmueble a título personal, aprovechándose de su condición de secretaria general y con la complicidad del Sr. Ocampo, quien autorizaba las transferencias e intercambiaba correos con la empresa Cuarzur.”La adquisición del departamento se concretó, los servicios se pusieron a su nombre y el sindicato nunca fue parte formal ni informal de la operación. Todo esto se llevó adelante sin control institucional y en total detrimento del patrimonio colectivo de UTHGRA.

Frente a la gravedad de los hechos, la conducción de Pablo Santín solicitó a la Justicia que “investigue con celeridad, profundice en las responsabilidades penales de los involucrados y condene todo acto de corrupción”.

Se pidieron urgentes medidas al Banco Nación para que envíe informes de todas las transferencias que existieron desde las cuentas de UTHGRA a Cuarzur, como así también a las empresas EDEA y Camuzzi. Además, se solicitó un allanamiento urgente a la empresa Cuarzur para que ponga toda la documentación a disposición.

“Este accionar inescrupuloso que daña la honorabilidad de la UTHGRA y de las familias hoteleras y gastronómicas, debe tener consecuencias. UTHGRA Mar del Plata no tolerará ningún tipo de abuso de poder ni uso indebido de los recursos que pertenecen a sus afiliadas y afiliados. Confiamos en que la verdad prevalecerá y se hará justicia”, completaron.

El director de ANSES, Mariano de los Heros, que depende del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra el Gobierno de Alberto Fernández para que se investigue el destino de más de 118 millones de pesos que integraban un fondo que debían ser asignados a obras de desarrollo productivo. Entre varios casos, se señalan dos que tienen relación con Mar del Plata.

Según señala la denuncia difundida por la web Infobae, se investiga el “financiamiento y pago de los pasajes aéreos y los gastos relacionados a la participación de una joven oriunda de Mar del Plata en el curso Reporteando desde la Gran Ciudad de la Academia de Verano del diario estadounidense The New York Times”.

También, el financiamiento “para los traslados ida y vuelta desde distintos puntos del país de 600 jóvenes hasta la ciudad de Mar del Plata, que incluyen el hospedaje con pensión completa, servicios de traslados y viandas para distintas actividades”.

El organismo previsional presentó la denuncia para que se investigue la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE), por haber encontrado “inconsistencias y discrecionalidad tanto en la elección del destino de los fondos, como en la operatoria de rendición de los mismos”. Según se indicó, la anterior gestión habría asignado estos fondos de manera discrecional y sin cumplir requisitos mínimos de transparencia en la ejecución.

Por una denuncia similar a esta, presentada también por el organismo que conduce Pettovello, tomó estado público el escándalo de los seguros, que salpicó a Alberto Fernández y su círculo más cercano de amigos y funcionarios, y que luego derivó en la difusión de los chats entre el ex presidente y su pareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia de violencia de género y comportamientos inapropiados para un jefe de Estado.

De acuerdo con los detalles de la acusación, los fondos que habrían sido desviados a fines no previstos por la normativa vigente al momento de la comisión de los hechos “ascienden a la suma de 118.625.555,22 pesos, que actualizados a valor presente por Índice de Precios al Consumidor desde el momento de cada desembolso harían un total de aproximadamente 423.451.935,45 pesos”.

Según la Ley N°27.574, el FAE está integrado por las transferencias de los honorarios de funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el Fondo de Garantías de Sustentabilidad tenga participación accionaria. También, dispone que “los activos que integran dicho fondo deben destinarse a la recuperación, la producción y el desarrollo argentino, para el desarrollo sustentable de la economía nacional y los controles que deben aplicarse para la transparencia en su administración”.

La denuncia, en base a lo que informó el Ministerio de Capital Humano, involucra al menos veintidós hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y podrían quedar encuadrados en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”.

“Tales conductas constituirían actos de corrupción en los términos establecidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, al que nuestro país se encuentra adherida, ya que denotarían una administración discrecional e injustificada, que habría ocasionado, a priori, un perjuicio patrimonial a ANSES y al FAE”, se indicó.

Al respecto, De los Heros resaltó que desde el inicio de la actual gestión se viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Capital Humano “en la revisión y auditoría de todas aquellas actuaciones administrativas que han comprometido fondos públicos durante anteriores gestiones” y en ese proceso “hemos encontrado varias irregularidades o inconsistencias y hemos realizado las correspondientes denuncias en cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos”.

“No podemos ni debemos tolerar que el dinero de los argentinos, y en especial de nuestros jubilados, sea utilizado con fines políticos. Es mandato del presidente, Javier Milei, llevar a la justicia cada situación de posible corrupción que encontremos”, consideró.

Según se describe en la denuncia, de los 22 hechos detallados se desprende que los activos del FAE no habrían tenido como destino proyectos productivos conforme establece la Ley N° 27.574, y tampoco se habría respetado lo previsto en cuanto a dónde invertir dichos fondos, ni los principios de seguridad y rentabilidad que deben primar en toda inversión y que impedirían la utilización caprichosa de los fondos para fines distintos a los que la ley prevé”.

Otros proyectos denunciados en la justicia federal son:

-“Financiamiento a La Casa del Bicentenario para la compra de un celular, alimentos, bebidas, artículos de librería y pago de honorarios a talleristas”.

-“Financiamiento a la Asociación Civil En comunidad, con la fuerza del mar para la realización de talleres cubriendo gastos de honorarios a profesores de skate, equipamiento de skate, viáticos a Pinamar, refrigerios para las actividades, señalética y tachos de basura, equipamiento tecnológico, sonido, viáticos a DJ y banda para la actividad de cierre”.

-“Financiamiento para la construcción de composteras, cestos de basura y contenedores de basura para separación de residuos en conjunto con la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 Ing. José R Cantón de Brandsen”.

Fuente: Infobae

La ex secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, Silvia Varg, fue imputada por presuntamente haber cometido el delito de malversación imprudente en una causa que investiga la supuesta sustracción de mercadería y materiales de los depósitos municipales. Ya hay otros dos imputados acusados de haber participado del desvío de los bienes sociales.

Luego de que la ex funcionaria pública no se presentara a la audiencia de imputación que estaba pactada para el lunes y no justificara los motivos de su ausencia, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) la intimó a presentarse este martes. En esta segunda oportunidad, Varg acudió acompañada de un abogado particular, pero se negó a declarar, responder las preguntas de la fiscalía y aportar documentación que pudiera allanar la investigar.

De esta manera, la fiscal penal a cargo de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, justificó la imputación por malversación imprudente al acusar a la ex titular de Desarrollo Humano de no haber implementado los controles necesarios sobre los bienes sociales que se encontraban bajo su custodia. Una presunta prueba de la mala administración sería la falta de confección de un acta de cierre de gestión, de inventarios permanentes y control de stock.

En este sentido, la investigadora apuntó que la entrega de los bienes sin que hubiera documentación que dejara constancia del recibimiento de los mismos y sin la presencia de funcionarios pertenecientes a otras áreas municipales que brindaran el respaldo legal adecuado habrían gestado las condiciones necesarias para que se desviaran los cargamentos.

Por el delito de peculado, es decir, del hurto de los caudales de materiales y mercadería, fueron imputados el ex presidente de “Pan Solidario-Panadería Social”, Luis Emilio Fayón Medina, y el ex funcionario de la municipalidad Andrés Nux, después de que varias sillas ortopédicas, mercadería, calzado, ventanas, hierros, chapas y otros elementos fueran hallados en una finca de Fayón Medina.

El pasado 7 de junio la fiscal presenció dos allanamientos realizados en el sur de la ciudad, en donde el personal incautó varios bienes y productos que habrían sido comprados con los fondos destinados al área de Desarrollo Social. Además de la propiedad del ex director de Pan Solidario-Panadería Social, los investigadores secuestraron mercadería en la vivienda de Neux.

Por este motivo, ambos fueron imputados durante una audiencia celebrada el lunes pasado. En el caso de Fayón Medina, será investigado por presuntamente haber cometido el delito de peculado, mientras que Neux fue considerado como supuesto partícipe necesario en la causa.

Según el medio local El Tribuno, la investigación comenzó en diciembre del año pasado después de que la Oficina de Obras y Desarrollo de la Municipalidad de Salta radicara una denuncia sobre el presunto hurto de los bienes sociales almacenados en los depósitos municipales situados en la calle Durañona al 125 del Parque Industrial.

Después de que la demanda fuera enviada a la UDEC, los investigadores se enfocaron en reconstruir los movimientos de entrada y salida que se detectaron en los depósitos municipales. Para esto, se valieron de las auditorías, relevamientos y recopilación de los testimonios ofrecidos por el personal que se encontraba en funcionamiento cuando ocurrieron los hechos.

Como resultado de las primeras averiguaciones, las autoridades descubrieron que había documentación faltante, ausencia de cámaras de seguridad, faltante de equipos informáticos y elementos de seguridad como, por ejemplo, matafuegos.

En paralelo, los investigadores de la UDEC determinaron que el 8 de diciembre de 2023 Fayón Medina y Neux se habrían encargado de retirar la mercadería y productos que se encontraban almacenados. Según las declaraciones de los imputados, estos habrían sido autorizados por Aroldo Tonini, pero no hubo ningún tipo de documentación que pudiera justificar el vaciamiento del depósito.

Luego de que la investigación saliera a la luz, la ex intendente de Salta Bettina Romero condenó a sus ex funcionarios por las acusaciones que cayeron en su contra. “Es una actitud despreciable la de este señor”, apuntó en referencia al ex titular de Pan Solidario-Panadería Social.

“Uno arma un equipo, gobierna y confía, pero no se puede controlar el accionar de cada uno”, reconoció la ex jefa comunal al ratificar que se trataba de un “hecho totalmente aislado”. De esta manera, reforzó el pedido para que se investigue a fondo la cuestión y que se haga justicia por lo sucedido con los fondos públicos.Fuente: Infobae.