El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones del Estado para obras, bienes y servicios, con el objetivo de impedir la participación de empresas asociadas a prácticas corruptas. 

A partir de los cambios, quedarán excluidas de los procesos de contratación aquellas firmas que registren “conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas”. En ese marco, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en los listados de empresas inhabilitadas elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde el Ejecutivo remarcaron que la contratación pública debe desarrollarse bajo criterios de “integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”, y señalaron que hasta ahora no existían mecanismos sistemáticos para corroborar esas listas internacionales al momento de adjudicar contratos.

El decreto sostiene que la corrupción “deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta la calidad de los servicios que presta el Estado y conduce al uso ineficiente de los recursos”, con impacto directo sobre el crecimiento y el desarrollo económico del país.

Además, el texto subraya que el Estado argentino debe adoptar medidas administrativas, civiles o penales para prevenir y sancionar el cohecho, incluyendo la exclusión o inhabilitación de empresas en procedimientos de selección para contratos públicos.

La decisión se inscribe en la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei, que combina un endurecimiento de las reglas de contratación con el avance de privatizaciones y concesiones en sectores clave de la infraestructura y los servicios públicos durante el inicio de 2026.

Fuente: TN

El Gobierno nacional oficializó este jueves el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), una iniciativa que busca entregar a operadores privados la construcción, administración y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas. La medida quedó habilitada mediante la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según precisaron fuentes oficiales, esta nueva fase marca un quiebre con el modelo anterior al eliminar completamente los subsidios estatales. El Ejecutivo sostiene que el sistema vigente era deficitario y que el esquema de concesión permitirá mejorar el estado de los corredores sin comprometer fondos públicos. Los ingresos dependerán exclusivamente de la eficiencia operativa de los concesionarios.

La Etapa II se divide en dos grandes bloques: el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur y el Tramo Pampa. El primero abarca 1.325 kilómetros, incluyendo las Rutas Nacionales 3, 205 y 226, y accesos estratégicos como la Autopista Riccheri y la Ezeiza–Cañuelas. En tanto, el Tramo Pampa comprende 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5, desde Luján hasta Santa Rosa, un corredor clave para la producción agrícola.

La iniciativa se complementa con la Etapa I de la RFC, adjudicada este miércoles, que asignó operadores para los Tramos Oriental y Conexión, sumando otros 741 kilómetros bajo gestión privada. El Gobierno busca así avanzar hacia un sistema integral de concesiones que cubra progresivamente toda la red de rutas nacionales con alto flujo logístico y turístico.

La fiscalización de los contratos quedará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El organismo seguirá siendo la autoridad de aplicación encargada de supervisar estándares de seguridad, mantenimiento y cumplimiento de obras, en un marco que redefine la relación entre el Estado y la infraestructura vial del país.

Fuente: NA

El Gobierno nacional decidió postergar hasta después de las elecciones presidenciales la licitación para privatizar cuatro represas hidroeléctricas clave de la cuenca del Comahue, que juntas representan el 15% de la generación eléctrica del país. La apertura de ofertas, prevista originalmente para este jueves, se reprogramó para el 7 de noviembre, según una resolución oficial.

La postergación, explicaron desde el Ejecutivo, apunta a “promover una mayor participación de oferentes y garantizar propuestas más convenientes que maximicen los ingresos del Estado nacional”. Se trata de la segunda licitación internacional del plan de privatizaciones de Javier Milei, luego del llamado a concesión de la Ruta del Mercosur.

Las represas involucradas son Alicurá (operada por AES Argentina), El Chocón y Arroyito (Enel), Piedra del Águila (Central Puerto) y Cerros Colorados (Orazul). Las concesiones originales finalizaron en agosto de 2023, tras 30 años de explotación, y desde entonces se fueron prorrogando mediante decretos. La última extensión garantiza que las empresas seguirán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete el traspaso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que el Estado podría recaudar unos US$500 millones con la adjudicación de estas centrales, aunque en el sector energético creen que ese monto podría superarse, dado el valor estratégico de las instalaciones.

La decisión de aplazar la licitación hasta después de los comicios también tiene una lectura política: evitar ruido electoral y dar tiempo a más competidores internacionales para evaluar su participación. Con esta jugada, el oficialismo busca reforzar su narrativa de desregulación y apertura del mercado, sin arriesgar el proceso en medio de la campaña.

Fuente: TN

La apertura de los sobres para la licitación de la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, un trayecto de casi 700 kilómetros, se realizó hoy y se presentaron siete ofertas, según anunció el Gobierno.

"Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales. Las mismas abarcan 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes", detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X.

Y agregó: "Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado".

Las ofertas fueron presentadas por Autovía Construcciones y Servicios S.A.; Coyserv S.A.; Obring S.A.; Rovella Carranza S.A.; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos S.A.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó desde Washington donde encabeza las negociaciones para la ayuda financiera de los Estados Unidos: "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", escribió.

"Esto genera ahorro al Tesoro Nacional. Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje", sostuvo.

La denominada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril pasado, luego del vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay, y se trata de un corredor clave para el comercio internacional.

La apertura del concurso se hizo a principios de junio y el Gobierno cambió dos veces la fecha de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto, luego pasó al 8 de septiembre y finalmente fue fijada para hoy.

Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.

Fuente: Noticias Argentinas

El objetivo es dar respuesta al freno de obras provocado por el recorte de fondos del Gobierno de Javier Milei, situación que, según advirtió, “ya genera accidentes, pérdidas económicas y afecta el bienestar de los bonaerenses”.

En conferencia de prensa, acompañado por Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Pablo López (Economía), Kicillof remarcó que la parálisis de los trabajos adquirió una “dimensión crítica” y que se necesitan herramientas legales para que la Provincia pueda rescindir, recuperar o continuar obras abandonadas. También reclamó autorización para profundizar los planteos judiciales contra la Nación por fondos adeudados.

El mandatario advirtió que la deuda del Gobierno nacional con Buenos Aires asciende a más de $12 billones, “equivalente a diez meses de recaudación provincial”, y acusó a Milei de llevar adelante “un plan de desvío de fondos y de ilegalidad”. Además, recordó que ya realizaron cinco presentaciones ante la Corte Suprema para exigir el reintegro de partidas.

Katopodis, por su parte, aseguró que el Ejecutivo bonaerense sostuvo con recursos propios obras en universidades, rutas y proyectos hidráulicos, aunque calificó de “grave e irresponsable” el freno de Nación: “Hace más de 600 días que Milei no construye un solo kilómetro de ruta”, señaló.

Entre los trabajos paralizados se encuentran la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y obras clave en Bahía Blanca. Para Kicillof, se trata de una situación “poco inteligente” que impacta de lleno en la vida de los bonaerenses.

Finalmente, el Gobernador volvió a pedir una reunión con Milei para discutir el estado de la infraestructura y advirtió que, de persistir la negativa, la Provincia avanzará para asumir directamente la ejecución de las obras.

Fuente: Dib

El reclamo se reavivó tras una audiencia pública convocada por Vialidad Nacional, donde se confirmó de manera informal que no habrá obras estructurales al menos por cinco años. En su lugar, se mantendrán trabajos menores de bacheo, señalización y mantenimiento básico.

“Nos dijeron que no va a haber ruta, solo mantenimiento. Cinco años más sin obras”, afirmó Fernando Sottile, uno de los referentes del movimiento vecinal.

Además de la paralización de la autovía, preocupa la posible instalación de peajes en tramos donde aún no se han realizado mejoras. “No vamos a permitir que los vecinos de Cacharí tengan que pagar peaje para venir al hospital o a la escuela en Azul”, advirtió Mario Ibarra, quien también pidió trasladar el cobro previsto en Azul a un tramo más alejado.

Los vecinos también denunciaron la falta de seguridad vial en los accesos a la ciudad, con escasa iluminación, nula señalización y la ausencia de soluciones concretas como rotondas o desvíos claros.

Pese a que en los últimos meses se habrían flexibilizado algunas restricciones para que los municipios puedan intervenir con fondos propios, los reclamos apuntan a la inacción persistente del Estado nacional y la ausencia de planificación.

La jornada del sábado busca articular un reclamo colectivo junto a otras localidades afectadas, como Las Flores, Monte, Cacharí y Chillar, bajo una consigna clara: visibilizar el deterioro del corredor y exigir obras urgentes.

Fuente: Dib

El presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Castellano, advirtió sobre la crítica situación de la obra pública en la provincia, afectada por la decisión del Gobierno nacional de suspender el financiamiento. Y señaló que esta paralización, que impacta tanto en el conurbano como en zonas rurales, responde a “una decisión política” y no a problemas de gestión, como ocurría en el pasado.

Castellano precisó que los municipios enfrentan limitaciones presupuestarias que restringen sus obras a proyectos menores, mientras que obras de envergadura, como la repavimentación de la Ruta 4, son sostenidas por la Provincia. En contraste, “las obras con financiamiento nacional están completamente paralizadas”, apuntó.

El ingeniero ejemplificó con el puente sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento en Haedo, una obra clave de conectividad que estuvo detenida y ahora muestra signos de reactivación, aunque con incertidumbre sobre su financiamiento. También alertó sobre el impacto en zonas rurales: “La falta de mantenimiento de caminos afecta la producción y el arraigo en el campo”. Citó el caso del municipio de Las Flores, con más de 1000 kilómetros de caminos rurales, donde los intendentes enfrentan serias dificultades para garantizar accesibilidad.

En cuanto al rol del Colegio de Ingenieros, Castellano subrayó un cambio de paradigma: “La obra pública era la principal fuente de trabajo para nuestros matriculados. Hoy hay más proyectos privados, como barrios cerrados, que esperemos se concreten”. La institución busca modernizarse, ampliar su presencia técnica y convertirse en ente certificador.

Tras destacar el éxito del reciente Congreso sobre Cambio Climático y Gestión Hídrica en Mar del Plata, anticipó la organización del Congreso de Energía para el 30 y 31 de octubre, también en la ciudad.

Sobre casos específicos, Castellano señaló avances en la Ruta 4, pero reclamó mayor coherencia en la planificación, recordando intervenciones pasadas del Colegio que evitaron problemas hidráulicos. También mencionó obras paralizadas, como el bajo nivel de la calle Arturo Illia en San Justo, detenido por cuestiones legales y financieras. Respecto a los túneles urbanos que se inundan en partidos como Lomas de Zamora o La Matanza, explicó que requieren mantenimiento constante de sistemas electromecánicos para evitar acumulación de agua.

Finalmente, advirtió sobre la necesidad de inversión estructural en cuencas como la del Río Matanza-Riachuelo para evitar desastres recurrentes: “No podemos repetir lo que ocurrió con la educación en los 90: las escuelas eran de las provincias, pero la plata seguía en la Nación. Si se transfiere la responsabilidad de las obras, también se debe transferir el financiamiento. Si no, no hay salida”.

China inició la construcción de una gigantesca presa hidroeléctrica en el río Yarlung Zangbo, en la región autónoma del Tíbet, un ambicioso proyecto que podría convertirse en la mayor fuente de energía hidroeléctrica del planeta. 

El proyecto, estimado en 167.100 millones de dólares, fue presentado formalmente el sábado en una ceremonia en la ciudad tibetana de Nyingchi, encabezada por el primer ministro chino Li Qiang, según informó la agencia estatal Xinhua. Se espera que, una vez finalizado, genere hasta tres veces más energía que la presa de las Tres Gargantas, actualmente la mayor del mundo.

China enmarca esta obra dentro de sus objetivos de neutralidad de carbono y desarrollo regional. Sin embargo, el proyecto genera preocupación en India, que advirtió sobre el posible impacto en las poblaciones y ecosistemas río abajo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio indicó en enero que continuará “monitoreando” el desarrollo y tomando medidas para proteger sus intereses.

Desde Beijing respondieron que el proyecto no afectará negativamente a los países vecinos y que mantendrán la comunicación con los Estados ubicados en los tramos inferiores del río.

La construcción de represas en el Tíbet ha sido motivo de tensión regional y de alarma entre los ambientalistas, ya que esta región, conocida como el “techo del mundo”, alberga los glaciares y ríos que abastecen de agua dulce a unos 1.300 millones de personas en Asia. El Yarlung Zangbo es el río más alto del mundo, y es considerado sagrado por los tibetanos.

Además del impacto ecológico, el emplazamiento de la presa, a tan solo 30 kilómetros de la frontera con India, en una zona geopolíticamente sensible, añade un componente estratégico a la obra, en un contexto de permanentes tensiones entre ambos países.

Fuente: Al Jazeera

El Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires reactivó la obra de pavimentación y repavimentación de la Ruta del Cereal, un corredor estratégico para el sector agro ganadero. 

Los trabajos abarcan 47,4 kilómetros entre las localidades de Salazar (partido de Daireaux) y Garré (Trenque Lauquen), e incluyen mejoras que facilitarán el transporte de producción hacia los puertos de Bahía Blanca y Rosario.

Del total de la traza, 45,1 km serán pavimentados y 1,3 km repavimentados, con tareas adicionales como señalización, banquinas, alcantarillado y acceso a campos. La obra beneficiará directamente a una región de 650 mil hectáreas productivas y a 40 establecimientos tamberos, favoreciendo además la conexión entre pueblos.

“Sabemos que estamos en deuda con esta obra, pero con el gobernador Axel Kicillof tenemos el firme compromiso de finalizarla”, aseguró el ministro Gabriel Katopodis. Por su parte, el titular de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, destacó que la intervención será clave para el “día a día” de los vecinos y para mejorar la competitividad logística del campo.

La obra había sido licitada en 2021 y comenzó a ejecutarse en 2022, pero atravesó varias interrupciones. Tras una renegociación con la empresa adjudicataria, se firmó un nuevo acuerdo en mayo de 2025 que permitió reiniciar los trabajos con adecuaciones técnicas y financieras.

El trazado total de la Ruta del Cereal alcanza los 96 km y recorre localidades de Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí y Tres Lomas, en una zona clave para la producción de soja, trigo, girasol y maíz, además del movimiento de más de 260 mil cabezas de ganado por año.

Fuente: Dib

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (UxP), advirtió sobre una crisis económica local provocada por la paralización de la obra pública nacional. En un encuentro con empresarios, sindicatos y entidades del sector productivo, el jefe comunal detalló que en el último año se registraron más de 1.500 despidos en la ciudad y una caída del 16% en la actividad económica.

“El parate de la obra pública nacional nos golpeó directamente. Somos una ciudad con perfil productivo e industrial. La construcción, las canteras y las fábricas generan trabajo, y hoy todo eso está frenado”, afirmó Wesner.

Entre los sectores más afectados se encuentran:

Minería: caída del 23%

Transporte y Logística: caída del 19%

Industria y Servicios a la Industria: caída del 14%

Comercio: caída del 14%

La construcción privada también atraviesa un momento crítico. En 2024 se registraron 33.000 m², el peor nivel en una década. Para 2025 se proyecta aún menos: entre 15.000 y 20.000 m², muy por debajo del promedio histórico de 47.000 m².

Desde la Secretaría de Trabajo municipal se informó que la mayoría de los despidos se concentraron en canteras, cemento, industrias y servicios, sumando aproximadamente 900 cesantías entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Wesner sostuvo que los datos fueron relevados para “mostrar y compartir el panorama real con todos los actores productivos” y adelantó que el municipio mantendrá el compromiso de trabajar junto al sector privado para enfrentar el complejo escenario económico.

Fuente: Diputados bonaerenses

Gabriel Katopodis advirtió sobre las consecuencias de la paralización de obras públicas por parte del Gobierno nacional y remarcó la necesidad urgente de restituir el suministro de gas en Mar del Plata, en el marco de la ola polar que afecta a gran parte del país.

“Lo más importante es que estemos hablando de obra pública, de infraestructura y de cambio climático, pero no puedo empezar sin mencionar la situación muy delicada que estamos viviendo en todo el país y en Mar del Plata”, expresó el funcionario durante una conferencia de prensa. Y agregó: “La falta de inversión en este tipo de servicios no es gratis y lo estamos sufriendo hoy con la industria paralizada y vecinos sin calefacción”.

El ministro aseguró que la prioridad debe ser “el cuidado de cada familia” y que el Estado nacional debe garantizar el restablecimiento del servicio de gas lo antes posible. Pero también apuntó directamente contra la administración de Javier Milei por haber frenado las obras estructurales: “Durante dos años consecutivos no se invirtió un solo peso en infraestructura. No se inauguró un metro de gasoducto, ni una ruta, ni una universidad. Y eso tiene consecuencias”.

Katopodis destacó que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner fue una obra “estratégica” iniciada durante el gobierno anterior y que requería de una continuidad en el plan de inversiones. “La Argentina necesita una inversión sostenida por décadas. Es uno de los países más extensos del mundo y con enormes brechas en servicios. Hoy tenemos media Argentina con problemas por las bajas temperaturas”, remarcó.

Críticas por el abandono a Bahía Blanca

Consultado sobre la situación en Bahía Blanca tras el temporal que dejó bajo agua al 80% de la ciudad, Katopodis también lanzó duras críticas al presidente Milei: “Fue, se sacó una foto y desapareció. Vetó un fondo de $200.000 millones destinado a asistir a las familias afectadas. La provincia no va a dejar tirada a Bahía Blanca, pero el abandono del Gobierno nacional es gravísimo”.

“El presidente ninguneó a los bahienses. Como hoy sucede con Mar del Plata, mañana puede ser cualquier otra ciudad. Esta Argentina no se resuelve con un balance contable: necesita un Estado presente”, concluyó el ministro.

El Gobierno bonaerense continúa con las obras de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 32, en el tramo que une la Ruta Nacional 188 con el arroyo del Medio, en el partido de Pergamino. 

Los trabajos, a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, contemplan la reconstrucción de banquinas, nuevas dársenas en intersecciones estratégicas como el Boulevard Almafuerte y los accesos a Manuel Ocampo y El Socorro, así como tareas de mantenimiento en puentes sobre los arroyos La Rabona, Las Escobas, El Arbolito y Del Medio.

También se realizará la limpieza de alcantarillas para garantizar el correcto drenaje, la colocación de defensas vehiculares, la instalación de iluminación en zonas semiurbanas y la construcción de refugios rurales para el transporte público. La obra prevé además señalización horizontal y vertical para reforzar la seguridad.

Esta etapa se suma a los 31 kilómetros ya finalizados entre el acceso a Arroyo Dulce y la rotonda de Salto, en la intersección con la RP 31.

La mejora de la RP 32 beneficiará a los más de 4.300 vehículos que circulan a diario, optimizando la conectividad y fortaleciendo el desarrollo agroproductivo en una zona clave del interior bonaerense, con salida estratégica hacia el puerto de Rosario.

Fuente: Dib

El pedido fue realizado por el Consejo Honorario Asesor del Río Salado, integrado por Coninagro, la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Unión Industrial Argentina y CARBAP. En un comunicado, advirtieron que el freno a esta etapa del Plan Maestro Integral, iniciado hace más de dos décadas, pone en riesgo todo el proyecto.

El tramo afectado, de solo 30 kilómetros, entre Roque Pérez y el puente entre 25 de Mayo y Lobos, genera un cuello de botella crítico para el drenaje del agua. Aunque la obra fue considerada “prioritaria” por el propio Gobierno a fines de 2024, los pagos comenzaron a demorarse y se formalizó su suspensión bajo la figura de “neutralización”.

“Una sola interrupción retrasa un sistema completo de obras pensadas para proteger a comunidades que viven bajo amenaza permanente de inundaciones”, indicaron desde el Consejo. También remarcaron que la cuenca del Salado representa entre el 25% y el 30% de la producción agro ganadera del país, y que los avances traerían beneficios económicos al propio Estado.

“El Gobierno no puede desentenderse del destino de este plan”, señalaron, y subrayaron los impactos negativos en caminos, servicios y arraigo rural que genera la parálisis de la obra.

Fuente: Dib

El presidente Javier Milei realizó un duro posteo en redes sociales contra el kirchnerismo y la corrupción en la obra pública, a partir de un viejo video donde la consultora política y militante peronista, Mayra Arena, justificaba la corrupción.

El año pasado, durante una entrevista en Blender, la consultora se expresó a favor de las irregularidades en la obra pública como en la causa Vialidad en que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión. “Es aquella por la que siempre he hablado que soy pro corrupción, estimula que hagamos (cosas) todo el tiempo. Es decir, si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas”, subrayó.

En ese reportaje, Arena justificó su postura con que es una de las más “transformadoras”. “Roban pero hacen. Hacen, hacen y hacen. No me calienta. Aceita y estimula una obra que, por lo tanto, deja a la sociedad un poquito más equipada”, argumentó.

A partir de este video, el mandatario realizó un duro descargo contra los "kukas aberrantes" y sentenció: "Robar está mal. No importa lo que hagas con el destino de los fondos robados".

Luego, aprovechó para volver a argumentar respecto a las consecuencias que la obra pública trae a la economía argentina.

"Técnicamente también está mal. La obra pública se financia con los impuestos (presentes = explícitos; emisión de dinero = inflación; futuros = deuda). Por ende, así como crea una obra destruye producción y trabajo en otra parte de la economía por los impuestos. Al mismo tiempo, aún sin corrupción la asignación es mala porque no es lo que prefiere la población (de hecho, eligiría y elige otra cosa). Si encima hay robo el resultado es aún mucho peor", agregó el mandatario.

KUKAS ABERRANTES La reflexión de los kukas contiene al menos dos grandes problemas:1. Robar está mal. No importa lo que hagas con el destino de los fondos robados.2. Técnicamente también está mal. La obra pública se financia con los impuestos (presentes = explícitos; emisión… https://t.co/EXMwSlYShF

Finalmente, se despachó contra el kirchnerismo al señalar que es una expresión política igual al "caos" y la "pobreza".

"En el fondo, aquí los Kukas proponen el modelo de Sodoma (donde estaba permitido robar), el cual terminó con la destrucción de dicha ciudad", concluyó.

En agosto de 2024, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro Gonzalez recibieron una denuncia contra Arena por cometer apología del delito, al definirse como “pro corrupción”.

El abogado Jorge Monastersky formuló una denuncia penal al respecto, basado en el artículo 213 del Código Penal que dice que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Fuente: Clarín

Desde Mar del Plata, donde participa del 2° Congreso Productivo Bonaerense, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de cortar la obra pública y aseguró que “no es un problema partidista, la inversión la necesita el país”.

El funcionario expresó que cuando desde la Provincia se habla de que “la obra pública no se frena” se piensa “en la obra pública como palanca para la producción en un contexto donde el Gobierno nacional ha frenado toda la obra pública”.

En diálogo con El Marplatense, Katopodis agregó que “cuando pensamos en una agenda de desarrollo productivo con los puertos, con las rutas, con los caminos, estamos pensando en una provincia que sigue apostando a un modelo productivo, de trabajo. Es muy importante escuchar, recuperar las experiencias y ponerlas en valor en un contexto complejo como este”.

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Sin embargo, reconoció que no será sencillo: “En algunos casos va a ser con contención. En muchos casos se nos hará más dificultoso. Estamos convencidos de que no es un problema partidista, la inversión en obra pública la necesita el país, no importa donde esté parado uno ideológicamente”.

Sobre el congreso, Katopodis consideró “increíble” la convocatoria de actores públicos y privados, “para pensar y para poner en valor todo lo que se está haciendo en un contexto muy difícil. Se pone en valor lo que viene haciendo el gobernador y la necesidad que tenemos de seguir construyendo puertos, rutas, obras hídricas, para seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente”.  

“Nosotros vamos a seguir apostando a ese camino. Que la ciencia y la tecnología son combustibles y palanca para el desarrollo, eso está resuelto, no está en discusión”, concluyó el funcionario provincial.

En busca de incrementar y mantener la obra pública en la ciudad, el Ejecutivo local y varios puntos del país como Rosario, Neuquén, Tigre, Ituzaingó, Pilar y Almirante Brown, implementaron una nueva Tasa Vial mediante la adquisición de combustibles.

En el caso de Mar del Plata, este porcentaje antes existía en los impuestos aplicados como Servicios Urbanos sin embargo, se decidió eliminarlo de allí y sumarlo mediante el consumo de combustibles en estaciones de servicio y resulta un 1,86% por cada litro cargado. 

De esta forma su pago solo lo realizarán quienes utilicen las calles con distintos rodados y además, no solo los marplatenses sino también quienes visitan la ciudad. Una alternativa para que la obra no sea costeada solo por los locales. 

Sin embargo, el gobierno nacional en el camino de monitorear los precios y sus constantes aumentos, puso la lupa en los combustibles, particularmente en aquellos municipios que implementaron el cobro de dicha Tasa. 

Asimismo, la aplicación de este impuesto despertó malestar entre los empresarios del sector porque aumenta los costos y desalienta las ventas en los surtidores en un contexto en que el consumo ya viene golpeado. 

Sobre esto, el intendente Guillermo Montenegro explicó: “Nuestro caso con respecto a la Tasa Vial, es diferente en lo demás municipios porque cuando empezamos a trabajar en ello, lo que hicimos fue sacar un componente de la Tasa por Servicios Urbanos y lo empezamos a aplicar desde ese lado”. 

"Antes se tenía la Tasa donde se cobraba el arreglo de las calles pero lo sacamos. Ese componente nuevo de cobrabilidad en el combustible, solo lo pagan los que tienen auto si cargan y además, en Mar del Plata, los turistas que vienen a visitar porque usan las calles locales", afirmó. 

Y agregó: "Con lo cual, es diferente en cuanto a que no está la composición porque sino sería un doble impuesto porque se sacó de la TSU sino que además, lo que decimos es que los turistas usan nuestras calles, siendo así más equitativos. Solo lo pagan quienes usan las calles con sus vehículos siendo que solo se va a usar para ese arreglo". 

"Los últimos años de gobierno nacional, Mar del Plata no tuvo obra pública. Nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto para ver cuáles son las que pueden generar una potencia diferente en la región, no solo a nivel local y esto también lo hablamos con el Ministro del Interior. Pensando en un área productiva y por eso seguiremos viendo cómo lo podemos hacer juntos. La Argentina que quedó es muy mala porque durante los últimos cuatro años hicieron cualquier cosa. Esta es la realidad y la que nos toca es dura. Nosotros no estuvimos beneficiados, nos pusimos creativos para llegar a generarla por medio de los privados y lo vamos a seguir haciendo", concluyó el jefe comunal. 

La suspensión de la obra pública por parte del Gobierno nacional generó complicaciones en la mayoría de los distritos del país, aunque no en Mar del Plata según consideraron desde el Centro de Constructores de la ciudad, donde se mantiene “el pleno empleo” debido a que el 95% de la obra es privada.

“La realidad es que el sector tradicionalmente fue traccionado por la obra privada. Más del 95% de la obra que uno ve en Mar del Plata responde a obra privada. Eso que fue una debilidad de la ciudad respecto de otras jurisdicciones, por ejemplo, Santiago del Estero, que tiene 90% obra pública y 10% obra privada. En el contexto actual es una fortaleza”, indicó Florencia Miconi, presidente de la entidad.

En diálogo con El Marplatense, la directiva del Centro de Constructores destacó que “mientras vemos que en el país se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo en lo que a empleo registrado de UOCRA se refiere, en Mar del Plata seguimos con pleno empleo. Eso es una buena noticia. Más allá de la parálisis de la obra pública, que acá no nos afecta”.

De todos modos, señaló que algo que sí se ve es el aumento de los costos de producción: en octubre era de 800 dólares el metro cuadrado y en abril era de 1300: “Ante este contexto vemos que las obras en curso continúan, pero se ven ciertas demoras en el inicio de algunas nuevas”.

Miconi celebró además lo que pasó días atrás en el Concejo Deliberante, donde se logró prorrogar el Plan de Reactivación de la Construcción que se viene aplicando desde los tiempos de la pandemia por Covid. Como la ordenanza original se fue aprobando por etapas, eso había dejado una falta de coincidencia en el plazo. Ahora se logró unificar todo a septiembre del año próximo.

La constructora remarcó que esto es importante, además, porque “estamos adelantándonos a lo que va a ser una situación complicada del sector”.

Sobre los objetivos que se siguen con esta prórroga, Miconi explicó que “este plan de reactivación ayuda lo que son obras más chicas. Apunta a los PH y a tratar de dar un empujón para a esos que están en la disyuntiva de dar inicio o no, arranquen y así evitar una retracción de la actividad como está pasando en todo el país”.

La titular del Centro de Constructores indicó que “como se ve que ciertas obras nuevas se demoran, o por ahí algunos titulares de predios los dejan en stand by, esto es un incentivo porque da beneficios en caso de ingresar con este plan de promoción”. 

La obra pública interrumpida implica, por un lado, que se haya paralizado su ejecución. Pero en varios casos representa también complicaciones, pues en el mientras tanto hay trabajos detenidos que se convirtieron en un obstáculo para el día el día de los ciudadanos. Tan solo un ejemplo de ello, un paso a nivel en Junín, que detenida la construcción de un viaducto, quedó bloqueado.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) del gobierno nacional está realizando un estudio para determinar la factibilidad de la reapertura del paso nivel de la avenida Rivadavia, en caso de cancelarse las obras del viaducto. En tal sentido, para permitir nuevamente la circulación de vehículos por esa avenida, se deberían realizar obras de infraestructura costosas, como la pavimentación y el montaje de las vías. E, incluso, volver a instalar el sistema de seguridad que incluye barreras y señalización, describe el diario Democracia de Junín.

Además, según se consigna, se deberían realizar tareas de demolición de las construcciones que ya se emplazaron, movimientos de suelo y bases estabilizadas, junto con la confección de informes medioambientales y de seguridad, se desprende de los estudios que está realizando la ADIF, a cargo de dichas tareas. El informe preliminar calcula que las obras necesarias para la rehabilitación del paso nivel demandarían un costo de unos 1.500 millones de pesos, que dependerá de las tareas efectivamente presupuestas y ejecutadas.

En un contexto de incertidumbre, pues no hay confirmación del Gobierno nacional si la obra del viaducto se realizará o no, comerciantes y vecinos reclaman la reapertura del tránsito.

La falta de celeridad y la ola de frío anticipada abrió en el Gobierno un nuevo frente de conflicto ante la falta de suministro de gas y hoy vuelve a poner el foco en el Gasoducto Norte, una obra clave que venía demorada y que el Poder Ejecutivo busca reactivar en medio de la necesidad de intensificar la importación de energía.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a través Resolución 233/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, autorizó a Energía Argentina S.A., “a extender el sistema de transporte de gas natural e iniciar la construcción de un gasoducto desde las inmediaciones de la Planta Compresora ‘La Carlota’ del Gasoducto Centro Oeste hasta las inmediaciones de la Planta Compresora ‘Tío Pujio’ sobre el Gasoducto Norte, en el marco del proyecto denominado ‘REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE’ del Programa ‘Transport.Ar Producción Nacional’”.

Además, el Gobierno autorizó a Energía S.A. y a Transportadora de Gas del Norte S.A., “a iniciar la construcción de cañería paralela al Gasoducto Norte, entre las Plantas Compresoras ‘Tío Pujio’ y ‘Ferreyra’, y a ejecutar las obras y adecuaciones necesarias en las Plantas Compresoras ‘La Carlota’, ‘Tío Pujio’, ‘Ferreyra’, ‘Dean Funes’, ‘Lavalle’ y ‘Lumbreras’, a fin de revertir el flujo y la inyección”, en el marco del mencionado proyecto, que entre sus objetivos busca “sustituir las importaciones de GNL y Gas Oil que se utilizan para abastecer la demanda prioritaria”, garantizar el abastecimiento interno, y aumentar las exportaciones de Gas Natural a países limítrofes.

La iniciativa en cuestión es una obra esencial para el abastecimiento energético de siete provincias, que el propio Gobierno reconoció a principio de año que no estaría concluida para este invierno.

ENARSA y TGN precisaron que el proyecto Reversión del Sistema Norte comprende: “La construcción de 122 km de cañería de 36″ desde el predio de la planta compresora La Carlota hasta el predio de la planta compresora Tío Pujio, lo que permitirá interconectar los sistemas de transporte Norte y Centro Oeste de TGN; la instalación de 62 km de loop de 30″ al norte de la Planta Compresora Tío Pujio; y Adecuaciones necesarias en las plantas compresoras La Carlota, Tío Pujio, Ferreyra, Dean Funes, Lavalle y Lumbreras para la reversión de flujo del Gasoducto Norte”.

“Es una obra que posibilitará el transporte en sentido inverso del Sistema Norte de hasta 19 MMm3/d, permitiendo así la bidireccionalidad del flujo de gas, aportando versatilidad al sistema, garantizando el abastecimiento en la dirección en la que sea requerida y dotando al mismo de mayor confiabilidad y seguridad”, señalaron en una nota presentada en abril.

La obra de Reversión no representa un incremento de capacidad firme desde cuenca, sino que fue diseñada para el abastecimiento de la demanda actualmente conectada al Gasoducto Norte desde el sur, constituyendo una obra de confiabilidad para el sistema en su conjunto, fortaleciendo la conexión de la zona Centro Norte con Litoral y GBA, reforzando los respectivos nodos, brindando un respaldo de capacidad y suministro, y ampliando las opciones de operación y las posibilidades de resolver potenciales dificultades de transporte. Así, mediante un swap de volúmenes con el gasoducto Centro Oeste, permitirán transportar desde San Jerónimo hasta la zona Centro Norte 19 MMm3/d y dotarán de mayor confiabilidad y flexibilidad operativa a la capacidad de transporte existente desde Centro Norte hacia las zonas de Tucumán y Salta.

“El proyecto presentado busca satisfacer los siguientes objetivos de suministro: a) Asegurar el abastecimiento de los consumidores de las zonas de distribución servidas por el gasoducto Norte, así como la generación termoeléctrica necesaria para la seguridad de suministro local; b) Permitir el despacho de las usinas termoeléctricas eficientes conectadas al gasoducto, que en su mayoría carecen de combustible alternativo, y cuyo despacho es necesario para asegurar el suministro eléctrico regional; y c) Sentar las bases para una expansión eficiente que permita el crecimiento de la demanda zonal, considerando tanto el crecimiento vegetativo como el desarrollo de la minería en la región de la Puna y la potencial exportación a Brasil, Bolivia, y al norte de Chile, con los consiguientes beneficios en términos de aporte de divisas y de mitigar la estacionalidad del consumo local”, planteó el Gobierno.

La semana pasada el Poder Ejecutivo les mandó una carta a las empresas de la industria gasífera para ponerlas en alerta. Se trato de un aviso ante una suba fuerte de la demanda, que ya prevé, y les exige algunos detalles de cara a la operación de estos días.

En diálogo con Infobae, en el sector hablaron de “imprevisión”, de falta de medidas e inversión y de que el frío “agarró al equipo energético mal parado”. “Ahorran y tienen superávit a fuerza de estos problemas”, dijeron en una de las empresas, visiblemente preocupados.

Uno de los principales problemas es que el Gasoducto Néstor Kirchner aún no está a funcionando al máximo de sus capacidades: aporta 11 millones de m3, pero debería estar en los 24 millones diarios. En medio de eso, Cammesa salió a comprar barcos de combustibles líquidos por unos USD 400 millones a último momento y antes de los esperado.

En general, el gas tiene dos tipos de demanda: ininterrumpible, que es la residencial; e interrumpible, básicamente, GNC y algunas industrias, que pueden ser contratos más baratos y se pueden cortar ante alguna circunstancia en la que se registren faltantes. En términos de cortes, primero se dan en estos esquemas interrumpibles, luego en la industria y finalmente —en la que sería una situación mucho más compleja—, a las usinas que utilizan gas natural para generar energía eléctrica. Se van decidiendo en función de la demanda residencial que, como se dijo, es prioritaria.

En ese sentido, la carta pidió la “identificación y cuantificación de contratos de transporte interrumpibles (TI) que puedan ser susceptibles a cortes, a los fines de agilizar la toma de decisiones ante una situación operativa en la que se encuentre en riesgo el normal abastecimiento de gas natural”. Habla del estado de “pre-emergencia”, también.

“Esta nota es para recordarles a las licenciatarias y transportistas que habiendo tal cantidad de demanda ininterrumpible, hay que asegurar que el sistema mantenga sus presiones mínimas y para ello, se requiere que todos acaten el protocolo que deja bien claro que los interrumpibles tienen que ser cortados, tanto dentro del área de distribución como en los sistemas de transporte”, habían manifestado fuentes oficiales.

En efecto, el Gobierno le pidió a las empresas que corten lo que puedan –dentro de lo autorizado por el esquema vigente– y que tengan a mano la lista de otros contratos que podrían interrumpirse en los próximos días. Por este motivo hubo interrupciones en algunas industrias y hay estaciones de GNC afectadas, con el suministro interrumpido.

Fuente: Infobae.

Organizaciones sociales se manifestaron en la puerta del Municipio, en el marco de una convocatoria nacional, para reclamar la reactivación de los obras públicas ya iniciadas. 

“En Mar del Plata vinimos con los compañeros de las cooperativas que llevaban adelante los laburos para reclamarme al Intendente que deje de hacerse el otario y empiece a gestionar que las obras se reactiven”, manifestó Emilce Rodríguez, referente de Barrios de Pie, en diálogo con El Marplatense.

Respecto a los números, "a nivel nacional quedaron afectadas 1250 obras donde miles de cooperativas llevaban adelante el desarrollo. En Mar del Plata, hay 57 barrios populares, por lo que se hicieron 45 obras de integración sociourbana", declaró Darío Bacre, integrante del MTR.

Estas construcciones implicaron que se llevaran “hasta esas zonas la red de cloacas, agua, extensión eléctricas, veredas polideportivos, equipamientos comunitarios y 64 lotes con servicio”, agregó.

Sobre la situación en la ciudad, soledad, miembro de libres del sur, declaró que “son dos mil trabajadores que nos quedamos sin trabajo con la afectación de que no está dando los fondos nación. Nosotros estamos en el veremos y el qué va a pasar después”. 

Por último, en cuanto a la intervención del Intendente municipal dijo que “No hay ninguna, no está haciendo nada, ni quiere hablar con nadie”.