El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata resolvió revocar la prisión domiciliaria temporal otorgada por motivos de salud a Hugo Alberto “Coco” Esteban, condenado en 2024 a 13 años de prisión por el transporte de casi tres toneladas de marihuana en el caso conocido como “Marea Verde”. La decisión, que dispone su detención inmediata, fue firmada por los jueces Roberto Falcone y Roberto Minguillón.

La resolución responde a un nuevo pedido de revocación presentado por el fiscal general Daniel Adler, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, y el fiscal general subrogante Carlos Fioriti, a cargo del Area de Ejecución Penal. El fallo se alinea con la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal del 26 de junio pasado, que ya había anulado la prisión domiciliaria temporal de Esteban.

El TOCF ordenó el traslado inmediato de Esteban a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina (PFA). Tras una evaluación médica, será derivado al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que deberá garantizar la continuidad de los controles médicos y farmacológicos necesarios, según lo dispuesto por el tribunal.

El Ministerio Público Fiscal fundamentó su solicitud en informes del SPF que confirman que Esteban puede recibir atención médica adecuada en detención, sin evidencia de deterioro en su salud. Además, se descartó la necesidad de una cirugía de columna por su lumbalgia crónica. También se destacó que la queja presentada por la defensa ante la Corte Suprema no suspende el proceso, conforme al artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Hugo Esteban fue condenado el 18 de junio de 2024 por el TOCF de Mar del Plata a 13 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado y falsedad ideológica documental en el caso “Marea Verde”. Inicialmente, el tribunal también había revocado su arresto domiciliario, decisión que fue apelada por la defensa, pero la Sala III de la Cámara de Casación la rechazó.

En abril de 2025, la defensa solicitó una morigeración de la prisión argumentando problemas de salud y una presunta cirugía programada. El juez Luciano Poderti otorgó entonces el arresto domiciliario temporal tras una visita carcelaria en el penal de Ezeiza. Sin embargo, el fiscal Fioriti recurrió esta decisión, calificándola de “arbitraria” por no considerar los informes médicos del SPF y del Cuerpo Médico Forense, lo que llevó a la revocación por parte de la Cámara de Casación.

El caso “Marea Verde” comenzó en enero de 2015 con un operativo policial en la peatonal San Martín, donde se secuestraron tres kilogramos de marihuana. La información obtenida de un celular permitió desarticular una red de tráfico que operaba entre Paraguay, Misiones y Mar del Plata. La organización adquirió casi tres toneladas de marihuana en Paraguay, que fueron acondicionadas en un camión con doble fondo para su traslado a Mar del Plata.

El 23 de agosto de 2015, en Wanda, Misiones, la PFA incautó 2802 kilogramos de marihuana, en el mayor secuestro de este tipo juzgado en Mar del Plata. La investigación, que incluyó la colaboración de un imputado “arrepentido”, permitió identificar a los responsables. En 2019, un primer juicio condenó a 15 personas con penas de hasta 14 años. Esteban, prófugo desde 2015, fue detenido en 2019 en Gualeguaychú y condenado en 2024.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

En línea con la postura del Ministerio Público Fiscal, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria temporal con la que, por cuestiones de salud, había sido beneficiado Hugo Alberto “Coco” Esteban, condenado el año pasado como miembro de una organización narcocriminal que en 2015 transportó 2.802 kilos de marihuana que fueron incautados en la provincia de Misiones en un caso conocido como “Marea Verde” y cuya investigación se originó en Mar del Plata.

El máximo tribunal penal, integrado por los jueces Diego Barroetaveña -cuyo voto lideró la resolución-, Juan Carlos Geminiani y Carlos Mahiques, resolvió por unanimidad hacer lugar al recurso del fiscal subrogante Carlos Martín Fioriti que, en la instancia de casación, fue sostenido por el fiscal general Raúl Pleé.

El Ministerio Público Fiscal fundó su recurso en los Informes Médicos del Servicio Penitenciario Federal que sostuvieron una periodicidad en la atención médica del imputado, la ausencia de deterioro de su patología y la disuasión médica respecto de la cirugía de columna que el imputado pretendía llevar adelante -por un cuadro de lumbalgia crónica-. Fioriti expresamente solicitó la nulidad de la decisión impugnada o bien, la resolución del caso con arreglo a la ley aplicable.

La condena y el arresto domiciliario

Esteban fue condenado el 18 de junio de 2024 por el Tribunal Oral Federal (TOCF) de Mar del Plata a la pena de 13 años de prisión por resultar coautor responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la pluralidad de intervinientes en concurso ideal con el de falsedad ideológica documental, en el ya mencionado caso “Marea Verde”.

Asimismo, el TOCF marplatense ordenó revocar el arresto domiciliario del que gozaba en ese momento el condenado. Esa última decisión fue apelada por la defensa y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -con una integración parcialmente diferente a la que intervino ahora- resolvió rechazar el recurso.

En abril pasado, la defensa planteó un pedido de morigeración de prisión del imputado fundado en la imposibilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de darle una adecuada respuesta en su lugar de detención -el penal de Ezeiza-, a las patologías que Esteban presentaba y en la presunta cirugía de columna que tenía programada para el 20 de mayo. El juez Luciano Poderti, en su carácter de Juez de Ejecución Penal, resolvió entonces declarar el arresto domiciliario temporal en virtud del deterioro en la salud que evidenció luego de una visita carcelaria efectuada el 10 de marzo último en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

“En la resolución recurrida el a quo mediante una valoración sesgada de los partes médicos aludidos priorizó su impresión personal y otorgó el beneficio por fuera de todo supuesto legal de procedencia, desconociendo a su vez lo decidido recientemente por esta Sala III en sentido contrario”, señalo Barroetaveña.

La postura del MPF

En su recurso de casación, el fiscal Fioriti planteó la “arbitrariedad” de la decisión del juez de Ejecución Penal. Entre otros argumentos, sostuvo que, para otorgar el beneficio, el magistrado se basó fundamentalmente en lo observado en su visita carcelaria y que se apartó de lo consignado por los informes médicos aportados tanto por el SPF como por el Cuerpo Médico Forense.

Según el representante del MPF, de ellos surge que “no se ha producido un deterioro de la patología” que padece Esteban, que se desaconsejó la cirugía de columna y que en el ámbito carcelario es atendido con periodicidad por sus dolencias.

A su turno, al apoyar la postura de su colega en la instancia anterior, el fiscal general Pleé refirió que, a partir de la nueva información médica aportada por la propia defensa, se desaconsejó la cirugía programada y consecuentemente, se pospuso la misma, circunstancia que, a su criterio, desvaneció el argumento central que motivó el arresto domiciliario.

De conformidad con lo postulado Fioriti, consideró que la decisión adoptada por el tribunal, se sustentó en una “valoración arbitraria e infundada” de las constancias obrantes en el legajo, por lo que propuso que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, se revoque la resolución dictada por el TOCF de Mar del Plata y se ordene la detención de Esteban para que cumpla su pena en un establecimiento penitenciario.

El fallo de Casación

El máximo tribunal penal dejó sin efecto la prisión domiciliaria temporal ordenada luego de analizar la situación del imputado bajo el marco de los artículos 10 del Código Penal, 32 de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena y 314 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Asimismo, en línea con lo planteado por el MPF, se refirió a los informes médicos que desaconsejaban la cirugía que el imputado iba a realizarse y que daban cuenta de un buen estado general del paciente.

El camarista Barroetaveña remarcó en sus fundamentos la falta de un análisis integral de todas las circunstancias relevantes del legajo y entendió que el estar privado de su libertad en un establecimiento carcelario no le impedía al imputado tratar adecuadamente su dolencia.

El fiscal Fioriti planteó la “arbitrariedad” de la decisión del juez de Ejecución Penal. Entre otros argumentos, sostuvo que, para otorgar el beneficio, el magistrado se basó fundamentalmente en lo observado en su visita carcelaria y que se apartó de lo consignado por los informes médicos aportados tanto por el SPF como por el Cuerpo Médico Forense.

“En la resolución recurrida el a quo mediante una valoración sesgada de los partes médicos aludidos priorizó su impresión personal y otorgó el beneficio por fuera de todo supuesto legal de procedencia, desconociendo a su vez lo decidido recientemente por esta Sala III en sentido contrario”, señalo Barroetaveña.

El caso “Marea Verde”

La investigación se inició con un procedimiento policial realizado en la calle peatonal San Martín, de la ciudad de Mar del Plata, en enero de 2015. En esa ocasión, se secuestraron aproximadamente tres kilogramos de marihuana en poder de un hombre. A partir de la información obtenida del teléfono celular que fuera secuestrado, se pudo conocer sus vínculos con un grupo de personas que, en forma indistinta, podían desempeñar tanto el rol proveedor, comprador, y/o consumidor de diversos estupefacientes con todos los cuales compartía la labor ilícita.

También se pudo conocer el plan criminal que la organización llevaba adelante para el tráfico de casi tres toneladas de marihuana. El estupefaciente fue comprado en la República de Paraguay, y transportado hasta la localidad de Wanda, en la provincia de Misiones. Allí debía ser acondicionado en un camión equipado con una caja con doble fondo, para trasladarlo hasta la ciudad de Mar del Plata, lugar donde el estupefaciente sería comercializado.

La maniobra delictiva incluyó la adquisición del camión y la adulteración de la documentación necesaria para colocar a una persona ajena a los hechos como titular del vehículo, con el objetivo de ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios.

El operativo “Marea Verde” se realizó el 23 de agosto de 2015 en la localidad de Wanda, provincia de Misiones, oportunidad en la cual la Policía Federal Argentina secuestró a bordo de un camión marca Scania unos 2.802 kilogramos de marihuana. Luego, la declaración de uno de imputados como “arrepentido” en los términos del artículo 29 ter de la ley 23.737, permitió determinar los roles y las responsabilidades de los eslabones más altos de la cadena de tráfico.

Se trató del secuestro de marihuana más importante que se juzgó en la jurisdicción de Mar del Plata. En un primer juicio, realizado en 2019, 15 personas fueron condenadas a penas de prisión de entre uno y 14 años, multas, inhabilitación de hasta 6 años y el decomiso del camión implicado en la maniobra. Esteban permaneció prófugo desde 2015 hasta febrero de 2019, cuando lo detuvieron en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y recién terminó condenado por el caso el año pasado.

Fuente: Fiscales.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dará inicio este jueves al juicio oral  público en la causa conocida como "Marea Verde", donde estarán sentados en el banquillo 18 personas acusadas de integrar una banda narco de alcance internacional, a la cual se le incautó casi 3 toneladas de marihuana camufladas en una camión en la provincia de Misiones, que estaban listas para ser trasladadas a esta ciudad.

El tribunal integrado por los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Alfredo Ruiz Paz, darán comienzo desde las 9 las audiencias que permitirán conocer públicamente como operaba la banda y que permitió en 2015, a la Policía Federal, incautar 2802 kilos de marihuana camuflados en un camión en Misiones listas para ser transportadas a la ciudad y luego al resto de la costa atlántica bonaerense.

Al mismo tiempo que se realizaban 10 allanamientos en la ciudad y uno en la localidad bonaerense de Coronel Vidal, donde se detuvo a parte de la banda.

La fiscal de la causa Laura Mazzaferri solicitó la elevación a juicio de 14 imputados en 2017, pero al debate se unirán otros cuatro de dos expedientes posteriores pero derivados del mismo.

De acuerdo a la pesquisa inicial, cada una de las personas incriminadas cumplió distintos roles en la organización dedicada al tráfico internacional y nacional de estupefacientes y que contaba con sus propias fuentes de financiamiento, logística y ámbitos de distribución.

Los primeros detenidos en el marco de la investigación fueron Walter Daniel Omar Martínez; Miguel Antonio Rivadavia; Guillermo Héctor Bogarín; Luis Andrés Giménez; Miguel Angel Wekkesser; Elcira Graciela Bueno; Emiliano Yamil Bueno; Mauricio Rubén Aguirre Sotelo; Carlos Augusto Villanueva; Ezequiel Martín Lozano; Agustín Redi.

Jorge Robero Barbosa; Carlos Ariel Ventura; y Víctor Jorge Cabrera. Entonces, quedaron prófugos y con pedidos de captura internacional Javier Farías, Elvio Peralta, Guillermina Cerviño y Hugo Alberto alias "Coco" Esteban, este último lo detuvo la policía hace pocas semanas, pero por razones procesales no estará en el banquillo en esta oportunidad.

En la investigación se desprendió que Martínez, Farías y Peralta financiaron y organizaron la compra de 2.800 kilos de marihuana en Paraguay. El cargamento iba a ser trasladado desde la localidad de Wanda, provincia de Misiones, en un camión comprado y acondicionado con un doble fondo especialmente para consumar dicha operación.

El encargado de venderles ese rodado había sido Esteban, quien además está vinculado a la causa conocida como "Lavado total" y fue capturado hace poco tiempo tras haberse evadido de la Justicia por más de tres años.

Por último, otros cuatro acusados se suman a la lista. Se trata de Rolando Rene Farías -padre de uno de los prófugos-, Ivana Elizabeth Ingino -ex pareja de este último-, Pablo Iván Ruiz, el sobrino; y Juan Luis Ramón Martínez, un gestor que colaboró con los trámites vinculados a dotar de legalidad la compra del vehículo y la fijación de su titularidad.

Según los investigadores, la banda habría comenzado a operar en 2014, es decir, un año antes de su caída. La misma se produjo cuando Giménez y Wekkesser, quienes condujeron el camión hasta Misiones abandonaron el vehículo con el cargamento frente a un taller mecánico de Avenida Florida, entre Ruta Nacional 12 y calle Horacio Quiroga, en Wanda.

Cientos de mujeres se manifestaron este martes a la tarde en el "Puente de las Américas" de Punta Iglesia y cubrieron de verde el paseo marplatense en un nuevo “pañuelazo federal” a favor de la legalización del aborto, que se realizó en simultáneo en diferentes ciudades del país.

Las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Mar del Plata-Batán convocaron a las mujeres de la ciudad a participar, desde las 19, de esta nueva movilización, en la que le exigieron al Estado que “diseñe y ejecute eficazmente políticas públicas que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres”. La fecha conmemora el primer aniversario del "pañuelazo" llevado a cabo en distintas ciudades en 2018.

"Exigimos la despenalización y legalización del aborto voluntario y la implementación en todo el país de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, el “Programa nacional de salud sexual y procreación responsable” y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (protocolo ILE) para situaciones que se enmarquen en las causales que prevé el artículo 86 del Código Penal (fallo FAL)", aseguraron en el comunicado mediante el que anunciaron la movilización.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está integrada por más de 500 organizaciones y trabaja desde hace 14 años en pos de la aprobación de la ley. Tras presentar siete veces un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en 2018 se logró su tratamiento en el Congreso de la Nación y se obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados.

"Con el apoyo de millones de personas nos volvimos marea, y el pañuelo verde se afianzó como ícono del feminismo a nivel internacional y del esfuerzo colectivo para lograr sociedades más justas e igualitarias. La fuerza de la marea verde hizo visible a toda la sociedad la necesidad de avanzar en la garantía de derechos ya adquiridos, como la ESI y la ILE, que siguen siendo vulnerados día tras día, con la complicidad de los distintos poderes del Estado y de dirigentes políticos, y con la intromisión de sectores fundamentalistas e instituciones eclesiásticas en el diseño y la implementación de las políticas públicas", sostuvieron las integrantes de la campaña.

Las militantes a favor de la despenalización aseguraron que "no hay democracia posible sin el derecho de todas las personas a decidir sobre el propio cuerpo y sus proyectos de vida". "Las personas no son instrumentos de reproducción humana, sino sujetos de pleno derecho. No se dará ni un paso atrás en los derechos adquiridos ni en el camino hacia la completa emancipación. ¡Que todo el mundo sepa que los pañuelos verdes seguirán en alto y no se guardarán hasta que el aborto voluntario sea ley!", agregaron.

El 14 de junio del año pasado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo consiguió una histórica media sanción en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el impulsó que ganó la legalización del aborto en las calles y los medios de comunicación no alcanzó para frenar el rechazo de la ley en el Senado de la Nación, donde perdió por 38 votos contra 31 el pasado 9 de agosto.

Las voceras de la Campaña ya anticipó que, en marzo, el proyecto será presentado por octava vez ante el Congreso. Una comisión viene trabajando en la redacción de un nuevo borrador que mantiene el núcleo de la iniciativa (el aborto legal, en instituciones de salud de todo el país), pero con cambios respecto a la redacción de 2018, que luego tuvo modificaciones en el debate, buscando ampliar los apoyos.