La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de 42 personas acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico y ordenó que la causa sea elevada a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, al hacer lugar al planteo del fiscal general subrogante Carlos Fioriti.

La resolución dejó sin efecto lo dispuesto en mayo de 2025 por el ex magistrado Martín Poderti, quien había considerado prescripta la acción penal al interpretar las maniobras como hechos independientes y aplicar una figura atenuada del delito.

El fallo de Casación, firmado por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, sostuvo en cambio que los hechos deben analizarse de manera integral, en tanto los imputados habrían actuado como parte de una organización criminal dedicada a operaciones continuadas de lavado.

La investigación tiene su origen en causas por narcotráfico en las que fueron condenados Juan Manuel Mariscal, a 7 años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, y Hugo “Coco” Esteban, quien recibió una pena de 13 años por intentar trasladar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata.

A partir de esos expedientes, se abrió una investigación paralela sobre el financiamiento de las operaciones. Un allanamiento permitió detectar un galpón con unos 30 vehículos -varios sin documentación- y vínculos entre los poseedores de esos bienes y los condenados por narcotráfico, lo que derivó en la hipótesis de lavado de activos.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían conformado una estructura integrada por familiares y allegados que, entre 2011 y 2019, adquirió bienes con dinero de origen ilícito para luego introducirlos en el mercado mediante operaciones de compraventa, muchas veces utilizando documentación falsa o domicilios inexistentes.

El planteo fiscal sostiene que las maniobras deben ser consideradas en conjunto, ya que la reiteración de operaciones permitiría superar el umbral de 150 salarios mínimos previsto en el artículo 303 del Código Penal para configurar el delito de lavado con pena de prisión.

En esa línea, Fioriti afirmó que “las maniobras descriptas como lavado de activos no pueden ser valoradas de manera autónoma”, mientras que el fiscal general Raúl Omar Pleé advirtió que el fraccionamiento de los hechos llevó a una “irrazonable conclusión” sobre el monto total de las operaciones.

Además, la fiscalía argumentó que el lavado de activos constituye un delito permanente, cuya consumación se extiende en el tiempo hasta el cese de la actividad ilícita, por lo que la acción penal no se encontraría prescripta.

Al analizar el caso, Carbajo señaló que existió “un plan delictivo global, continuado y organizado”, y cuestionó que el fallo anterior se apartara de la base fáctica y de la letra de la ley. En tanto, Hornos destacó que el lavado es un delito que afecta no solo a individuos sino al orden socioeconómico y la confianza pública.

Finalmente, el tribunal concluyó que la resolución apelada no constituía un acto jurisdiccional válido, por lo que dispuso remitir el expediente para la realización del juicio oral, instancia en la que se debatirán las pruebas y la responsabilidad de los imputados.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

El gobierno mexicano realizo un operativo en Nayarit, sin heridos, con el objetivo de capturar a “El Jardinero”. Fue un trabajo coordinado entre las secretarias de Marina y Seguridad, la Fiscalía General de la Republica y agencias estadounidenses.

Para realizarlo tuvieron que utilizar sistemas de inteligencia,más de 500 efectivos, seis helicópteros y cuatro aeronaves. Según la secretaria de Marina Flores Silva fue encontrado en una cabaña con seguridad privada y vehículos. En el momento de la detención el jefe narco se encontraba escondido en los conductos del desagüe.

Luego de la captura se registraron incidentes en Nayarit: autos quemados y comercios prendidos fuego. No hubo heridos pero el gobierno méxicano recomendo a los ciudadanos quedarse en sus casas.

En paralelo se efectuaba otro operativo en Jalisco que derivó en la detención de César “N”, conocido en el cártel como “El güero conta”, y mano derecha de Flores Silva. Era el encargado de las finanzas del CJNG. Su procedimiento de lavado de dinero era a través de la compra furtiva de aeronaves, propiedades y embarcaciones.

Especialistas en seguridad señalan que se trata de un golpe importante para la estructura del grupo, aunque advierten que estas organizaciones suelen reconfigurarse rápidamente para sostener sus operaciones.

Fuente: Ámbito

En el marco de una investigación llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, se realizaron 24 órdenes de allanamiento en distintos puntos de Mar del Plata y el Partido de Mar Chiquita, donde se logró desarticular una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas 17 personas -11 hombres y 6 mujeres-, mientras que otras 4 fueron notificadas de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Durante los operativos se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, entre ellos más de 770 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada en dosis, más de 5,5 kilogramos de marihuana fraccionada y compactada, y más de 36 kilogramos de plantas de cannabis.

Además, se incautaron múltiples armas de fuego de distintos calibres -incluyendo pistolas y revólveres, varias con numeración suprimida-, junto a municiones de diverso tipo.

En cuanto a los bienes secuestrados, se contabilizaron un vehículo Volkswagen Gol, autopartes varias, 38 teléfonos celulares, 5 balanzas digitales, un inhibidor de señal, dispositivos electrónicos, indumentaria con insignias policiales, herramientas, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, 8 bicicletas y una suma de dinero en efectivo de $386.650.

Los procedimientos permitieron desarticular una organización vinculada a la comercialización de drogas y otras actividades delictivas conexas, mientras continúan las tareas investigativas para determinar la totalidad de los involucrados y sus responsabilidades penales.

Luego de semanas de tareas de inteligencia y vigilancia, la Policía bonaerense detuvo a Fabián Jesús Bravo, conocido como “El Gordo Pei”, señalado como uno de los narcotraficantes más buscados del norte del Conurbano. El operativo también permitió la captura de su pareja, Joana Giménez, con quien permanecía prófugo en una causa por homicidio agravado y amenazas con armas de fuego.

El procedimiento, denominado “Pei Gordo”, fue llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos en el marco de una causa a cargo de la UFI Nº 7 de San Martín. La pesquisa permitió desarticular una organización criminal con estructura jerárquica, dedicada al narcomenudeo y con fuerte control territorial basado en la violencia.

De acuerdo a los investigadores, la banda utilizaba plataformas digitales de difícil rastreo para coordinar sus movimientos y evitar ser detectada. Además, contaba con roles definidos para la administración de puntos de venta, la distribución y el almacenamiento de droga en distintos inmuebles.

El avance clave en la investigación se produjo el 1º de abril, cuando fue interceptado un vehículo en José León Suárez. En ese procedimiento detuvieron a un sobrino de Bravo, a quien le secuestraron un arma, droga, dinero en efectivo y un teléfono celular, lo que permitió profundizar el seguimiento sobre el entorno del prófugo.

Con esa información, los agentes lograron determinar que Bravo y su pareja se desplazaban por el oeste bonaerense, alquilando viviendas temporarias para evitar ser ubicados. Finalmente, fueron localizados en el barrio Martín Fierro, donde permanecían ocultos junto a sus hijos.

El operativo finalizó con un despliegue sorpresa: primero fue detenida la mujer cuando intentó escapar, y luego los efectivos ingresaron al domicilio y capturaron a “El Gordo Pei”, quien ofreció resistencia antes de ser reducido.

Tras las detenciones, la Justicia considera desarticulado el núcleo operativo de la banda, mientras continúa la investigación para dar con otros posibles integrantes de la organización.

Un hombre fue procesado en Mar del Plata por el juez de Garantías Santiago Inchausti, acusado de trata de personas y narcotráfico, al considerar que captó a dos jóvenes mediante engaños, los trasladó a la ciudad y los obligó a vender cocaína bajo condiciones de servidumbre.

La investigación, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación de Delitos Complejos, determinó que las víctimas habrían sido contactadas con una promesa de trabajo y vivienda. Sin embargo, al llegar, fueron obligadas a permanecer las 24 horas en una vivienda dedicada a la venta de estupefacientes.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el acusado planificó su traslado para utilizarlos como cara visible de un punto de venta. Durante los allanamientos, ambos jóvenes fueron encontrados con una balanza y 15 gramos de cocaína, mientras que los organizadores les proveían semanalmente la droga para su comercialización.

Desde la fiscalía, a cargo de Daniel Adler, remarcaron que existía “un control absoluto” sobre las víctimas, quienes estaban sometidas a un “contexto amenazante”, con apropiación total de su tiempo, ausencia de retribución real y severas restricciones a su libertad.

El procesamiento fue ampliado el 13 de enero de 2025, cuando el juez consideró acreditado el delito de trata de personas en sus modalidades de captación, traslado y acogimiento, agravado por la explotación, el engaño, las amenazas y el abuso de vulnerabilidad. Además, dispuso un embargo por 100 millones de pesos.

La causa se originó a fines de marzo de 2025, tras una serie de allanamientos que desarticularon la organización narcocriminal. En ese momento, la pareja de jóvenes había sido inicialmente considerada parte de la logística, pero nuevas pruebas permitieron advertir indicios de trata de personas.

A partir de ello, se abrió un legajo específico con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Coordinación Nacional de Rescate, que entrevistó a las víctimas. Ante la sospecha de explotación, se dispuso su liberación en abril de 2025.

La pesquisa estableció que el acusado y su entorno decidieron reemplazar a quienes operaban en un punto de venta “marcado” por la policía. Para ello, contactaron a una familiar de una menor vinculada al caso y ofrecieron a la pareja trasladarse a Mar del Plata, aprovechando su situación económica vulnerable.

De acuerdo con la investigación, la propuesta incluyó el pago de pasajes, alojamiento y manutención. Incluso, se les prometió que la joven sería madrina del hijo del imputado, lo que nunca se concretó. La pareja llegó a la ciudad a comienzos de marzo de 2025.

Para la fiscalía y el juez, quedó acreditada la captación mediante engaño, así como el acogimiento, ya que las víctimas residieron en una vivienda facilitada por el acusado, donde permanecieron bajo estricto control y dedicadas a la venta de droga.

“En ese contexto, las víctimas asumieron sin alternativa los riesgos de ser descubiertas durante el despliegue de la actividad ilegal, mientras que los victimarios se valieron justamente de su explotación para eludir aquel mismo riesgo a título personal, sin renunciar por ello a las ganancias reportadas por el delito. El derrotero incluyó una jornada interminable de disponibilidad pasiva absoluta para la venta 24 horas, cuasi nula retribución, retención e impago de ingresos, control absoluto de las víctimas con vulneración plena de su intimidad, restricciones a su libertad y amenazas”, sostuvo la fiscalía.

El fiscal Eyherabide explicó que “el empleo de las víctimas en actividades delictivas -incluido el tráfico de drogas- como finalidad trascendente de explotación para la configuración típica que se propone, encuentra recepción en el supuesto previsto por el inciso ‘b’ del artículo 2 de la Ley 26.842”.

Además, citó la definición de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo a) bajo la amenaza de una pena cualquiera y b) para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que visibilizar estas conductas permite comprender la dimensión de las organizaciones criminales y diferenciar claramente entre víctimas y victimarios dentro de las estructuras del narcotráfico.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

Personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó un megaoperativo contra el narcotráfico, con nueve allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Necochea y La Caleta (Partido de Mar Chiquita), que derivaron en la detención de tres hombres y el secuestro de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo, en el marco de una causa a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Santiago Inchausti y se realizaron a partir de una investigación que sigue el rastro de maniobras vinculadas al narcotráfico en Mar del Plata, con conexiones en Necochea.

La causa fue instruida por la Unidad Fiscal - Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos - Oficina de Narcocriminalidad, encabezada por el fiscal Santiago Eyherabide, junto a su auxiliar Hércules Giffi, quienes derivaron las actuaciones a la Autoridad Marítima Nacional.

En los operativos, llevados adelante por personal de las Prefecturas Mar del Plata y Quequén y de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte, se logró la detención de tres hombres argentinos, todos mayores de edad.

Durante los allanamientos se incautaron estupefacientes -entre ellos cocaína-, balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, cuatro automóviles, armas de fuego y municiones, además de otros elementos de interés para la causa como teléfonos celulares, notebooks y unidades de almacenamiento. El valor total de lo secuestrado supera los 47 millones de pesos.

Los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a dependencias de Prefectura en Mar del Plata y Quequén, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Federal interviniente.

Un grupo de alrededor de 20 personas armadas con cuchillos habría irrumpido este martes en un juzgado del Departamento Judicial San Martín, en un hecho que fue denunciado como una grave intimidación al Poder Judicial y que estaría vinculado a la reciente detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.

El episodio ocurrió al mediodía, en el edificio judicial ubicado en Pueyrredón y Cerrito, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del juez Nicolás Schiavo. Según trascendió, el grupo ingresó a la mesa de entradas y exigió la liberación de personas detenidas en una causa narco.

De acuerdo con un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el ataque habría sido una represalia directa por allanamientos realizados el 22 de enero, en los que se secuestraron armas de fuego, municiones y chalecos antibalas.

Desde el Colegio expresaron su “enérgico repudio y profunda preocupación” y advirtieron que el hecho expuso la falta de seguridad en los edificios judiciales, poniendo en riesgo a magistrados, trabajadores y ciudadanos. También señalaron la insuficiencia de recursos tras la desfederalización de los delitos de narcomenudeo.

Otras fuentes judiciales relativizaron la magnitud del episodio y señalaron que el grupo “fue a reclamar, golpeó la puerta y se retiró”, sin provocar destrozos ni heridos. Sin embargo, desde el ámbito judicial remarcaron que hubo amenazas de muerte y que los agresores aseguraron que regresarían.

Finalmente, el Colegio de Magistrados exhortó a los tres poderes del Estado a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y preservar el normal funcionamiento de la Justicia.

Fuente: Infobae

En la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, tres hombres y dos mujeres fueron detenidos durante un allanamiento que permitió desarticular una banda dedicada a la venta de drogas a menores de edad en las inmediaciones de una escuela.

La pesquisa comenzó varios meses atrás a partir de reiterados avisos recibidos por el Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal.

Según información, numerosos llamados alertaban sobre la presencia de una organización que comercializaba estupefacientes en la zona del centro escolar.

Ante las sospechas, el Ministerio Público Fiscal provincial dispuso la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuyos agentes iniciaron discretas tareas de inteligencia para identificar a los responsables y el punto de venta. El resultado fue un golpe a la estructura narco que operaba con una despensa como pantalla, a escasos metros de la escuela Padre Domingo Viera.

Operaban en las inmediaciones de una escuela

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda, ubicada en la intersección de Salta y San Juan, en el barrio Don Bosco de Alta Gracia.

Los efectivos irrumpieron en el inmueble y lograron aprehender a tres hombres de 33, 34 y 42 años, junto a dos mujeres de 27 y 28.

Durante el registro, los policías incautaron 179 dosis de cocaína, dos de marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos presuntamente ligados a la comercialización ilícita.

La investigación sacó a la luz el modo de operar de la banda. Los cinco imputados utilizaban la estructura de una despensa como fachada para cubrir la venta de estupefacientes. De acuerdo al parte oficial, la comercialización se desarrollaba a menos de 300 metros de una escuela, lo que facilitaba el acceso de menores a las sustancias.

El operativo estuvo a cargo de la FPA

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno imputó a los detenidos bajo la figura de comercialización de estupefacientes agravada, debido a la proximidad con la escuela y a la participación de menores como destinatarios de la venta.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará tomando declaraciones y ampliando las pericias sobre los elementos incautados.

A principios del mes pasado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno procedió a la imputación de los dos sospechosos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: Infobae.

Un importante operativo antidrogas se llevó adelante en el barrio San Martín, donde personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata ejecutó allanamientos en una vivienda ubicada en García Lorca, entre Roque Sáenz Peña y Esteban Echeverría. 

La intervención fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la jueza Rosa Frende, en el marco de una investigación dirigida por los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada en dosis listas para su comercialización, además de teléfonos celulares y dinero en cambio que se presume provenía de la actividad ilegal. Según confirmaron fuentes del caso, entre los detenidos se encontraban madre e hija, lo que sorprendió incluso a los investigadores.

La pesquisa había comenzado en julio, tras un oficio judicial de la fiscalía especializada. A partir de tareas encubiertas y vigilancias realizadas por personal de Drogas Ilícitas, se logró certificar que al menos un hombre y dos mujeres realizaban ventas de clorhidrato de cocaína desde la vivienda allanada, operando como un punto activo de comercialización barrial.

Como resultado, fue aprehendido un joven de 26 años que quedó alojado en la Unidad Penal 44, mientras que las mujeres detenidas, de 37 y 19 años, fueron trasladadas a la Alcaidía de la Unidad Penal 50. Los tres están imputados por el delito de Comercialización de Estupefacientes en el marco de la Ley 23.737.

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados a Tribunales para ser indagados. La causa continúa en trámite con nuevas medidas probatorias ordenadas por la fiscalía.

Una nueva encuesta de la consultora Atlas Intel, realizada sobre 6.526 casos en todo el país, reveló que el 68% de los argentinos considera “mala” la situación económica nacional, mientras que más de la mitad evalúa de manera negativa la gestión del Gobierno de Javier Milei, que alcanzó su nivel de desaprobación más alto desde el inicio de su mandato.

El estudio, realizado entre el 10 y 15 de octubre en coordinación con Bloomberg, refleja un fuerte malestar social en la antesala de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo, donde la economía y la corrupción aparecen como las principales preocupaciones de la ciudadanía.

De acuerdo con los resultados del sondeo, la evaluación negativa del Gobierno se acrecenta de manera sostenida desde mayo de este mismo año, y alcanzó el 55,7%, con una caída de cinco puntos en la imagen positiva de la administración libertaria, que ahora se ubica en torno al 42%.

En tanto, un 51,8% de los encuestados calificó la gestión de Milei como “mala o muy mala”, mientras que apenas el 29,5% la evaluó como “buena o excelente”. Los datos muestran una brecha significativa entre quienes mantienen su apoyo al oficialismo y quienes expresan un creciente descontento, particularmente en los sectores medios y bajos, más golpeados por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Es preciso mencionar que la encuesta también indagó sobre la percepción económica familiar, un indicador clave para medir el humor social. A la pregunta sobre cómo evalúan su situación económica actual, el 51% respondió que es mala, cifra que se eleva a 68% cuando se consulta por la economía del país en general.

Además, siete de cada diez argentinos consideran que el mercado laboral está en mal estado, lo que refleja la dificultad para conseguir empleo formal y la precarización del trabajo en amplios sectores. Según Atlas Intel, “estos datos evidencian que el discurso de control de la inflación no alcanza para mejorar la percepción sobre la economía si no hay una mejora real en los ingresos”.

Entre los principales problemas que preocupan a los argentinos, la encuesta descubrió que la corrupción encabeza la lista con el 51%, luego de un aumento sostenido desde septiembre. Le siguen el desempleo, con el 33%, y la inflación, con el 31%, pese a que el Gobierno la presenta como una de sus banderas de gestión.

Los resultados sugieren que, aunque el ritmo de aumento de precios se haya moderado en términos macroeconómicos, la población siente que su poder de compra se deteriora. Atlas Intel advierte que “la percepción de corrupción y el deterioro económico actúan como un doble factor de desgaste para el Gobierno”.

Otro dato llamativo del sondeo es el crecimiento de la preocupación por el narcotráfico, que pasó del 10% en septiembre al 16,1% en octubre. Los analistas atribuyen el incremento a dos hechos recientes: el caso que vinculó al diputado José Luis Espert con presunto financiamiento narco, motivo por el cual presentó su renuncia a la candidatura por la provincia de Buenos Aires, y el triple femicidio en el que el autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, estaría ligado a una red de narcotráfico.

La encuesta exploró las expectativas sociales y políticas: un 34% de los encuestados consideró probable que en los próximos meses se produzcan huelgas o protestas masivas, lo que evidencia un creciente temor a la conflictividad social con el Gobierno de Milei.

Además, de acuerdo a las observaciones de los investigadores, la percepción de un escenario de tensión entre la población y el Gobierno nacional de La Libertad Avanza se relaciona con los ajustes económicos, la caída del consumo y el descontento de amplios sectores laborales frente a la política salarial.

Al mismo tiempo, la encuesta incluyó un capítulo sobre la opinión pública respecto de la inmigración. En este ítem, solo el 28,1% de los argentinos consideró que la llegada de extranjeros es un problema importante, mientras que el 34,2% lo ve como un tema de poca relevancia y el 32,6% directamente no lo considera un problema.

No obstante, más de la mitad de los consultados percibe que la inmigración aumentó en la última década, y frente a la llegada de venezolanos, el 46,5% cree que Argentina debería recibirlos, mientras que el 24,6% se opone y el 28,9% no tiene una posición definida.

En el plano político, el sondeo muestra variaciones en la imagen de los principales dirigentes. Es que, el gobernador bonaerense Axel Kicillof registró una mejora de 14 puntos desde mayo y alcanzó un 40% de imagen positiva en octubre, lo que lo posiciona como uno de los opositores con mejor percepción pública. Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner mantiene una imagen negativa del 57%, frente a un 36% de positiva, sin cambios significativos respecto de mediciones anteriores.

Finalmente, los datos de la encuesta de Atlas Intel consolidan una tendencia clara: la preocupación económica y la pérdida de confianza en la gestión nacional dominan el panorama político y social de cara a las elecciones legislativas. La combinación de desaprobación gubernamental, inflación persistente, y percepción de corrupción y narcotráfico configura un escenario complejo para Milei, que deberá enfrentar los comicios de medio término con una opinión pública mayoritariamente crítica del rumbo económico y social del país.

Fuente: Diputados bonaerenses

Las autoridades de la provincia de Córdoba ejecutaron un amplio operativo antidrogas que derivó en la detención de una pareja de 44 años, acusada de comercializar estupefacientes bajo la modalidad delivery.

El procedimiento, coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y en cumplimiento de directivas del Ministerio Público Fiscal, incluyó tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio 1° de Julio, de la capital provincial, donde se logró el secuestro de una importante cantidad de drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El despliegue policial se desarrolló sobre Camino El Quebrachal s/n, un punto señalado en investigaciones previas como epicentro de actividades ilícitas. Según confirmó la FPA, en total se incautaron 1.255 dosis de marihuana y 121 de cocaína, además de un arma de fuego, $876.000 en efectivo y varios elementos vinculados a la causa, entre ellos envoltorios, teléfonos celulares y utensilios de fraccionamiento.

Los detenidos utilizaban canales de comunicación privada para coordinar la entrega de las sustancias prohibidas. De hecho, pudieron establecer que operaban najo la modalidad delivery como principal estrategia de venta. Coordinaban puntos específicos de encuentro con sus clientes e intentaban evadir controles ajustando la frecuencia y ubicación de las entregas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.

Tras concluir el procedimiento, la pareja detenida fue trasladada a la sede judicial correspondiente y se puso a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que pena la tenencia y comercialización ilegal de sustancias prohibidas.

La FPA destacó que la investigación seguirá abierta para identificar conexiones de la banda y posibles ramificaciones en otros puntos de la ciudad. El arma y todos los elementos secuestrados serán sometidos a los peritajes correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer el circuito de venta y el flujo de dinero producto del delito.

Fuente: Infobae

El empresario Federico “Fred” Machado fue detenido este martes por la tarde en su vivienda de Viedma por efectivos de la Policía Federal Argentina, en el marco del operativo que busca concretar su extradición a los Estados Unidos, donde deberá enfrentar un juicio por narcotráfico y fraude.

El procedimiento se realizó pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de extradición solicitado por la justicia norteamericana.

Según confirmaron fuentes policiales, los agentes ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que conecta la capital rionegrina con el balneario El Cóndor, y procedieron a su arresto y posterior traslado al juzgado.

“Estoy en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la Policía Federal, nos pidió que nos retiráramos y ahora están adentro. Lo van a detener y trasladar al juzgado”, relató  una periodista que se encontraba en el lugar.

La detención de Machado era inminente luego de que, durante la jornada, el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos presentados por su defensa y ratificara la resolución del Juzgado Federal de Neuquén, que había concedido su extradición para ser juzgado en Estados Unidos por cinco cargos, entre ellos, asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.

El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 1732 del río Paraná, en la zona conocida como Mbopicuá, cuando personal de la fuerza detectó el cruce de un bote a remos proveniente de la costa paraguaya, cargado con varios bultos.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron la embarcación embicada en la ribera y en su interior numerosos paquetes rectangulares. Durante un rastrillaje en la zona también se encontraron más bultos ocultos entre la vegetación.

En total, se secuestraron 14 bultos que contenían sustancias ilícitas, con un peso superior a los 332 kilogramos. El valor de la carga fue estimado en más de 1.258 millones de pesos.

Interviene en la investigación la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la doctora Viviana Alejandra Vallejos, quien dispuso el secuestro de la droga, del bote utilizado para el cruce y el labrado de las actuaciones judiciales correspondientes.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciará este martes los resultados del Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización dedicada al narcotráfico y que intentaba ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

El operativo se desarrolló en coordinación con la Policía Federal Argentina, la Policía Nacional de España y autoridades de Perú. Como resultado, se concretaron varias detenciones en territorio argentino y en la Península Ibérica, golpeando a una red transnacional que operaba en distintos puntos de la región.

Bullrich brindará detalles en una conferencia de prensa desde la sede del Ministerio de Seguridad, ubicada en Gelly y Obes 2289, en la Ciudad de Buenos Aires. Estará acompañada por el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle, y por representantes de las fuerzas de seguridad de España y Perú.

Según adelantaron fuentes oficiales, la organización utilizaba rutas marítimas y aéreas para trasladar la droga, que tenía como destino final distintos países europeos. La coordinación internacional fue clave para interceptar los cargamentos e identificar a los responsables logísticos.

El operativo se enmarca en la estrategia de cooperación internacional impulsada por el Gobierno argentino contra el crimen organizado. “Es una señal clara de que cuando los países trabajan juntos, las organizaciones criminales no tienen fronteras seguras”, señalaron desde Seguridad.

La presentación oficial del procedimiento será este martes al mediodía y se espera que allí se revelen más detalles sobre los detenidos y los vínculos de la red desarticulada.

Fuentes: NA

El logo del delfín está asociado a Reynaldo Delfín Castedo, conocido como el “Patrón del Norte”. Dueño de más de 20 mil hectáreas en la frontera salteña con Bolivia, construyó desde los años 90 una estructura que controlaba el paso de la cocaína desde Santa Cruz de la Sierra hasta Rosario, Buenos Aires y los puertos de salida a Europa.

La Justicia lo condenó a 16 años de prisión por asociación ilícita y lavado de dinero, en un fallo histórico porque nunca se le secuestró droga en mano. Sin embargo, su poder económico y político, con ramificaciones en el agro, la política y la policía, dejó una red difícil de desarticular.

Los ladrillos con el relieve del delfín se convirtieron en su marca registrada: una garantía de pureza y un sello de pertenencia en un mercado donde los logos son sinónimo de control territorial.

El clan Castedo, que desde los años 90 controló miles de hectáreas en la frontera salteña con Bolivia,  convirtió sus estancias en un corredor clave para el tráfico de cocaína. La violencia con la que se manejaban quedó expuesta en 2006 con el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, quien denunció que el grupo había cerrado caminos vecinales para usarlos en sus operaciones. 

Tres días después apareció muerta con puñaladas y cortes en la boca, un mensaje mafioso de “silencio”. Años más tarde, la Justicia acreditó que Castedo también había participado en el operativo Carbón Blanco, responsable de enviar más de 10 toneladas de cocaína a Europa camufladas en cargamentos de carbón vegetal.

Aunque Reynaldo Delfín Castedo fue condenado en 2021  la marca del delfín sobrevivió. En distintos operativos en Rosario, Santiago del Estero y Buenos Aires volvieron a aparecer ladrillos con ese relieve. 

En el ecosistema narco, el logo funciona como una etiqueta de lujo: certifica el origen, la pureza y el prestigio.

Los fiscales federales sostienen que el logo actúa como una “firma criminal” que identifica cargamentos ligados a redes históricas del norte. Aunque algunos operativos muestran herederos directos de la estructura Castedo, otros sugieren que bandas locales adoptan el sello para aprovechar su reputación en el mercado.

La irrupción de un ladrillo con el delfín en Mar del Plata, en el caso de El Musulmán, es la  evidencia reciente de esa marca en la ciudad. Vincula a un influencer que se presentaba como gurú del “desarrollo personal” con una de las rutas más pesadas del narcotráfico regional.

Expertos en narcóticos sostienen que la detención de Casteldo no hizo que su firma se borre del país: “Cada delfín que aparece en un operativo es un recordatorio de que esta red nunca desapareció. Solo mutó y se adaptó” sostienen.

Fuentes consultadas: Infobae, Argentina.gov.ar, La Nación

“El Musulman” fue arrestado en las últimas horas acusado de comercializar cocaína compactada con el sello del delfín, emblema de las organizaciones narco. 

Según la investigación, utilizaba como pantalla una panadería en el barrio Pueyrredón mientras concretaba entregas a bordo de una camioneta Amarok, coordinadas a través de WhatsApp y Telegram.

En uno de los seguimientos, la policía interceptó a un comprador en el centro y poco después detuvo al influencer frente al acceso de un shopping, ante la sorpresa de los transeúntes. 

En el vehículo hallaron envoltorios con cocaína y una balanza de precisión. En su casa, además, secuestraron un ladrillo de estupefaciente intacto con la marca distintiva del delfín.

Su primera publicación en Instagram data de mayo de 2020: una foto vestido con túnica, un reloj de oro y un desayuno en un hotel de lujo, con la frase: “comencé a vivir la vida de mis sueños”. Desde entonces, su perfil se basó en mostrar autos importados, charlas motivacionales y frases sobre levantarse a las 5 de la mañana para ser millonario.

En YouTube acumulaba 159 mil suscriptores, con un solo video de tres millones de reproducciones y comentarios desactivados, práctica habitual entre quienes inflan estadísticas con bots.

 En X, con 17 mil seguidores, mezclaba mensajes pro-palestinos con apoyo al gobierno libertario de Javier Milei, una contradicción que también alimentaba su personaje público.

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“El Musulmán” formaba parte de una tendencia creciente en redes: los “gurúes del desarrollo personal” que venden la idea de éxito inmediato y riqueza al estilo Lobo de Wall Street. En muchos casos, esa narrativa se apoya en trasfondos oscuros: estafas piramidales, fraudes financieros o, como ahora quedó expuesto, narcotráfico.

Su caída pone bajo la lupa a esta contracultura digital que pregona fórmulas mágicas para “ser tu mejor versión”, pero que muchas veces esconde negocios ilegales detrás de las imágenes saturadas y los likes.

La detención de Lean Colella revela el choque entre lo que muestran las redes y la vida real. Lo que parecía un modelo de éxito era, en realidad, un entramado delictivo. El caso obliga a mirar con escepticismo a estos influencers del coaching materialista y a preguntarse: ¿cuántas de esas fortunas repentinas se construyen de manera legal?

Este martes 2 de septiembre se inicia en el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín el juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, sus hijos Iván Gabriel y Luca Nahuel Baigorria, y otros 24 acusados por la venta de cocaína adulterada con carfentanilo, que en febrero de 2022 dejó 24 fallecidos en Puerta 8, partido de San Martín.

Si bien la masacre fue atribuida a esa organización narcocriminal, los imputados no serán juzgados por las muertes sino por la comercialización de la droga contaminada y las intoxicaciones, ya que la jueza federal Alicia Vence determinó que no hubo intención homicida.

Villalba, que reconoció haber ordenado desde prisión el retiro de la sustancia adulterada tras conocerse los decesos, será la figura central del debate. Se prevé la declaración de más de 300 testigos, entre ellos familiares de las víctimas y sobrevivientes que lograron ser asistidos a tiempo.

El fiscal Carlos Cearras está a cargo de la acusación, mientras que el tribunal estará integrado por los jueces María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Antonio Venditti.

El caso Puerta 8 conmocionó al país cuando decenas de personas comenzaron a ingresar a hospitales de la zona con cuadros de sobredosis masiva. Las pericias confirmaron que el carfentanilo, un opioide 100 veces más potente que el fentanilo, fue usado como sustancia de corte en la cocaína distribuida en el conurbano bonaerense.

La expectativa del juicio es alta, no solo por el peso de los acusados, sino porque podría aportar claves sobre la ruta del carfentanilo y el alcance del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Noticias Argentinas

Un hombre fue detenido luego de filmar a su hijo de 9 años fumando marihuana y difundir el video entre sus allegados. La difusión de esas imágenes derivó en un allanamiento policial que terminó con su arresto por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

El detenido, de 44 años y conocido en el barrio como “El Tranza de Parque Barón”, tenía un arsenal y elementos de fraccionamiento de droga en su domicilio. En el operativo se incautaron cocaína, marihuana, un revólver calibre .32, una pistola calibre .22, armas de utilería, 26 municiones, chalecos antibalas y un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°14 de Lomas de Zamora, dirigida por el fiscal Esteban Berriel, quien ordenó el procedimiento tras las pruebas reunidas.

El caso sumó otra arista al confirmarse que en el video aparecía el hijo del acusado, lo que motivó que la Justicia dispusiera medidas urgentes de protección tanto para ese niño como para su hermano, poniéndolos bajo resguardo de organismos especializados en niñez.

El material fílmico, que el propio detenido hizo circular por WhatsApp, se convirtió en la evidencia principal de una trama de violencia, narcotráfico y exposición de menores en un contexto de alto riesgo.

Fuente: Dib

El descubrimiento fue reportado por automovilistas y confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, que inició una investigación para identificar a las víctimas y dar con los responsables.

Las cabezas, que pertenecen a seis hombres, estaban acompañadas por un mensaje intimidante firmado por un grupo criminal conocido como La Barredora. Según trascendió, la organización estaría vinculada a disputas entre bandas dedicadas al robo de gas, una actividad ilegal en crecimiento en la región.

La violencia de este hecho sacudió a la zona, ya que tanto Puebla como Tlaxcala no suelen registrar escenas de este nivel de brutalidad, más frecuentes en estados del norte y del Pacífico donde operan los grandes cárteles. En los últimos meses, sin embargo, ya se habían reportado cadáveres en la frontera entre ambos estados.

El antecedente más reciente de violencia masiva ocurrió el 30 de junio en Sinaloa, cuando se hallaron 20 cuerpos, cinco de ellos decapitados, en una carretera. Otro episodio similar se había registrado en marzo de 2022 en Guerrero, con seis cabezas abandonadas en un auto en plena avenida principal.

Por estas horas, peritos forenses trabajan en el lugar para identificar a las víctimas y confirmar la autoría del crimen. Mientras tanto, la población local permanece en alerta, temiendo una escalada de violencia en una región que hasta ahora se mantenía al margen de los horrores narcos.

La fiscalía adelantó que reforzará la presencia de seguridad en la zona y coordinará tareas con fuerzas federales para contener la situación y evitar nuevos ataques.

Fuente: TN

Tras varios meses de investigación, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desbaratar una organización narco que operaba desde el barrio Villa Curita, en José León Suárez, partido de San Martín, liderada por una mujer identificada como Laura M. G., alias “La Gorda Laura”. 

El operativo incluyó veinte allanamientos simultáneos y contó con la intervención del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, y la Secretaría N° 6 de Juan Ignacio Furia.

La red criminal tenía como principal pantalla la Planta Recicladora de Residuos “Firmes al pie de la montaña”, ubicada dentro del predio del CEAMSE. También utilizaba otros dos establecimientos, presentados como recicladoras, un comedor comunitario y un corralón de materiales. Desde allí se coordinaban las actividades ilícitas y se alquilaban inmuebles a personas de confianza para acopio y distribución de estupefacientes.

Durante la investigación, iniciada en noviembre de 2024, se intervinieron cinco líneas telefónicas y se detectaron maniobras para encubrir la venta de droga bajo la supuesta comercialización de artículos de higiene o alimentos. Asimismo, se identificó a J. J. A. P., alias “Pelado”, como uno de los compradores mayoristas, con domicilios en San Martín y Morón.

El operativo culminó con la detención de ocho integrantes, incluyendo a “La Gorda Laura”, sus dos hijas y su yerno, además de la aprehensión de veinte mayores y dos menores. Entre los elementos secuestrados figuran 2.853 dosis de cocaína (1,2 kilos), 341 gramos de marihuana, dos pistolas 9 mm, una con numeración suprimida, un revólver calibre .38, 115 municiones, 25 teléfonos celulares, 20 automóviles, tres motos y autopartes con pedido de secuestro, además de unos 900 mil pesos.

Con esta acción, las autoridades aseguraron haber asestado un golpe significativo a la logística, distribución y estructura financiera de la banda, afectando de manera directa la operación territorial del narcotráfico en el partido de San Martín.

Fuente: Dib