Un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina, en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, reveló que la salud pública constituye un valor central y ampliamente compartido por la sociedad bonaerense.

De acuerdo con la investigación, el 69% de los bonaerenses considera que el sistema de salud debe ser financiado por el Estado y garantizar cobertura pública, frente a un 24% que se inclina por un esquema privado y apenas un 7% que no tiene posición definida. En un contexto de recortes presupuestarios y propuestas de achicamiento estructural, el estudio muestra que dos de cada tres bonaerenses (68%) rechazan que la salud pública sea objeto de “motosierra permanente”, mientras que sólo el 26% lo respalda.

La investigación, realizada a partir de más de 800 encuestas y cinco grupos focales, también refleja una fuerte alarma social ante un eventual escenario de privatización: el 50% teme un deterioro en la cantidad o calidad de médicos prestadores y un 22% advierte posibles retrocesos en la formación profesional.

En ese sentido, la socióloga y coautora del estudio, Melina Alcaraz, destacó que “siete de cada diez bonaerenses dicen que la salud debe seguir siendo pública” y que este resultado “reafirma que la salud pública continúa siendo un valor central de identidad de los argentinos”.

Además, Alcaraz señaló que “el 68% de los encuestados rechaza la motosierra en salud pública” y advirtió que, “por el contrario de la discusión dentro de la batalla cultural, la gran mayoría de las personas que escuchamos en los grupos focales señalaron la necesidad de mayor inversión pública en salud”. También sostuvo que “el año pasado el gobierno de Milei eligió como blanco de su batalla cultural a las universidades, y este año trasladó el ataque a la salud pública con foco en el Hospital Garrahan y en IOMA”.

A su vez, el estudio resaltó el amplio apoyo social a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan: el 73% de los encuestados los considera justos, con respaldo transversal en todas las franjas etarias y un pico del 83% entre los mayores de 60 años. Sobre la obra social bonaerense, la especialista explicó que “el 70% de los entrevistados se opone a la privatización del IOMA” y que “sólo el 13% calificó de mala la atención recibida, mientras que casi el 60% destacó su buen o muy buen funcionamiento, mencionando incluso el acceso gratuito a tratamientos y cirugías de alto costo”.

Según datos relevados por el estudio los recientes ataques al IOMA originados desde La Libertad Avanza no tienen, en principio, un correlato en los usuarios de la obra social. Del total de los afiliados encuestados solo el 13% calificó de mala la atención y casi el 60% señaló que era buena o muy buena. En los grupos focales, los investigadores observaron que varios de los usuarios pudieron tener acceso a tratamientos o cirugías de alto costo de forma gratuita.

Respecto a si la obra social que tiene más de dos millones afiliados debe ser privatizada, 7 de cada 10 entrevistados respondieron que debe mantenerse en manos del estado provincial. Estos datos están en sintonía con la información recogida en el resto del trabajo de campo.

A modo de conclusión, los investigadores subrayaron que “la salud pública es una prioridad social básica e irrenunciable para la mayoría de los bonaerenses, y debe estar protegida de recortes y preservada como un derecho colectivo que garantiza dignidad y equidad”.

Principales datos destacados:

Luego de quince jornadas de paro y un plan de acción que incluyó actividades locales, movilizaciones conjuntas y hasta la instalación de una Carpa sanitaria en la plaza de los Dos Congresos, finalmente el Congreso de Delegados que sesionó el sábado 20 de julio resolvió por muy amplia mayoría – más del 90 % de las asambleas – aceptar en disconformidad la propuesta que el Gobierno provincial realizara en la reunión paritaria de la Ley 10471 del jueves 18, decidiendo mantenernos en estado de alerta a fines de monitorear el cumplimiento de cada uno de los ítems que, no sin esfuerzo, llegaron a consensuarse en la mesa de negociaciones.

El aumento salarial a final del período llega a un 34 % promedio de bolsillo, bastante superior al logrado por los estatales de la Ley 10430, cuyo acuerdo no llegaría a alcanzar el 29 %. Sumado a ello, el compromiso de puesta en vigencia del nuevo Reglamento de Residentes y las Comisiones de Recursos Humanos a partir del 1 de agosto constituyen otro de los avances que influyeron en la aprobación de la propuesta.

El último paro fue de 24 horas y fue llevado a cabo el 26 de junio pasado, con la instalación de una carpa sanitaria de protesta frente al Congreso Nacional para visibilizar la lucha del único gremio que no había sido llamado a paritarias en todo 2019.