La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró esta mañana junto a los principales candidatos porteños de La Libertad Avanza (LLA), para una fotografía de campaña de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad del próximo 18 de mayo.

La hermana del presidente reunió a todos los candidatos, encabezados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, para una foto de campaña en la esquina de las calles Uspallata y Pepirí, en el barrio de Parque de los Patricios, frente a la sede del Gobierno porteño.

La imagen de los candidatos con la funcionaria tuvo como fondo, precisamente, el edificio central del Gobierno de la Ciudad que encabeza Jorge Macri, con quien LLA competirá en mayo al no haber llegado a un acuerdo electoral para una lista conjunta.

En el centro de la fotografía se ubicó Adorni, cabeza de la lista de LLA en la Capital Federal, mostrando una motosierra en sus manos, emulando a la que exhibió Milei durante la campaña electoral de 2023.

Del encuentro de campaña participaron los principales candidatos de LLA en la Ciudad, como Soledad Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguia y Juan Pablo Arenaza, entre otros.

Luego de tomarse la fotografía que será utilizada para la campaña electoral, Karina Milei subió a la misma camioneta en la que había llegado para dirigirse a sus tareas habituales en la Casa de Gobierno.

Fuente: Noticias Argentinas

Elon Musk apuntó a la Reserva Federal de Estados Unidos en una publicación en X, en la que calificó al banco central de tener una plantilla “absurdamente numerosa”.

Es la segunda vez que Musk, que ha encabezado los esfuerzos del presidente Donald Trump para recortar el gasto del gobierno federal, ha apuntado al banco central con la misma acusación. Publicó una acusación similar en diciembre.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, o DOGE, ha sido fundamental para reducir el personal gubernamental y exigir a empleados de muchas agencias que envíen correos electrónicos dando cuenta de su trabajo reciente.

La Junta de la Reserva Federal en Washington y sus 12 bancos de reserva regionales en todo EE.UU. empleaban aproximadamente 24.000 personas en 2023.

A diferencia de muchas partes del gobierno federal, el banco central de EEUU no recibe financiación a través del proceso presupuestario del Congreso. Sus ingresos proceden de sus propias operaciones, principalmente de los intereses de los valores gubernamentales que ha adquirido a través de operaciones de mercado abierto.

Aunque en los últimos años la Reserva Federal ha incurrido en déficits debido al alto nivel de intereses que paga sobre las reservas bancarias.

En tiempos normales, la Fed es una fuente de ingresos para el gobierno. Antes de sus rápidas alzas de tasas de interés en 2022 (que aumentaron los importes que la Fed paga por los depósitos y redujeron su utilidad), enviaba aproximadamente 100.000 millones de dólares al año de ingresos excedentes al Tesoro.

En términos más generales, la Fed ha sido blanco del presidente electo Donald Trump en el pasado por su gestión de la política monetaria. Durante la campaña, argumentó que debería tener voz en la política monetaria y en la fijación de los tipos de interés. Recientemente, describió de forma mordaz el papel del presidente Jerome Powell como “el mejor trabajo en el gobierno”, diciendo: “Se presenta en la oficina una vez al mes y dice: ‘veamos, lancemos una moneda’”.

Aunque Powell no ha respondido directamente, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, rebatió la queja de Trump, invitándole a venir a observar el trabajo de su equipo en Fráncfort.

“Tengo miles de personas que trabajan duro -economistas, juristas, informáticos- y puedo asegurarle que trabajan mucho todos los días, no sólo una vez al mes”, dijo a Bloomberg TV semanas atrás.

Y agregó: “Defendemos el euro, y luchamos por el euro, igual que la Fed defiende el dólar, estoy segura -no quiero hablar por Powell- pero estoy segura de que así es como él ve su trabajo”.

Por otra parte, otro organismo ofreció incentivos de USD 50.000 para quienes renuncien o se jubilen. Se trata de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC, que está ofreciendo a los empleados que cumplan los requisitos un incentivo de USD 50.000 por renunciar o jubilarse antes del 4 de abril, según un correo electrónico revisado por Bloomberg.

El mensaje, enviado el viernes por el director de operaciones de la SEC, Ken Johnson, a todo el personal, llega en un momento en que la administración Trump pretende recortar el tamaño del gobierno federal y despedir a miles de empleados.

La oferta es un incentivo de desvinculación voluntaria o un programa de jubilación anticipada voluntaria, según el correo electrónico. La fecha límite para solicitarlo es el 21 de marzo.

Los empleados elegibles deben haber estado en la nómina de la agencia antes del 24 de enero. Deben darse de baja voluntariamente mediante dimisión, traslado a otra agencia o jubilación inmediata. Si aceptan un acuerdo de desvinculación voluntaria y regresan a la SEC en un plazo de cinco años, deben devolver el incentivo en su totalidad, dice la directriz.

La semana pasada, la agencia dio instrucciones a todo el personal, incluida la plantilla sindicalizada, para que volviera a la oficina a partir del 14 de abril.

Fuente: Infobae

A través de un comunicado, el PAMI anunciaron que a partir de este mes auditarán todas las pensiones otorgadas por invalidez laboral, en un proceso progresivo que abarca a más de un millón de casos y que busca garantizar que “las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos”.

El proceso será realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y abarcará a 1.013.400 casos. El objetivo, se indicó, es darle “mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten”.

En ese sentido se informó que la auditoría se llevará a cabo mediante un proceso escalonado y progresivo que permitirá realizar “una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”. 

Además se resaltó que estará organizada en diferentes etapas, “cada una diseñada para garantizar la integridad del proceso y donde se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández”.

La primera etapa consistirá en envió de cartas documento a los beneficiarios de pensiones con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten toda la documentación requerida. En un segundo momento, harán las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y su correspondiente revisión.

En la tercera etapa se realizará el procesamiento de la información: los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada beneficiario. Por último se emitirán los dictámenes y resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.

Se espera que en los próximos días los beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento. Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud “y con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan”, indicó el comunicado.

“Por tal motivo -agregaron- se cuenta con el apoyo del PAMI ya que cuenta con una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores”.

“La auditoría representa un compromiso firme del Gobierno con la eficiencia en la gestión de recursos públicos. A través del Ministerio de Salud, ANDIS y PAMI trabajan juntos para asegurar que las pensiones por invalidez laboral sean otorgadas y mantenidas según los criterios establecidos por la normativa vigente”, indicaron.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, amenazó al Gobierno de Javier Milei. “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, deslizó en referencia a las autoridades del Ejecutivo. 

Aguiar, a su vez, indicó que no quiere “que le vaya bien” al presidente Javier Milei. “Es la única posibilidad de que nos vaya bien a nosotros”, sostuvo en declaraciones radiales.

Además, el secretario general de ATE expresó: “Este Gobierno no es democrático. El nivel de autoritarismo es enorme”.

Y aseveró que “cuando Javier Milei pase, va a quedar un tejido social resquebrajado y un sector productivo destruido. Queda muy claro para quien gobierna desde Casa Rosada”.

En otro tramo de la entrevista, Aguiar apuntó contra el secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, debido a los despidos en el sector público. “En 2025 le arrancamos la lapicera a Andrés Rodríguez”, dijo.

Fuente: con información de TN y Noticias Argentinas

Tras su ausencia en la 30° Conferencia Industrial este martes, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales donde adelantó que en 2025 continuará con sus políticas de recortes para lograr su objetivo del déficit fiscal.

El jefe de Estado se expresó minutos antes de dar un discurso en un acto de la Policía Federal Argentina. Fue a través de su cuenta de X, donde también compartió una sugestiva foto de su mesa de Casa Rosada en la que se ve una motosierra roja apoyada sobre uno de sus extremos.

“Estaba trabajando sobre el discurso que daré a las 15:00 hs., cuando me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025. Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra... VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, escribió Milei en referencia al elemento que fue símbolo de su campaña electoral en 2023.

Estaba trabajando sobre el discurso que daré a las 15:00 hs., cuando me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025...Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra...VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/D6mIFzd6hQ

Milei fue poco después de ausentarse a la 30° Conferencia Industrial, un encuentro en el que los empresarios le reclamaron al Gobierno mayor defensa a la industria y expusieron en los desafíos que enfrentan los representantes del sector en un contexto que definieron como crecientes desigualdades comerciales.

Ante la ausencia del mandatario, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, hizo su intervención y enfatizó en que los empresarios industriales no buscan beneficios especiales, sino igualdad de condiciones para competir en los mercados locales e internacionales.

“No pedimos privilegios, no pedimos protección; queremos igualdad de condiciones para poder competir”, subrayó Rappallini. Con un tono firme, advirtió que las asimetrías en el comercio global representan una amenaza directa para la industria nacional.

Fuente: Infobae

El Gobierno informó la recisión de contratos de más de 70 oficinas en todo el país, lo que supone un ahorro anual de $2.298.218.220, según informó lo informó la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la administración libertaria notificó que avanzó en “una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país”.

“Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, destacaron desde la cartera al tiempo que precisaron que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el país, y que significará un ahorro del $191.518.251 mensual y del $2.298.218.220 anual.

Para el Gobierno, las bajas en los contratos “contribuye de manera notable a la reducción del gasto público” por lo que anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado”.

De este modo, se resolvió la baja 23 convenios en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad de Buenos Aires. Además de los alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.

En las oficinas que fueron cerradas operaban más de 3500 trabajadores correspondientes a distintos entes de la administración estatal como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS, ENACOM, entre otras, y se aclaró que “en la mayoría de los casos, los rabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”.

La intención del Poder Ejecutivo es continuar con esta política y prevé la rescisión de 106 contratos de alquiler más.

Fuente: DIB