El Gobierno trabaja en un decreto para reformar Migraciones, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El objetivo es fortalecer el rol de la entidad y endurecer los controles fronterizos.

Las medidas se sumarían al DNU 366/2025, que se publicó en mayo de este año, que modificó el régimen migratorio para aumentar el control sobre las personas que ingresan al país, conocer quiénes acceden al sistema de asistencia social y promover inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.

“La idea es fortalecer el rol de Migraciones y fortalecer la política migratoria en general. Esto ya se hizo con un decreto, pero hay cuestiones a subsanar y reglamentar. La idea es tener una doctrina de seguridad más dura”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la reforma.

Es decir, el nuevo decreto vendría a darle más competencias a Migraciones para que logre implementar una política migratoria más restrictiva en general. “Al menos con respecto a los países considerados de baja vigilancia”, aclararon.

El Gobierno quiere realizar otra reforma en Migraciones para darle más competencias. La intención es reforzar los controles. (Foto: X / @agusantonetti)

En ese sentido, se espera que la decisión presidencial permita poner en práctica más controles sobre las personas que ingresan a la Argentina, como un análisis aún mayor de sus antecedentes. También está en evaluación que la Argentina requiera visa para los visitantes de determinados países. Actualmente, esa condición ya está vigente para algunas naciones asiáticas y africanas, como China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundí, Camerún, Egipto, Haití, entre otros.

Hasta el momento, Migraciones funcionaba especialmente como una Dirección Nacional encargada de las ciudadanías, residencias e ingreso de visitantes.

Pero, además, durante la conferencia de prensa de mayo que anunció el Decreto 366/2025 se indicaron cambios como la deportación de todos los condenados por delitos realizados en el país y el pago de servicios de salud y educación. El DNU también marcó una nueva diferencia en relación con la ley vigente hasta ese momento: si una persona tiene una situación migratoria irregular, solo podrá ser atendido de manera gratuita por emergencias.

Luego de pasar Migraciones a la órbita del Ministerio de Seguridad, el Gobierno quiere volver a implementar modificaciones en el organismo. (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

Asimismo, el último decreto que salió antes de esta nueva reforma en carpeta indicó que solo se otorgará la ciudadanía argentina a las personas que residan de forma continua durante dos años en el país, sin salir de él.

“Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”, expresó en su momento Manuel Adorni, vocero presidencial y actual jefe de Gabinete.

Fuente: TN

La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, establece criterios más estrictos para el ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros, así como cambios significativos en el acceso a la salud y la educación pública.

En salud, los residentes temporarios deberán tener un seguro médico para ser atendidos en hospitales públicos, salvo en casos de emergencia. Los residentes permanentes conservarán el acceso gratuito como los ciudadanos argentinos.

Respecto a la educación, los niveles inicial, primario y secundario seguirán siendo accesibles incluso para quienes tengan situación migratoria irregular. En cambio, las universidades públicas podrán cobrar a estudiantes sin residencia permanente, aunque se mantendrá la posibilidad de acceder a becas.

Se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que permitirá obtener la ciudadanía argentina a quienes realicen inversiones relevantes en el país, como forma de atraer capitales y generar empleo.

Además, se restringió el ingreso a personas con antecedentes penales, condenas por delitos graves o quienes hayan desvirtuado el motivo declarado de ingreso. El incumplimiento de requisitos podrá derivar en una prohibición de entrada por cinco años o más.

La residencia permanente podrá ser retirada a quienes cometan delitos dolosos o pasen más de un año fuera del país. Para los residentes temporarios, el plazo será de seis meses.

Fuente: Infobae

El Gobierno dispuso el cierre de las oficinas migratorias de Paso de Los Libres, San Rafael y El Calafate, tras una evaluación de todas las sedes de la Dirección Nacional de Migraciones. La medida fue oficializada mediante la disposición 1627, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El análisis que realizó el Ejecutivo consistió en “la demanda de trámites que los migrantes realizan en cada una de las dependencias, la cantidad de personal que desempeña funciones en las mismas y la representación institucional del organismo en cada una de las provincias”.

El análisis arrojó que las oficinas migratorias Paso de Los Libres, San Rafael y El Calafate contaban con “un escaso número de trámites”. De esta manera, las delegaciones Corrientes, Mendoza y Río Gallegos absorberán “la demanda, la reubicación de su personal y de su patrimonio”, respectivamente.

El cierre de las oficinas migratorias Paso de Los Libres, San Rafael y El Calafate, no implicará la ausencia de representación de la Dirección Nacional de Migraciones en esas provincias. Tampoco impedirá el acceso a la regularización migratoria.

Según los considerandos de la disposición 1627, el Gobierno facultó a las delegaciones Corrientes, Mendoza y Río Gallegos a reasumir las funciones encomendadas y a gestionar las tramitaciones pendientes en las tres oficinas migratorias que decidieron cerrar.

“Encomiéndese a la Dirección de Delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones a arbitrar los medios necesarios, a fin de reasignar el patrimonio y el personal que dependen administrativamente de las Oficinas Migratorias Paso de Los Libres, San Rafael y El Calafate”, dicta la normativa.

Después de arranque de año con gran afluencia de turistas del exterior, los arribos de visitantes extranjeros cayeron en abril, según el último dato disponible.

El cuarto mes del año ingresaron 762.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 440.100 fueron turistas (23,4% menos que en abril de 2023) y 322.800 fueron excursionistas (aquellos visitantes que no se quedan a dormir).

El turismo provino principalmente de Brasil, con 21,5%; Uruguay, con 16% y Europa, con 14,6%. En conjunto, los países limítrofes aportaron el 60,2% de los turistas.

La devaluación primero fomentó la llegada de visitantes durante el verano, pero el posterior traslado a precios volvieron al país a ser un destino menos atractivo por razones cambiarias. A eso se sumó que este año Semana Santa fuera en marzo y no en abril como en 2023.

Fuente: TN

De acuerdo con los datos publicados hoy por la Organización Internacional para las migraciones, las muertes de migrantes en el continente americano registraron una suba del 33% en comparación con el año anterior. En total, unas 514 personas fallecieron cuando intentaban emigrar a otros países, de los cuales 89 tenían nacionalidad venezolana.

La nación bajo el mando de Nicolás Maduro es la que encabeza la lista. La siguen Haití con 59 fallecidos, Guatemala con 55 y Honduras con 45.

De acuerdo con lo informado hoy por el portavoz de la organización, Joel Millman, nunca antes se había superado la barrera de las 500 víctimas tan pronto. Según citó la agencia EFE, en 2017 y 2018 no lo hizo hasta el mes de octubre, y en 2014 ni siquiera a final de año se alcanzó esa cifra.

De los fallecidos hasta el 14 de agosto de 2019 en el continente, al menos 67 eran mujeres y 40 niños, y casi la mitad de las víctimas (247) se reportaron en la frontera entre Estados Unidos y México, frente a 151 en el Caribe, 80 en Centroamérica y 30 en América del Sur

El Gobierno parece estar decidido a encarar de lleno la agenda de la lucha contra la inseguridad. La implementación de las pistolas Taser y el anuncio del envío del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años son algunas de las iniciativas que se propone la Casa Rosada para los próximos meses.

Otra medida apunta a los controles migratorios: mientras avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871, busca agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros.

El control del flujo migratorio fue trazado como prioridad por Mauricio Macri casi desde que asumió. Y, luego de un año de gestión, firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen; y, al mismo tiempo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta entonces podían demorar hasta 6 años.

Ese DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional” y frenó su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.

Avanzada parece estar la creación de un Fuero Migratorio, como lo ordena la actual ley. El borrador oficial ya pasó por los despachos de opositores. Se trata, entre otras cuestiones, de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.

Por lo pronto, según informó Clarín, este lunes pasará por Casa Rosada el director de Migraciones, Horacio “Toto” García, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para trazar la hoja de ruta para los próximos meses.

Pero algunas de las iniciativas ya están en marcha: por un lado, Migraciones confeccionó un listado con los nombres de 354 extranjeros, con antecedentes penales o que ingresaron al país ilegalmente, que empezará a buscar para luego expulsarlos. Ya cuenta con el aval judicial. A esto se suma la nómina de 618 extranjeros que presentará ante la Justicia para solicitar su “retención” para su posterior expulsión. Serían casi 1000 extranjeros a punto de ser expulsados por delitos.