Mañana a las 21:00 se realizará el tradicional Sorteo de Reyes, que repartirá un total de $503.880 millones en premios y tendrá transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Lotería de la Provincia.

La propuesta representa una nueva oportunidad para quienes no resultaron ganadores en el Gordo de Navidad. En esta edición, el primer premio del Gordo de Reyes será de $300 millones, el segundo otorgará $100 millones, el tercero $25 millones, el cuarto $10 millones y el quinto premio distribuirá $4 millones por billete entero.

Se recuerda que el primer premio del Gordo de Navidad correspondió al número 77.222, con ganadores en Tigre, Berazategui y 25 de Mayo, y un reparto total de $800 millones.

Para participar, el apostador debe acercarse a cualquiera de las más de 4300 agencias oficiales, elegir un número de cinco cifras y solicitar la emisión del ticket, que se realiza de manera inmediata a través de la terminal del agenciero.

El billete puede adquirirse en distintas modalidades: entero, con un valor de $20.000, o por fracción, a $2.000 cada una. Además, el sorteo contempla premios por terminaciones y aproximaciones hasta la quinta posición.

Al igual que el Gordo de Navidad, el Sorteo de Reyes será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia.

Un jugador argentino se convirtió en el ganador del jackpot más grande registrado en el país, al obtener un premio de $3.608.478.985 luego de realizar una apuesta de $240 en una reconocida plataforma de juegos de azar y casino.

La cifra, inédita en Argentina, supera por más del doble al récord anterior, alcanzado en marzo de este año, cuando otro jugador había ganado $1.152 millones.

Rodrigo, de 35 años, había apostado $240 desde su casa en un slot de estilo animé, sin imaginar lo que ocurriría. “Me enteré porque me apareció un cartel en rojo que decía ‘¡Enhorabuena, ha ganado el Grand!’. La primera reacción que tuve fue sinceramente de no creerlo", contó.

El ganador, que vive en zona norte del Gran Buenos Aires y trabaja como operario en una fábrica, relató que suele jugar en distintos slots. “Generalmente, cuando vuelvo de trabajar me siento a tomar mate, pero ese día me puse a jugar para pasar el rato y me salió el premio”, expresó.

En medio del asombro, compartió la noticia con su pareja, que fue la primera en enterarse. “No sabíamos ni cuánto era. Tuvimos que googlear el número porque no lo conocíamos”, asegúro el afortunado.

Por ahora, cree que no piensa cambiar su rutina e indicó que seguirá “yendo a trabajar todos los días, igual que siempre”.

“Felicitamos a Rodrigo, el gran ganador. Su historia muestra no sólo el volumen y la solidez de los premios que Betsson tiene para ofrecer, sino también la confiabilidad y seguridad de nuestra plataforma. Es un orgullo poder entregar este premio en Argentina”, señaló el director general de la empresa en el país, Maximiliano Bellio.

Ya están disponibles el Gordo de Navidad y el Sorteo Reyes en las más de 4.300 agencias oficiales de Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

Este año, el Gordo de Navidad repartirá un total de $ 1.755.750.000 en premios. El primero será de más de $800 millones, mientras que el segundo entregará $250 millones, el tercero, $65 millones, el cuarto, $25 millones, y el quinto, $12 millones por billete entero. Además, también habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: entero, por un valor de $50.000, o por fracción, con un valor de $5.000. Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador tendrá la posibilidad de elegir su número de juego y el agenciero emitirá el ticket por la terminal en forma inmediata.

El sorteo del Gordo de Navidad se realizará el 26 de diciembre a las 21:00 en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de youtube de Lotería de la Provincia.

En tanto, los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. Se repartirán más de $500 millones en premios con un premio mayor de $300 millones. El valor del entero es de $20.000, y de cada fracción, $2.000. Y por su lado, el sorteo se realizará el 16 de enero. 

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver 684 mil millones de pesos por los delitos cometidos en la causa Vialidad.

La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como criterio.

La ex presidenta había cuestionado el método utilizado por los peritos de la Corte para definir la cifra, al sostener que el decomiso total debía ser de solo $42.000 millones, de acuerdo a cálculos de sus propios técnicos, con base en la tasa pasiva promedio del Banco Central. Además, aseguró que es la justicia civil y comercial federal la que debe llevar adelante el proceso.

Los jueces desestimaron los argumentos de la defensa de la ex mandataria, considerando que la actualización basada en el IPC es un método razonable y no arbitrario para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria. A su vez, sostuvieron que las defensas no lograron demostrar errores de interpretación normativa ni arbitrariedad en la resolución del tribunal oral.

El fallo subrayó la obligatoriedad del decomiso como consecuencia accesoria de la condena penal, en línea con el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción. Y por último, la Cámara declaró abstractos otros planteos de las defensas, incluyendo una nulidad rechazada por el tribunal oral y la oposición a la denegación del efecto suspensivo del recurso de casación.

Por su lado, Cristina Kirchner había argumentado que dicha cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”, y añadió: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.

En ese marco, reiteró: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.

En el escrito presentado, la defensa centró su argumento en que los peritos utilizaron el método sin justificar por qué eligieron calcular con el índice de precios al consumidor del INDEC y no, por caso, con tasas bancarias. La suma se torna “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, aseveró Beraldi en su escrito.

También recordó que la Justicia utilizó la tasa pasiva del BNA en los expedientes ligados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces. “En este caso, arrojaría cifras 100 veces menores”, por lo que, según su óptica, no existen motivos para apartarse de dicho cálculo. Es por eso, añade el documento, que debe suspenderse la medida “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.

Fuente: TN

Una mujer de Villa Mercedes, en San Luis, pensó que había recibido un regalo divino: mientras esperaba que le llegue una cuota alimentaria de $8000 a su cuenta, sorpresivamente se le acreditó una transferencia por $510 millones. Sin embargo, lo que parecía un milagro se terminó volviendo una pesadilla cuando se reveló la realidad, ya que todo se trató de un error administrativo.

El problema es que al momento de revelarse el error, la mujer ya había gastado parte de ese dinero en materiales para su casa, ayuda a familiares y compra de electrodomésticos. "Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios", contó Verónica Acosta, la receptora de la plata en cuestión.

Según publicó el sitio Mendoza Post, con el dinero compró alimentos, una heladera, una freidora, un microondas, cerámicos para el piso de su casa y una mochila de inodoro. También adquirió dos televisores, uno de ellos para una cuñada, transfirió sumas menores a familiares y hasta se compró un Ford Ka 2014.

En total realizó cerca de 66 transferencias, por montos cercanos a los 500 mil pesos cada una. El error habría sido del Gobierno de San Luis, cuyo contador se equivocó con la cuenta a la que debía transferir el dinero.

A la mujer le congelaron la cuenta bancaria. Según el abogado Hernán Echevarría, que defiende a Acosta, nunca fue notificada oficialmente del error. "Se enteró cuando su excuñada le mandó la noticia y, mientras la leía, la policía llegó a su casa", contó el abogado.

El delantero argentino Nicolás González se convirtió en el nuevo refuerzo de la Juventus de Turín. Fiorentina recibió 38 millones de euros por la venta.

El futbolista firmará un contrato profesional con la “Vieja Señora” hasta junio de 2028. En los próximos días, la institución deportiva de Turín deberá esperar el chequeo médico para presentarlo de manera oficial. 

Una gran incorporación que sumará presión defensiva a los arqueros rivales en la zona superior de la cancha. Además, González posee una gran capacidad para anotar, con sus 12 goles en 29 partidos con la camiseta de la “Viola Gigliati”.

La lesión del polaco Arkadiusz Milik fue uno de los factores por los cuales la “Juve” buscó al delantero con participación en la Selección Argentina. Sumado a que puede ser un gran futbolista revulsivo cuando el serbio Dušan Vlahović deba abandonar el terreno de juego. 

Fuente: Noticias Argentinas

El Quini 6 realizó ayer a la noche su sorteo aniversario con un pozo acumulado que superaba los $6.700 millones de pesos y aunque la modalidad tradicional quedó vacante, el “Siempre Sale”, con cinco aciertos, dejó catorce ganadores en todo el país, de los cuales tres fueron en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de tres afortunados que realizaron su apuesta en agencias de Mar del Plata, Chacabuco y San Miguel y ganaron un total de $214.285.714,29.

Mar del Plata encabeza el ranking de ciudades de la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de ganadores de la Quiniela Plus, otro juego poceado tradicional. Y en esta oportunidad, el ticket ganador del Quini 6 fue vendido en la agencia ubicada en Magallanes al 3481, en la zona del Puerto.  

Otra de las boletas ganadoras fue vendida en la avenida Ricardo Balbín al 49 de San Miguel y la tercera jugada en la agencia situada en Saavedra al 350 de la ciudad de Chacabuco.   

Más de 1.034 millones de pesos fueron repartidos de enero a junio de este año entre 29 afortunados que jugaron a la Quiniela Plus, Chance Plus y Súper Plus en todo el territorio bonaerense.

Mar del Plata fue la ciudad en la que más veces salió el pozo acumulado, dos con la modalidad tradicional, con premios superiores a los 30 millones, y uno de la Chance Plus con un premio mayor a los 10 millones.

En abril, un afortunado de Olavarría fue quien se llevó el premio más importante que se entregó en este primer semestre, con un pozo de más de 194 millones, seguido por un ganador de la ciudad de Dolores que se quedó con un premio de 109 millones.

También hubo ganadores millonarios en las ciudades General Belgrano, Tandil, Florencio Varela, San Isidro, San Fernando, Quilmes, Junín, Berazategui, Bahía Blanca, Esteban Echeverría, Pilar, La Matanza, Baradero, Vicente López y General San Martín.

La Quiniela Plus es el juego poceado predilecto de Lotería de la Provincia que mes a mes reparte millones y suma alegrías a los bonaerenses. El valor de la jugada es de sólo $200 pesos y con el mismo ticket se participa de tres chances: Plus, Super Plus y Chance Plus. El apostador elige ocho números, en un universo del 00 al 99. Se sortea de lunes a sábados a las 21 con la Quiniela nocturna.

A principios de julio, un marplatense ganó más de 214 millones en la agencia San Cono II, ubicada en la avenida Luro 7059, después de jugar a la Quiniela Plus. También en el mismo juego, otro afortunado se llevó 53 millones a fines de febrero en la agencia ubicada en Santiago del Estero y Moreno.

Fuente: DIB

Luciano Di Cesare, titular del PAMI durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, le devolvió al estado nacional cerca de 90 millones de pesos. Fue por una conciliación a la que llegó con el PAMI para evitar el juicio oral en un caso en el que está acusado de haber cobrado de manera irregular vacaciones no gozadas. El PAMI informó que usará el dinero para asistir en prestaciones sociales y médicas a jubilados, pensionados y discapacitados.

Di Cesare asumió al frente del organismo el 10 de diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner inició su primera presidencia. Y dejó el cargo el mismo día de 2015 cuando finalizó su segundo mandato. La historia de la devolución del dinero comienza el 9 de diciembre de 2015.

Ese día, uno antes que Mauricio Macri tome la Presidencia de la Nación, Di Cesare presentó una nota en la que solicitó cobrar las vacaciones no gozadas de 2012, 2013, 2014 y 2015. Explicó que por su trabajo no se las pudo tomar y por usos y costumbres del organismo le correspondía cobrarlas. María Arrouzet, entonces gerenta de Recursos Humanos del PAMI, autorizó la liquidación de las vacaciones y Carlos Galdo, subgerente de Administración de Recursos Humanos, remitió al Departamento de Liquidación de Haberes el pago para que se abone. Y el 10 de diciembre, Di Cesare cobró 1.300.826,77 de pesos por las vacaciones no gozadas.

Pero su reemplazante al frente al frente del PAMI, Carlos Regazzoni, lo denunció penalmente el 17 de diciembre por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Explicó que por la ley de contrato de trabajo las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses y que está prohibida la compensación por plata.

El caso quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo que procesó a Di Cesare, Arrouzet y Galdo y la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que sean enviados a juicio oral. No era el primer juicio oral para el ex titular del PAMI. A principios de 2018 fue juzgado por un presunto fraude al PAMI por haber destinado fondos del organismo a letras del tesoro nacional y no a las prestaciones de los jubilados que eran deficientes. Di Cesare fue absuelto.

La causa llegó al Tribunal Oral Federal 7 que fijó la fecha de inicio de juicio para el 15 de febrero pasado, según las constancias de la causa. Pero los acusados y el PAMI, bajo la actual gestión del gobierno de Javier Milei, mantenían reuniones para llegar a un acuerdo.

Y así lo hicieron y lo presentaron ante el Tribunal Oral. El acuerdo de conciliación estableció que los acusados le pagaban al PAMI 88.131.531,86 de pesos como reparación. Era el monto del dinero que cobró Di Cesare actualizado. A cambio se cerraba la causa penal y los acusados evitan el juicio oral. Ese tipo de acuerdos están previstos en la ley. La mayor parte del dinero lo abonada Di Cesare y otra parte Arrouzet pero el acuerdo alcanzaba a los tres acusados.

El PAMI explicó en la causa que la solución le parecía adecuada y que con ese dinero iba a “brindar prestaciones sociales y médicas a una población muy vulnerable de la sociedad argentina, que son los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad”. Con la presentación del acuerdo se suspendió el inicio del juicio oral.

Pero la fiscal del Tribunal Oral Fabiana León se opuso. En su dictamen del 8 de febrero, la fiscal señaló que ese tipo de acuerdos están prohibidos para funcionarios públicos y que se trata de un caso que afectó al Estado nacional. “Los fines del proceso penal respecto de delitos como los investigados en la presente causa, los cuales afectan bienes jurídico colectivos que exceden el daño a una víctima concreta, no se ven plenamente satisfechos con la devolución del dinero objeto y resultado del delito o con otro tipo de acuerdo conciliatorio o reparatorio”, sostuvo e hizo referencia al compromiso internacional que asumió el Estado argentino de prevenir y juzgar delitos como la corrupción.

El planteo de la fiscal fue rechazado por mayoría por el Tribunal Oral que aceptó el acuerdo. Los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori señalaron que se trata de un caso “de contenido claramente patrimonial”. “Pues ha sido el propio damnificado quien cuantificó el presunto perjuicio ocasionado y consideró que el ofrecimiento económico resultaba suficiente para reparar los presuntos daños en los que se habría incurrido”, explicaron entre otros acuerdos.

Por su parte, el juez Germán Castelli coincidió con la Fiscalía. “El dictamen reposa en otros argumentos que lo sustentan suficientemente para un adecuado control de logicidad; esto es la Fiscalía destacó la calidad de funcionarios públicos de los imputados, se refirió a la gravedad del hecho y la lesión a los bienes jurídicos de los delitos achacados”, señaló.

Así, con el acuerdo de conciliación aprobado a fines de febrero los primeros días de marzo, Di Cesare depositó los 88 millones de pesos que ingresaron al PAMI. Pero la causa no se cerró, inclusive corre riesgo que el acuerdo vuelva para atrás.

La fiscal León apeló la decisión del tribunal para que intervenga la Cámara Federal de Casación. Pidió que se revoque el acuerdo y que se haga el juicio oral. La Sala IV del tribunal convocó a las partes a escuchar sus opiniones, lo que hicieron por escrito. Por un lado, el fiscal de Casación Mario Villar mantuvo la postura de su colega del tribunal oral. Y por su parte la defensa de Di Cesare, a cargo de Hernán Canessa, la de Arrouzet, con el abogado Ernesto Martín, y la de Galdo, con la defensora oficial de Casación Daniela Villalón, pidieron que se ratifique la conciliación y el pago del dinero.

Pero a eso se sumó un punto más de discusión. La defensa de Arrouzet pidió hace 10 días la prescripción de la causa. Señaló que el delito que se investiga tiene un pena de seis años de prisión y que ese es el plazo máximo para que se investigue. Solo suspende el plazo las interrupciones de la prescripción y la última fue la citación a juicio oral que ocurrió el 28 de mayo pasado. “En consecuencia, a la fecha ha pasado el plazo aludido (6 años) operando de esta forma la prescripción de la acción penal, debiendo así declarársela”, sostuvo la defensa en el planteo que hizo ante el Tribunal Oral y que informó a Casación.

Así, ahora debe definir Casación con un panorama en el que queda en duda un hecho poco habitual: que un funcionario devuelva plata de la corrupción.

Fuente: Infobae

El Municipio lanzó este jueves una millonaria licitación para avanzar con la compra de elementos que permitan garantizar un mantenimiento del alumbrado público que hay en los barrios de Mar del Plata.

Se trata de la licitación pública N°4/19, que fue publicada en la última edición del Boletín Oficial que tiene la Provincia de Buenos Aires, y que contempla un presupuesto oficial que supera levemente los 9 millones de pesos.

El objeto de la convocatoria, según lo que consignado en el expediente que confeccionaron las autoridades municipales, es la "adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento del alumbrado público". La fecha de apertura de las ofertas está prevista para el 16 de mayo.

En septiembre del año pasado, la cartera que conduce Pablo Simoni había lanzado otro pliego de similares características para mantener las miles de luminarias con las que cuenta el distrito de General Pueyrredon.

En julio del año pasado, el Emvial difundió que en el término de dos años se realizaron 114 mil reparaciones: “Llevamos realizadas más de 114 mil reparaciones en alumbrado. Esto quiere decir que son 114 mil veces que salió una cuadrilla a reparar el recambio de un foco, un cable cortado, un tablero en mal estado o un cambio de columna o la colocación de una luminaria nueva”.

Entre las medidas del paquete económico para paliar la crisis que el Gobierno anunció la semana pasada estaba la de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece un nuevo régimen de Lealtad Comercial, que tendrá entre sus objetivos frenar conductas monopólicas y evitar abusos.

Finalmente, el DNU se publicó este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 274/2019 y prevé desde multas de hasta 200 millones de pesos o la clausura por 30 días de los establecimientos para quienes no cumplan con el acuerdo de precios convenido con 16 compañías que fabrican los 64 productos de primera necesidad que integran el paquete de precios congelados, que no aumentarán hasta noviembre.

La resolución modifica la normativa que estaba vigente desde la última dictadura militar y tiene 77 artículos, agrupados bajo ocho secciones. El primero tiene que ver con la "competencia desleal". En el artículo 4 indica que se aplicará la ley "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse".

Mientras que en el artículo 8 determina que para identificar un acto de competencia desleal "no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial". Entre los actos de competencia desleal explica en el artículo 10 que se trata de los casos en los que haya "engaño" o "confusión" respecto a la fabricación, naturaleza, origen o distribución de los productos y servicios.

Se castigarán también la venta por debajo del precio de adquisición o fabricación para eliminar u obstaculizar a un competidor y las situaciones en las que se produzcan violaciones de normas o se que se saquen ventajas a la competencia por este tipo de maniobras, según agregó Todo Noticias.

Una de las intenciones de la iniciativa oficial es además proteger a las Pymes. En este sentido en el inciso D se refiere de los casos de "Abuso de situación de dependencia económica", en las situaciones en las que se busque "explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora" y se le pidan descuentos o condiciones "adicionales que no se conceden a compradores similares".

En el punto E habla sobre la "obtención indebida de condiciones comerciales". Indica que se considerará desleal "la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales".

Mientras que el punto II apunta a luchar contra la publicidad engañosa y prohíbe la publicidad comparativa "que aluda explícita o implícitamente a un competidor, o a su marca, o a los productos o servicios ofrecidos por él". Mientras que el título III determina nuevas condiciones para la identificación de los productos, en especial respecto a su origen.

En tanto que el artículo IV es uno de los claves de la reforma de la ley. Le otorga a la Secretaría de Comercio Interior, que es la autoridad de aplicación de la norma, más facultades para controlar conductas desleales.

El DNU fija un nuevo procedimiento administrativo para la resolución de los conflictos y establece fuertes multas para quienes no cumplan con los parámetros que determina la nueva ley. Entre las sanciones que prevé fija una multa de hasta 10 millones de unidades móviles ($ 200 millones de pesos) cuyo valor se actualiza por el Indice de Precios al Consumidor y la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.

Sanciona además con la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.

El DNU apunta también a reforzar la ley de Defensa del Consumidor y establece el "Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos", que será de uso obligatorio para los proveedores y prestadores. El objetivo es que los reclamos individuales de los consumidores puedan resolverse con mayor rapidez que en la actualidad.

Con una cifra que hoy supera los $ 13.000 millones, la deuda de Cristóbal López con la AFIP sigue en aumento. La causa penal por defraudación que lo llevó a prisión, se inició por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con la firma Oil Combustibles SA (OCSA), por $ 8.000 millones.

El organismo que conduce Leandro Cuccioli reclama a la fecha, por esa maniobra $ 12.000 millones, pero se le suma además la deuda acumulada de los medios de comunicación del Grupo Indalo.

Cristóbal López y Fabián De Sousa construyeron durante el kirchnerismo un imperio de más de cien empresas, lejos de las doce compañías que el empresario K tenía declaradas hacia 2003. Con los medios de comunicación concursados, Oil Combustibles su principal activo con la quiebra decretada, los problemas financieros se incrementan y los dueños del holding permanecen en prisión.

La Justicia determinó que López, su socio y Ricardo Echegaray como ex titular de la AFIP, defraudaron al Estado por la deuda multimillonaria creada con el fisco durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La causa que llevaron adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita investigó una "compleja maniobra defraudatoria" que le permitió al empresario K y a su socio, "desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. que debían entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado “Grupo Indalo”, remarcaron los camaristas.

Para el Gobierno, la estructura de planes de pagos que nunca se cancelaron por parte de López y De Sousa, con la anuencia de Echegaray, constituye una "compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco”, por ello buscan recuperar la mayor cantidad posible de fondos., destacó Clarín.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resolvió hacer entrega de un subsidio de 20 millones de pesos al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata para poder cumplimentar diversas labores ligadas con el sostenimiento de las instalaciones del Puerto local.

Por medio del decreto 1865, que fue publicado en la última edición del Boletín Oficial, la gobernadora María Eugenia Vidal autorizó la millonaria partida de dinero para el organismo que conduce Martín Merlini. La suma se justificó para "cubrir los gastos operativos necesarios para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones" correspondientes a la estación marítima.

El subsidio surge de un convenio que había acordado en forma previa el Consorcio Portuario con el Ministerio de Producción de la Provincia, a cargo de Javier Tizado, quien hace pocas semanas había catalogado la gestión de Merlini como "fantástica", en una entrevista que le concedió a Radio Mitre Mar del Plata.

Según lo que se consignó en el expediente oficial que lleva la firma de la mandataria, al organismo que administra el Puerto de la ciudad se le "obligó" a realizar una rendición de cuentas documentada de la inversión que se realice con los fondos recibidos.

Desde la administración de Martín Merlini se hizo hincapié en distintas oportunidades en la "autosustentabilidad" de su gestión, al realizar el dragado de mantenimiento con "fondos propios". “Buscamos un 2018 con trabajo, obras y un presupuesto acotado y con superávit", había afirmado a este medio el funcionario.