El Ministerio de Seguridad Nacional presentó hoy una denuncia penal por el ataque perpetrado este miércoles en Lomas de Zamora contra la caravana encabezada por el presidente Javier Milei.

La acción judicial, radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, apunta a los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal.

La denuncia solicita una investigación exhaustiva para determinar la posible organización del ataque, “que habría sido ejecutado de manera deliberada y conjunta por un grupo de personas”, según señala el comunicado del Ministerio.

Este accionar coordinado implicaría un “agravamiento de los delitos”, según lo expuesto por el Ministerio en la presentación judicial. El Juzgado Federal N°2, a cargo en subrogancia del doctor Armella, ya se encuentra interviniendo en la causa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad Nacional reafirmó su compromiso con la aplicación estricta de la ley, bajo el lema de gestión “el que las hace, las paga”. Y concluyeron que “todo acto de violencia será sancionado con todo el rigor de la ley”.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional aplicó una medida de restricción de concurrencia administrativa por tiempo indeterminado a tres hombres, quienes fueron identificados como miembros activos de la barra oficial de Aldosivi.

Según informaron desde la cartera nacional, los sancionados son: Carlos Manuel Juárez, alias “Kiu”, señalado como número dos de la facción Nuevo Golf; Braian Nicolás Ezequiel Otero, quien tiene antecedentes penales por encubrimiento; y Lautaro Ezequiel Pires Gilardi, con antecedentes por robo y encubrimiento.

La decisión se debe a los graves incidentes que se registraron el sábado pasado durante el partido entre el elenco marplatense y Newell’s en el José María Minella, donde enfrentamientos entre facciones de la barra terminaron con heridos por el uso de armas blancas.

Además, indicaron que los implicados fueron identificados a partir del análisis de registros audiovisuales, quienes figuran como parte de la facción que responde a “El Indio Comán”, actual jefe de la barra.

La sanción, dictada en el marco de la Ley 20.655 y el Decreto 246/17, fue publicada en el Boletín Oficial y ya se encuentra vigente.

El Gobierno prepara la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) que se encargue de los delitos complejos dentro del país. Forma parte de la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) que realizará el Ejecutivo en el corto plazo. Nación ya cuenta con un borrador final del decreto, pero evita dar precisiones sobre la fecha de publicación en el Boletín Oficial. “Hace rato que está listo”, expresan en el oficialismo.

La reestructuración de la PFA está basada en una mezcla entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y en la Policía Federal de Brasil. El documento modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) y establece que la función de la fuerza será “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, y colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.

La Casa Rosada planea crear un nuevo programa de ingreso a la fuerza -que cuente con la formación de universitarios ya graduados- y apunta a establecer un nuevo esquema presupuestario para la reestructuración del cuerpo policial. Es por eso que evalúan declarar en situación de emergencia a la PFA por el plazo de dos años para que las autoridades puedan optar por un sistema de contratación directa (decreto 1023/01).

Preparan además modificaciones en el régimen de carrera policial para que suboficiales con formación y experiencia puedan acceder al escalafón de oficiales sin realizar el proceso tradicional. Quieren implementar también un nuevo sistema de seguimiento y evaluación de desempeño de los agentes, que cuente con un sistema de información que lo respalde.

El Gobierno busca que la fuerza también realice tareas de prevención de delitos en espacios públicos digitales -como las redes sociales- sin necesidad de una autoridad judicial. Apunta además a establecer un esquema en el que sus integrantes puedan detener personas sin una orden de un juez en casos en los que tengan indicios de que hayan cometido un delito. “El plazo de demora no puede exceder las diez horas”, expresa el borrador del documento.

El Ejecutivo quiere que el cuerpo policial realice requisas personales en los mismos términos sobre el interior de vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier tipo mientras la inteligencia criminal tenga la presunción de que se trate de casos de riesgo y de que se intente ocultar artefactos relacionados con un delito.

El Ministerio de Seguridad planea mantener la jefatura y la subjefatura de la PFA, que hoy ocupan los comisarios generales Luis Alejandro Rolle y Mariano José Giuffra. Busca que el órgano mayor de la fuerza se encargue de la cooperación internacional, del planeamiento y de la evaluación de las investigaciones y de los “asuntos internos”, como quejas hacia los superiores por órdenes y contraórdenes.

En Balcarce 50 apuntan a que el DFI asuma por completo la investigación criminal a través de superintendencias -con puestos regionales- que se distribuyan la investigación federal sobre el narcotráfico, la seguridad del Estado, los operativos policiales y la protección de riesgos. Trabajan para elevar un 10% anual la cantidad de efectivos de las fuerzas de la PFA en el interior durante los próximos cuatro años.

El 70% de los agentes están actualmente ubicados entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y el 30% restante, en Unidades Operativas Federales en las otras provincias. Buscan llegar a una distribución del 60/40% en 2025 y del 50/50% en 2026. Tiene 21 delegaciones en Buenos Aires, 3 en Santa Fe, 3 en Córdoba, 2 en Mendoza, entre otras.

La PFA abarca actualmente diez superintendencias: Investigaciones Federales, Desarrollo Profesional, Bienestar, Drogas Peligrosas, Administración, Bomberos, Intervención Federal, Seguridad y Custodia, Agencias Federales, Tecnología y Transporte. Cuenta con seis direcciones generales: Aviación Federal, Cooperación Policial Internacional, Inteligencia Criminal, Planeamiento y Desarrollo Estratégico, Asuntos Jurídicos y Secretaría General.

El Gobierno también trabaja en la creación de un Departamento Federal de Coordinación (DFC), que se encargue de las áreas técnico-administrativas del área como Recursos Humanos y Comunicaciones. Buscará profundizar el trabajo conjunto con las fuerzas provinciales, el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera y otros organismos nacionales con la intención de compartir inteligencia criminal sobre los delitos de su competencia.

El Ejecutivo prepara además un sistema de supervisión sobre las Agencias Federales de Investigación, que trabajarán en la investigación de delitos federales relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Cada unidad contará también con un equipo encargado de la protección de objetivos estratégicos del Estado y con grupos de apoyo sobre investigación forense y pericial.

Fuente: TN

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto con su par de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó el nuevo Sistema de Implementación del Registro Nacional de Datos Genéticos, una herramienta “fundamental” para la resolución de delitos complejos mediante la identificación genética.

“Estamos escribiendo una página muy importante en la historia argentina en cuanto a los cambios de paradigma que estamos haciendo. Queremos darle a las víctimas y a la sociedad la certeza de que tanto en los Ministerios de Seguridad, de Justicia, las procuraciones nacionales, federales y provinciales, como los jueces en todos los niveles, estamos dispuestos a que en la Argentina se termine la impunidad”, afirmó la ministra.

Y enfatizó: “Tenemos claro el lugar que ocupa la víctima y el lugar que ocupa el victimario, y sabemos que la política criminal del país está dirigida a proteger a las víctimas y a la sociedad”.

Esta iniciativa de la ministra Bullrich, presentada por el Gobierno nacional dentro de un paquete de proyectos que incluye la Ley Antimafias, Reincidencia y Ataque a Policías, se plasmó en la Ley 27.759 de Datos Genéticos, aprobada por el Congreso Nacional. El registro representa un avance “exponencial en la construcción de una política penal moderna y eficiente para acelerar los tiempos de investigación, identificar culpables con precisión y brindar justicia”, indicaron.

“Poder tener ciudadanos que comiencen a confiar en el sistema y nos den su ADN nos va a permitir esclarecer crímenes y también buscar a personas que hoy no están y cuyas familias las buscan”, sostuvo Bullrich, quien ofreció su ADN para el registro, acompañada por legisladores nacionales, jueces y funcionarios de CABA, provinciales y de los ministerios de Justicia y Seguridad.

En cuanto al avance tecnológico, Bullrich señaló que se comenzará con el sistema CODIS (acrónimo de Combined DNA Index System, Sistema de Índices Combinados de ADN), donado por los Estados Unidos. “En Argentina tenemos la experiencia de la provincia de Mendoza y de otras tantas más, con las que se trabajará para cargar los datos en el sistema nacional”, agregó.

“Estamos presentando un sistema revolucionario, un cambio fundamental desde 1891, cuando Vucetich implementó el sistema de identificación por huella dactilar”, afirmó Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

El funcionario, quien estará a cargo de la Unidad de Enlace y Coordinación para la Implementación del Registro de Datos Genéticos (UECIR), creada a través de la Resolución 1283 publicada hoy en el Boletín Oficial, explicó que se recolectará material biológico en las escenas de los hechos. “Se llama ADN de contacto. Se extrae un ADN digitalizado que se convierte en un código de barras. Se hará con todos los imputados y condenados por delitos en todo el país, y luego un software los comparará”.

“El ADN es no codificante -destacó Soto- porque no permite identificar raza, edad ni sexo. Es como mirar una huella dactilar, que no permite saber si se trata de un hombre o una mujer ni su edad”.

Por su parte, Cúneo Libarona señaló que se trata de “la prueba del futuro. Esta es la herramienta que va a individualizar muchos hechos. Tener un registro formado en este sentido es algo increíble para lo que la misma ley establece: contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial”.

La ministra pidió a todos los argentinos que incorporen su perfil genético al registro. “Va a ser muy importante”, destacó, y mencionó los convenios de adhesión que se están realizando con las provincias: “Vamos a lograr que el registro sea un registro de confianza. Por eso, la profesionalidad es lo más importante”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió esta tarde las cifras correspondientes a los secuestros extorsivos del mes de agosto. En relación al mismo mes del año pasado, se registró una baja del 81,8%, con tan solo dos hechos en comparación con los 11 del 2018.

De acuerdo con el informe publicado, ambos casos se dieron en La Matanza,  entre las 18 y medianoche. Asimismo, la distancia recorrida entre el secuestro y la liberación fue de menos de 0,5 kilómetros y la cantidad de delincuentes era mayor a tres.

La baja es resultado de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Cristian Ritondo, y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Diego Santilli, junto con el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.

En agosto de 2015 se registraron 23 hechos, en agosto de 2016 ocurrieron 20, en agosto de 2017 hubo 13 secuestros extorsivos, en agosto de 2018 se contabilizaron 11 sucesos y en agosto de 2019 se registraron 2.

Esto muestra una baja del 91,3% entre agosto de 2015 y agosto de 2019.