Una mujer de 23 años fue aprehendida en la Unidad Penal N°15 de Batán, acusada de intentar ingresar estupefacientes ocultos entre sus prendas durante una requisa de rutina a visitantes.

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, cuando personal del Servicio Penitenciario Bonaerense detectó que la joven llevaba dos envoltorios de nylon de distinto color escondidos en su ropa interior.

Tras la intervención policial, se constató que los paquetes contenían una sustancia en polvo de color blanco, con un peso total de 17,6 gramos. El test de orientación realizado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción especializada en estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, quien dispuso la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, bajo la carátula de Suministro de Estupefacientes Agravado en grado de Tentativa.

Asimismo, la fiscal ordenó que, de no existir impedimentos legales, la imputada recupere la libertad en el marco de lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Una mujer que había sido utilizada como “mula” para el transporte de droga fue absuelta en un juicio oral y público realizado en Jujuy. Para tomar esa decisión, el tribunal tuvo en cuenta que la acusada fue víctima de violencia de género y que necesitaba dinero para operar de urgencia a su hija.

Según informó hoy la Defensoría General de la Nación, el fallo se dictó en el marco del primer debate realizado en la provincia norteña con el nuevo Código Procesal Penal Federal, el cual estuvo a cargo del juez Mario Héctor Juárez Almaraz, del Tribunal Oral Criminal Federal.

Los hechos se produjeron el 3 de julio pasado en la ciudad jujeña de Ledesma, cuando Gendarmería Nacional detuvo a la mujer, identificada como M.R., que transportaba un paquete con una sustancia ilícita adherida a su cuerpo. Por ello, fue imputada por el delito de transporte de estupefacientes y ahora se realizó el juicio en su contra, recopiló Télam.

R fue representada por el defensor oficial Matías Gutiérrez Perea, quien argumentó que la mujer aceptó llevar la droga porque había sido víctima de violencia de género durante años por parte de su ex pareja y se encontraba angustiada por la salud de su hija de 2 años, que padece un problema congénito.

El defensor también argumentó que su asistida fue víctima de trata y que “con poco apoyo familiar y su psiquis destruida, se tuvo que valer de sus propios medios para darle a su hija una mejor calidad de vida”.

En la sentencia, el juez Juárez Almaraz tomó en cuenta “las condiciones y circunstancias de vida experimentadas por la imputada, única fuente de sustento económico de un grupo familiar compuesto por ella y dos pequeños hijos”.

Además, contempló que R sufrió durante seis años situaciones de violencia por parte de su ex pareja, y que la menor de sus hijos necesitaba una cirugía urgente.

“Este contexto, objetivamente analizado”, señaló el magistrado, “indica la existencia de un riesgo cierto, actual e inminente que no ofreció a la encausada otra alternativa que la comisión de un ilícito como medio para evitar un mal actual e inminente al que era ajena”.

Agregó que “no tuvo otros medios menos lesivos a los cuales dar preeminencia antes de transportar la droga, y recurrió a dicha conducta para salvar otro bien o interés mayor amenazado, cual resulta la vida e integridad psicofísica de su hija”.

En el fallo, el magistrado citó la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Convención sobre los Derechos del Niño y aseguró que el caso debe ser analizado “en el contexto de violencia de género dado en el ámbito doméstico, en el cual se observan las características históricas de desigualdad de poder entre varones y mujeres y las características propias del ciclo de violencia”.

“En un contexto de violencia doméstica, la mujer se encuentra entrampada en un círculo donde la agresión es siempre inminente, precisamente porque es un círculo vicioso del cual no puede salir, porque tiene miedo a represalias, no formula denuncias por miedo, se va aislando y muy pocas veces, o nunca, cuenta lo que sucedió, ya sea por miedo o vergüenza”, destacó.