Los gremios nucleados en la CONADU convocaron a una marcha nacional universitaria para el 12 de mayo en Plaza de Mayo y anunciaron un paro de actividades del 27 de abril al 2 de mayo en todas las universidades del país, en el marco del reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización se realizará bajo la consigna Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, en un contexto de conflicto con el Gobierno nacional por el incumplimiento de la normativa, que además se encuentra judicializada.

En paralelo, las organizaciones confirmaron que avanzarán con otras acciones de visibilización, como la instalación de Carpas por la Universidad y la Soberanía, retomando la histórica “carpa blanca” de fines de la década del 90, con la consigna Milei, cumplí la ley.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, cuestionó la falta de aplicación de la norma al afirmar: “Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses”, y remarcó que se trata de una ley “votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación”.

En esa línea, agregó: “Ya contamos con fallos de 1era y 2da instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley”.

El plan de lucha es impulsado por los gremios de base y las federaciones docentes, entre ellas CONADU y CONADU Histórica, y contempla la adhesión de sindicatos universitarios de todo el país.

Fuente: con información de DIB

El Gobierno no aplicará el protocolo antipiquete en la marcha contra el veto al financiamiento universitario que se hará esta tarde. El Ejecutivo no les ordenará a las fuerzas federales que intenten evitar cortes de calles porque saben que será una movilización multitudinaria. “Que marchen, los vamos a dejar”, expresan en Nación.

Es por eso que en el Ministerio de Seguridad tienen previsto instalar vallados en las inmediaciones del Congreso para evitar contactos con los manifestantes. El operativo lo encabezará el comando unificado que coordina Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. En el oficialismo aseguran que los agentes intervendrán si los asistentes intentan derribar las vallas.

“Se va a avanzar en la misma lógica que en las manifestaciones más concurridas. Vamos a cuidar los bienes del Estado”, agregan. El secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, estuvo hoy en las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo, como en otras ocasiones en la previa de una movilización de alta magnitud. Hubo una coordinación también con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Casa Rosada sigue de cerca la planificación de la Marcha Federal Universitaria, que fue convocada para las 17 en la plaza del Congreso y se llevará a cabo al mismo tiempo en que la Cámara de Diputados tratará el rechazo al veto contra la Ley de Financiamiento Universitario junto al de Emergencia Pediátrica. En Balcarce 50 no hay altas expectativas sobre la posibilidad de sostener las medidas en la Cámara Baja.

La Casa Rosada intentó acercar posiciones con el sector a través del anuncio del aumentos en las partidas del Presupuesto 2026 a $4,8 billones para universidades (Foto: Presidencia).

El Gobierno acusa además a la marcha de “política” y mantiene la postura de que intentará dilatar el mayor plazo posible la aplicación de la erogación presupuestaria en caso de que el Congreso ratifique la ley.

La Confederación General del Trabajo (CGT) también asistirá a la movilización en apoyo del aumento al financiamiento de las universidades y de la emergencia pediátrica. Lo mismo aplica para diversos sectores del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros.

La Casa Rosada intentó acercar posiciones con el sector a través del anuncio de aumentos en las partidas del Presupuesto 2026 a $4,8 billones para universidades, pero no logró bajar las tensiones. El equipo técnico del Ministerio de Economía también promovió un incremento del 5% en jubilaciones y del 17% en Salud.

En el veto que firmó el jefe de Estado, Nación sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario implica un costo de $1,06 billones para el presupuesto de 2025, que es una prórroga ajustada por la inflación de la partida de 2023. El oficialismo apela además al artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda ley con nuevos gastos especifique recursos.

Fuente: TN

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), mediante su rector Alfredo Lazzeretti, adhirió al reclamo encabezado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoca para este jueves una serie de actividades en todo el país con el objetivo de exigir el tratamiento y la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrollará en cada ciudad sede de una universidad pública, en articulación con docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad científica.

La conferencia de prensa realizada en la sede central del CIN reunió a sus autoridades junto a representantes de todos los sectores del sistema universitario. En ese marco, expresaron una profunda preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, y le solicitaron al Congreso que garantice el tratamiento del proyecto de ley presentado el pasado 28 de mayo.

En tanto, el presidente del CIN, Oscar Alpa, señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, y subrayó el impacto del desfinanciamiento en los salarios, las becas estudiantiles, las obras paralizadas y el sistema científico. “Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando”, advirtió.

Por su parte, el vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, precisó que durante toda la jornada del jueves habrá actividades simultáneas en todas las universidades del país para visibilizar el reclamo. Además, se lanzó la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública”, que busca respaldar el proyecto legislativo con el acompañamiento ciudadano. La adhesión también puede expresarse de manera virtual, en el sitio del CIN: https://www.cin.edu.ar/yo-apoyo-la-ley-de-financiamiento-universitario/.

El reclamo unificado del sistema universitario argentino incluye a las principales federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT) y a los gremios nodocentes (FATUN) y estudiantiles (FUA), que se manifestaron en favor de una ley que garantice previsibilidad y sustentabilidad para la educación superior en el país.

En palabras finales, Alpa concluyó: “Los docentes y nodocentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; los estudiantes, la actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades, recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley. Por eso pedimos su aprobación urgente”.

El proyecto  busca garantizar protección y sostenibilidad del financiamiento a las universidades públicas en todo el país, sin crear nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal. Establece un esquema de asignación basado en una proporción del presupuesto nacional coparticipable, con entregas mensuales actualizadas conforme a la inflación, alcanzando progresivamente hasta un piso del 1%-1,5 % del PBI. Los recursos deberán destinarse a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes; a fortalecer la docencia, la investigación, la extensión, la infraestructura y la internacionalización.

Con respecto a la reposición salarial y actualización automática, se prevé convocar al Poder Ejecutivo a reabrir paritarias docentes y no docentes, con ajuste automático en base a la inflación oficial del INDEC desde diciembre 2023 hasta la sanción, y actualización mensual no inferior al índice inflacionario. Además, se dispone que los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, incorporando conceptos no remunerativos directamente en los básicos del convenio correspondiente.

El tercer eje son el funcionamiento e implementación de las becas. El proyecto establece que los gastos de funcionamiento, incluyendo asistencia financiera, hospitales universitarios, ciencia y extensión, se actualizarán anualmente según el IPC. Al mismo tiempo, crea un fondo específico para becas estratégicas y de estudio, con incremento progresivo del monto y del número de becarios prioritariamente de sectores vulnerables. La financiación se sustentaría con los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, garantizando la ejecución mensual y continua de las transferencias.

En este sentido, el proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática. La Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.

Pocas horas después del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se vio obligado a apurar las negociaciones con los bloques dialoguistas a partir del llamado urgente a sesionar el próximo miércoles que hicieron la UCR y Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica y partidos provinciales. Ante un escenario de escasez de respaldos en el Congreso, con la mayor parte de los partidos en contra, el oficialismo busca convencer a PRO de que respalde el rechazo del presidente, o que se ausente la mayor cantidad de legisladores de esa fuerza para facilitarle reunir los dos tercios de los presentes.

Después de que el veto se oficializara, y luego de la masiva marcha federal de ayer, la mañana del jueves en la Casa Rosada empezó agitada. Según el vocero, Manuel Adorni, lo que más le preocupa al Gobierno ni siquiera se tocó en la reunión de Gabinete que encabezó Milei. Además, faltó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a cargo la secretaría de Educación y fue una de las protagonistas del conflicto. La funcionaria no suele asistir a esos encuentros desde que creció su disputa interna con Santiago Caputo, que sí estuvo presente.

A pesar del ninguneo al tema de los votos en el Congreso, que podría dejar mal parado al Gobierno, en otros despachos se trabajaba el plan para convencer a los socios, a destajo y a contrarreloj. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó temprano a Balcarce 50 para reunirse con su primo y asesor de Karina Milei, y sincronizar ideas de cara a la serie de reuniones que tiene previstas para la tarde con referentes de las otras fuerzas en el Congreso.

Mientras tanto, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, segundo de Guillermo Francos, recibió al jefe de la bancada de PRO, Cristian Ritondo. Sin embargo, en el entorno del anfitrión aseguraron que la reunión, de la que también participó el intendente de Junín y soldado de Ritondo, estaba prevista de antemano.

Después, ambos continuaron con reuniones y llamados a los legisladores desde la Casa Rosada y desde Diputados, respectivamente. Francos monitoreaba las conversaciones, pero sin participar directamente. Y también se mantuvo al margen del manejo del conflicto con los gremios universitarios y las autoridades de las casas de altos estudios y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los últimos días.

Por ahora no hay en el horizonte una reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri, que podría ser definitoria para destrabar posiciones. El partido del ex mandatario advierte desde la semana pasada que no está dispuesto a apoyar ciegamente al Gobierno. No obstante, en Balcarce 50 están convencidos de que terminarán acompañando, o bien contribuyendo a través de las ausencias de varios de sus soldados.

Necesita dos tercios de los presentes, que en el caso de la votación del veto a la ley de recomposición jubilatoria representaban 87 votos. Esta vez, el oficialismo aspira a tener que reunir menos voluntades en un cuerpo que, esperan, quede diezmado por los faltazos de legisladores amarillos. Se muestran esperanzados de que pueden conseguir el número porque, nuevamente, descuentan que el PRO les jugará a favor. 

Por el contrario, los aliados de PRO se levantan el precio y deslizan que el escenario del Gobierno es distinto en relación a anteriores votaciones de peso, porque la imagen y la confianza sobre el presidente bajaron. Además, creen que la situación es aún más delicada que con la recomposición de haberes jubilatorios, porque la institución de la universidad pública es ampliamente respetada.

Desde hace días que muy cerca del presidente deslizan que no darán el brazo a torcer en caso de que el Congreso ratifique la ley de financiamiento para la educación superior que se aprobó hace dos semanas. “Hay más opciones después”, dijo un referente del círculo del primer mandatario al vislumbrar las presiones de PRO. Hoy, el vocero Adorni hizo pública esa mirada ante una consulta de un periodista en conferencia de prensa: “No lo descartamos”, sostuvo.

Antes había explicado largamente por qué creía que la ley que prevé mecanismos para el otorgamiento de aumentos mes a mes, sancionada por el Congreso, incumple la norma de Administración Financiera N° 24.156 que, según citó, “en el artículo 26 exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. “O sea básicamente, la pregunta es de dónde se saca el dinero”, resumió Adorni frente a su micrófono en la sala de conferencias.

En el PRO se niegan a abrazar a Milei en esta cruzada, pero tampoco le cierran la puerta: “No hay una postura clara. Se está discutiendo en el bloque y por eso no adelantamos posiciones personales”, dijeron en el entorno de Macri. Y pidieron esperar a la reunión de la bancada, prevista para el martes que viene. Todo idica que patearán hasta último momento una definición.

Fuente: Infobae

La oposición en el Congreso de la Nación está a la espera de que el Gobierno publique el veto a la ley de presupuestos universitarios para rápidamente presentar a la presidencia de la Cámara de Diputados un pedido de sesión especial que será el miércoles 9 de octubre. Los números que manejan hoy tanto los que buscarán blindar el veto como los que insistirán con la ley de presupuesto universitario son muy finos.

En un principio, la sesión se iba a convocar para la semana del 16 porque varios legisladores tenían viajes previstos. Pero ante la confirmación del veto por parte de Milei, se aceleraron las negociaciones y todos estarán presentes la semana que viene para debatir.

“Están en una encerrona, hoy llamaron a marchar Lilita Carrió, Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Juan Grabois, Martín Lousteau, Myriam Bregman, la CGT, la CTA, no hay grietas desde el punto de vista de la política. Y eso después decanta en el recinto. Si lo vetan, la posibilidad de que pierdan es cierta”, explicó un diputado que va a votar en contra del veto.

La novedad en esta ocasión -respecto del veto a la movilidad jubilatoria- es que todos en la Cámara de Diputados entienden que se desangra el grupo de los “87 héroes”. No sólo porque el diputado larretista, Álvaro González, y una senadora del mismo grupo, Guadalupe Tagliaferri, participaron ayer de la movilización, sino porque otros del PRO, especialmente del interior del país, plantean dudas respecto de la medida presidencial.

Los cinco radicales que apoyaron el veto jubilatorio no firmarán el pedido, pero al menos dos se ausentarán para no quedar vinculados al Gobierno en este tema.

La fecha para la insistencia será el 9 de octubre

En el PRO conviven las dos posturas. Hay un sector que trabaja por mantener el veto y otro que lo hace para, por lo menos, sumar ausentes en esa sesión.

“Estuvimos hablando con algunos y no están de acuerdo con acompañar el veto. Esto no significa que voten en contra del veto, pero sí que puede ser que cuando se llame a sesionar para insistir con la ley se ausenten y nos permitan llegar a los dos tercios con un número más bajo”, explicó una diputada radical encargada de hacer el “poroteo”. El propio jefe del bloque, Cristian Ritondo, adelantó que el bloque todavía no tomó una decisión.

“Los que no quieren acompañar están definiendo si votan en contra o se ausentan. Es una decisión que se va a tomar más cerca de la fecha que se defina la sesión teniendo en cuenta los números que tengan los otros bloques”, dijo un diputado amarillo.

Por el lado de los que trabajan por mantener el bloque dentro de la opción del veto, señalan que el contexto cambió. “Va a depender mucho de cómo reacciona el gobierno. El error de la Casa Rosada fue que no lo mantuvo en una cuestión salarial y salió a decir que la UBA inventa alumnos y cosas por el estilo, eso complicó todo”.

Un punto que juega a favor de la insistencia es que muchos entienden que el escenario es diferente al de la reforma de las jubilaciones. “El ecosistema universitario es diferente, hay muchos diputados y diputadas que son profesores, y no es fácil entrar a tu universidad y encontrarte con que está empapelada con tu cara. Con los jubilados, si sos un diputado públicamente reconocido, alguien te puede decir algo; esto es totalmente diferente”, señaló una legisladora que es profesora universitaria. Esto queda claro de parte de los universitarios: en abril marcharon a la Plaza de Mayo, ayer lo hicieron al Congreso de la Nación.

Estas razones también están haciendo dudar a algunos de los radicales que formaron parte de los “5 del veto” a la ley de movilidad jubilatoria. “Hay dos que no están tan seguros de seguir en esa posición”, explicó un legislador del bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Diputados del PRO se mostrarían contrarios al veto

La presencia o ausencia en estas instancias suele cotizar más que la decisión del voto, ya que la insistencia requiere los dos tercios de los presentes, por lo que mientras menos presentes tenga el recinto, más accesible es el número para llegar a los dos tercios.

En este contexto, los diputados radicales que empujaron la medida se mantendrán en esa postura. A estos se les suma el bloque de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Pero no serán los únicos. El bloque de Innovación Federal dejó trascender que sus 8 diputados acompañarán la insistencia (habían acompañado el veto en jubilaciones).

Por el lado del bloque que apoya el veto quedan el PRO, La Libertad Avanza, el bloque Independencia (los peronistas tucumanos), el MID y Producción y Trabajo. Asimismo, entienden que los radicales que se opusieron a la ley de movilidad jubilatoria votarían con este grupo.

Fuente: Infobae

Con motivo de la segunda Marcha Federal Universitaria, las calles de Mar del Plata se volvieron a colmar en defensa de la educación pública. La marcha comenzó a las 16 desde el complejo universitario, en Rodríguez Peña y Dean Funes, y culminó sobre las 19 en el Monumento al General San Martín.

Allí, diferentes representantes de la educación pública marplatense se expresaron desde el escenario ubicado en la avenida Luro y San Luis, frente a miles y miles de marplatenses que salieron a la calle para oponerse al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Los oradores fueron: el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, el secretario general de Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Pedro Sanllorenti, y la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad (APU), Victoria Schadwill.

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Lazzeretti cerró el acto y fue quien más efusividad le dio a su relato, además de haber sido el más extenso de la jornada. La voz de la UNMdP sostuvo: “Hoy nos convocamos no solo para reclamar por salarios dignos para docentes y no docentes, ni solo para reclamar por un sistema de ciencia, tecnología e investigación, o para pedir que incrementen el monto de las becas que le dan a los estudiantes, que no han recibido la actualización que corresponde. Nos convocamos para defender la educación pública y el sistema universitario público argentino”.

En esa línea, lanzó directamente contra el Gobierno: “Nos atacan permanentemente. Lo que se esconde detrás de esa supuesta actitud gauchita y benevolente de querer mejorar el sistema universitario, es una actitud de atacarlo para degradarlo. No seamos ingenuos ni inocentes porque detrás de cada crítica y ataque no hay ninguna intención de mejorar la educación pública. Porque ellos no creen en la educación pública, pero son tan miserables que no se animan a decirlo. No tienen el coraje de discutirle a la sociedad argentina que no quieren la educación ni la universidad pública”.

A su vez, recordó que se cumplen 140 años de la sanción de la Ley 1.420, a la cual consideró “trascendental” para el desarrollo del país y que "fue un punto de inflexión, cerró las discusiones del siglo XIX y abrió las puertas del siglo XX”. Es que la sanción, de acuerdo a Lazzeretti, “planteó una educación común, en la que los programas son iguales en cualquier lugar del país en que se dice, laica, no religiosa, pública, gratuita y obligatoria”. 

Y más allá de ello, lanzó: “Pero todavía tenemos que escuchar a ciertos diputados imbéciles que le quieren preguntar si hay que mandar a su hijo al colegio o dejarlo trabajando en el taller. Son profundamente reaccionarios”.

En otro tramo de su discurso también se refirió a las declaraciones del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien acusó a las universidades de "inventar alumnos". Por ese motivo, sostuvo: “Tenemos cuatro veces más de estudiantes de los que teníamos en 1983 y los tenemos de verdad, pero estos ignorantes no saben ni contar a los estudiantes del sistema público argentino”.

Por último, subrayó que “hay una mirada cortoplacista y que no cree en la universidad pública", que en cambio cree “que la educación debe ser una mercancía que se puede comprar y vender como cualquier otra”. Entonces, sentenció: ”En la Argentina no hay una universidad para ricos y otra para pobres, sino universidad de excelencia, que es la pública. Les molesta que haya educación pública, gratuita, no arancelada y libre para los jóvenes. Defendemos una causa justa y no todo se compra y se vende. No se compran ni se venden pibes, ni órganos o armas. Y tampoco vamos a permitir que transformen a la educación superior en una mercancía".

Quienes participaron de la Marcha Federal Universitaria en la ciudad aseguraron que reunió a más personas que durante la primera, la cual se desarrolló a fines de abril de este año. Los oradores confiaron que fueron catorce cuadras de manifestantes.

Por segunda vez en el mandato de Javier Milei se lleva adelante una Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales reclaman al Congreso Nacional que insista con la Ley de Financiamiento para las casas de estudio, que será vetada en las próximas horas por el presidente, según anticiparon desde el Gobierno.

Quince minutos antes de las 17, desde el escenario montado frente al Congreso comenzaron a nombrar a las numerosas instituciones y agrupaciones políticas que manifestaron su apoyo a la movilización. La marcha es multitudinaria. En forma masiva acudieron a la manifestación personas en defensa del financiamiento de la educación universitaria. 

Cerca de las 17 sonaron las estrofas del himno nacional y en los bares de los alrededores del Congreso se observaron aplausos para los manifestantes. “Las fuerzas del cielo te están diciendo que defiendas la educación, porque vox populi, vox dei”, dijo a su turno uno de los oradores. La plaza de los dos Congresos está repleta de manifestantes y la marcha se replica en distintos puntos del país.

Los sindicatos agrupados en la CGT se hicieron presentes de manera dispar en la Marcha Federal Universitaria. Algunos salieron a la calle con columnas más numerosas y otros, con una participación “testimonial”. Es otro de los reflejos de una división sindical que se manifiesta en un ala dialoguista que selló un acuerdo con el Gobierno y otra combativa, que resiste sus políticas con protestas.

Una de las principales figuras gremiales que se mostró en la calle fue Pablo Moyano, cotitular de la CGT y secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, al frente de una columna compacta, confirmando que lidera el espacio ultraopositor dentro de la central obrera. Hace dos semanas, creó la Mesa Nacional del Transporte, desde donde se convocó a un paro de 24 horas para el 17 de octubre.

Por su lado, el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, estuvo al frente del grupo que partió de la esquina de Tucumán y Callao. Junto al senador estuvieron también el vicepresidente del radicalismo, Luis Naidenoff, el senador Pablo Blanco y el presidente del radicalismo porteño, Martín Ocampo, entre otros.

El senador Maximiliano Abad, en tanto, llegó junto a otros dirigentes de la UCR a la convocatoria en el Congreso, desde donde ponderó la masividad de la marcha: “Una multitud, en todo el país, salió a la calle a defender su derecho a aprender, a enseñar, a progresar, a vivir en una Argentina que invierta en el futuro”.

La ex presidente Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía Sergio Massa fueron otras de las figuras de la política que se manifestaron y se sumaron a la protesta. Mientras que CFK se expresó a una cuadra del Congreso, en la sede del Instituto Patria, Massa caminó hacia el Congreso y formó parte de las columnas que se movilizaron masivamente.

“La importancia de la marcha es acompañar a los chicos que vienen a defender su futuro, yo no soy protagonista, son ellos”, dijo el líder del Frente Renovador, al mismo tiempo que Kirchner señaló: "Mi viejo era trabajador, después fue comerciante, siempre muy laburante, mi mamá también. Y tuvo una hija abogada, otra médica, y bueno esa es la movilidad social ascendente que nos permitió ser una argentina diferente, otrora. Pero que vamos a volver a conquistar”.

Fuente: Infobae

En el marco de un contexto en donde los salarios quedaron fuertemente retraídos ante la galopante inflación, trabajadores judiciales anunciaron un paro de 48 horas para este jueves y viernes, y su apoyo y acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria de este miércoles.

Sobre esto, en diálogo con El Marplatense, el secretario general de la Regional 4 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Rubén Elizondo, explicó cómo se llevará a cabo esta medida de fuerza. “Reclamamos de forma esencial por nuestro salario ya que desde diciembre a la fecha perdimos un 22,9% de aumento”, indicó. 

"Recientemente hicimos una presentación ante la Corte donde pedimos un 10% de recomposición salarial. Así que veremos a partir de este banderazo y del pedido, cuánto es lo que nos brindarán porque el mecanismo es que ellos piden a través de una acordada un nuevo porcentaje para todo el personal del Poder Judicial pero es el Ejecutivo el que autoriza las partidas", adhirió. 

"Desde diciembre que reclamamos que se aumenten las partidas presupuestarias para el Poder Judicial, no solo para los salarios sino para la infraestructura y el mantenimiento de todos los edificios, pero hasta la fecha no se logró", sentenció. 

Asimismo, en cuanto al estado edilicio del sector, el referente del gremio indicó que "si esto fuera privado, cualquiera de las oficinas públicas ya estaría clausurada", a lo que agregó: "Como somos del ámbito público, las condiciones están terriblemente defectuosas. Necesitamos una recomposición urgente. Hay muchos edificios que están alquilados pero a su vez, sin el mantenimiento necesario para funcionar". 

Y Elizondo concluyó: "Así que en este marco, existen las posibilidades de un paro. Hoy hacemos un banderazo a nivel nacional, el miércoles acompañaremos la Marcha Federal Universitaria y jueves y viernes, pese a tener el Congreso de Judiciales Nacionales, haremos un paro de 48 horas. No solo reclamamos el salario sino también algo que es terrible y se está implementando en todo el país, el nuevo código de procedimiento penal que lo implementan sin los medios necesarios para ello. Eso traerá consecuencia que sea imposible llevarlo a cabo y la disminución de la tarea judicial sobre todo penal". 

En la previa de la Marcha Federal Universitaria, las distintas instituciones que conforman la Universidad Nacional de Mar del Plata realizaron una conferencia de prensa para presentar los motivos de reclamo. 

En ese sentido, Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM, declaró que “me parece que es necesario recordar lo que vinimos haciendo a lo largo de todo el año, porque desde febrero que llevamos a cabo la primera movilización, llegamos a la séptima”. 

Además, señaló que “no es casualidad, en febrero nos enteramos de que no sólo teníamos el problema general del presupuesto y salarios, habíamos tenido una inflación impresionante en los dos meses anteriores, sin compensación”. 

“Las becas no se convocaron, se mantenían los valores y además nos quitaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente a todo el país, incluyendo a los niveles universitarios”, agregó. 

De modo que “eso siguió a lo largo del tiempo, ese ataque, y no para. Además se agrega el desfinanciamiento del sector científico tecnológico que llega a su punto de mayor ajuste cuando anuncian, hace poco tiempo, que no van a reforzar los subsidios de investigación de la agencia de promoción científica de la nación”. 

“Estamos conviviendo en la Universidad con trabajadores, muchos de ellos docentes, pero también investigadores del CONICET y otras áreas que hoy no tienen para comprar. Están viviendo esa situación y no saben cómo van a continuar”, afirmó. 

En este contexto, “se agrega que nos tuvieron por lo menos en seis oportunidades, en convocatorias a las federaciones nacionales donde cada vez que iban a las reuniones, nuevas personas por parte del gobierno les volvían a preguntar ustedes cuál es el problema que tienen, qué están necesitando, qué les hace falta”. 

Asimismo, “volvió a ocurrir este viernes, una nueva convocatoria de un mantazo para ver si podían frenar la marcha. Así estamos, por 50 puntos debajo de la inflación, el 20% de los ayudantes docentes que cobraron sólo el 18% de aumento desde el 1 de diciembre hasta el día de hoy, contra 134% de inflación”. 

En este momento, se suma que “la ley que presentaron en el congreso para el presupuesto del año que viene, que ya nos indica que el presupuesto es la mitad de lo que el sistema universitario pretende. En ese proyecto de ley se dan el lujo de decir que no van a aplicar las leyes que prevén el incremento de fondo investigación, ni de educación nacional que estipulan los aumentos”. 

Como si fuera poco, “el congreso de la nación acaba de votar por una amplísima mayoría una ley de financiamiento universitario que es un paliativo para llegar hasta fin de año y el presidente anuncia que la va a vetar”, sentenció. 

En conclusión, “estamos acá para decir que no queremos ese veto, y en el caso que lo hiciera, para decirle a los legisladores que la vuelvan a tratar con una mayoría de dos tercios para que sea aplicada”, finalizó. 

sdsdsdsEl secretario adjunto de CONADU, Oscar Vallejos, se mostró expectante a minutos de que comience la gran movilización en defensa de la Universidad Pública y pidió que el Gobierno nacional revea sus políticas y ofrezca “una estrategia de solución de la cuestión universitaria”.

Desde Capital Federal, donde se realiza el grueso de la convocatoria, Vallejos se refirió a los cuidados que tienen en la movilización para evitar conflictos con las fuerzas de seguridad: “El temor está. No voy a decir que no, uno ve que los jóvenes marchan con alegría y con una idea de comunidad. El Gobierno no ha conseguido atemorizar. Con eso no quiere decir que no seamos cuidadosos”.

“Tenemos una seguridad interna, pero no alcanza porque hay mucha gente que va. Porque esto es masivo, y las familias marchan en defensa de la universidad a la que van sus hijos, y no necesariamente pertenecen a una agrupación. No queremos que la marcha se cuente como un momento de represión, sino como un momento histórico en el que la ciudadanía reclama por una de las instituciones más importantes del país”, manifestó el diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

Además, el referente de CONADU se refirió a las acusaciones del Ejecutivo que tildaron de política a la marcha: “Quien dice eso no conoce la universidad argentina. Desde la reforma del 18 tenemos una universidad que se llama cogobernada. Eso quiere decir que todas las líneas de partidos tienen representación en la universidad y además estamos los independientes, no porque nos interesen los partidos sino porque nos preocupa la estructura de la universidad”.

En ese sentido, el dirigente universitario recordó que en la vida política de la Universidad “discutimos las carreras, qué materias tiene que haber, la cantidad de comisiones, las mesas de exámenes. Es una discusión política académica”.

Obviamente la movilización tiene como finalidad la posibilidad de evitar que el Gobierno avance con las medidas que busca implementar. “Nosotros queremos que el Gobierno presente rápido una agenda de propuestas para la universidad. Que analice sus políticas, ofrezca una estrategia de solución de la cuestión universitaria que tiene tres frentes: el frente presupuestario, el salarial y el sistema de becas”.

Para Vallejos “con que haya algo de eso rápidamente comienza la conversación. Lo que queremos es el diálogo democrático, lo que no queremos son políticas de destrucción de la universidad”.