Una “marcha de antorchas” organizada por el Regimiento de Infantería 7 para conmemorar la partida de soldados a Malvinas se realizará este lunes 13 en La Plata, con participación de militares y veteranos, y generó un fuerte rechazo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim).

Más de cuatro décadas después de la guerra, el anuncio del evento reavivó la polémica en la ciudad. La iniciativa recuerda la salida de soldados hacia las islas el 13 de abril de 1982, pero fue cuestionada por ex combatientes y organismos de derechos humanos.

El lunes se prevén dos actos en simultáneo. Por un lado, el Regimiento 7 marchará 13 kilómetros a pie desde Arana hasta la zona de 19, 51 y 53, donde se encuentra el histórico portón que simboliza la partida de los conscriptos. La salida está prevista a las 18:00 y el acto central se realizará a las 21:00. Por otro, el Cecim, junto a organizaciones de derechos humanos y gremios, convocó a una actividad a pocos metros del lugar desde las 19:00.

Desde el Cecim calificaron la iniciativa como una “provocación” y una “afrenta” a la memoria de los soldados y a la ciudadanía. En un comunicado, señalaron: “El 13 de abril de 1982 es el día que comienza el destino desconocido, donde las familias de más de 800 soldados vivieron cada minuto de esos 74 días que duró la Guerra, en absoluta incertidumbre, angustia y en la zozobra del ‘vamos ganando!’”.

Y agregaron: “Para los soldados es el día que nos llevan hacia el hambre, la tortura y la muerte”.

El planteo también vincula al Regimiento 7 con su actuación durante la última dictadura militar. Según el Cecim, la unidad fue responsable de “represión, desaparición, tortura y muerte de cientos de platenses”.

En ese marco, los ex combatientes cuestionaron: “¿Cómo podemos aceptar que se promueva conmemorar el comienzo del Horror? Sin haber realizado en estos 44 años de culminada la guerra una sola autocritica”.

La organización también puso el foco en el carácter del espacio donde se realizará la actividad, la Plaza Islas Malvinas, que cuenta con protección como Sitio de la Memoria en virtud de la Ley 26.691 y una ordenanza municipal sancionada en 2016. “Hoy la Plaza Islas Malvinas es un espacio recuperado al horror para toda la ciudadanía platense. Una de las plazas más visitadas y disfrutadas de nuestra ciudad. ¿Podemos los platenses permitir semejante afrenta ante un dispositivo militar que marchará con una fanfarria estruendosa para intentar tapar las voces que claman Justicia?”, expresaron.

Asimismo, remarcaron: “Las voces de los Pibes de Malvinas torturados por sus jefes militares no merecen semejante provocación, a los muertos por el hambre y por la impericia se les falta el respeto”.

Según el Cecim, la organización de la marcha responde a una orden del Ministerio de Defensa, encabezado desde diciembre por el teniente general Carlos Presti, hijo del coronel Roque Carlos Presti, quien fue jefe del Regimiento 7 entre 1975 y 1977. Durante ese período, la unidad tuvo asiento en la actual Plaza Islas Malvinas y formó parte del Área 113, vinculada a centros clandestinos de detención como La Cacha, Arana y la Comisaría Quinta.

Organismos de derechos humanos señalan a Roque Carlos Presti como responsable de desapariciones, entre ellas la de la nieta de María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. El militar fue investigado, pero falleció sin condena.

En contraste, fuentes militares defendieron la actividad. “Esto es algo sentimental, simbólico con la finalidad de homenajear a los 36 caídos”, indicaron, y señalaron que la marcha “es algo ya tradicional” que se realiza desde 2012. “No había habido antes una reacción de este tipo”, agregaron.

Fuente: con información de DIB

Unos mil efectivos de seguridad participaron este jueves de un megaoperativo en un conjunto de favelas del área metropolitana de Río de Janeiro, con el objetivo de capturar a líderes del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. La acción forma parte de la segunda fase de la denominada Operación Contención, lanzada tras una serie de episodios de extrema violencia registrados meses atrás.

El despliegue comenzó durante la madrugada, cuando fuerzas policiales ocuparon el Complejo do Salgueiro, en el municipio de São Gonçalo. Según fuentes oficiales, el ingreso fue resistido por grupos armados, lo que derivó en tiroteos en distintos sectores de la zona, aunque hasta el mediodía no se habían reportado víctimas fatales, heridos ni detenciones.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, el operativo busca ejecutar 44 órdenes de arresto contra integrantes de la organización criminal, que mantiene un fuerte control territorial en distintas favelas del estado de Río de Janeiro y otras regiones del país.

El principal objetivo de la acción es Antonio Ilário Ferreira, alias “Barricó”, señalado como uno de los jefes armados del Comando Vermelho en São Gonçalo. El narcotraficante, de 61 años, había sido condenado a 27 años de prisión, pero recuperó la libertad en 2019 por un beneficio judicial y permanece prófugo desde entonces.

La Operación Contención tuvo su primera fase a fines de octubre en los complejos de Penha y Alemão, donde el saldo fue de 122 muertos, incluidos cinco policías, convirtiéndose en la intervención policial más letal registrada en Brasil. A partir de ese antecedente, las autoridades reforzaron el despliegue y el alcance de las acciones.

En esta nueva etapa, participaron 880 agentes de la Policía Militarizada y 120 de la Policía Civil, con apoyo de vehículos blindados y helicópteros. Uno de los principales obstáculos fue la remoción de barricadas incendiadas y bloqueos montados por los grupos criminales para dificultar el avance de las fuerzas de seguridad.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei le solicitó al Senado de la Nación el ascenso de 15 tenientes coroneles que el gobierno de Cristina Kirchner frenó debido al parentesco que tenían con condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La mayoría de los expedientes que serán analizados por la Cámara alta datan del 2010 y la decisión que tomó el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que a esos efectivos, que ya están retirados, se les reconozca el grado de coronel a partir del 31 de diciembre de 2018.

“Se termina una injusticia. A esos militares los castigaron por considerar que eran culpables de lo que habían hecho sus padres o sus tíos. Decían que no podían ascender porque se criaron en casas de represores, por portación de apellido”, explicaron fuentes oficiales. La crítica apunta a la gestión que durante el kirchnerismo ejecutó Nilda Garré, quien le dio intervención a los organismos de derechos humanos para que tuvieran la última palabra antes de que se definiera un ascenso a grados superiores.

En un mensaje fechado el martes, firmado por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, le solicitaron al Senado para que, “en cumplimiento del artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional", den el acuerdo necesario "para promover al grado inmediato superior” a los siguientes tenientes coroneles:

Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte.

En el mensaje firmado por Milei y Petri se advierte que “el personal en consideración ha reunido en oportunidad de su propuesta de promoción las condiciones exigidas por la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias". Es una posición que modifica el anterior criterio que había tenido la gestión del kirchnerismo y que no se modificó durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Esta decisión repite el mismo sentido que la tomada en los últimos días hábiles de diciembre, cuando el Gobierno envió un mensaje similar pero referido a la Armada Argentina pidiendo al Senado la promoción de los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, si se aprueba la solicitud, los uniformados tanto del Ejército como de la Marina -la Fuerza Aérea no tuvo situaciones similares- serán promovidos con carácter retroactivo desde el último día de 2018, ya que “reúnen las condiciones exigidas por la Ley”.

Cuando se anunció a fines de 2024 el envío del primero de los mensajes, las autoridades nacionales remarcaron que “de la información suministrada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen al Personal Militar precedentemente citado con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o contra el Orden Constitucional".

Antes de esta medida, durante la presidencia de Macri, quien fuera su ministro de Defensa, Oscar Aguad, había iniciado las gestiones para dejar sin efecto la medida de bloquear los ascensos que había ejecutado su antecesora Garré. “Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, afirmó entonces el funcionario.

La decisión de volverle a pedir al Senado el ascenso de estos 21 militares va en sintonía con una medida previa que tomó la actual conducción del Ministerio de Defensa. Desarmó la dirección de derechos humanos que revisaba sin intervención judicial los legajos de los militares y bloqueaba los ascensos y les daba documentos e información a organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además, en un giro clave, el Ministerio de Defensa contrató en la Dirección de Derechos Humanos a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, los hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se trata de la hija de Jorge Ibarzábal, que siendo teniente coronel en 1974 fue secuestrado tras un ataque a los cuarteles de Azul y luego asesinado; y el hijo de Argentino Del Valle Larrabure, un coronel que vivió un brutal cautiverio de 370 días en una “cárcel del pueblo” del ERP y murió en 1975 tras ser fusilado.

Fuente: Infobae

Un avión con 64 personas a bordo chocó en la noche del miércoles con un helicóptero militar en el que iban tres soldados, cuando se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington D.C. Según reportaron las autoridades, las aeronaves cayeron en el Río Potomac y habría un argentino entre los muertos.

Horas después de la tragedia, el presidente Donald Trump confirmó que todos fallecieron. “Tristemente no hay sobreviviente alguno. Fue una noche oscura para nuestra nación, una tragedia de proporciones horribles”, lamentó el mandatario. Además, explicó que si bien los investigadores tienen teorías de lo que pudo haber sucedido, aún no se sabe con certeza.

El accidente ocurrió cuando un avión comercial, el 5342 de American Eagle -aerolínea regional subsidiaria de American Airlines-, procedente de Wichita (Kansas), se aproximaba al aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C. y chocó a las 20:48 con un helicóptero Black Hawk en el que viajaban tres personas.

Esta mañana, el jefe de Bomberos y servicios de Emergencia de Washington, John Donelly, había adelantado lo que se temía y lo que luego reveló el presidente norteamericano: “A esta altura, no creemos que haya sobrevivientes”. En ese momento, había explicado que recuperaron un total de 28 cuerpos: 27 del avión y uno del helicóptero.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) concluyó el viernes pasado el alegato del juicio que tiene a 35 imputados -ex integrantes de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y un civil-, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades y localidades del centro de la provincia de Buenos Aires que conformaron la Subzona Militar 12. En el petitorio, el fiscal Santiago Eyherabide, acompañado de los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, pidió penas de prisión perpetua para once acusados, y penas de entre 20 años y 3 años de cárcel para otros 20 acusados. En relación a cuatro imputados, solicitó la absolución.

A este debate, iniciado el 25 de febrero de 2022, llegaron por primera vez 173 casos de víctimas que nunca habían sido juzgados y que fueron reconstruidos a partir de las pruebas incorporadas y los 200 testimonios escuchados en dos años y medio, a lo largo de 67 audiencias.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado para el este juicio por los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Luis Imas, cuenta con la actuación como cuarta jueza de Sabrina Namer.

El alegato del MPF se había iniciado en septiembre pasado, y la última audiencia culminó con las responsabilidades de cada imputado de acuerdo con los desempeños funcionales, sus propias declaraciones, documentos incorporados y testimonios oídos durante el debate.

Luego, se analizó la calificación penal de los hechos juzgados. “Como podrá el tribunal advertir, a partir del análisis fáctico que este Ministerio Público ha desarrollado, se encuentra acreditado que los hechos ocurrieron en el contexto de una actuación organizada dirigida contra la población”, sostuvo el MPF, que añadió que “son reflejo de situaciones que han sido objeto de otras sentencias confirmadas por instancias superiores, pero también han sido materia de consideración y estudio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Todos y cada uno de los crímenes aquí juzgados revisten la cualidad de ser delitos contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles”, remarcó la fiscalía.

Previo a enumerar el encuadre legal de cada hecho, desde el MPF sostuvieron: “Ha pasado mucho tiempo, pero debe tenerse siempre presente la reivindicación irrenunciable como Estado de Derecho que estos juicios significan”.

Durante el debate, se abordaron casos de privaciones ilegítimas de la libertad, a través de allanamientos ilegales en las viviendas de las víctimas y/o sus lugares de trabajo, que muchas veces incluyeron robos. En esos secuestros nocturnos y de acuerdo al testimonio de sobrevivientes y familiares, nunca se les informaron las causas de las detenciones, tampoco si contaban con órdenes judiciales, ni les permitieron avisar a un abogado.

De acuerdo a la acusación fiscal, a ello se suma “la clandestinidad de los centros y lugares de detención donde las víctimas padecieron su secuestro, la violencia implícita en los tratos degradantes recibidos allí, que se añaden a los padecidos generalmente durante la aprehensión, así como las horrendas condiciones de cautiverio, todo lo cual conforma un cuadro fáctico que determina la agravante de violencia y amenazas”.

También se relató el encuadre legal de los tormentos, y los homicidios agravados de Pedro Mazzocchi, Daniel Reynaldo Medina, Carlos Moreno, Carlos Alberto Labolita, Alfredo Thomas, José Luis Musmeci, Norma Raggio y Raúl Balbuena.

“En relación a aquellos casos en los que aparecieran los cadáveres, al tratar cada caso se han descrito las circunstancias que permiten tener por acreditado que las muertes violentas sufridas por cada víctima resultan atribuibles al accionar doloso de sus captores. Asimismo, en los casos en los que no han aparecido los cuerpos de aquellos detenidos-desaparecidos, entendemos que de la prueba analizada puede sostenerse, sin temor a equivocación, que a más de 45 años de ocurridos los hechos que damnificaran a las víctimas, sin que medie ningún tipo de noticias acerca de su paradero, implican que su destino final no puede ser otro que su eliminación física”, relató la fiscalía.

A su vez, también se les dio el encuadre legal a dos casos de violaciones agravadas por la calidad de encargado de la guarda de la víctima, y por el uso de la fuerza e intimidación. “Las dos mujeres padecieron privaciones abusivas de la libertad y tormentos agravados por su condición de perseguidas políticas. Las torturas que sufrieran, como ya se explicara, no fueron sólo físicas, sino también psíquicas. En ese mismo contexto fueron víctimas de ataques sexuales, que resultaron particularmente graves”, sostuvo Montero.

Y agregó: “En el marco de la comisión de una violación sexual no sólo estará en condiciones de ser autor quien acceda carnalmente a la víctima, sino también quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de detención donde se comete el crimen o todo aquel que realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia determinante en la configuración final del hecho”.

“Todos y cada uno de los crímenes aquí juzgados revisten la cualidad de ser delitos contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles”, remarcó la fiscalía en la última jornada de su alegato.

La Fiscalía recordó que, si bien los imputados tienen en la actualidad una edad avanzada, los hechos que están siendo juzgados se cometieron cuando tenían entre 23 y 40 años, la mayoría de ellos.

Con relación al imputado Julio Méndez, único civil que ha llegado a esta instancia, se merituó que su adhesión al plan criminal no surge de un deber normativo ni de la pertenencia a un aparato organizado de poder. “No puede aducir un orden jerárquico, sino que más bien se trata de una colaboración deseada para la ejecución del hecho”, explicaron desde el MPF.

En cuanto al detalle de los pedidos de pena, se indicó que se exigió prisión perpetua para Osvaldo Héctor Repetto, Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos (pedido de unificar otra condena de 15 años de prisión), Martín Carlos Luzuriaga, Roberto Jorge Casares (pedido para unificar con sentencia a perpetua dictada en Monte Peloni 2), Alejandro Guillermo Duret (pedido de unificar otra condena de 15 años de prisión), Luis Ignacio Gómez Centurión, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Caceres y Daniel Alfredo Ceresoli.

Juan Manuel Durante (20 años de prisión), Edgardo Mariano Viviani (16 años de prisión), Julio César Tula (14 años de prisión), José Luis Álvarez y Guillermo Prieto (12 años de prisión), Julio Manuel Méndez (10 años de prisión), Héctor Alberto Mangudo, Eduardo Augusto Samyn y Horacio Ricardo Barriola (8 años y 6 meses de prisión), Luis Ernesto Benítez y Néstor Omar Vapore (8 años de prisión), Jorge Aníbal Tolosa (6 años y 6 meses de prisión), Américo Fernando Ferrer (5 años y 6 meses de prisión).

También Alberto Joaquín Monge (5 años de prisión), Juan Manuel Miller (4 años y 6 meses de prisión), José María Bruzzone y Miguel Ángel Buezas (4 años y 4 meses de prisión), Héctor Rubén Rinaldi (4 años de prisión), Enrique Carlos Vitale (3 años y 8 meses de prisión), Jorge Pedro Cinalli (3 años y 4 meses de prisión), Raúl Omar Carlucho, Francisco Oscar Sarmiento, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre (absoluciones).

Fuente: Fiscales.gob.ar

Los 15 años de gobierno de la primera ministra bangladeshí, Sheikh Hasina, llegaron a su fin este lunes, mientras huía de semanas de protestas mortales y el ejército anunciaba que formaría un gobierno interino.

Hasina había intentado desde principios de julio sofocar las protestas en todo el país contra su gobierno, pero huyó tras una brutal jornada de disturbios el domingo en la que murieron casi 100 personas.

En una transmisión a la nación por la televisión estatal, el jefe del ejército de Bangladesh, Waker-Uz-Zaman, dijo el lunes que Hasina había dimitido y que los militares formarían un gobierno interino.

“El país ha sufrido mucho, la economía se ha resentido, muchas personas han muerto... es hora de poner fin a la violencia”, declaró Waker. “Espero que tras mi discurso la situación mejore”.

Hasina, de 76 años, huyó del país en helicóptero, dijo a la AFP una fuente cercana a la dirigente poco después de que los manifestantes asaltaran su palacio en Dhaka.

La fuente precisó que primero se marchó en caravana, pero luego fue sacada en helicóptero, sin precisar su destino.

Multitudes jubilosas habían ondeado banderas, algunas bailando encima de un tanque en las calles el lunes por la mañana, antes de que cientos de personas irrumpieran a las puertas de la residencia oficial de Hasina.

El Canal 24 de Bangladesh emitió imágenes de multitudes corriendo hacia el recinto, saludando a la cámara mientras celebraban.

Otros destrozaron una estatua del padre de Hasina, el jeque Mujibur Rahma, héroe de la independencia del país.

Antes de que los manifestantes irrumpieran en el recinto, el hijo de Hasina instó a las fuerzas de seguridad del país a impedir cualquier toma del poder.

“Su deber es mantener a salvo a nuestra gente y a nuestro país, y defender la Constitución”, dijo su hijo, Sajeeb Wazed Joy, residente en Estados Unidos, en un post en Facebook. “Significa que no permitan que ningún gobierno no elegido llegue al poder ni un minuto, es su deber”.Las fuerzas de seguridad habían apoyado al gobierno de Hasina durante los disturbios, que comenzaron el mes pasado contra las cuotas de empleo en la función pública y se intensificaron hasta convertirse en llamamientos más amplios para que dimitiera.

Al menos 94 personas murieron el domingo, entre ellas 14 policías, en el día más mortífero de los disturbios.

Manifestantes y partidarios del gobierno se enfrentaron en todo el país con palos y cuchillos, y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

Con esta jornada de violencia, el número total de muertos desde que comenzaron las protestas a principios de julio asciende al menos a 300, según un recuento de AFP basado en datos de la policía, funcionarios del gobierno y médicos de hospitales.

Los militares declararon el estado de emergencia en enero de 2007, tras una agitación política generalizada, e instauraron un gobierno provisional respaldado por el ejército durante dos años.

Hasina gobernó Bangladesh a partir de 2009. Fue reelegida para un cuarto mandato en enero en unas elecciones boicoteadas por sus principales rivales, lo que puso en duda la libertad y justicia de los comicios. Miles de opositores fueron encarcelados antes de la votación, que según el gobierno se celebró de forma democrática.

Es la mandataria que más tiempo ha gobernado Bangladesh, un país de mayoría musulmana con más de 160 millones de habitantes, en una ubicación estratégica entre India y Myanmar.

Su gobierno fue acusado por grupos de derechos humanos de utilizar indebidamente las instituciones del Estado para afianzarse en el poder y acabar con la disidencia, entre otras cosas mediante ejecuciones extrajudiciales de activistas de la oposición.

Las manifestaciones comenzaron por la reintroducción de un sistema de cuotas que reservaba el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos que combatieron en la guerra de independencia de Bangladesh contra Pakistán en 1971.

Las protestas se intensificaron a pesar de que el máximo tribunal bangladeshí había anulado el plan.

El lunes por la mañana, soldados y policías con vehículos blindados habían bloqueado con alambre de espino las vías de acceso a la oficina de Hasina, pero una gran multitud inundó las calles y derribó las barreras.

El periódico Business Standard calculó que había hasta 400.000 manifestantes en las calles, pero fue imposible verificar la cifra.Al menos 11.000 personas han sido detenidas en las últimas semanas. Los disturbios también han provocado el cierre de escuelas y universidades en todo el país, y en un momento dado las autoridades fijaron un toque de queda con órdenes de disparar a los infractores.

Los manifestantes llamaron durante los últimos días a la “no cooperación”, instando a la gente a no pagar impuestos y facturas de servicios públicos y a no presentarse a trabajar el domingo, un día laborable en Bangladesh. Las oficinas, los bancos y las fábricas abrieron, pero los viajeros en Dacca y otras ciudades se enfrentaron a dificultades para llegar al trabajo.

“Ha llegado el momento de la protesta final”, declaró Asif Mahmud, uno de los principales líderes de la campaña nacional de desobediencia civil.

En varios casos, los soldados y la policía no intervinieron para frenar las protestas del domingo, a diferencia de lo ocurrido durante el último mes de concentraciones, que en repetidas ocasiones acabaron en represiones mortales.

En una reprimenda enormemente simbólica a Hasina, un respetado ex jefe del ejército exigió al gobierno que retirara “inmediatamente” las tropas y permitiera las protestas.

“Los responsables de llevar a la gente de este país a un estado de miseria tan extrema tendrán que comparecer ante la justicia”, declaró el domingo a la prensa el ex jefe del ejército, general Ikbal Karim Bhuiyan.

El movimiento antigubernamental había atraído a personas de toda la sociedad de esta nación del sur de Asia de unos 170 millones de habitantes, entre ellas estrellas de cine, músicos y cantantes.

Fuente: Infobae.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la detención de los siete exmilitares que están imputados por el crimen de Matías Chirino, el joven soldado de 22 años al que le quitaron la vida en la Guarnición militar del Grupo de Artillería 3 de la localidad correntina de Paso de los Libres tras un “ritual de iniciación” ocurrido en 2022.

A dos años del fatal episodio, la Justicia ordenó “hacer efectiva la prisión preventiva y la inmediata detención” de los exoficiales del Ejército Claudio Andrés Luna, Rubén Darío Ruiz, Hugo Reclus Martínez Tarraga, Darío Emmanuel Martínez, Exequiel Emmanuel Aguilar y Gerardo Sebastián Bautista. La misma medida alcanza al subteniente Facundo Luis Acosta a quien le revocaron la exención de prisión y también ordenaron su inmediato arresto, informó El Doce. Mientras que los restantes dos acusados, la subteniente Claudia Daniela Cayata y el teniente Franco Damián Grupico, quedaron enmarcados bajo la figura de partícipes secundarios de homicidio simple, pero continuarán en libertad.

En septiembre del año pasado habían sido imputados por homicidio simple en calidad de coautores y se les agregó la prisión preventiva por estar “acreditada la existencia de riesgo procesal”. Sin embargo la misma no se hizo efectiva en 2023 debido a que su defensa interpuso un recurso de casación a lo dispuesto por la Cámara Federal de Corrientes.

En aquella oportunidad, la familia del joven oficial oriundo de Córdoba relató que estaban atravesando “un infierno”. “¿Cómo puede ser que estén libres los responsables de la muerte de mi hijo?”, había cuestionado el padre de la víctima, que además comentó -en declaraciones a Agencia Télam- que la situación familiar es difícil: “Estamos muy mal, esto es un infierno todos los días para nosotros. Nos acostamos llorando y nos levantamos llorando”.

Chirino perdió la vida el 19 de junio de 2022, luego de una noche de maltratos y obligación de comer y beber en exceso en un contexto de “cena de bautismo”, ritual que le provocó una broncoaspiración que derivó en su muerte, según se detalla en la causa.

De los nueves acusados, ocho fueron destituidos por la Justicia militar se trata de la máxima sanción disciplinaría en el Ejército.

En la resolución, el Tribunal encomendó la “diligencia a la Gendarmería Nacional, quien deberá alojar a los nombrados hasta tanto se disponga un cupo en el Servicio Penitenciario Federal”.

Con las detenciones, se abre un nuevo capítulo en el caso de Matías Chirino. Se espera que el proceso judicial permita esclarecer todos los detalles del trágico evento y determine las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.

Según la investigación, orientada por el fiscal federal Fabián Martínez, se pudo determinar que el subteniente Chirino y dos colegas más debían presentarse y comenzar a prestar funciones, por orden del segundo jefe de la Unidad, a las 07:30 del día 20 de junio de 2022, pero finalmente por instrucción del Subteniente Facundo Luis Acosta, debieron arribar antes de lo previsto, a las 20:15 del 18 de junio de 2022.

Entre el horario de ingreso y las 00:30 del 19 de junio de 2022, se constató que en el interior del quincho de oficiales y sus inmediaciones los acusados “prevaliéndose de la autoridad que tenían (…), en desprecio a la integridad física y moral de sus camaradas Matías Ezequiel Chirino, Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza, le impartieron órdenes arbitrarias y maltratos”, dice el expediente.

Detalla que los maltratos consistieron en “obligarlos a ejecutar diferentes tareas denigrantes”, desde organizar una cena a base de diferentes bebidas alcohólicas y gaseosa, cigarrillos y comida a pedido de los sindicados, hasta consumirlas de forma descontrolada.

“Con el estómago vacío los obligaron a beber alcohol en exceso, extendiéndole sus copas, una de ella conteniendo vino con abundante sal, bajo la orden ‘tome, tome’, provocando que perdieran el conocimiento”. Asimismo, les exigieron que se colocaran la ropa de verano ante temperaturas de entre 4 y 2 grados y se sumergieran a la pileta del casino de oficiales cuya agua se encontraba sucia, por un tiempo de 30 segundos aproximadamente.

Con el paso de las horas fueron perdiendo el conocimiento por la intoxicación alcohólica y las demás circunstancias de maltrato. En este contexto fueron abandonados en el lugar, donde quedaron recostados en unas colchonetas que estaban tiradas en el piso hasta las 06:09 que se emitió una alerta por el grave estado en el que se encontraba uno de los subtenientes, el joven Chirino.

Según la autopsia realizada, la víctima murió por broncoaspiración tras vomitar en estado de inconsciencia y estando acostado, mientras que se registró 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre.

A raíz de la trágica muerte, en 2022, el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, prohibió la autorización y realización de festejos, “ritos y ceremonias de iniciación”, reuniones sociales o cualquier tipo de actividad; así como también el ingreso, provisión y consumo de bebidas alcohólicas dentro de unidades y establecimientos militares con motivo del comienzo o la finalización de actividades de formación o entrenamiento.

Fuente: Infobae

El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un “golpe de Estado” por parte del ahora destituido comandante general del Ejército boliviano Juan José Zúñiga, quien fue relevado hoy junto a los demás mandos militares, señaló que “resistirá” y llamó a “movilizaciones” para defender la democracia.

Zúñiga, que amenazó con “cambiar el gabinete de Gobierno”, comandó un grupo de militares quienes ocuparon con vehículos militares la Plaza Murillo frente a la sede del Gobierno en el centro de la ciudad de La Paz, tirando con un tanque la puerta de la Casa Grande del Pueblo.

Arce junto a su vicepresidente David Choquehuanca se mantienen dentro de la sede del Ejecutivo: “Aquí estamos, todo el gobierno nacional, con todos sus ministros y ministras firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia”.

Varios sectores sociales y sindicales en todo el país han expresado su apoyo al Gobierno de Arce mientras un grupo de militares se mantienen apostados en la Plaza Murillo.

Zúñiga indicó a los medios que quiere cambiar “el gabinete de Gobierno” para establecer una “verdadera democracia” en Bolivia y que “liberará a todos los presos políticos” incluyendo a la ex presidenta interina Jeanine Añez y el gobernador opositor Luis Fernando Camacho.

Por su parte, la canciller de Javier Milei, Diana Mondino, repudió el levantamiento militar protagonizado por Juan José Zúñiga: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”.

Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas.No se cambian con violentos golpes de Estado.La democracia no se negocia.

En tanto, Estados Unidos está “siguiendo de cerca” la situación en Bolivia e insta a la “calma y moderación”, dijo a EFE una portavoz de la Casa Blanca en una breve declaración escrita. Se refirió a la “situación en Bolivia” pero no utilizó la designación de “golpe de Estado” que ha empleado el presidente de Bolivia, Luis Arce, para describir el hecho de que un sector del Ejército boliviano se alzó contra su Gobierno y un tanque entró a la fuerza a la sede del Ejecutivo en La Paz.

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva también se expresó y dijo que le ha pedido a su canciller, Mauro Vieira, que recopilara informaciones antes de dar una posición formal del Gobierno en relación a los hechos que están ocurriendo en el país vecino.

También indicó que “en América Latina los golpes nunca funcionaron”, en una primera reacción tras el despliegue de militares frente a la sede de Gobierno en Bolivia.

El Gobierno nacional estableció una zona militar en una fábrica de municiones de Santa Fe, en medio de la escalada de violencia que vive la provincia desde los cuatro crímenes que asediaron a la ciudad de Rosario.

Se trata de la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” que pertenece a la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado y que está ubicada en el departamento de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Rosario. La empresa se dedica a la fabricación y armamento para el uso de las Fuerzas Armadas.

La medida de establecer fue oficializada a través del decreto 350/2024, publicado esta mañana en el Boletín Oficial. Según rige en el documento, “las Fuerzas Armadas instrumentarán y dirigirán el adecuado empleo de los medios materiales que resulten necesarios para impedir y/o reprimir la comisión de todo delito en esta zona militar”.

El decreto también instruyó al Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, a “adoptar las medidas que sean necesarias para brindar acompañamiento jurídico, patrocinio y la representación en juicio a todo personal que, cumpliendo con sus obligaciones en acto del servicio regulado, pudiera enfrentar un proceso judicial y/o administrativo”.

Entre los considerandos que se desarrollan en el Boletín Oficial, el Gobierno alegó que “todo atentado en tiempo de paz constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior y una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la Fuerza Armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción y/o en el ámbito territorial militar”.

En esa misma línea, justificó la decisión de establecer una zona militar en la necesidad de “garantizar la seguridad para proceder a la adecuada protección de la integridad física de las personas y del patrimonio del Estado”.

El principal motivo del Ejecutivo para establecer la zona militar tiene que ver con la escalada de violencia que vive la provincia de Santa Fe durante los últimos meses y en especial la ciudad de Rosario.

Las organizaciones criminales iniciaron en marzo una serie de crímenes en plena vía pública con el objetivo de amedrentar al nuevo gobierno. Las víctimas fatales fueron colectiveros, taxistas y hasta un playero de una estación de servicio.

La intención de las bandas narco era que el gobernador Maximiliano Pullaro diera marcha atrás con las medidas implementadas en las cárceles contra los presos más reconocidos, que aún son jefes de algunas organizaciones.

Por esto mismo, en marzo de este año el Gobierno nacional dispuso el despliegue de las fuerzas federales de seguridad para colaborar con los trabajos para frenar el avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado a apoyar con tareas de logísticas, tal como está previsto en la Constitución Nacional.

Sin embargo, las amenazas continuaron y los crímenes también. “Narco Pullaro. No te hagas el turro o te llueve plomo narcoprogresista”, indicaba un papel que dejaron en el centro de Rosario.

Con respecto a los asesinatos, en los últimos dos días se registraron cuatro más, pero se desconoce si tienen alguna vinculación con las intenciones de las organizaciones de sembrar miedo o si existieron otros motivos detrás de cada uno de ellos.

Fuente: TN

Los militares considerados "presos políticos" por la oposición que permanecen detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Caracas, iniciaron anoche una revuelta para exigir atención internacional a su situación, se informó hoy.

El motín es para exigir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reveló hoy la abogada Tamara Sujú, citada por la agencia ANSA y la prensa local.

"Están desde ayer atrincherados. Quitaron cámaras y puertas que los separaban. Exigen se excarcele a quienes tienen boleta, se traslade a quienes tienen orden, y atención médica por posible brote de hepatitis", expresó Sujú. Indicó que también "exigen la visita de sus abogados a los que se la niegan y la visita de su familia al teniente coronel Igbert Marín Chaparro".

"Quieren que se mejoren las condiciones de salubridad. Hay una letrina para 60 detenidos", denunció.Asimismo, señaló que los detenidos piden que "se encarcele a los verdaderos torturadores del capitán Rafael Acosta Arévalo, ellos son Blanco Hurtado, Abel Angola, Granko Artega".

"La semana pasada los sacaron después de cinco meses al sol, para sacarles una foto para (Michelle) Bachelet y luego los volvieron a encerrar", afirmó. Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio, en el marco de la visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la U para derechos humanos, y acusado de planear un presunto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, murió el sábado luego de ser sometido a "torturas".

El militar se encontraba bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de Maduro, denunció su defensa y también líderes de la oposición, que a raíz de este caso convocaron a nuevas protestas callejeras para el próximo viernes.

El gobierno admitió la muerte del oficial en un comunicado divulgado el sábado, en el que afirmó que el fallecido estaba "imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración", y aseguró que investigaría las causas del deceso.

Fuente: Télam 

Rusia advirtió este jueves a los Estados Unidos de que no intervenga militarmente en Venezuela, asegurando que una decisión así desencadenaría "un escenario catastrófico" en un país en el que el Kremlin tiene fuertes intereses políticos, militares y económicos.

Consultado por el posible avance de Washington sobre Caracas, medida que no fue descartada por la Casa Blanca, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, indicó: "Advertimos contra esto. Creemos que sería un escenario catastrófico que haría temblar las bases del modelo de desarrollo que vemos en la región latinoamericana".

En ese sentido, en una entrevista con la revista rusa Asuntos Internacionales, el viceministro reiteró que Moscú permanecerá junto a Venezuela para proteger su soberanía y el principio de no interferencia en sus asuntos internos. "Hemos apoyado y continuaremos apoyando a nuestro socio estratégico", aseguró.

Con un fuerte respaldo internacional, el líder del Congreso opositor, Juan Guaidó, se autoproclamó el miércoles presidente encargado de Venezuela ante cientos de miles de simpatizantes demandando la salida de Nicolás Maduro.

En tanto, el Ministerio de Exteriores ruso criticó en un comunicado lo que considera una injerencia en asuntos internos de Venezuela: "Es una vía directa hacia la anarquía y el baño de sangre". Además, sostuvo que la postura estadounidense está motivada por el deseo de librarse de un "Gobierno indeseado".

A su vez, el Gobierno de Vladimir Putin se expresó para decir que las acciones de los EEUU en Venezuela "son un intento de usurpar el poder". En ese sentido, Ryabkov también indicó que el Kremlin considera que los Estados Unidos y otros países seguirán aumentando la presión sobre Caracas, según destacó Infobae.