El juez Claudio Bonadio decidió enviar a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a una gran cantidad de presuntos asociados, bajo acusación de haber formado una asociación ilícita que se habría dedicado a la recaudación de fondos ilegales.

En ese marco se encuentran involucrados cinco empresarios marplatenses, quienes habrían sido parte activa de la complicada estructura de lavado de dinero en el exterior. Se trata de Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Osvaldo Parolari, Marcelo Danza y Elba Municoy. 

Siempre según lo establecido en el expediente, de dichas maniobras también habrían participado Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-, Carlos Cortez, Peral Puente Resendez, Carlos Gellert, Víctor Manzanares, Sergio Dorf, Juan Manuel Campillo y su sobrino Gastón Campillo, Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza y Mauro Profético.

A todos ellos se los acusa de haber “realizado diferentes transacciones comerciales, entre las que se destacan la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica” de los imputados, según detalló Clarín.

Entre 2010 y 2015, Muñoz habría constituido en el exterior “quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo”. Doce de estas firmas fueron dirigidas por Todisco y Ortiz Municoy, que entonces estaban casados. Las empresas son: Succesfull, Harbor Golden Inc, South Golden Inc, Lizer Investments LLC, Mother Queen Inc, North Golden Inc, First All Inclusive Ocean Silver Of South Florida Inc, Dream Golden Enterprises Inc y Municoy International Properties Inc.

Después de 2015 -cuando la empresaria inmobiliaria y el productor textil se separaron- en nueve de estas sociedades asumió Puente Resendez, cónyuge de Gellert, detenido recientemente e hijo de Blanca Blanco, la ex diputada nacional y ex esposa de Daniel Peralta, entonces gobernador de Santa Cruz. Blanco, a su vez, es tía de Pochetti.

La Justicia determinó que todas estas personas buscaron “ocultar el origen ilícito del dinero” a través de las sociedades creadas y, para ello, “habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas”. Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las dos restantes en Nueva York. Según el dictamen al que accedió Clarín, todas estas operaciones demandaron un desembolso de más de 53 millones de dólares.

Parte del dinero investigado se movió, indicaron los fiscales, a través de Parolari – cuya familia fue la fundadora de la reconocida confitería marplatense El Cóndor- y el abogado Danza, mediante las firmas Golden Black Limited y Old Wolf, radicadas en Islas Vírgenes Británicas. Junto a Todisco, compraron propiedades por 15,5 millones de dólares.

La acusación relata que Parolari y Todisco “concurrían juntos al domicilio de Muñoz en Capital Federal, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal”.

Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la reconducción de los fondos se hizo a través de la adquisición de otros inmuebles, operaciones de las que participó Elba Municoy, interviniendo “en los fondos ilícitos adquiridos por Elizabeth Ortiz Municoy”.

Por ejemplo, la empresa Iñaki Saizarbitoria Esq PA, recibió una transferencia de 2 millones de dólares proveniente de una cuenta a nombre de Todisco radicada en la Banca Privada de Andorra. Según Clarín, la operación estaría vinculada a la adquisición de un inmueble en Miami. Tiempo después, esa empresa transfirió 400 mil dólares a Todisco.

Esta operatoria se repitió con otras personas del entorno de Muñoz: Héctor Llaneza y Cortez serían directivos de New Dreams LLC constituida en Florida, que libró tres cheques a favor de Todisco para el pago del alquiler de un inmueble en Estados Unidos. Todos ellos usaron diferentes cuentas radicadas en el exterior para la triangulación de fondos.

Luego de ser detenidos, Ortiz Municoy y Todisco declararon como “arrepentidos” y fueron liberados; mientras que Parolari fue apresado en septiembre del año pasado cuando regresó al país proveniente de los Estados Unidos.

La Justicia Federal de Mar del Plata tiene ya en su poder el pedido que un juzgado de Andorra hizo a la Justicia argentina para que tome declaración indagatoria a los testaferros de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y a los financistas que utilizó para sacar el dinero del país.

El expediente llegó desde el juzgado de Sebastián Casanello y en la ciudad se aprestan los preparativos para ejecutar el trámite, que se hará online, siguiendo "la ruta del dinero K", según lo que consignó Clarín.

El juez federal Santiago Inchausti mandó a ubicar a las 18 personas requeridas por Andorra y pidió colaboración a la fiscal Laura Mazzaferri, con quien lleva adelante la investigación de una asociación ilícita entre "cuevas financieras" y casas de cambio locales, reactivada a partir de una resolución de la Corte Suprema y que tiene en vilo a célebres personajes de la city marplatense.

Las indagatorias se tomarán en la sede de Viamonte y Bolivar y serán transmitidas por videoconferencia. Estarán allí los arrepentidos en la causa de los "cuadernos", Sergio Todisco y su ex esposa Elizabeth Ortiz Municoy, declarados testaferros de Muñoz, y los titulares del Grupo Jonestur, Oscar Rigano y Juan Carlos García Navarro, quienes se repiten en las distintas causas, ahora conectadas.

Rigano y García Navarro y otras 23 personas volvieron a estar procesados en la causa que puso bajo la lupa a las casas de cambio y financieras locales a partir de una denuncia del Banco Central y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Pero ese voluminoso expediente, durante un año y medio, estuvo paralizado. Fue a raíz de una polémica decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: había decretado nulas las actuaciones y sobreseído a todos los imputados a partir de lo que interpretó como un error de Gendarmería, una formalidad al tomar una declaración. Hasta entonces se habían hecho más de 50 allanamientos y secuestrado más de 3 millones de dólares. En estos días, el mecanismo de investigación vuelve a ponerse en marcha.

"Hay indagatorias pendientes y prueba que surgirá de la pericia informática, información sensible que contienen celulares, pendrives y computadoras secuestrados", dijo a Clarín una alta fuente judicial. Los delitos que se investigan son asociación ilícita, intermediación financiera y portación de armas de fuego de uso civil y de guerra. En los allanamientos, además de los millones en manos de arbolitos y en cajas de seguridad, se secuestraron diferentes tipos de armas: era "territorio tomado", definió en una resolución el juez federal Inchausti.

Ya en la documentación analizada hasta la nulidad se habían hallado pruebas sobre las millonarias transferencias bancarias al Principado de Andorra a través de la financiera Jonestur. Luego Todisco y Municoy, en su arrepentimiento, lo contaron en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

El mismo oficio del principado encajado entre los Pirineos que solicita las 18 indagatorias requiere información sobre el estado en que se encuentran las investigaciones abiertas contra el Grupo Jonestur.

Allí, los investigadores federales deberán anexar una nueva causa penal conexa con el expediente de las "cuevas financieras", nacida a partir de la denuncia de empresarios del transporte de pasajeros en Mar del Plata y Pinamar, El Rápido del Sud y Montemar, para que se investigue a Jonestur por el delito de intermediación financiera a partir de la formación de una supuesta asociación ilícita.

"Se trata de una causa reciente, por lo pronto el juez decretó la conexidad con el expediente de las cuevas financieras", confirmó a este diario una fuente del Ministerio Público, que instruye la investigación.

La causa por los USD 70 millones en el exterior que lavó Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, acaba de iniciar su capítulo internacional: el juez Claudio Bonadio ordenó las detenciones de tres abogados, un contador y un inversor de Miami y de Turk and Caicos. También la de un apostador mexicano que actuó como testaferro para que Muñoz, su esposa y sus socios prestanombres pudieran vender a las apuradas las 16 propiedades que tenían en Estados Unidos e invertirlas en la paradisíaca isla británica del Atlántico.

Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, la Justicia argentina busca a Jorge De la Hoz, contador de Muñoz en Miami, y a Anthony D´Anniello y Peter Michael Karam, los abogados detrás de la operación de Turks and Caicos que estuvieron en Argentina entre el 12 y 14 de julio de 2016 para tener una reunión en el estudio del abogado Miguel Angel Plo, defensor de Carolina Pochetti –viuda de Muñoz- y hoy detenido.

El cuarto de los sospechosos sobre los que pesa una orden de detención es Charles Serfaty, un abogado de Miami -de la zona de Biscayne Boulevard- a quien Carolina Pochetti describió como la persona más honesta que conoció en todo este proceso de "desguace" de sus propiedades. "Me dijo que no quería abusar de mi soledad como habían hecho otros", contó Pochetti.

A la lista se agrega Isaac Esparza Hidalgo, un mexicano de Monterrey que, a cambio de que el primo de la viuda de Muñoz le cubriera una deuda de juego, firmó unos papeles que lo convirtieron en el dueño nominal de las sociedades que compraron los terrenos de Turk and Caicos para levantar un emporio hotelero que nunca llegó a concretarse.

La nómina se completa con Sean Sullivan, un inversor a cargo del complejo hotelero que iba a llevar a cabo la obra pero que se habría quedado con el dinero de los deudos de Muñoz, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo trabajaban en la "pata internacional" de la plata de Muñoz, con la ayuda de la Unidad de Información Financiera y los especialistas de lavado en Estados Unidos. Es que el caso Muñoz se convirtió en una suerte de causa testigo para la colaboración entre Argentina y Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. El 9 de febrero pasado, se reveló que había incluso dos agentes del FBI que estaban abocados a la operación y que el Gobierno argentino confiaba en recuperar 45 millones de dólares.

El ex defensor de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y su yerno son los nuevos detenidos que tiene el expediente iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. El juez Claudio Bonadio ordenó la detención del abogado Miguel Ángel Plo y su yerno, Federico Zupicich. La orden no incluyó a la hija del abogado, la abogada María Jesús Plo, para quien los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, también habían pedido su detención.

Plo -un respetado abogado, con fuertes lazos en el peronismo bonaerense y ex secretario de Política Penitenciaria en el gobierno provincial en 2001- quedó en la mira de los investigadores en el capítulo de la investigación en el que se intenta determinar qué pasó con más de 70 millones de dólares que salieron de la recaudación de la banda de los cuadernos y que terminaron en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y su viuda. En el expediente figuran una serie de viajes que Plo y su familia hicieron a Estados Unidos vinculados a la disolución y reconducción de los activos que, para principios del 2016, poseía el matrimonio de Muñoz y Pochetti en aquel país.

Plo, su yerno y su hija fueron indagados por Bonadio. Aseguraron que los viajes se hicieron por razones personales. Pero el testimonio de varios de los arrepentidos del capítulo Muñoz-Pochetti del Caso Cuadernos les otorgaron un papel preponderante en la organización investigada en Argentina y Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Hasta hoy Plo y su yerno estaban en libertad. Pero luego de las confesiones de Pochetti y de su primo Carlos Gellert -ambos arrepentidos- el juez ordenó la detención de los dos. Los fiscales Stornelli y Rívolo habían solicitado la detención el 14 de diciembre pasado.

Plo -a partir de testimonios y de documentación sumada al expediente- es considerado un actor importante en las maniobras que se activaron para que su ex defendida y otros imputados, considerados testaferros de Muñoz, se desprendieran de las propiedades que se detectaron en Miami y Nueva York.

Stornelli ya investigaba a Muñoz y su entorno, primero por su patrimonio y después (cuando dejó de ser funcionario) a raíz del escándalo de los Panamá Papers. La causa estaba en manos del juez Luis Rodríguez. En setiembre pasado, Stornelli motorizó indagatorias y pedidos de detención para la viuda de Muñoz y sus testaferros, precisamente por haber encontrado las pruebas sobre un entramado de sociedades que armaron el ex secretario presidencial y Pochetti. El matrimonio, a través de prestanombres, compró 16 departamentos en Miami y Nueva York. Luego se detectó que habían buscado venderlos rápidamente. Rodríguez rechazó aquellos pedidos de detenciones, detalló Infobae.