El presidente de la Obra Asistencial Mutual, César Elbaum, reconoció que la entidad atraviesa un proceso de reorganización debido a conflictos con algunos prestadores, aunque remarcó que se están tomando medidas para sostener la atención de los asociados.

En diálogo con El Marplatense, Elbaum explicó que actualmente están “trabajando en ordenar algunos conflictos que se han generado con determinados prestadores”, situación que generó comentarios entre los afiliados. Sin embargo, aseguró que las prestaciones se están resolviendo “lo más rápidamente posible”.

En ese marco, señaló que la obra social también analiza ampliar su red de servicios, incorporando herramientas como la telemedicina y sumando nuevos prestadores a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la cobertura.

El titular de la entidad explicó que se trata de un momento de reorganización interna, en el que buscan minimizar el impacto en los afiliados. “Estamos intentando que el asociado sufra lo menos posible cualquier situación que pueda estar presentándose”, afirmó.

Por último, adelantó que en los próximos días varios de los prestadores con los que existen dificultades podrían normalizar su funcionamiento, mientras que continuarán las gestiones con aquellos casos que todavía no se hayan resuelto. “Esperamos que lo antes posible cualquier situación se subsane y podamos continuar con el proceso habitual de atención”, concluyó.

Un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina, en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, reveló que la salud pública constituye un valor central y ampliamente compartido por la sociedad bonaerense.

De acuerdo con la investigación, el 69% de los bonaerenses considera que el sistema de salud debe ser financiado por el Estado y garantizar cobertura pública, frente a un 24% que se inclina por un esquema privado y apenas un 7% que no tiene posición definida. En un contexto de recortes presupuestarios y propuestas de achicamiento estructural, el estudio muestra que dos de cada tres bonaerenses (68%) rechazan que la salud pública sea objeto de “motosierra permanente”, mientras que sólo el 26% lo respalda.

La investigación, realizada a partir de más de 800 encuestas y cinco grupos focales, también refleja una fuerte alarma social ante un eventual escenario de privatización: el 50% teme un deterioro en la cantidad o calidad de médicos prestadores y un 22% advierte posibles retrocesos en la formación profesional.

En ese sentido, la socióloga y coautora del estudio, Melina Alcaraz, destacó que “siete de cada diez bonaerenses dicen que la salud debe seguir siendo pública” y que este resultado “reafirma que la salud pública continúa siendo un valor central de identidad de los argentinos”.

Además, Alcaraz señaló que “el 68% de los encuestados rechaza la motosierra en salud pública” y advirtió que, “por el contrario de la discusión dentro de la batalla cultural, la gran mayoría de las personas que escuchamos en los grupos focales señalaron la necesidad de mayor inversión pública en salud”. También sostuvo que “el año pasado el gobierno de Milei eligió como blanco de su batalla cultural a las universidades, y este año trasladó el ataque a la salud pública con foco en el Hospital Garrahan y en IOMA”.

A su vez, el estudio resaltó el amplio apoyo social a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan: el 73% de los encuestados los considera justos, con respaldo transversal en todas las franjas etarias y un pico del 83% entre los mayores de 60 años. Sobre la obra social bonaerense, la especialista explicó que “el 70% de los entrevistados se opone a la privatización del IOMA” y que “sólo el 13% calificó de mala la atención recibida, mientras que casi el 60% destacó su buen o muy buen funcionamiento, mencionando incluso el acceso gratuito a tratamientos y cirugías de alto costo”.

Según datos relevados por el estudio los recientes ataques al IOMA originados desde La Libertad Avanza no tienen, en principio, un correlato en los usuarios de la obra social. Del total de los afiliados encuestados solo el 13% calificó de mala la atención y casi el 60% señaló que era buena o muy buena. En los grupos focales, los investigadores observaron que varios de los usuarios pudieron tener acceso a tratamientos o cirugías de alto costo de forma gratuita.

Respecto a si la obra social que tiene más de dos millones afiliados debe ser privatizada, 7 de cada 10 entrevistados respondieron que debe mantenerse en manos del estado provincial. Estos datos están en sintonía con la información recogida en el resto del trabajo de campo.

A modo de conclusión, los investigadores subrayaron que “la salud pública es una prioridad social básica e irrenunciable para la mayoría de los bonaerenses, y debe estar protegida de recortes y preservada como un derecho colectivo que garantiza dignidad y equidad”.

Principales datos destacados:

Clara Giménez, la joven marplatense de 19 años murió este viernes tras años de lucha contra una grave enfermedad intestinal. Su historia, que conmovió al país al visibilizar su bolsa de ostomía y denunciar el abandono de su obra social, OSTEL, se dio a conocer a través de redes sociales.

Diagnosticada a los 12 años con un vólvulo intestinal, Clara enfrentó múltiples cirugías y, desde 2020, llevaba una ostomía permanente. Su caso generó un amplio debate sobre las falencias del sistema de salud tras viralizarse una imagen en la que mostraba la bolsa adherida a su abdomen, compartida inicialmente en redes y profundizada en una entrevista con el streaming “Olga”.

“Feliz y súper agradecida que me hayan dado el lugar de hablar de esto que me guardé por tantos años por el miedo a sentirme juzgada y avergonzada”, escribió Clara el 8 de abril en su última publicación.

En los últimos meses, su salud se deterioró gravemente, agravada por demoras en la cobertura de OSTEL. 

“Desde enero veníamos peleando por la cobertura que necesitaba y cuando llegó fue demasiado tarde. La demora fue letal”, expresó Fernanda, su madre. Aunque la Justicia autorizó su traslado al Hospital Privado de Comunidad, la resolución llegó tarde para salvar su vida.

Fuente: con información de TN

Las empresas de medicina prepaga darán marcha atrás con los aumentos de las cuotas previstos para mayo, tras una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Los planes iban a sufrir incrementos de hasta un 3,7%.

En el encuentro se comunicó que la Superintendencia está trabajando en una nueva resolución, la cual obligará a las empresas a que carguen en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud los nuevos valores de planes en los 5 días siguientes a la publicación del índice de inflación, tal como le notifican a los afiliados. 

Además, deberán informar aumentos por plan, zona y cantidad de afiliados en cada caso.

El Gobierno indagó a los representantes de las principales empresas de medicina prepaga del país porque las primeras cartas a los afiliados se ubicaron más cerca del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que el de salud, que fue de 1,8%.

Para las autoridades, las empresas deben tener como referencia el índice de salud y no otros, que poco tienen que ver con la tarea que comercializan.

Al respecto, los funcionarios destacaron que el 21,6% de educación o el 4,6% de vestimenta no deberían impactar en el sector de salud.

Durante la reunión no hubo un pedido explícito por parte del Gobierno para que den marcha atrás con el aumento, pero las autoridades dieron detalles a los empresarios sobre las medidas que se están tomando para reordenar el sistema y darle reglas de juego claras a las empresas para que compitan.

Del encuentro participaron los representantes de Medicus, Sancor, Hospital Italiano, Accord, Osde, Swiss Medical, Galeno, Omint y Hominis.

Los empresarios, que aceptaron acompañar con el gesto al Ejecutivo, coincidieron en que el aviso de un nuevo aumento se dio el viernes 11 de abril, cuando salió el dato de inflación, se levantó el cepo y había mucha incertidumbre de a cuánto se podía ir el dólar.

Después de la publicación del dato de la inflación, las prepagas tienen 5 días para informar el aumento del mes siguiente a sus afiliados, pero en la práctica lo hacen desde el día siguiente. Es decir, que empezaron a informar los aumentos desde le sábado 12, en medio de la incertidumbre.

Con el pasar de los días, coincidieron en que el dólar no tuvo un salto significativo, motivo por el que decidieron retrotraer el aumento acordado. Además, fuentes de las empresas confirmaron que el Gobierno tomó el compromiso de seguir las variables de los costos para asegurarse que suban más que las cuotas.

Los aumentos finalmente quedarán en torno al 2,5% o 2,6%. Ese dato es el que el Gobierno tomará para calcular la inflación del mes.

Las empresas destacaron que hay una cuestión administrativa que se debe tener en cuenta: como las cartas a los afiliados salieron entre el 12 y el 14 de abril, muchos ya recibieron la factura y algunos hasta ya las pagaron.

En ese marco, lo que acordaron las empresas con el Gobierno es que la semana que viene se informará el ajuste final, pero en los casos en que ya se haya realizado la facturación, el crédito quedará para el mes que viene, es decir, que se verá en la factura de mayo que se paga en junio.

Participaron de la reunión, por parte del Ministerio de Salud, la viceministra, Cecilia Loccisano, y el jefe de Gabinete, Roberto Olivieri, mientras que por la Superintendencia, el gerente general, Claudio Stivelman, y el gerente de Sistema, Juan José Picón.

Afiliados autoconvocados de IOMA se presentarán en la Banca 25 del Honorable Concejo Deliberante este jueves a las 10, para reclamar una solución ante la falta de prestaciones en la región.

En este sentido, Marcela, integrante y referente del grupo de autoconvocados, declaró en diálogo con El Marplatense que “de ahí vamos a marchar hasta la sede de IOMA para una convocatoria que llamamos 'El Cacerolazo a Celeste Lazo' por todos los casos que están sin resolver y prestaciones que se están demorando a gente que hace rato están esperando”. 

Por otro lado, “esta mañana me llamó el señor Lombardo, jefe de las Regiones, para coordinar una reunión con Homero Giles para el viernes. Sin embargo, me dijeron que la convocatoria no se debía llevar a cabo para tener la reunión”, explicó. 

Ante esta situación, “respondí que iba a consultar con el grupo porque me parece que en un país democrático, y una Provincia donde la bandera es la Justicia Social, no tendría que haber ningún tipo de negociación ni coartar nuestro derecho de expresarnos”, afirmó. 

Mediante un comunicado, un grupo de afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) realizó diversas denuncias por el servicio de la obra social y mostró una clara desesperación por la falta de atención. “Rompieron el contrato con las tres clínicas más importantes de Mar del Plata”, fue una de las quejas.

“Estamos pasando momentos muy críticos en toda la provincia, agravado en Mar del Plata y toda la región, aquí desde el 2 de diciembre del año pasado. Si bien la obra social venía con altibajos en los últimos años, nunca dejó de brindarnos las mejores atenciones en cuanto a internación, estudios, insumos y demás”, comienza el mensaje.

Tras esa introducción, aclararon que en la actualidad se encuentran en estado de emergencia y enumeraron las problemáticas que tienen con la obra social. En principio, manifestaron que “rompieron el contrato con las tres clínicas más importantes de Mar del Plata, que acoge no solo a los marplatenses sino a las regiones aledañas, más el turismo que por esta zona circula”.

A su vez, denunciaron que hubo “recortes en insumos, como en tiras reactivas, lancetas, pañales, audífonos y bolsas de colostomía”, que “no entregan en tiempo y forma las medicaciones” y que “no le abonan sus aranceles a los acompañantes terapéuticos, indispensables para el apoyo de la personas con discapacidad”.

Por otra parte, aseguraron que “las clínicas y centros de salud que hicieron contrato con IOMA, a traves de la gerenciadora privada ACEAPP, no cuentan con camas suficientes y tampoco con la complejidad que ciertas patologías ameritan”.

“Sentimos desprotección y desamparo hoy. Podemos enumerar una gran cantidad de casos, de enfermos afiliados a esta obra social que mueren por falta de asistencia médica, como así también de pacientes a la espera de prótesis o cirugías que los especialistas no están dispuestos a realizar por tratarse de insumos de pésima calidad. Necesitamos que nos escuchen”, concluye el comunicado.

El Sindicato de panaderos de la Costa Atlántica denunció que la obra social OSPEP cortó su prestación en Mar del Plata y las ciudades aledañas con un saldo de 4 mil afectados.

En este sentido, Matías Coronel, secretario General del SOEPMPZA, comentó en diálogo con El Marplatense que “dejaron de atender en la ciudad aproximadamente hace una semana”.  

Asimismo, señaló que no el seguro médico no cuenta con una sede en la ciudad, sino que el servicio está tercerizado por una empresa. 

Para explayar la situación, contó que “la obra social por problemas no atiende en el sindicato desde el 2019. Nosotros nos enteramos por los trabajadores que fueron al lugar y de un día para el otro no había nada, no estaba el local, no los atendieron ni les transmitieron a dónde debían concurrir”. 

Ante esta situación, “como organización e institución salimos a alzar la voz de los conflictos que están teniendo cada uno de los afiliados”. 

Sin embargo, este problema es una cuestión de larga data, ya que “en los últimos cuatro años hubo cortes de prestaciones, anestesiólogos, deudas con los acompañantes terapéuticos, cortes del servicio de las farmacias, retrasos en los envíos de medicaciones al igual que con autorizaciones y cirugías”. 

“Es un común denominador para la obra social, pero por lo menos tenían un lugar donde los atendían y podías reclamar ante los cortes de servicio. Hoy con el cierre total del local con atención en calle Belgrano, se encuentran sin ningún tipo de respuestas, con la complejidad que esto acarrea”, continuó. 

Por este motivo, “todos aquellos que tenían cirugías programadas, tratamientos por medicación, oncológicos, tenemos una chica que está embarazada y se está haciendo un tratamiento por el hijo que se lo cortaron”. 

“Obviamente para todos aquellos que se encuentran en una situación compleja, nosotros salimos alzar la bandera para poder encaminarlos, asesorarlos, marcarles cómo pueden hacer una denuncia en la Superintendencia, cómo presentar un recurso de amparo para brindar una pronta respuesta porque hay situaciones que no pueden esperar”.

De modo que “el problema es con la obra social son los que decidieron tercerizar el servicio y los que deberían generar una respuesta son ellos. La gerenciadora hace lo que la obra social diga. Tenemos el 80% del territorio nacional sin cobertura”, concluyó. 

La comisión directiva del Sindicato de Obreros Empleados Panaderos Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA) denunció que la Obra Social del Personal de Panaderías (OSPEP) dejó sin cobertura médica a más de mil panaderos y a su grupo familiar en Mar del Plata y la Costa Atlántica, lo que perjudica a más de 25 localidades y por encima de 4000 personas.

“Queremos hacer pública esta situación que están atravesando desde hace varios meses nuestros afiliados, por una clara discriminación por parte de la conducción nacional de la obra social hacia las filiales del interior, tanto de la provincia de Buenos Aires como del país, y que no son afines a sus pretensiones sindicales”, denunció el secretario general del gremio, Matías Coronel.

Además, sostuvo que “la quiebra de la obra social, la tercerización del servicio y los hechos fraudulentos en las elecciones de la actual conducción, fueron un cóctel explosivo para la desidia de los trabajadores”, al mismo tiempo que señaló que “los cortes sorpresivos en la atención médica durante semanas no solo dejan sin prestación y en el olvido a los afiliados, sino que obligan a hacer frente a gastos muy elevados”, ya sea por “tratamientos programados, compras de medicamentos oncológicos, prácticas de mediana y alta complejidad, o por cirugías programadas que no pueden llevarse a cabo”.

En este sentido, le exigió soluciones y una pronta respuesta a los directivos de OSPEP, con motivo de darle a los representados “mucho más que una obra social abandónica que carece de prestaciones”. 

“Los panaderos le decimos basta a un grupo de dirigentes que solo piensa en aspiraciones personales, sin darnos una cobertura de salud acorde. No hay un lugar físico donde hacer los reclamos y no son publicadas las cartillas médicas con las clínicas o especialidades en pediatría, odontología, ginecología y psicología, entre otras. Los correos electrónicos no son eficientes, los teléfonos no atienden a nadie y las farmacias con descuentos cortaron sus servicios”, concluyó el líder del sindicato.

Informaron también que por corte de servicios, falta de prestaciones, cobertura por reintegros o negativa en la afiliación, los afectados pueden comunicarse al 2236196716 o al 2235200570, o vía email a contacto@mdppanaderos.com.ar. 

Después de la sesión del Consejo Directivo, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) resolvió por unanimidad un cese de servicios a los afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por 48 horas, que comprenderá los días jueves 5 y viernes 6 de septiembre en toda la Provincia.

De acuerdo al comunicado de la entidad, “la medida se tomó en solidaridad con las entidades primarias compuestas por más de mil médicos y en defensa de los más de ochenta mil afiliados del IOMA de los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado, los que han sido dados de baja indirectamente por una resolución unilateral del directorio de la obra social”.

Además, instaron a las autoridades del IOMA “a retomar el diálogo que permita resolver esta difícil situación”, según informaron.

FEMEBA amenazó con el cese de servicios el jueves pasado, cuando la obra social había anunciado que prescindiría de los servicios de la Federación Médica en once distritos del interior.

“Queremos manifestar que si IOMA realmente opina que cualquier improvisado de los que contrata pagando sobreprecios, está en condiciones de brindar mejor atención que FEMEBA, tanto cuantitativa como cualitativamente, estamos dispuestos a dejarle la puerta abierta, y para ello dejaremos de asistir a sus pacientes en todo el territorio de la Provincia, lamentando la situación de los beneficiarios abandonados a su suerte”, había explicado la entidad en un duro comunicado que tituló “El IOMA y la desprotección de su gente”.

A partir de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el contador público Diego Mastragostino se refirió a todos los nuevos cambios del monotributo que se deben tener en cuenta, como quiénes pueden reingresar, los topes anuales y los valores de ingreso. Consideró que la actualización “no tiene precedentes” y es “significativa y positiva”.

En ese marco, el especialista en tributación explicó en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7): “En el paquete fiscal había una modificación sustancial en el monotributo que merece la pena analizar. Los servicios estuvieron limitados a la categoría H y ahora pasan como máximo a la K, es decir que se unifica la categoría tanto para bienes como para servicios. De esta manera, el tope anual de ingresos se modifica de 11.900.000 a 68.000.000, y los que tenían actividad de venta de bienes pasan de 16.950.000 al mismo monto. Más sujetos, por facturar más, podrán estar incluidos en el monotributo”.

A su vez, remarcó que ambas actividades -servicios y venta- alcanzarán el tope de los 68 millones, la que consideró que es “la novedad fundamental”.

“Por las limitaciones de ingresos, muchos monotributistas quedaron excluidos y lo que se definió en el paquete fiscal es que aquellos sujetos que quedaron excluidos del 1° de enero de 2024 puedan reingresar. O sea, si están en el regimen general o se mantuvieron pero incumpliendo las normas, hay un perdón para que puedan volver al régimen simplificado”, sostuvo el docente.

También expresó que se duplicó el ingreso al monotributo “en materia de obra social y jubilación” y que además hay aumentos “significativos” en el impuesto integrado, el cual reemplaza al IVA y al Impuesto a las Ganancias por una suba de escalas en cuanto a ingresos. “Seguramente se equipare con las actividades que cada uno desarrolla y los ingresos que tiene”, indicó.

Asimismo, aseguró que los menores contribuyentes deberán pagar “menos de 30 mil pesos”, considerando el impuesto integrado, la obra social y el componente de jubilación. 

“Estaba la intención de excluir determinados beneficios que, como consecuencia de las modificaciones en el Senado, se mantendrá ese beneficio de extensión respecto a los componentes mencionados. Por lo tanto, nada cambia para los sujetos del monotributo social en materia de montos a ingresar. Algunos importes se desactualizan, pero quedan incluidos dentro del régimen”, añadió el contador público.

Para Mastragostino, la actualización “no tiene precedentes”, es “significativa y positiva”, ya que comentó que “más personas podrán formar parte de la formalidad y tener acceso a seguridad social y obra social”. Por último, aclaró que sólo podrán reingresar quienes quedaron excluidos a partir del 1° de enero de 2024.

Más de diez familias con hijos con diversas discapacidades denunciaron abandono por parte de la Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP), que desde hace meses no les entregan pañales ni les dan el equivalente en dinero como se habían comprometido. El próximo martes 18 se concentrarán en la sede de la mutual Libertad 4751 para continuar con el reclamo.

Pablo, padre de Lucas, un chico que padece lipofuscinosis, comentó en diálogo con El Marplatense que los problemas comenzaron a percibirse el año pasado: “Desde enero del año pasado tenían el sistema de que nos transferían el dinero para que compremos los pañales. Hasta diciembre funcionó, pero luego comenzaron a transferir menos del dinero que nosotros gastábamos en los pañales. Con lo cual se empezó a generar una deuda que es, en nuestro caso, mayor a $850.000”.

El damnificado contó que han estado en contacto con la delegada de OSDOP en Mar del Plata de manera constante, tanto presencial como por mail: “Nos dicen que pasan el reclamo a auditoria, pero la realidad es que desde enero no hay una respuesta concreta de la auditoría a la delegación Mar del Plata”.

“En vez de transferir el dinero, lo que deberían hacer es proveernos los pañales. Por lo menos es lo que nos comunicaron. Estamos a mediados de junio y todavía no tenemos ni el dinero ni los pañales”, agregó Pablo.

Para el padre de Lucas sólo queda un camino: “Reclamo en forma individual no se puede hacer más porque, evidentemente, si nosotros venimos haciendo esto desde enero y no responden no hay voluntad de resolver el problema. Lo que nos queda es iniciar acciones legales contra la obra social porque claramente nuestros hijos se ven vulnerados en sus derechos”.

En ese sentido recordó que “todos tienen certificado único de discapacidad, por lo cual la obra social tiene que garantizar la provisión de los pañales en tiempo y en forma. Ellos tienen el derecho”.

Las 41 empresas de medicina prepaga ofrecieron devolver lo cobrado de más a sus afiliados en un plazo de 12 cuotas durante la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco.

De esta manera, se devolvería a los afiliados un monto equivalente al 24% de la cuota de julio, en el plazo de un año. Los importes para reintegrar, según la iniciativa, tendrían una actualización de acuerdo con el índice de costos de la salud.

Además, las empresas habrían propuesto que en el tercer trimestre del año los precios de los planes de salud se ajusten al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec del mes previo, para luego a partir de octubre liberar la tarifa como establecía el DNU 70/2024.

Sin embargo, la secretaría de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) no estarían de acuerdo con esta forma de devolución y la negociación se empantana.

Adicionalmente, las prepagas que atraviesan la denuncia por cartelización estarían solicitando que la investigación que lleva a cabo la secretaria de Industria y Comercio mediante la oficina de Defensa de la Competencia quede inactiva.

El encuentro pautado para hoy fue hecho por el juez Stinco a pedido de varias entidades prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas a las que se las acusó de cartelización para la suba de cuotas a partir de enero.

Días atrás, las autoridades del área de Salud pidieron la incorporación a la causa de otras 18 entidades, con lo cual son en total 41 las involucradas.

Además, como no pueden juntarse las empresas por la causa de cartelización, cada una llegó al juzgado con diversas propuestas, por lo que primero debieron ponerse de acuerdo para hacer una propuesta íntegra para todos.

En su fallo, el magistrado dispuso que las prepagas deben hacer un recálculo de las cuotas para que, en lugar de los que fueron cobrados, los importes vayan siguiendo la variación del IPC con dos meses de retraso (por ejemplo, las cuotas correspondientes a enero deben contemplar la inflación de noviembre; las de febrero, la acumulada entre noviembre y diciembre, y así sucesivamente).

Además, estableció originalmente que en un plazo de cinco días cada entidad debía plantear ante el Juzgado un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso del nuevo criterio. Ante este segundo mandato, varias entidades presentaron un pedido de prórroga y de convocatoria a una audiencia para hacer oír sus argumentos, una solicitud a la que se accedió y esta ocurriendo.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno nacional otorgará $ 125,2 millones a las obras sociales para compensar, de manera excepcional, las caídas en las recaudaciones de julio respecto de marzo último que hayan tenido los agentes del seguro de salud en el marco de la pandemia.

Así lo resolvió a través de la resolución 995/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada este martes en el Boletín Oficial, que fijó la compensación de la caída de recaudación de julio para 13 obras sociales sindicales, a través de un apoyo financiero de excepción por $ 125.275.810.

Esta decisión se adoptó para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de coronavirus, "así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

El monto del apoyo financiero establecido será abonado con recursos del Fondo de Emergencia y Asistencia, afectados al Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes del Seguro de Salud.

El mes pasado el Gobierno otorgó $ 821,8 millones para compensar la caída de recaudación de 97 obras sociales sindicales durante junio.

La reducción de obras sociales asistidas de un mes a otro marca la recuperación en las recaudaciones de las mismas, por la reanudación de mayor cantidad de actividades de la economía.

Las obras sociales atendidas en esta oportunidad son del Personal del Turismo, Hotelero y Gastronómico; de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada; de la Industria del Transporte Automotor de Córdoba; del Personal del Espectáculo Público; del Personal de Peluquerías; y la Asociación de Obras Sociales de Trelew.

También se asistió a las obras sociales del Personal de la Industria Cinematográfica; de Conductores de Remises; del Personal de Empaque Y Expedición de Fruta Fresca y Hortalizas de Cuyo; del Personal de Dirección Y Jerárquico de la Industria del Cigarrillo; del Personal Directivo de la Industria de la Construcción; de Obreros Empacadores de Fruta de Rio Negro Y Neuquén; y del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro.

"La odisea de mi papá y PAMI". Así llama Paola Márquez a la problemática que atraviesa su padre, que genera sufrimiento para él y toda su familia. "Necesita que llegue el stent que le puede mejorar la  calidad de vida, pero PAMI sigue dando vueltas para aprobarlo", explica la hija de José Márquez, el hombre de 74 años que se desempeña como mecánico y "tiene ganas de vivir".

El Marplatense habló con ella, quien contó que el hombre padece diabetesy aterosclerosis de los miembros inferiores. La situación pone en riesgo la vida de su papá y manifiesta la necesidad de visibilizarlo para que llegue la solución.

"Desde el 17 de marzo estamos tratando de que no tengan que amputarle las piernas a nuestro padre. Se hicieron todos los estudios, el cirujano cardiovascular que lo atendió en el Hospital "Doctor Bernardo A. Houssay" presentó todo en PAMI el 30 de abril y en todo este tiempo esperamos y no aprueban la cirugía. Recién nos reunimos con gente de la obra social, y nos dice que está en manos de la compra desde Buenos Aires, pero sea como sea mi papá corre el riesgo de que le amputen las piernas si no llega el stent que solicita", explicó.

Y agregó: "Es riesgo de vida, no se puede mover actualmente. Estuvimos 2 meses luchando para que lo reciban en la Clínica Avenida y recién el día lunes 19 de mayo logramos que mi papá pueda estar internado ahí. Mejoró notablemente en 24 horas de internación".

"Desde PAMI nos habían dado una internación domiciliaria y fue mentira porque no fue ni llamó nadie. Tuvimos que hacer todo con mis hermanos, y así seguimos", remarcó Márquez.

"Presentamos un amparo con la Defensoría Federal y el Juez Alfredo López hizo un dictamen pidiendo otro certificado más. Desde la Justicia nos están apoyando y colaborando pero está todo trabado desde PAMI; vemos que los empleados de la obra social tampoco pueden hacer mucho, todos son muy amables y nos escuchan pero no llega la solución y un día más para mi papá es la muerte o la amputación de sus piernas", expresó.

Al consultarle por la justificación de PAMI  dijo que "es el monto", y añadió: "desde Mar del Plata están con un cierto número para autorizar, que depende de Buenos Aires. Es todo por dinero, porque la parte clínica nosotros la presentamos, si no nos hubiesen escuchado en la Defensoría Federal".

Por último, concluyó: "Hemos escuchado que como es una persona grande no pueden ocupar una cama. Además de ver a tu papá sufrir tenes que luchar contra un sistema perverso", subrayó.

PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, dio a conocer la forma de pago de la suma fija y extraordinaria de 1.600 pesos a 540.000 afiliados que dará por los meses de marzo, abril y mayo en reemplazo de los bolsones de alimentos que habitualmente se distribuyen a través de Centros de Jubilados y Pensionados que deben permanecer cerrados por la pandemia del nuevo coronavirus.

La suma extraordinaria se pagará por única vez a 540.000 personas afiliadas en reemplazo de los bolsones de alimentos y se incorporará al recibo de haberes a través de un convenio con la ANSES.

Según dio a conocer la obra social, se abonará según el siguiente cronograma:

15/5: DNI terminados en 0 y 5

18/5: DNI terminados en 1 y 6

19/5: DNI terminados en 2 y 7

20/5: DNI terminados en 3 y 8

21/5: DNI terminados en 4 y 9

En cuanto al subsidio solidario de sostenimiento a 4200 a centros de jubilados y pensionados, lugares clave para la socialización y recreación de las personas, que recibirán un subsidio de $15.000, se abonará vía cheque a través de la UGL correspondiente.

Estas acciones se realizan en el marco del Programa Alimentario que PAMI brinda de manera mensual a las personas afiliadas que necesiten un bolsón de alimentos -que incluye productos secos seleccionados por nutricionistas para complementar la alimentación diaria- y que, por las medidas de aislamiento, los centros de jubilados encargados de su distribución no pueden entregar en tiempo y forma.

La medida significa una inversión total de $960.000.000 para atender la demanda en esta emergencia hasta que se restablezca la entrega de los bolsones en los Centros de Jubilados y Pensionados e implica un 33% adicional respecto del desembolso habitual que hace PAMI para garantizar la seguridad alimentaria de las personas afiliadas que lo necesitan. 

Además, PAMI habilitó una línea gratuita exclusiva para consultas acerca del virus COVID-19: 138 - opción 9.

En el marco de las medidas adoptadas para auxiliar a la industria audiovisual argentina frente a las consecuencias económicas de la pandemia del virus COVID-19, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) firmó un Convenio con la Asociación Argentina de Actores (AAA) mediante el cual ayudará a sostener su Obra Social. El 22 de abril se realizó un acuerdo de iguales características con el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA)

La medida se fundamenta en el desbalance presupuestario que la Obra Social viene enfrentando a raíz del cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que implica la paralización de las actividades de producción cinematográfica.

Las condiciones de contratación de los trabajadores de la industria los coloca en una situación muy gravosa. Ante la imposibilidad de realizar sus tareas con normalidad, no perciben ingreso alguno, lo que les impide efectuar los aportes de obra social y agrava aún más la penosa situación que atraviesan al poner en riesgo la continuidad de su sistema de salud y la atención médica de ellos y de sus familias.

El monto de la ayuda económica establecido por el convenio ascenderá a la suma total de 6 millones de pesos, y será abonado en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas (de $2.000.000 cada una) a pagar durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Por su parte, mediante la firma del convenio, la AAA se comprometió a afectar dichos montos a su Obra Social, pudiendo utilizar el subsidio otorgado para pagar insumos necesarios para la atención médica, adquisición de medicamentos y ayudas directas a los trabajadores, prohibiéndose de manera expresa la disposición y/o aplicación de los montos otorgados a cualquier otro destino.

El INCAA continúa trabajando en próximos concursos para seguir fomentando y apoyando al cine argentino, en el día de hoy se anunció mediante la resolución 193/2020 a los ganadores del Concurso Binacional organizado entre el INCAA y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la República de Chile, cada proyecto ganador accede al equivalente en pesos a cincuenta mil dólares estadounidenses, estos son: “Quizás es cierto lo que dicen de nosotras” dirigida por Sofía Paloma Gómez Vergara, de las productoras La Jauría Comunicaciones Ltda & Producciones Storyboard Media LTD (Chile) y Murillo Cine (Argentina) y “El Cardenal” dirigida por Benjamín Ávila, de las productoras Producciones Storyboard Media LTD (Chile) y Magma Cine S.R.L. (Argentina).

Las empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento del 12% en sus cuotas a partir de diciembre, lo que será la octava suba en lo que va del año. En la Superintendencia de Seguros de Salud confirmaron que la medida se dará a conocer en los próximos días en el Boletín Oficial. 

“Es imperioso el aumento de cuotas por los aumentos de los costos, tanto de los insumos dolarizados como de los medicamentos, que subieron un 80% en el último año”, señaló a Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la Argentina (CEMPRA) a Infobae.

En lo que va del año, las empresas de medicina prepaga aplicaron a las cuotas de sus afiliados siete aumentos: 5% en febrero; 7,5% en mayo y luego otro 17,5% que fue escalonado en julio (6%), agosto (6%) y septiembre (6%). Los últimos fueron de 4% en octubre y 4% en noviembre.

Se estima que en la Argentina hay entre 6 y 7 millones de personas afiliadas a empresas de medicina prepaga. Pero la situación económica acrecentó los casos de migraciones internas dentro del sistema (personas que bajan a planes más económicos dentro de la misma empresa) o que directamente cambian de empresa o salen del sistema.

Desde la Superintendencia de Seguros de Salud habían recomendado dividir el aumento o postergarlo, pero fracasaron y finalmente fue autorizado.“Planteamos al Gobierno algún tipo de reducción de los costos fiscales, tal como sucede con la educación privada que no paga algunos impuestos y recibe subsidios. El 70% de los argentinos se atiende en sanatorios o centros médicos y de diagnóstico privado. Parte de eso puede ir al sector público si no se toman medidas”, concluyó Lilloy.

Ante la situación preocupante por la que atraviesa el Centro de Equinoterapia El Alba, ante la deuda que mantiene el IOMA, y el retraso en la aprobación de los tratamientos de las diferentes personas con discapacidad, a las que asiste, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución por medio de la cual "expresa su preocupación ante el retraso por parte de IOMA y otras obras sociales en autorizar tratamientos ordenados por la justicia, mediante amparos, para las personas con discapacidad que reciben terapias de rehabilitación en diversos centros especializados en equinoterapia".

Además, a partir de la iniciativa del concejal Mario Rodríguez, el cuerpo legislativo local aprobó una comunicación que "solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires gestione ante IOMA y otras obras sociales, de manera urgente, las autorizaciones de las prestaciones requeridas para el tratamiento que reciben personas con discapacidad, a través de los diversos Centros especializados en equinoterapia, en la ciudad de Mar del Plata".

El Alba trabaja en la rehabilitación de más de 150 personas. A través del vínculo y relación con los caballos, buscan el desarrollo y potencial humano. Está formada por un grupo de profesionales que abordan en forma terapéutica e interdisciplinariamente la discapacidad en distintas áreas de rehabilitación: maestra especial, psicología, kinesiología, terapia ocupacional, instructor de equitación, fonoaudiología y acompañantes terapéuticos, entre otros. Al equipo se suman 12 voluntarios que realizan pasantías de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Una vez más, los niños y niñas con discapacidad están en peligro ante la deuda que mantiene IOMA con el Centro; “se deben honorarios por prestaciones desde enero y la deuda supera los $400.000”, afirmaron desde la institución.

Con suma dificultad, los pacientes que asisten al Centro de Equinoterapia han debido interponer un amparo para que IOMA les reconozca el tratamiento que les brindan. Con el aval de la justicia, personas con diferentes discapacidades, vienen recibiendo tratamiento terapéutico de rehabilitación, con “caballos” especialmente elegidos por su docilidad, temperamento y entrenados para tales tareas.

El Centro de Equinoterapia debe tramitar administrativamente ante IOMA, las autorizaciones de los distintos tratamientos autorizados por la justicia. Pero lleva desde el mes de enero del corriente año (seis meses), sin autorizar dichas prestaciones, lo que impide la posterior facturación por parte del Centro de Equinoterapia.

La Institución no deja de brindar el tratamiento a los pacientes con discapacidad, pero se encuentra en graves problemas financieros, dada la demora de estos meses en autorizar las prestaciones y futuros pagos, ya que no se pueden facturar mientras no sean autorizados.

El Centro afronta distintos gastos de administración de la institución, además del pago de salarios de profesionales especializados como psicólogos, terapistas ocupacionales, área pedagógica, veterinarios para asistir a los caballos y del área administrativa, pero debido a la demora de IOMA, se hace sumamente dificultoso al punto de analizar el posible cierre, debido a los altos costos de servicios, impuestos y costos de mantenimiento de la institución.