La nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, asumirá formalmente este martes en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza. La designación fue confirmada por la propia funcionaria a través de sus redes sociales, donde agradeció la confianza del presidente Javier Milei.

“Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”, escribió Monteoliva en un posteo que acompañó con una foto oficial.

La funcionaria destacó que la doctrina impulsada por Bullrich, basada en “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”, marcó un rumbo que pretende “sostener y fortalecer” en esta nueva etapa. “Asumo esta responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, agregó.

El Gobierno, por su parte, ratificó que enviará “en los próximos días” al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, uno de los expedientes que Monteoliva deberá articular con el Poder Legislativo.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete Manuel Adorni agradeció públicamente la gestión de Bullrich, quien esta semana completará su incorporación al Senado nacional.

Con este movimiento, Milei apunta a garantizar la continuidad política dentro del Ministerio de Seguridad y mantener en funcionamiento las líneas estratégicas desarrolladas durante el primer tramo de su gestión.

Fuente: Noticias Argentinas

Luego del enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Brasil y grupos vinculados al narcotráfico en Río de Janeiro, que dejaron el saldo de más de 120 muertes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno activará una “alerta máxima” en las fronteras que conectan a Argentina con el país vecino.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río de Janeiro”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido, la funcionaria nacional indicó que mantendrá en los próximos días una reunión con su par de Brasil y detalló que el trabajo conjunto permitirá “intensificar los controles para ingresar al país”. También añadió que "el alerta significa mirar con cuatro ojos si aquellos que quieren cruzar tienen antecedentes o no”.

Asimismo, la ministra de Seguridad detalló que el foco de atención estará puesto “en la triple frontera y Tancredo Neves”. Ambos unen las ciudades de Foz de Iguazú (Paraná, Brasil) con Puerto de Iguazú (Misiones).

La decisión se debe a que Río de Janeiro fue centro de una masiva operación policial en los complejos de favelas de Alemão y Penha, donde se buscaban ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, uno de los principales grupos narco del país.

El enfrentamiento, que contempló el uso de drones, bombas y armamento pesado de ambos lados, resultó en la muerte de al menos 132 personas, entre ellos cuatro agentes de las fuerzas de seguridad, según confirmó la Defensoría Pública regional.

En tanto, el gobernador del estado de Río, Claudio Castro, expresó en un video en sus redes sociales que los presuntos criminales fueron “neutralizados” durante la redada llevada a cabo ayer, la cual describió como la operación más grande en la historia de la ciudad de Brasil. En detalle, arrestaron a unos 81 sospechosos, mientras que se incautaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas.

En tanto, hoy los vecinos comenzaron a llevar a los muertos a plaza São Lucas, en la avenida José Rucas, centro de esa favela ubicada en la zona norte de Río de Janeiro. Según la prensa local, se armó una fila de más de 50 cadáveres para que los familiares pudieran identificar a los fallecidos.

Además de anunciar la alerta máxima en las fronteras por el conflicto armado en Brasil, Bullrich se refirió a su salida de la cartera nacional por haber sido elegida como senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en las elecciones del pasado domingo.

“Es la transición lógica, seguir hasta el último día y hasta que asuma como senadora nacional. Mientras tanto, voy ordenar el Ministerio con todo el equipo y con el que va a suceder y ser el próximo ministro de la nación”, explicó.

Consultada por cómo cree que debe ser el próximo ministro, la funcionaria sostuvo: “Debe seguir con la filosofía que hemos impuesto en la Argentina. Hemos derrumbado la filosofía zaffaronista y hemos impuesto de ‘el que las hace, las paga’“. Desde el entorno de la ministra, indicaron que la principal candidata a quedarse con el puesto es Alejandra Monteoliva, actual secretaria nacional de Seguridad.

En una extensa entrevista con “Los datos del día” de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, explicó de qué trata el juicio en ausencia y los cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre la reiterancia, la reincidencia y la unificación de penas. 

“Juicio en ausencia, la reiterancia y la ley antimafias son tres proyectos con objetivos específicos y tienden al mismo objetivo general, que es combatir la impunidad, generar un Estado donde primen la ley y el orden, y lo referido a la frase ´el que las hace, las paga´. Pero tienen objetivos específicos distintos porque, por un lado, el proyecto de ley que se aprobó de antimafias tiende a combatir el crimen organizado, agravando las sanciones para los miembros de las organizaciones criminales que prevé la ley", desarrolló en primer lugar.

A su vez, añadió que "la ´ley antimafias´ le da herramientas especiales de investigación a los fiscales y a las fuerzas de seguridad en estos casos, con una mesa de articulación federal entre las provincias y la Nación, y una herramienta de decomiso anticipado de bienes para sacarle su patrimonio a los delincuentes en las primeras instancias del proceso”.

Según Ferlauto, este proyecto de ley “hace referencia al combate de la criminalidad organizada, en el entendimiento de que en aquellos lugares donde está más instalada, los indicadores de violencia se disparan y crecen muchísimo”.

“Lo que vivió Rosario en los últimos años tiene que ver con esto, sobre la instalación de grupos criminales que se disputaban el territorio y el poder entre sí, y le planteaban un desafío a un Estado que no estaba coordinado para enfrentarlo seriamente”, subrayó.

Pero en tanto al juicio en ausencia, sostuvo que apunta a “otra cosa”, ya que es “una respuesta a los familiares de víctimas y también a las víctimas de hechos gravísimos y de crímenes internacionales como terrorismo, genocidio o de lesa humanidad”. En esa línea, acotó que se busca “dar una herramienta procesal excepcional para que en estos delitos no se exija la presencia física del imputado para avanzar con el juicio y la eventual condena”.

, pero ahora no hace falta, ya que puede ser en suspenso. El segundo pilar de este proyecto es la modificación de la unificación de penas, porque hasta ahora cuando una persona era condenada a cinco años y ya tenía otra condena en cumplimiento igual, el segundo juez las unificaba y la lógica indica que debía darle una pena única de diez años”, expresó acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso.

Sin embargo, el ex secretario de Seguridad de General Pueyrredon aclaró que “el sistema garantista en extremo al que habíamos llegado le daba la facultad al juez para que imponga, a través de un método conocido como composicional, una reducción al número que surgía de la suma de ambas condenas”.

Entonces, lo que buscaron fue que “si una persona es condenada a cinco años y después también a otros cinco, la pena única va a ser de diez, una modificación al Código Penal que rige en todo el país”, según sostuvo.

“La reiterancia, que es un instituto nuevo en el derecho nacional, es de índole procesal y rige en las causas que se tramitan ante el fuero federal y nacional. Hay algunas provincias que incorporaron a sus régmines procesales la figura de la reiterancia, como Buenos Aires, la cual consiste en que desde ahora cuando un juez tiene que resolver y un fiscal dictaminar sobre si corresponde o no dejar a una persona presa durante el proceso, debe mirar las detenciones e imputaciones previas que tuvo esa persona. Esto evita el fenómeno de la puerta giratoria”, concluyó Ferlauto.

En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei anunció nuevos cambios en el marco de la estructura de Gabinete, esta vez con modificaciones claves en la Ley de Ministerios, que dejaron en manos de la cartera liderada por Patricia Bullrich el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Hasta hoy, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego era dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y sus autoridades estaban encargadas de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase.

“El Sistema Nacional de Manejo del Fuego tiene como objetivos generales proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios, y establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que aseguren el adecuado manejo del fuego”, aseguró el Gobierno en el considerando de la norma.

Además, desde la administración libertaria precisaron que, mediante la Ley N°27.287, se creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que tiene como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos, que entre sus funciones tiene la tarea de articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional con las administraciones de cada uno de los distritos afectados.

“Con el fin de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, resulta necesario que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego forme parte del mismo”, justificaron desde el Gobierno de Milei para enviar el organismo al Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de la funcionaria Bullrich. 

Los cambios aplicados por Milei se dan en el marco de los incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que comenzaron el pasado 25 y ya arrasaron con 1450 hectáreas de vegetación diversa en una zona de reserva estricta, alejada de poblaciones, y las condiciones meteorológicas dificultan la tarea de los medios aéreos.

Fuente: Diputadosbsas.com.ar

A través del Decreto 942/2024, el Gobierno nacional modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado y a partir de ahora no se reconocerá como refugiados a extranjeros “que hayan cometido delitos internacionales, delitos graves previos, actos contrarios a la ONU e incitación y participación en delitos”.

En otras modificaciones, se indicó que la condición de refugiado cesará por varias razones, tales como el “acogimiento a la protección del país de nacionalidad; el recobro de nacionalidad perdida; la adquisición de nueva nacionalidad con protección; el establecimiento en el país habitual abandonado; la residencia en otro país porque han desaparecido las circunstancias que justificaron la condición de refugiado a menos que mantengan un temor fundado de persecución”.

En la actualidad, un número significativo de migrantes realiza solicitudes de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) “por motivos que no guardan ninguna relación con la definición de refugiado contenida en la ley”, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Esto hace que, por la lentitud del procedimiento administrativo y del proceso judicial, se obstruya y dilaten los trámites de aquellas personas que efectivamente requieren de la tutela y reconocimiento del Estado argentino”, indicaron.

Se recordó que CONARE es el organismo encargado de decidir sobre la cesación del estatus de refugiado, otorgando un plazo razonable para dejar el país o regularizar su situación migratoria.

José Peña, el padre de Loan Danilo Peña, el chico de 5 años desaparecido hace 28 días en la provincia de Corrientes, se reunió hoy con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para conocer avances de la investigación. “Estamos agradecidos a ella porque nos dio su apoyo”, dijo el hombre tras el encuentro.

“Nos fue bien, vinimos a pedir el apoyo de ella. Estamos agradecidos a ella porque nos dio su apoyo. Es un momento difícil, por eso estamos acá para que nos apoye. Todos los días es lo mismo”, señaló el padre del nene.

En ese sentido, agregó: “Yo creo que Loan está vivo y sano. El que lo tiene, que me lo devuelva porque todo el mundo está esperándolo, lo queremos encontrar. Van 28 días y lo queremos ver”.

Por su parte, Bullrich adelantó que le reforzarán la custodia al padre y manifestó que la reunión fue “extensa” y desde el Ministerio “le mostramos la profundización que tenemos en la investigación con cada detalle. La base es no desviarse de lo central, de quienes pueden haber sido los responsables que estaban donde estaba Loan. Esa es nuestra hipótesis y también es no darle a los involucrados ninguna herramienta para desviar la atención. Estamos concentrados y focalizados. Sabemos que nos enteramos tarde, pero nos hacemos cargo y vamos a estar en contacto con los abogados”.

“No jugamos con las hipótesis, la investigación la llevan la jueza y los fiscales. La situación de la familia es difícil. José se lleva la convicción de que conocemos a fondo la causa, conocemos cada lugar del terreno y cada personaje. Le hemos mostrado todo y sabe que estamos involucrados a fondo con lo mejor del Ministerio. Ya tiene custodia y si necesita más se la vamos a dar”, agregó la funcionaria.

En ese sentido, Bullrich confirmó que “vamos a reforzar la seguridad, porque acá hay gente que está callando y quiere la impunidad, entonces amenaza. Nosotros lo vamos a cuidar”.

Consultada sobre cómo sigue el Gobierno este tema, la ministra de Seguridad indicó que “el presidente está esperando que haya un desenlace feliz para esta causa y ahí se va a acercar a su familia. Una familia que ha demostrado su fortaleza y ese va a ser el momento. En plena investigación, el presidente no tiene que contestar con respecto a eso. Esto es una delegación de este Ministerio de Seguridad”.

Sobre la causa, Bullrich confió que “uno de los involucrados es el comisario del pueblo. Ese sin duda. De las personas que estaban ahí, el núcleo de esta investigación, están los que tenían poder. Esas personas están calladas y no están hablando. Ahí, hay una posibilidad de que estas personas estén utilizando este poder para amenazar. José, su familia y los abogados tienen atrás todo el poder del Estado nacional para protegerlos”.

“El resto de la policía de Corrientes que no está involucrada debería hablar. Es mucho más fuerte nuestro poder que el que pueden tener aquellos que se llevaron a Loan. No tiene que ver toda la policía de Corrientes ni el Gobierno. Maciel puede no haber actuado solo y eso está bajo investigación, pero Maciel está preso”, consideró.

La reunión entre Peña y Bullrich se dio mientras en el Obelisco se preparaba una movilización para pedir la aparición del chico. En ese marco, y una hora después de que comenzara la concentración, el hombre tuvo que ser trasladado por el SAME al Hospital Argerich por una descompensación. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que volverán a utilizar el detector de mentiras en las fuerzas policiales para profundizar la “transparencia, integridad y profesionalización”. En un comunicado, el Ministerio de Seguridad explicó que se regresará a esa modalidad, luego de que durante el gobierno de Alberto Fernández se haya dejado de lado.  

“Polígrafos en las fuerzas: una herramienta importante para un mayor profesionalismo en la lucha contra el delito complejo”, expresó la cartera. La utilización de los detectores de mentiras se da “en el marco del compromiso con la transparencia, la integridad y la profesionalización de las fuerzas”.

Los equipos estarán para ser usados en los grupos especializados de las cinco fuerzas policiales y de seguridad federales, es decir, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Los del SPF podrán utilizarlos “en su rol de custodia de los presos que forman parte del protocolo de gestión de ´alto riesgo´”.

“Por primera vez en la historia de nuestro país habíamos incorporado su uso en el año 2018, pero en 2020 el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, los dejó sin efecto y prohibió su uso”, cuestionó el Ministerio.

A su vez, agregó: “Nosotros seguimos cuidando a quienes nos cuidan, trabajando incansablemente para modernizar nuestras fuerzas de seguridad, en beneficio de los argentinos de bien”.

El sector de los Guardavidas en Mar del Plata, vuelve a estar en alerta, por la falta de pago en los salarios desde hace dos meses y medio y la falta de renovación del contrato, lo que además de la difícil situación económica que les genera, los lleva además, a trabajar en medio del operativo de verano, en situación de riesgo, teniendo en cuenta que se encuentran sin Obra Social, ni ART, según denuncian desde la Asociación Mutual de Guardavidas.

"Volvemos a estar en las mismas circunstancias. Hasta la administración del señor Arroyo, venía todo bien, pero ahora todo se tiró para atrás y nos quedamos sin trabajo. Fuimos a parar al Ministerio de Seguridad y pudimos firmar el contrato con dificultad, pero lo firmamos y la gente pudo cobrar", aseguró Julio Di Virgilio, quien preside la Asociación Mutual de Guardavidas, en declaraciones a El Marplatense.

"Hoy estamos en una situación similar, con la diferencia de que tengo un buen diálogo con el señor intendente, quien está atrás del tema, pero la solución no aparece y la gente hace dos meses y medio que no cobra", señaló.

"Hay cuestiones sociales que no se pueden cumplir, que son las cuestiones del trabajador, como el seguro, la ART, un montón de cosas que hacen que la situación se torne riesgosa. Estamos en medio del operativo, con una Mar del Plata explotada de gente y nosotros estamos haciendo todo lo que hacemos siempre, con nuestras bases de náutica y demás, pero no cobramos", subrayó Di Virgilio.

"Lamentablemente la solución se aleja y uno quiere formar parte de la postal de todos los años, cortando otra vez la calle y prendiendo gomas. Tenemos diálogo constante con el intendente, pero necesitamos una solución", afirmó.

Al ser consultado por la cantidad de trabajadores que se encuentran afectados con el no pago de los sueldos, Di Virgilio señaló que "son alrededor de 80, porque tenemos los titulares, mas los suplentes. Todos están en las mismas condiciones. No cobraron para las fiestas, no tienen Obra Social. Estamos en medio de un operativo importante y no se puede dejar siempre, para el último momento en medio de la temporada".

Con respecto a la respuesta por parte del intendente Guillermo Montenegro "nos dice que está tratando con el Ministerio de Seguridad, para regularizar la situación, pero lamentablemente los días pasan, la gente no cobra y es difícil decirle a una persona que no puede pagar un alquiler, la tarjeta o comer, que siga soportando", remarcó el titular de la Asociación Mutual de Guardavidas.

Finalmente sobre un posible encuentro con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, Di Virgilio manifestó que "ojalá tuviéramos la posibilidad de acercarnos al Ministro, lamentablemente no la tenemos, es muy difícil. Tenemos toda la disponibilidad al diálogo, si hace falta viajamos 100 veces a La Plata. Nosotros dejamos todos los papeles en La Plata, estaba todo listo para la firma del contrato, pero el cambio de administración, ha demorado demasiado las cosas".

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, anunció la creación de un Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos. Lo dispuso por medio de la resolución 977/2019 y tiene como objeto trazar un curso de acción que tienda a proteger a la ciudadanía de todo tipo de actos delictivos que son desplegados mediante las tecnologías.

De esta forma, como informaron sus impulsores, se busca poder contar con una herramienta institucional que sirva para "generar alertas sobre estas nuevas modalidades de las que se sirven los cibercriminales, investigar estos delitos y conformar una respuesta estatal efectiva".

La Dirección Nacional de Investigaciones que coordina Rodrigo Bonini -dependiente de la Secretaría de Seguridad que conduce Eugenio Burzaco- será el área encargada de desarrollar y coordinar dicho plan como así dictar las normas para su aplicación.

La coordinación de esta política de seguridad contempla la conformación de un canal de atención telefónico que brinde asistencia las 24 horas los 365 días del año, constituido como Centro de Atención y Respuesta al Ciberdelito (CARC-247). Además, se proyecta un Sistema Federal de Ciberdelitos que contará con la información provista por las fuerzas federales, provinciales y autoridades locales.

Además, se dispuso la creación de una Comisión Asesora en materia de Lucha contra el Ciberdelito –con carácter ad honorem- para el seguimiento de las medidas adoptadas como parte del Plan Federal que podrá estar integrada por organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y expertos en la temática.

Es necesario aclarar que “ciberdelito” comprende a delitos concretados por medio de las tecnologías de la información y comunicación  en el ciberespacio. En cuanto a los “delitos tecnológicos”, son aquellos cuya planificación, organización, ejecución o resultado se exponen en el ciberespacio.

La creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores (SCVV), impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, resultó un éxito: más de 30.000 jóvenes de distintos puntos del país ya se inscribieron para participar del programa, cuyo periodo de inscripción finalizará el próximo 25 de agosto.

Cabe resaltar que en las primeras 96 horas de abierta la inscripción ya se habían anotado 24.000 postulantes; asimismo, hasta el momento un total de 120.000 personas ingresaron al sitio web para informarse acerca de los requisitos y los alcances del programa.

El SCVV está destinado a jóvenes de entre 16 y 20 años de edad que deseen formarse a través de valores democráticos y republicanos. Del total de inscriptos, más del 60% tiene 18 o menos años de edad.

Como parte de la implementación, el pasado 28 de julio comenzó la inscripción online y el 1° de agosto se inició el proceso presencial en distintas sedes de la Gendarmería Nacional Argentina ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro.

Fue relevante también la cantidad de postulantes que se trasladaron desde zonas lejanas a los lugares de inscripción (casi un 30% del total), lo que generó que desde esta cartera se esté analizando ampliar con posterioridad la cantidad de lugares en donde se lleven a cabo las actividades. De esta manera, una mayor cantidad de jóvenes tendrán la posibilidad de participar.

Con la iniciativa se busca el fomento del compromiso personal y para con la comunidad de hábitos responsables, el estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes.

Apenas una semana después de la apertura de inscripción se conocieron los datos de los primeros días sobre la repercusión entre los jóvenes de todo el país del Servicio Cívico Voluntario ofrecido por la Gendarmería. Así, se pudo conocer que en las primeras 96 horas se inscribieron unos 24 mil jóvenes de entre 16 y 20 años a lo largo de todas las provincias.

Desde el Ministerio de Seguridad se brindó información respecto al registro y a las sensaciones de aquellos jóvenes que se presentaron en las diferentes dependencias para iniciar su formación de valores.

Así, se indicó que durante los primeros cuatro días se registraron unos 24 mil jóvenes. Hubo unas 250 anotaciones por hora. En tanto, en el mismo período se recibieron unas 64 mil visitas a la página de registro.

En tanto, Buenos Aires fue la provincia con el número más alto de inscriptos. Se anotaron el 36,13% del total de los registrados. En tanto, Córdoba registró un 10,46% del total, Santa Fe un 7,96%, Misiones un 5,04% y el 40,41% restante estuvo repartido entre el resto de las provincias del país.

A su vez, una noticia tomada con ilusión por parte de los difusores del servicio fue que la franja etaria más joven fue la que registró un mayor número de inscriptos. El 22% de los anotados tienen 16 años. Aquellos que tienen 17 años ocupan el 19% del total, mientras que tanto los de 18 como los de 19 ostentan el 21% cada franja. Por su parte, los mayores, de 20 años, registran la cifra más baja: 17%.

La expectativa con los diseñadores del proyecto creció a lo largo de los días, después de que se anotaran unos 9.000 jóvenes durante la primera jornada. En aquel 30 de julio sólo unos 4.200 habían completado los formularios de manera correcta. Al final de cuentas, serán seleccionados para el curso unos 1.200 jóvenes.

Representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación definieron al Servicio Cívico Voluntario en Valores como un ámbito de cohesión e integración social. El mismo fue incorporado a través de la Resolución 598/19 publicada en el Boletín Oficial el 16 de julio pasado.

La implementación de este programa estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Gendarmería Nacional Argentina con la participación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El programa nació -según informaron los voceros de la fuerza de seguridad- como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, además del fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, participó este lunes del cierre de la Jornada “Femicidios: perspectiva de género y el rol de las fuerzas policiales y de seguridad”, que se desarrolló en Mar del Plata, donde estuvo acompañada por otros funcionarios de esta cartera, como así también del precandidato a intendente Guillermo Montenegro.

En cuanto a este último, Bullrich dijo que “vinimos también a apoyar la candidatura de Guillermo Montenegro. Mar del Plata es una ciudad en la que apostamos muchísimo desde Cambiemos y creemos muy importante que siga teniendo la posibilidad de tener a alguien que conoce mucho el tema de gestión, que ha sido ministro, que ha sido parte de la Justicia y es una representación muy fuerte de nuestra política”.

Respecto a la jornada, en la que brindó un discurso al finalizar, sostuvo que “tenemos un plan integral. Hemos tomado las experiencias más exitosas que ha habido en el mundo, como en Europa y Estados Unidos, donde han llegado a bajar los femicidios a un 60%. Y esto, a partir de un registro único, de un mismo protocolo de cómo tomar la denuncia, la cual debe tener una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. Además de una serie de medidas que estamos mandando al Parlamento para ser más rigurosos ante las personas que cometen violencia de género, en relación a que hasta en algunos casos no podrán estar en la misma ciudad de los denunciantes para no llegar precisamente a un femicidio. La denuncia a partir de ahora es de acción pública y no más privada. Es decir que una vez que la denuncia se hace, no se puede retirar”.

Por otra parte, consultada por el acampe reciente en la ciudad de Mar del Plata y el debido accionar, Bullrich manifestó que “creemos que es totalmente necesario que aquellos que provoquen y reclaman, puedan entender que hay gente que va a trabajar, al colegio o al médico, y en la medida que el espacio publico está siempre tomado, genera muchas perturbaciones. Es evidente que esto es una decisión política de determinados dirigentes para que la gente salga o no a la calle. Eso no es bueno, hay otras maneras. Nosotros hemos dado respuestas de carácter social y lo mejor es el diálogo y no tomar espacios públicos”.

Por último, destacó la actuación de Gendarmería a la ciudad al ser consultada por la cuestión de testigos, que se han visto involucrados en diferentes procedimientos. “El Gobierno Nacional ha dado un paso extraordinariamente importante en Mar del Plata que es que venga la Gendarmería, la cual ha sido muy bienvenida, la gente la respeta mucho, ve que tiene un trabajo muy intensivo de control. Estamos trabajando mucho contra la droga, de hecho, venimos con dos o tres allanamientos por semana contra bandas delictivas y de narcotráfico. Y cuando una persona es testigo se hace todo lo posible para que informe a su familia, pero sin testigos no hay acto procesal. Es una carga publica y necesitamos que la gente se comprometa sea la hora que sea para cada uno de los operativos que realizamos”, cerró.

Ayer se dio a conocer que el Gobierno aprobó el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En éste contexto, el Subsecretario de Seguridad del municipio de General Pueyrredón, Marcelo Lencina, dialogó con El Marplatense y aseguró: "Me parece muy positivo, un trabajo muy profesional y excelente de parte de la Ministra de Seguridad de la Nación. En su momento ya se había pensado. Bullrich activó éste tema, la verdad que siempre está un paso adelante".

"Es una herramienta más que puede usar el policía, que se puede utilizar preservando la vida de terceros al no usar un arma letal en una situación puntual", subrayó el funcionario.

Con respecto a la utilización de este tipo de armas en Mar del Plata, Lencina dijo que "todavía no está planificado usarlas acá. En el municipio no se habló, y además eso depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia", aunque sí dio su parecer al respecto: "Sería un uso muy positivo, ya sea en la vía pública o en lugares cerrados".

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo en  Mar del Plata que concluyó con la captura de un prófugo acusado de asesinar a un hombre en medio de un raid delictivo. Bajo el lema “el que las hace las paga”, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, continúa impartiendo lineamientos a las fuerzas federales para que ningún delito quede impune.

En enero de 2018 el detenido, junto con dos cómplices, participó de un enfrentamiento con personal de la Policía de la Ciudad que los perseguía tras cometer delitos en la zona de Villa Urquiza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Los disparos efectuados por el delincuente ocasionaron la muerte de un vecino, en un suceso que provocó indignación en el barrio y contó con trascendencia mediática.

Desde ese momento, los efectivos de la fuerza que lidera Néstor Roncaglia efectuaron diversas tareas investigativas tendientes a determinar el paradero del hombre. Incluso, la autoridad judicial que intervino en los hechos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo de la Dra. Mónica Berdión de Crudo, solicitó una Notificación de Índice Rojo de Interpol, ante la posibilidad de una fuga hacia el exterior.

Finalmente, se pudo establecer que el buscado se encontraba en Mar del Plata, por lo que personal de la División Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional fue comisionado hacia dicha ciudad. Tras un exhaustivo rastrillaje, el delincuente fue aprehendido en las cercanías de la casa de un amigo.