En el marco de un fuerte operativo de seguridad, declaró hoy en la fiscalía de Homicidios de La Matanza Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), conocido como “Señor Jota”, el narco peruano señalado como el presunto líder de la organización vinculada con los crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Cerca de las 8, oficiales del Grupo Halcón y de la DDI La Matanza se presentaron en la sede de la calle Cavia al 3300 de la Policía Federal Argentina (PFA), donde “Señor Jota” se encuentra detenido desde fines de agosto por pedido de la Justicia de Perú por amenazar de muerte a una mujer para obligarla a transportar droga a España.

La comitiva de la Policía bonaerense estuvo custodiada por 12 miembros motorizados del Grupo Halcón. Recorrieron los casi 30 kilómetros hasta la fiscalía de La Matanza, ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen 2185, en San Justo.

Recién cerca del mediodía se sentó frente al fiscal Adrián Arribas y declaró cerca de dos horas. Luego, en un operativo similar, fue trasladado nuevamente hacia la alcaldía de la calle Cavia.

El delito que se le imputó es “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

"Yo, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, no guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, fue la defensa de “Señor J” ante las acusaciones que lo vinculan con los otros 10 detenidos en la causa.

El hombre sostuvo que ingresó de manera legal a la Argentina desde España, donde estuvo viviendo con un familiar en la ciudad de Valencia. Aquí en el país tramitó su residencia en julio de este año. Además, expresó que no posee antecedentes y que fue detenido el 27 de agosto en Lanús por Interpol tras un pedido de captura por “rebeldía” al pedido del Juzgado Callao–Lima.

“No conozco ni la 1-11-14 ni Zavaleta, y también a mí me dicen 'J´ (Jota), por la primera letra de mi nombre, pero nunca me han llamado por mi nombre”, dijo el imputado. Según aclaró, un detenido de nacionalidad brasileño con el que compartió celda le comenzó a llamar por ese apodo.

Con respecto a la organización narco “Los Pulpos”, con sede en Trujillo, de la que se los acusa formar parte, el imputado explicó que que es conocida en su país, que él nunca la integró y que cuando era policía quisieron vincularlo.

“Yo nunca he tenido ningún lazo con esta organización criminal, pero una vez se me quiso involucrar porque yo fui efectivo policial en mi país. Que en esa oportunidad quedó demostrado que yo nunca tuve nada que ver con esa organización. Que no tengo ninguna vinculación y antecedentes con la misma”, remarcó.

Y agregó que estando en la Argentina puntualmente no escuchó ninguna noticia de “Los Pulpos”, pero sí mencionó otras organizaciones criminales de Perú como “La Jauría”, “Destructores” y “La NJ”, entre otras. “Que puntualmente son como 13 organizaciones que solo trabajan en Trujillo”, afirmó.

En paralelo, Cubas Zavaleta contó sobre los detenidos con los que compartió celda en la Argentina y señaló que fue uno quien le obsequió un cuaderno de tapa verde, utilizado tipo libreta, que le fue secuestrada en el orden de allanamiento que se hizo en la alcaldía el pasado viernes por la noche. Además, incautaron una serie de papeles con números de teléfono y nombres que son analizados en busca de pistas.

Ante el fiscal Arribas declaró que llegó solo en “agosto o septiembre del 2024” a la Argentina desde España y que se radicó en Lanús, donde fijó su domicilio. En el país se dedicó “coser zapatos y venderlos en La Salada”, en referencia a la feria de Lomas de Zamora.

También dijo que se encuentra en pareja con una chica, por quien sus padres le hacen llegar dinero para vivir mientras está detenido. Antes había vivido un tiempo con una tía en Valencia. Según aseguró, sus padres le enviaban dinero, cerca de 780 euros por mes, para solventar los gastos de “habitación, movilidad y alimentación”.

En su país subrayó que fue subalterno en la Policía Nacional de Perú en Trujillo y que lo separaron de la fuerza “por una suspensión arbitraria”. Sin embargo, aclaró que no se reincorporó porque estab terminando la carrera de Ingeniería Civil.

Conocido como "El Señor Jota" o "Jota", está señalado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. Estaba detenido en la Alcaldía de la PFA aguardando la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculado al narcotráfico.

Bajo un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el país, la Policía Federal Argentina desbarató una banda criminal llamada el “Clan Costa”, la cual era manejada por un preso de la cárcel de Batán. En ocho allanamientos -uno en la celda-, detuvieron a seis personas y secuestraron cocaína, marihuana, éxtasis, cartuchos, una tobillera electrónica y otros elementos.

En principio, investigaciones de la División Antidrogas Mar del Plata detectaron maniobras de tráfico de drogas realizadas desde y hacia la ciudad.

Entonces, con esos datos y el aval de la Unidad Fiscal de Mar del Plata de la Oficina de Investigaciones y Litigio de Casos Complejos, a cargo de Santiago Eyherabide, los uniformados desplegaron un minucioso trabajo de campo y análisis de información, que incluyó sigilosos seguimientos, vigilancias y la intervención judicial de 30 líneas telefónicas.

A partir de ese entrecruzamiento de datos, los federales lograron establecer la existencia y el modus operandi de la banda conocida como el “Clan Costa”, la cual era liderada por un interno desde una celda del pabellón N° 13 de la Unidad Penal 15 de Batán, quien impartía directivas al resto de los miembros de esa estructura.

Como resultado de las pesquisas, también identificaron a los integrantes de la organización criminal y localizaron siete domicilios en Mar del Plata.

Con el material aportado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, ordenó allanamientos en esas viviendas y en la celda del interno cabecilla de la banda, y lograron detener a tres hombres y tres mujeres.

Además, incautaron más de 9 kilos de marihuana, varias dosis de cocaína, once pastillas de éxtasis, cuatro plantas de cannabis sativa, casi 400 mil pesos producto de la distribución de los narcóticos, varios cartuchos de pistola calibre 40 mm, una tobillera electrónica, siete teléfonos y documentación de interés para la causa.

En ese marco, los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.

El procedimiento se originó a partir de una recorrida de rutina del Operativo de Seguridad Mar del Plata (OSMP), cuando los uniformados detectaron una presunta transacción de droga en el barrio San Martín. Al interceptar a los tres sospechosos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, confirmaron que se trataba de una actividad ilícita.

Durante la requisa del vehículo en el que se movilizaban, la Prefectura encontró una pistola Bersa calibre 9 mm con su cargador y ocho municiones, 478,9 gramos de cocaína, una granada lacrimógena antitumulto, 30.401 dólares y 1.176.200 pesos en efectivo.

La Fiscalía de Estupefacientes dispuso la detención del conductor por tenencia ilegal de arma de fuego y de estupefacientes con fines de comercialización. Los otros dos fueron notificados por averiguación de ilícito, aunque quedaron en libertad.

Más tarde, por orden del Juzgado de Garantías N° 4, se realizaron allanamientos en viviendas de los barrios Cerrito Sur y Juramento, donde se secuestraron cerca de dos kilos y medio de marihuana, siete teléfonos celulares y documentación de interés. También se notificó a tres personas, una mujer de 33 años, un joven de 22 y otra mujer de 49, por tenencia ilegal de estupefacientes.

Durante la madrugada de este jueves, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata realizaron ocho allanamientos simultáneos en el barrio Belgrano, en el marco de una causa por venta de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos domicilios ubicados en Azopardo al 11.100, Juana Azurduy y San Salvador, San Salvador y El Kadri, Yapeyú al 11.300 y 11.200, Rosales al 11.000, Arana y Goiri al 11.200, y Azopardo y Carmen de las Flores. Por orden del Juzgado de Garantías N° 3, se incautaron unos 300 envoltorios de cocaína fraccionada, más de dos kilos de cogollos de marihuana, una máquina de contar billetes, diez celulares y más de un millón de pesos presuntamente provenientes de la actividad ilegal.

Además, y con la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad Municipal, Vialidad y Elecsur, fueron demolidas tres estructuras edilicias tipo “bunker” que se utilizaban exclusivamente para la venta de droga. Estaban ubicadas en Juana Azurduy y San Salvador, Azopardo al 11.100 y San Salvador y El Kadri.

Las investigaciones comenzaron en enero de este año, a partir de información recolectada por el grupo operativo de la dependencia, junto con reiteradas denuncias anónimas que alertaban sobre movimientos compatibles con la comercialización de droga al menudeo en la zona. También se utilizó apoyo aéreo con drones para poder documentar las maniobras delictivas.

Como resultado de la operación, fueron aprehendidas ocho personas: una mujer de 44 años, trasladada al Destacamento Femenino, y siete hombres de entre 18 y 38 años, alojados en la Unidad Penal N° 44.

Todos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley 23.737, y serán indagados en las próximas horas.

Además, uno de los detenidos, de 32 años, tenía un pedido de captura activo desde el 23 de abril por un caso de abuso sexual con acceso carnal calificado, solicitado por el Tribunal Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

A través de un correo electrónico enviado desde el complejo penitenciario donde cumple prisión preventiva, Hugo Alberto Esteban solicitó al juez federal Santiago Inchausti su excarcelación y ser considerado grupo de riesgo por sus 63 años de edad y enfermedades preexistentes en los términos de la declaración de pandemia del COVID-19. Al tomar vista de la solicitud, el fiscal general Daniel Adler -a cargo de la Fiscalía Federal N°2- se expresó en sentido opuesto, puso de relieve la gravedad de los hechos, advirtió sobre el riesgo de fuga y sostuvo: “No debe entenderse, de ningún modo, que la pandemia que afecta a la humanidad resulte un pasaporte a la impunidad de aquellas personas imputadas de gravísimos crímenes”. En esta línea, el magistrado resolvió rechazar el pedido de excarcelación y reparó que en el marco de un incidente de la causa ya se solicitó a las autoridades del penal un informe de su estado de salud, que se determine si el acusado puede ser considerado paciente de riesgo y si puede ser asistido por los médicos de ese complejo.

Esteban está procesado en dos causas que tramitan en la Justicia Federal de Mar del Plata: en una de ellas –que ya fue elevada a juicio- se incautaron en agosto de 2015 casi tres toneladas de marihuana en un camión que tenía como destino esa ciudad. Allí está imputado por el delito de falsedad ideológica documental y transporte de estupefacientes agravado. Ahora, la nueva pesquisa lo tiene procesado desde hace un año por el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una banda.

Riesgos procesales

“Se trata, en opinión de este Ministerio Público Fiscal, del líder de una organización criminal que traficaba ilícitamente grandes cantidad de estupefacientes y la ganancia ilícita de esas acciones eran volcadas a la adquisición de vehículos”, sostuvo Adler al dar cuenta de la gravedad de los hechos que lo tuvieron como protagonista.

Al analizar el riesgo de fuga, aún con las disposiciones contenidas en los artículos 210, 221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal Federal, tanto el fiscal como el juez consideraron que se encuentra acreditada la existencia de riesgos procesales.

“Se trata de hechos gravísimos no sólo por la calificación legal sino por sus propias características. A Esteban se lo acusa de liderar un grupo de personas que traficó casi tres toneladas de marihuana, y que se dedicaba con las ganancias de actividades similares a la compraventa de rodados. Una estructura delictiva compleja típica del crimen organizado”, graficó el representante del MPF.

Los delitos imputados prevén una escala penal que oscila entre los seis años y los trece años y cuatro meses de prisión, “por lo que la pena que podría corresponderle no sería susceptible de ejecución condicional, lo cual torna al peligro de fuga y al consecuente entorpecimiento del avance del proceso”, reparó Inchausti. “Dichas circunstancias, sumadas a la envergadura de la organización investigada y al poderío económico que poseen sus integrantes, me conducen al rechazo de excarcelación”, sostuvo.

Y a esto sumó –en línea con lo expuesto por la Fiscalía- que “Coco” Esteban se ocultó de la Justicia durante dos años y cinco meses. Se había ido a Entre Ríos con su familia para comercializar automotores de manera informal, hasta que fue detenido el 8 de febrero de 2019 cuando salía de su vivienda situada sobre la calle Boulevard Daneri en Gualeguaychú, donde circulaba con un DNI que no reflejaba su verdadera identidad.

Al analizar la supuesta situación de salud que debería atenderse fuera del sistema penitenciario, Adler comprendió: que "la defensa no explica de qué modo el imputado va a recibir la misma atención médica que la que detenta en la unidad, sin implicar traslados fuera del domicilio o que lo expongan a situaciones de riesgo de contagio de las que hoy se intenta proteger a través de esta medida. Reiteramos que no se han reportado casos de situaciones sospechosas de contagio intramuros y sí existen casos de contagios y fallecimientos en la ciudad de Mar del Plata y otras ciudades del país”.

“Tanto el Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidades como el Comité contra la Tortura a nivel local, han realizado una serie de recomendaciones para mitigar el impacto que puede tener en las poblaciones carcelarias el COVID 19, pero de ningún modo concluyen en que ello deba llevar a la automática aplicación de medidas que pongan en riesgo la aplicación de la ley penal ante riesgo de fuga, lo cual se daría en este caso de excarcelarse al encausado o morigerar la prisión preventiva”, apuntó.

Agentes federales de la División Antidrogas Mar del Plata detuvieron a dos personas y decomisaron una plantación de marihuana, tras un procedimiento realizado en el barrio Punta Mogotes, en el marco del refuerzo de controles dispuesto por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Las diversas tareas de campo llevadas a cabo por los efectivos policiales durante varios días, permitieron documentar que en los fondos del domicilio ubicado en la calle Benito Lynch al 6100, se cultivaba marihuana y se comercializaban estupefacientes al menudeo.

A raíz de ello, el Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Santiago Inchausti, ordenó el allanamiento de la vivienda, donde se detuvo a dos personas y se secuestraron cinco plantas de marihuana de gran tamaño, que arrojaron un peso aproximado de 22 kilogramos, 7 envoltorios de cocaína, 7 teléfonos celulares, 17.920 pesos en efectivo producto de la venta de la droga y demás elementos de interés para la causa.

Los aprehendidos, un hombre y una mujer argentinos de 43 y 23 años de edad respectivamente, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.