Tras permanecer dos años prófugo por una causa por narcotráfico, Waldo Alexis Bilbao (45), uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe, cayó el pasado viernes por la noche en un departamento ubicado a metros del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, por un pedido de pastillas anticonceptivas que hizo su pareja vía telefónica. Luego de meses de vigilancia encubierta, con detalles cinematográficos, la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales irrumpieron en su propiedad y lo atraparon en un habitáculo que estaba preparado como escondite en el baño en caso de un allanamiento.

Para llegar al arresto de Waldo, presunto cabecilla de una organización liderada por su hermano Brian Walter Bilbao –que permanece prófugo desde el operativo de Gendarmería “Cosecha blanca” de octubre de 2023–, los investigadores policiales montaron una vigilancia encubierta desde finales de enero en inmediaciones del complejo residencial ubicado en Colón al 1200, que consta de dos edificios de 20 pisos, en el que hay 14 departamentos por piso.

El lugar para hacer el monitoreo no fue escogido al azar. Allí cumple detención domiciliaria Guadalupe Torres Servín (33), pareja de Waldo, por estar sindicada como presunta testaferro de la estructura narco. Sin embargo, la propiedad está situada en el piso 18, cuyo frente da al río Paraná.

Los agentes estuvieron desde finales de enero siguiendo los movimientos de Guadalupe. Pese a tener domiciliaria, salía para hacer las compras en un supermercado ubicado a la vuelta del edificio, o para llevar a sus tres hijos al colegio. Sin embargo, los investigadores jamás la vieron acompañada por Waldo, por quien el gobierno de Santa Fe llegó a ofrecer 50 millones de pesos por datos que conduzcan a su captura.

Parte de la vigilancia que hicieron desde la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales fue desde un auto estacionado en la vía pública, por Colón o por Pasaje Cajaraville, desde donde usaban equipamiento tecnológico con un poderoso zoom que permitía llegar a tener una visual nítida de los movimientos del balcón de la propiedad de la mujer y de una de las ventanas que daban al interior. Para lograr una buena imagen, uno de los policías reclinaba el asiento del vehículo, que tenía techo corredizo.

El seguimiento de los agentes provinciales –por orden del Juzgado Federal N° 3 de Rosario y la Procunar– también tuvo intervenciones a líneas telefónicas, entre ellas, a la de Guadalupe Torres Servín. En una comunicación realizada semanas atrás, pidió pastillas anticonceptivas. Eso generó curiosidad, ya que durante todas las medidas investigativas no se la había visto acompañada de un hombre, dentro ni fuera del departamento. Allí comenzó a cobrar fuerza la idea de que Waldo estaba con ella.

La sospecha cobró relevancia el pasado jueves, cuando en la vigilancia realizada a través del zoom de una cámara se vio una silueta robusta en el ventanal del balcón. La posibilidad de que estuviera escondido Waldo adquirió firmeza.

Cuando el viernes por la noche ingresaron los agentes de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y un grupo de irrupción de la Tropa de Operaciones Especiales a la propiedad encontraron a Guadalupe Torres Servín y a sus tres hijos de 13, 9 y 8 años. Cuando los policías fueron al baño, escucharon un ruido de una puerta lateral metálica que, al abrirla, tenía a Waldo Bilbao del otro lado.

Como el prófugo es hipertenso, rápidamente le subió la presión, por lo que su pareja sacó un tensiómetro para detectar su estado, que era malo al momento de la aprehensión. Luego, los agentes recorrieron el domicilio, al que consideraron “un gallinero” por el desorden y la suciedad, y secuestraron tres celulares. Casualmente, solo eran de los menores.

Resta establecer las conexiones de lavado de dinero que apuntan no solo a Santa Fe sino también a la ciudad de Mar del Plata.

Fuente: Infobae.

Cinco personas, entre ellas una mujer de nacionalidad boliviana apodada “la Reina del Sur”, con domicilio en el porteño Barrio 1-11-14 de Flores y considerada la presunta líder de una organización narcocriminal, irán a juicio oral acusados del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en el marco de una causa conocida como el “narcobombardeo” de casi 300 kilos de cocaína desde una avioneta en un campo del partido bonaerense de Pergamino, hecho ocurrido en enero de 2022 e investigado por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás.

A requerimiento del fiscal, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, decretó el fin de la instrucción y elevó la causa a juicio. El debate aún no tiene fijada una fecha, pero estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Mario Gambacorta.

La principal acusada y supuesta jefa de la organización es Marisol Saavedra Chungara, de 54 años y nacionalidad boliviana y quien quedó mencionada en las escuchas telefónicas de la causa con el apodo de “la Reina del Sur”. Para Di Lello, debe ser juzgada como “organizadora y financista de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”.

Los otros cuatro imputados son dos de sus hijos, Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra; Elves García de Olivera, de nacionalidad brasileña; y Denicio Zacarías Reyes, paraguayo.

Di Lello solicitó en su requerimiento de elevación a juicio que todos sean juzgados como coautores del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercialización y transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 5°, inciso “c”, y 11°, inciso “c”, de la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La causa, a cargo del fiscal Di Lello y el juez Villafuerte Ruzo, comenzó en agosto de 2021 y demandó el seguimiento durante varios meses de un grupo de personas oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con base en la villa 1-11-14 de Flores, que estaban sospechadas de vender y traficar estupefacientes que ingresaban desde Bolivia.

En concreto, un comisario inspector de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino declaró que tenían la información de que había varias personas de la ciudad de Buenos Aires recorriendo la zona, buscando predios rurales propicios para poder recoger bultos con droga que serían arrojados en avionetas desde el aire.

Tras una serie de tareas de inteligencia y luego de analizar la información surgida de escuchas telefónicas, el 19 de enero de 2022 se montó un operativo en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Rancagua, a 18 kilómetros de Pergamino. Allí se identificó el sector donde se haría la descarga de droga.

A las 4.50 de la madrugada se detectó a una camioneta Volkswagen Amarok blanca con cuatro hombres. Diez minutos después se observó a Saavedra Chungara con otras dos personas, otra mujer y un hombre, a la vera de la autopista Pergamino-Buenos Aires, en la intersección con la ruta N°32.

Una hora y media después, cerca de las 6.20, el personal policial observó a una avioneta que pasó unas cuatro veces sobre la zona y arrojó varios paquetes. De inmediato, se procedió a la detención de la citada Saavedra Chungara, y de sus hijos Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra.

A su vez, en las inmediaciones del campo se detuvo al brasileño García de Olivera, quien habría quedado de custodia en la tranquera de ingreso del campo. Pero otros tres hombres que habían sido vistos en la camioneta Amarok se fugaron del lugar con el vehículo, que luego fue abandonado a dos kilómetros, con cuatro de los bultos arrojados desde la avioneta cargados en la caja.

Sobre el terreno se hallaron tres trozos de tela de cinco metros de largo por 50 centímetros de ancho, colores rosa y blanco, que serviría como referencia al piloto de la aeronave para marcar el sitio donde hacer la descarga. A su vez, a unos 300 metros del acceso a Rancagua se encontró otra camioneta, también Amarok, sin ocupantes. En su interior había una mochila y un certificado de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a nombre de Zacarías Reyes.

Como resultado del procedimiento se secuestraron aproximadamente 130 kilogramos cocaína, distribuidos en cuatro bultos, cada uno de ellos con 30 paquetes confeccionados con bolsas de polipropileno en distintas capas y colores, y finalmente recubiertos de un film que presentaba la figura de un felino, sello identificatorio de carteles narcos.

Sin embargo, tres meses después y tras la denuncia de trabajadores rurales que avistaron paquetes similares, el 17 y 18 de abril de 2022, se realizaron allanamientos en una zona cercana al campo de Rancagua. Allí se encontraron más bultos, que contenían 96,400 y 64,040 kilos, respectivamente, de cocaína. El secuestro global de la droga fue de 289,114 kilos de clorhidrato de cocaína relacionados a los acusados. Otros 212 gramos de la misma droga fueron secuestrados en el domicilio particular de la ciudad de Buenos Aires de otro imputado ya identificado, pero aún prófugo.

Al fundamentar la requisitoria de elevación al juicio y describir los roles de los acusados, el fiscal Di Lello, hizo un recorrido por la instrucción de la causa.

En primera instancia, señaló que los propios imputados “reconocieron su presencia en el lugar donde fueron detenidos” y que es “donde se produjo el ‘bombardeo’ de drogas aquí investigado”.

Al analizar los descargos que hicieron al ser indagados, Di Lello manifestó que los acusados “dieron explicaciones inverosímiles”, como ser que irían a buscar químicos (Marisol), que recogerían alimentos para perros (Juliana), que ignoraban las razones de su desplazamiento (Mauricio) o que estaban haciendo una changa cargando productos farmacéuticos.

Por su parte, Zacarías Reyes fue más allá y dijo que no se encontraba en Rancagua al momento del hecho y que solo viajó a reclamar su camioneta, que estaba en manos de los detenidos en razón de un contrato de locación.

Sin embargo, Di Lello argumentó que previo a su detención, durante algunos meses, se verificaron las actividades de los investigados y que las pruebas allí recolectadas -junto con las obtenidas a posterioridad- eran esclarecedoras sobre el despliegue del grupo.

El fiscal explicó que “se registró a través de tareas de campo y registros telefónicos que Marisol Saavedra Chungara desde el inicio de la investigación fue armando una estructura operativa a la que coordinó y proporcionó medios -principalmente personas y vehículos- que posibilitaron el transporte y comercio de estupefacientes desbaratado”.

Según el requerimiento, esa imputada mantuvo diálogos a lo largo de los cuales se establece que “tenía un rol organizador de las actividades de las personas a la postre detenidas, siendo tan elocuente el despliegue que en una comunicación su interlocutor la llama ‘la Reina del Sur’ en obvia alusión al personaje de una novela de Arturo Pérez Reverte que encarna a una legendaria narcotraficante” y motivó también una exitosa serie televisiva en 2011.

Di Lello señaló que también se deduce el protagonismo asignado a la mujer cuando se comunica con sus hijos en procura de cuidar la camioneta luego secuestrada, cuando manda a otro de sus hijos -aún prófugo- a recoger la ubicación del campo, contacta a  Zacarías Reyes y lo conduce por lo menos en dos ocasiones a inmediaciones del lugar de descarga, o coordina con un “NN Amigo” el viaje del avión imponiéndose a las circunstancias climáticas que pudieren afectar los planes trazados.

Incluso, se verifica que tiene un rol financiero en los hechos pues reprocha a su hijo el manejo del dinero o concuerda con Zacarías el pago de 2.000 dólares por lo que entendemos sería su participación en el traslado de drogas.

Para el fiscal, también Juliana y Mauricio Justiniano Saavedra, hijos de Marisol Saavedra Chungara, se encuentran al igual que su madre en una comprometida situación procesal al haber sido detenidos junto a ella en Rancagua el día del “narcobombardeo”.

En relación a García de Olivera, Di Lello sostuvo que no se concibe racionalmente el motivo de su presencia en Rancagua si no es porque tuviere vinculación con el hecho, más aún si se considera el lugar y hora de su aprehensión. A ello corresponde sumar que se le vio bajar del rodado para hacer de custodia o “campana” donde se produjo el descargo de la droga.

En tanto, Zacarías Reyes alegó la existencia de un contrato de alquiler de su camioneta para justificar que fuera secuestrada en Rancagua junto a una mochila con un juego de llaves y la VTV del rodado a su nombre. “Entendemos que su descargo carece de todo asidero pues, además del secuestro del rodado durante el ‘narcobombardeo’ otras pruebas lo sitúan como protagonista de la actividad imputada, antes del 19 de enero de 2022”, señalo el fiscal.

El representante del Ministerio Público Fiscal dio por “acreditada -con el grado de certeza exigida para esta etapa procesal- la actividad que fuera reprochada y la relación objetiva y subjetiva que tuvieran los imputados”.

Di Lello resaltó que ello se deduce de las tareas investigativas a través de las cuales se los identificó, se comprobaron sus actividades, se determinó qué rodados utilizaban y cómo concertaban el plan, con identificación y visitas previas al campo, reunión en un restaurante de la ciudad de Lujan, y su presencia en Rancagua el 15 de enero de 2022.

A ello se suman registros de comunicaciones, constancias de los procedimientos y el secuestro del material que como lo confirmaron las pericias, era estupefaciente. Además, el representante del MPF recuerda como dato sobresaliente que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al analizar la situación procesal de cuatro de los imputados resolvió confirmar los procesamientos dictados oportunamente por el juez Villafuerte Ruzo.

Finalmente, en la requisitoria de elevación a juicio se destaca que “todos los imputados a través de sus acciones evidenciaron estar en conocimiento del despliegue ilícito que protagonizaban al aguardar la droga en horas de la madrugada en medio de un campo distante a 200 kilómetros de sus residencias”.

De la misma manera, considera que “la tenencia del estupefaciente hallado en uno de los domicilios estaba destinado a su comercialización (se halló una balanza para fraccionamiento) siendo esa ultraactividad responsable en todos ellos dado el grado de cohesión advertido durante el curso de la pesquisa, que indica que más allá de donde se encontrase la droga, estaba disponible para que cualquiera de ellos la comercialice”.

Ese contexto, según la acusación, “permite también tener por acreditado el dolo y la ultra intención requeridos por la figura en trato, es decir, el conocimiento de la ilegalidad por parte de los imputados de la tenencia de las sustancias estupefacientes, como así también el destino ilegítimo que tendría posteriormente”.

El Gobierno nacional estableció una zona militar en una fábrica de municiones de Santa Fe, en medio de la escalada de violencia que vive la provincia desde los cuatro crímenes que asediaron a la ciudad de Rosario.

Se trata de la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” que pertenece a la empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado y que está ubicada en el departamento de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Rosario. La empresa se dedica a la fabricación y armamento para el uso de las Fuerzas Armadas.

La medida de establecer fue oficializada a través del decreto 350/2024, publicado esta mañana en el Boletín Oficial. Según rige en el documento, “las Fuerzas Armadas instrumentarán y dirigirán el adecuado empleo de los medios materiales que resulten necesarios para impedir y/o reprimir la comisión de todo delito en esta zona militar”.

El decreto también instruyó al Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, a “adoptar las medidas que sean necesarias para brindar acompañamiento jurídico, patrocinio y la representación en juicio a todo personal que, cumpliendo con sus obligaciones en acto del servicio regulado, pudiera enfrentar un proceso judicial y/o administrativo”.

Entre los considerandos que se desarrollan en el Boletín Oficial, el Gobierno alegó que “todo atentado en tiempo de paz constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior y una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la Fuerza Armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción y/o en el ámbito territorial militar”.

En esa misma línea, justificó la decisión de establecer una zona militar en la necesidad de “garantizar la seguridad para proceder a la adecuada protección de la integridad física de las personas y del patrimonio del Estado”.

El principal motivo del Ejecutivo para establecer la zona militar tiene que ver con la escalada de violencia que vive la provincia de Santa Fe durante los últimos meses y en especial la ciudad de Rosario.

Las organizaciones criminales iniciaron en marzo una serie de crímenes en plena vía pública con el objetivo de amedrentar al nuevo gobierno. Las víctimas fatales fueron colectiveros, taxistas y hasta un playero de una estación de servicio.

La intención de las bandas narco era que el gobernador Maximiliano Pullaro diera marcha atrás con las medidas implementadas en las cárceles contra los presos más reconocidos, que aún son jefes de algunas organizaciones.

Por esto mismo, en marzo de este año el Gobierno nacional dispuso el despliegue de las fuerzas federales de seguridad para colaborar con los trabajos para frenar el avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado a apoyar con tareas de logísticas, tal como está previsto en la Constitución Nacional.

Sin embargo, las amenazas continuaron y los crímenes también. “Narco Pullaro. No te hagas el turro o te llueve plomo narcoprogresista”, indicaba un papel que dejaron en el centro de Rosario.

Con respecto a los asesinatos, en los últimos dos días se registraron cuatro más, pero se desconoce si tienen alguna vinculación con las intenciones de las organizaciones de sembrar miedo o si existieron otros motivos detrás de cada uno de ellos.

Fuente: TN

Dos policías de la Delegación departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas están siendo juzgados en el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata, acusados de liberar zonas que coincidían con calles donde mujeres travestis/trans en situación de prostitución eran dispuestas para la venta de estupefacientes al menudeo.

El accionar de esa banda fue comprobado en el juicio abreviado parcial que condenó a seis personas y al que los efectivos se negaron.

En el marco de la pandemia, el juicio atraviesa distintas instancias de la virtualidad: en la sala de audiencias se encuentra el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, en representación del Ministerio Público Fiscal, la defensa de los acusados, y uno de los jueces, Roberto Falcone, mientras que los magistrados Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez siguen el debate de manera remota desde San Martín; lo mismo sucede con los acusados, Jonatan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti, detenidos en el penal de Marcos Paz.

Luego de escucharse la semana pasada testimonios aportados por el MPF, este jueves se presentarán testigos propuestos por la defensa. Para el viernes está previsto el inicio del alegato de la fiscalía.

La acusación

Arce y Scaltritti están acusados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley. “La presencia policial dando protección a un lugar donde se ejerce una actividad ilegal, es un hecho gravísimo y la participación en el mismo no puede ser considerada secundaria”, leyó Pettigiani en el inicio del debate en alusión a un fallo de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa caratulada “Quintana, Andrés Javier s/recurso de casación”. La pena prevista para este delito oscila entre los seis y 20 años de prisión.

Probado el accionar de la organización criminal que integraron Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli -por su nombre autopercibido- Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez, al menos desde febrero de 2014 hasta el 13 de mayo de 2017, la hipótesis delictiva de este debate oral y público -que complementa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en septiembre de 2019- señala que la banda contaba con la participación, connivencia y protección policial.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, para que los condenados y condenadas operaran en la denominada “zona roja” necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en esa zona -Comisaría 4ta-, y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.

La hipótesis se fue consolidando a partir del resultado que arrojaban las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación: demostraron cómo era el funcionamiento real de la organización que se valía de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y necesidad, que encontraban el sometimiento como única opción valedera para alejarse de la situación de pobreza y discriminación en la que se encontraban, al ejercer la prostitución y vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores. Esto permitió ver la existencia de otra estructura conformada presuntamente, al menos de momento, por los oficiales Arce y Scaltritti.

Según la pesquisa, los agentes policiales tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a sus víctimas en las “paradas”/esquinas previamente designadas para que allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes, lo que les permitiría hacerse y repartirse el dinero obtenido.

Conversaciones telefónicas y por WhatsApp que constan en el expediente permitieron visualizar que los funcionarios policiales sindicaban a Cambareri como quien, cuanto menos, manejaba la zona. Pero no sólo las intervenciones en los celulares dan sustento a la participación de la policía en los hechos. La palabra de los vecinos y vecinas, quienes declararon ante la Unidad Fiscal de Estupefacientes, dan cuenta de que la fuerza “se lava las manos”, que los que “venden” están “entongados con el comisario de la comisaría de la zona” y que venden estupefaciente delante de la policía.

De la causa surge también lo dicho por algunas de las víctimas: debían pagarle a Cambareri la suma de tres mil pesos para ser autorizadas a estar en esa zona, que nucleaba parte de la avenida Luro, la avenida Champagnat y calles transversales y paralelas. “Parte de ese ‘canon’ exigido no tenía otro fin más que ser entregado a los efectivos policiales con jurisdicción en la zona para que omitieran controlar y prevenir el delito en su jurisdicción, como ha quedado acreditado con mayor fuerza aún, mediante la comunicación que mantuvo uno de los acusados con otra persona, en la que acordaban ‘liberar la zona’, favoreciendo entonces la realización de las conductas atribuidas a los imputados”, leyó la fiscalía en el inicio del juicio.

Más allá de la cobertura en la zona para la venta de cocaína, los policías están acusados de comercializar marihuana a modo de emprendimiento ilegal: de la causa surgen numerosas conversaciones de WhatsApp en las que Scaltritti ofrece “frascos” “a dos”, en cuyas imágenes se observan sustancias estupefacientes.