La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de la Secretaría de Seguridad, Tránsito y el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y en conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires, continúa desarrollando operativos en distintos barrios de la ciudad. El objetivo de estos procedimientos es garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de motocicletas y disuadir conductas delictivas asociadas a estos vehículos.

Como resultado, en lo que va de mayo secuestraron 170 motos por diversas infracciones y también detectaron cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas, que fueron remitidas al Juzgado de Faltas y se procedió al retiro de los vehículos involucrados.

En paralelo, labraron 68 actas a cuidacoches y limpiavidrios por denuncias de los vecinos a través del canal de WhatsApp 2233406177 y en ese marco, detuvieron a cuatro personas por pedidos de captura vigentes.

Estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, orientada a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.

Prefectura Naval Argentina (PNA) identificó y abrió un sumario contra el hombre que, a bordo de su moto de agua, realizó maniobras imprudentes a metros de una colonia de lobos marinos ubicada en la zona del puerto de Mar del Plata.

Si bien el hecho no había sido denunciado a la institución, la difusión del video en diferentes medios periodísticos originaron una investigación para comprobar cuándo había ocurrido el hecho y luego para dar con el protagonista.

Las rápidas pesquisas permitieron establecer que el hecho se registró en la tarde del sábado y que quien la manejaba era un hombre de 36 años, oriundo de Rosario pero que desde hace meses reside en Mar del Plata.

Una publicación compartida por El Marplatense (@elmarplatense.ok)

El sujeto fue citado hoy a la sede de la Prefectura local, ubicada en la avenida de los Pescadores al 825, y en la División Investigaciones Judiciales y Administrativas se lo notificó de la apertura de un sumario en su contra por el que se expone a una multa pecuniaria, que podría superar los dos millones de pesos.

El hombre no presenta antecedentes administrativos en la institución y al ser notificado, reconoció la falta cometida y se puso a disposición de la autoridad marítima.

Una mujer de 24 años rompió la ventana de un móvil policial con un destornillador, luego de que las autoridades secuestraran su moto por falta de licencia y seguro, y por haber cruzado un semaforo en rojo. Ocurrió en la avenida Luro y Teodoro Bronzini, aunque fue detenida en 9 de Julio y Perú.

Pasada la medianoche, personal de Patrulla Municipal secuestró la moto de una mujer en la avenida Luro y Teodoro Bronzini, por falta de licencia de conducir y de seguro obligatorio y por cruzar el semáforo en rojo.

Pero cuando los agentes se retiraban del lugar, la infractora le arrojó un destornillador al patrullero, provocando la rotura de una de las ventanillas. Y aunque se dio a la fuga, fue detenida a las pocas cuadras, en 9 de Julio y Perú.

En ese sentido, la fiscal María Isabel Sánchez dispuso que sea imputada por el delito dedaño agravado por ser ejecutado en un bien de uso público y luego que sea liberada, a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal (CPP).

Durante la semana, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), Tránsito, Prefectura, Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y Policía de la provincia de Buenos Aires realizaron recorridas y operativos preventivos y disuasivos en diferentes barrios de la ciudad.

El trabajo tuvo lugar en barrios como Vieja Terminal, San Juan, Regional, Las Américas, Don Emilio, José Hernández, Parque Palermo, Las Heras y Las Retamas, El Gaucho, Bosque Grande, Fran Luis Beltrán, López de Gomara, Belgrano, Coronel Dorrego, San Cayetano, Cerrito, Cerrito Sur, El Progreso, General San Martín, Constitución y Batán, entre otros barrios.

Como resultado de este accionar, secuestraron 71 motos y 41 autos por diferentes infracciones como alcoholemia positiva, maniobras imprudentes, faltante de documentación y de casco. Estos números son parte de las 180 motos y 90 autos secuestrados en lo que va de mayo.

Por su parte, Defensa Civil trabaja diariamente para atender eventualidades e incidentes de la vida urbana que requieren tareas de acercamiento, perímetro, reparación o remoción: en esta última semana, los equipos trabajaron en 61 situaciones como caídas de postes, columnas, árboles y carteles, cortes de cables, entre otras situaciones.

Recorridas y orden de espacio público

El Cuerpo de Patrulla Municipal continúa con su trabajo cotidiano para garantizar el orden del espacio público y su disponibilidad para el uso seguro, a través de un esquema de trabajo coordinado con Inspección General, Desarrollo Social y EMSUR.

En este sentido, trabajaron en plazas Borges, San Martín, Rocha, Mitre, Colón; zonas Olavarría, Diagonal Pueyrredón, 9 de Julio al 3200 y 3500, cajeros automáticos céntricos, Santiago del Estero y Brown, San Martín al 2900, Libertad y Olazábal, entre otros puntos.

HECHOS EN LOS QUE INTERVINIERON

El martes personal del CPM identificó a un individuo que circulaba con actitud sospechosa por Olazábal y Luro, cargando prendas con etiquetas visibles: inmediatamente procedieron a identificar al sujeto y solicitaron apoyo a personal policial. Tras verificar las prendas, se determinó que pertenecían a un comercio ubicado sobre la Diagonal Pueyrredon y al dirigirse hasta el local, encontraron que la vidriera había sido vandalizada. El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera por robo.

El CPM también intervino en dos hechos durante la madrugada del miércoles. En uno de ellos, en conjunto con personal policial, interceptó a un vehículo que carecía de documentación reglamentaria y, al inspeccionar el interior, se encontró una balanza y sustancias ilegales. Tanto el conductor del automóvil como su acompañante fueron notificados por infracción a la Ley de Tenencia Simple, mientras que el auto fue secuestrado.

Por otro lado, una vecina se acercó a la Patrulla Municipal ubicada en la intersección de Luro y Olazábal para informar sobre un comercio en la zona cuya persiana había sido vandalizada. Además, denunció haber sido abordada por varias personas que le pedían dinero mientras se encontraba dentro de un cajero automático cercano, por lo que se actuó en conjunto con la Policía para verificar la información. Como resultado, tres individuos fueron puestos a disposición de la justicia.

Asimismo, el viernes personal de Tránsito, en conjunto con el Grupo de Prevención Motorizada, interceptó una moto en el cruce de Rosales y Lobería que, al verificar el dominio a través de informática, se detectó que tenía un pedido de secuestro activo desde 2020 y que el chasis estaba adulterado. Por este motivo, la conductora fue aprehendida por encubrimiento y el vehículo fue secuestrado.

Finalmente, en la madrugada de este lunes, durante las recorridas del CPM, observaron un vehículo que circulaba de manera imprudente y se procedió a su detención. Al verificar la documentación, el conductor mostró síntomas de haber consumido alcohol y su licencia parecía ser apócrifa. Corraboraron toda la información y realizaron un test de alcoholemia, el cual resultó positivo. Por lo tanto, el individuo fue trasladado a la comisaría por falsificación de documento público y el vehículo fue secuestrado.

El Municipio de Tandil brindó un informe de los operativos de control de tránsitos realizados por la Dirección de Control Urbano Vehicular en distintos puntos de la ciudad durante el mes de abril, en los que se secuestraron 187 vehículos y se detectaron más de 1000 infracciones.

Durante ese período se realizaron operativos diurnos y nocturnos que se concretaron en diferentes zonas de la ciudad, los que incluyeron controles de alcoholemia y decibeles (ruido de caños de escape), y contaron con acompañamiento de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al informe brindado por esa dependencia comunal, en total se detectaron 1051 infracciones y se secuestraron 187 vehículos (108 motos, 64 autos y 15 camionetas).

Además, se retuvieron 37 licencias de conducir y se detectaron 14 casos de alcoholemia positiva y 4 de exceso de decibeles.

Entre las infracciones constatadas, se destacan: falta de licencia o licencia vencida/adulterada (130), sin seguro o póliza vigente (122), circular sin casco (100), sin cédula verde (54), uso indebido de celular (36), no utilizar cinturón de seguridad (16.)

Las autoridades comunales insistieron en la importancia  de respetar las normas de tránsito, conducir de forma prudente y utilizar los elementos de seguridad, como el cinturón en autos y el casco en motos.

También afirmaron que los operativos de control continuarán en diferentes horarios y zonas de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

En una difícil maniobra, en su rol de Autoridad Marítima Nacional y como responsable de la salvaguarda de la vida humana en el agua, la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó el lunes a un tripulante de un pesquero de bandera surcoreana que presentaba un cuadro de peritonitis y debía ser urgentemente trasladado a un centro de emergencia, mientras el buque navegaba fuera de la Zona Económica Exclusiva. 

Desde las redes sociales de Prefectura Naval Argentina, indicaron que en tiempo récord, y gracias a las rápidas coordinaciones del personal de la Fuerza, se logró recuperar el dinero invertido para el operativo de rescate y cobrar una multa por haber ingresado a pescar en el área de Malvinas, sin la correspondiente autorización de la Republica Argentina.

El impresionante operativo de rescate había comenzado cuando el Centro Gestión de Tráfico Marítimo Comodoro Rivadavia tomó conocimiento de que un tripulante del buque pesquero SAE IN CHAMPION, que navegaba fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina (a 261 millas náuticas de la ciudad de Puerto Madryn), presentaba fuertes dolores abdominales que podían ser compatibles con un cuadro de apendicitis.

Tras entablar comunicaciones con la agencia marítima del barco y el consulado de Corea del Sur en Argentina, se dispuso la aeroevacuación del paciente para que reciba asistencia médica de inmediato.

Rápidamente, personal de la Prefectura, especialmente entrenado para este tipo de emergencias, despegó desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia a bordo de un helicóptero y se dirigió a la zona con el apoyo de un avión de la institución, quienes, en un exitoso operativo, lograron socorrerlo.

Una vez en tierra, el hombre fue trasladado al Sanatorio de Trelew, donde se determinó que se trataba de un cuadro de peritonitis y fue intervenido quirúrgicamente, evolucionando favorablemente.

Luego de finalizadas las tareas de rescate, el personal de la Fuerza, con la orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, trabajaron arduamente con el objetivo de recuperar para el Estado Nacional el dinero que este destinó al mencionado rescate.

Finalmente, luego de cuatro días de haberle salvado la vida, se cobró a la agencia marítima del pesquero los aranceles por la aeroevacuación y el monto correspondiente por haber cometido dos infracciones al decreto 256/10, por haber operado en las Islas Malvinas sin autorización de la Prefectura Naval Argentina, Autoridad Marítima competente en la materia.

De esta forma, no solo se establece un nuevo precedente sino que, además, el Estado Argentino recupera el dinero que el país destinó a salvaguardar la vida de un tripulante de un buque extranjero y se protege el patrimonio nacional.

Cabe destacar que el decreto 256/10 establece que todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente.

Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, decidió hacer una pausa y eligió Mar del Plata para vacacionar con sus amigos. 

Sin embargo, el 18 de febrero, por el caos turístico, estacionó su auto en doble fila en las inmediaciones de Rivadavia y Entre Ríos, y cuando los inspectores se acercaron para pedirle la documentación, notaron que tenía una licencia supuestamente apócrifa. 

Rápidamente le hicieron una multa y establecieron la fecha de audiencia para el 28 de febrero de este año.

Fuentes municipales aseguraron que la licencia "la tienen secuestrada en el juzgado de faltas y que la Justicia continúa con toda la investigación".

Asimismo, aclararon que “el auto lo fue a retirar un conductor designado. Nosotros retuvimos la licencia y por eso se puede avanzar también en la causa desde la Justicia”.

Tal como informó El Marplatense, un bar de la zona de Alem fue clausurado por llevar adelante una fiesta clandestina, que quedó registrada en un video grabado por los mismos participantes. En las imágenes, se pudo ver a los jóvenes sin distanciamiento ni uso de barbijo.

A raíz de ello, se llevó adelante un operativo del área de Inspección General, a cargo de Marcelo Cardoso, que finalizó con la clausura del local por incumplir con los protocolos. Este hecho tomó trascendencia Nacional, con lo cual desde la cadena de cervecerías salieron a pedir disculpas públicas.

El propio intendente Guillermo Montenegro mostró públicamente su desagrado al ver el video que se viralizó durante ese fin de semana del pasado 13 de junio.

“Obviamente que me da mucha bronca. Se clausuró el lugar, se inició una investigación judicial y se le van a aplicar las multas que corresponden, no solamente a los organizadores, sino a la gente que estaba” en el lugar, expresó el jefe comunal en ese momento.

Este jueves, en una documentación a la que tuvo acceso El Marplatense, el Juzgado de Faltas municipal hizo efectiva la multa a Ogham, de la calle Alem, por un monto de 2 millones de pesos. Además, se detalla, hace efectiva una clausura de 30 días y, en caso de reiteración de contravención, "la clausura será definitiva"

En uno de los párrafos del fallo, el Juez quiso resaltar que "lo verificado implica un claro menosprecio a las reglamentaciones dictadas en ejercicio del poder de policía y tendientes a tutelar valores públicos como la salubridad, higiene y seguridad", argumentó.

Tal como lo adelantó de manera exclusiva este portal de noticias, el Municipio ya tomó una medida similar con otro establecimiento por incumplir los protocolos sanitarios. Se trató del resto-bar Yago, ubicado a metros de la concurrida calle Güemes.

Fue así como, tras el operativo de Inspección General, el Juez de Faltas Pedro López Martucci, le aplicó una multa de $ 1.200.000 al mencionado reducto "por incumplir con el protocolo y el cierre de horario".

En el documento, el juez de Faltas sostuvo que "las actividades que conllevan a la circulación de personas especialmente en espacios cerrados, como el caso que nos ocupa, sin respetar los protocolos de funcionamiento, ni horarios, ni medidas de distanciamiento implican un alto riesgo de transmisión de virus".

La penalización será de $100 y solo quedan exceptuados los mayores de 70 años y los menores de 18. La multa se podrá abonar a través del Banco de la Nación (imprimiendo una boleta de pago), Pago Fácil y Rapipago o por medios electrónicos a través de tarjeta de crédito y transferencia bancaria.

Hasta no regularizar su situación, los infractores no podrán realizar gestiones o trámites ante organismos públicos por un año aunque sí estarán habilitados para votar.

En el caso de que un votante aparezca en el Registro de Infractores de la CNE pero fue a votar y tiene el troquel que lo acredite, podrá efectuar el reclamo en el portal de la entidad o acercarse a la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su documento (DNI, LE, LC) y el troquel.

Por Carlos Walker

A través del decreto Nº 2129, el intendente Carlos Arroyo le impuso una multa de 296.388,20 pesos a la empresa Transportes 9 de Julio SA por diversos incumplimientos en el servicio de recolección de residuos en el Partido de General Pueyrrredon durante el pasado mes de abril. Se trata de un negocio millonario que se encuentra monopolizado en esta ciudad.

En julio de 2018, la concejala de la Coalición Cívica, Angélica González, presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Ejecutivo local que rescinda el contrato con Transportes 9 de Julio SA, la actual concesionaria del servicio de higiene urbana en Mar del Plata.

En ese contexto, la edil explicó que “se hacen evidentes las diferencias entre las exigencias del pliego que conforman las obligaciones a cargo del contratista prestador y el servicio efectivamente prestado por el concesionario”.

Y remarcó que “el contratista a cargo del servicio incumple o presta en forma incompleta, defectuosa, incorrecta, deficiente o inadecuada las obligaciones a su cargo correspondientes al barrido mecánico de calles y avenidas”.

A su vez, la concejala de Lilita Carrió consideró que Transportes 9 de Julio SA  no cumple “o presta en forma deficiente” la limpieza de playas y el sector costero; el mantenimiento del pasto corto y el lavado y barrido de veredas y playones.

Además, detalló que desde la empresa basurera tampoco se instrumentan las “cuadrillas de respuesta rápida” que debería tener la empresa. Para la edil, una de las consecuencias de estos incumplimientos es la “proliferación de microbasurales”.

En ese marco, la concejala propuso que el municipio se haga cargo de la higiene urbana hasta que adjudique el servicio en una nueva licitación.

A pesar de la lluvia de cuestionamientos de los concejales y los vecinos por el mal servicio, el municipio de General Pueyrredon le sigue destinando cada vez más millones de pesos a la 9 de Julio.

La firma basurera comenzó a recibir casi 125 millones de pesos mensuales a partir del pasado mes de mayo.

En la documentación oficial, a la que tuvo acceso El Marplatense, se refleja que la 9 de Julio solicitó una redeterminación de precios en diciembre del año pasado, debido al incremento de los costos.

Finalmente, el municipio hizo lugar al planteo y el pasado 3 de junio reconoció un incremento del canon que ahora trepa a $ 124.151.471, 25, retroactivo al mes de mayo de este año.

Además, se le abonará a la empresa de residuos un monto retroactivo de 31.679.580,64 en concepto de diferencias por redeterminación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, donde se fijó un canon mensual de $ 113.333.345,96 en el señalado decreto.

En lo que va de 2019, en la Provincia de Buenos Aires se registraron 117 robos y hechos de vandalismo dentro de escuelas públicas. La cifra asciende a 248 si se suman los de 2018, según informaron fuentes oficiales. En ese contexto, este martes se presentó un proyecto de ley que busca imponer nuevas sanciones a los responsables de estos ataques: van desde multas y días de arresto a trabajos comunitarios. El texto propone, además, que si los atacantes son menores de edad, se sancione a los padres.

La norma lleva la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal e ingresó a la Legislatura provincial por el Senado, según lo que informó Clarín Se trata de una modificación al Código Contravencional de la Provincia, que incorpora nuevas formas de vandalismo e incluye las sanciones que les corresponde a cada una. Contempla los ataques a establecimientos educativos tanto públicos como privados.

"Cada hecho de vandalismo en una escuela afecta no solo la calidad de las condiciones educativas, sino que también en algunos casos comprometen las clases de los chicos y la seguridad de quienes integran toda la comunidad educativa", dice el texto presentado por el Ejecutivo. Afirma que los arreglos de estos actos de vandalismo demandaron, entre 2018 y lo que va de 2019, un gasto de unos 205 millones de pesos. El costo extra que se generó el año pasado "equivale a la construcción de 66 aulas nuevas de jardín", detalla.

Lo que busca el proyecto es modificar el capítulo 4 del código, donde se determinan las contravenciones "contra la tranquilidad y el orden público". Impone sanciones de arresto de entre 5 y 30 días o multas para quien "coloque, introduzca o arroje sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones" dentro de una escuela o en sus inmediaciones. También a quien "manche o ensucie" sus muebles, inmuebles o instalaciones. El monto de la multa será de entre el 50% y el 100% del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, entre $ 14.947 y $ 29.854.

El proyecto habilita al juez a reemplazar los días de arresto o la multa por trabajos comunitarios, en caso de que el acusado no tenga condenas previas "y la gravedad de los hechos lo justifique". Serán entre 2 y 10 días de trabajo en escuelas, hospitales y otros establecimientos públicos, en jornadas de tres horas. Las sanciones también podrán ser reemplazadas por cursos y programas que les permitan modificar su comportamiento o la posibilidad de que el atacante se ocupe de reparar el daño que causó.

¿Qué sucede cuando se trate de menores de edad? Según la norma, el juez deberá determinar si la conducta del chico fue consecuencia de "una falta o negligencia de sus padres o tutores". De ser así, las sanciones para los adultos serán de entre 1 y 5 días de arresto; o una multa de $ 8.956 y $ 17.912. Si se comprueba que el chico es reincidente, las sanciones se duplicarán. Y se podrá ordenar que asistan a una terapia familiar