La protesta surge luego de meses de inconvenientes en la prestación de servicios, que en su momento habían sido limitados únicamente a urgencias. Aunque recientemente se alcanzó un acuerdo de pago que permitió reactivar la atención, los beneficiarios decidieron salir a la calle para exponer la situación que atraviesan.

“Las prestaciones continúan gracias a un compromiso de pago y un adelanto”, explicaron los afiliados a El Marplatense, quienes remarcaron que la incertidumbre y las demoras afectan su acceso a la salud.

En paralelo, se conoció la firma de un decreto que establece un descuento adicional del 2% para el personal en actividad, con el objetivo de achicar deudas de la obra social. Sin embargo, este recorte no alcanza a retirados ni familiares, lo que generó aún más descontento entre los afiliados.

Además, denunciaron la existencia de compras directas a droguerías sin los debidos controles, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión en un contexto de fuertes dificultades financieras.

Los manifestantes advirtieron que las medidas de fuerza podrían continuar si no se garantizan soluciones estructurales que aseguren una cobertura integral y estable para todos los beneficiarios.

Por primera vez desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el Estado nacional procedió al cierre de una obra social por incumplimientos. La medida alcanzó a la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), que fue eliminada del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) tras constatarse que nunca había tenido afiliados ni había prestado servicios médico-asistenciales desde su inscripción.

La decisión, oficializada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1022/2025, se enmarca en un proceso de auditorías impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), encabezada por Gabriel Oriolo. La intervención se da en medio de una política que busca depurar el sistema y eliminar los denominados “sellos de goma”, es decir, entidades que solo operaban en los papeles para recibir subsidios estatales.

En paralelo, la SSS declaró en crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (OSPAIL), que deberá presentar un plan de contingencia para evitar correr la misma suerte que la aduanera. El viernes pasado, en cambio, se informó que la obra social de los trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut logró revertir su situación financiera crítica.

La ofensiva del Gobierno contra las irregularidades en el sistema de salud sindical ya dejó otras señales. En lo que va de la gestión libertaria se intervinieron ocho obras sociales y se declararon en crisis otras once. A fines de la semana pasada, cuatro entidades más fueron alcanzadas por esta figura: Fedecámaras, Técnicos de Fútbol, Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos y Volkswagen Argentina.

“El objetivo es ordenar el sistema y garantizar la libre competencia para que los beneficiarios elijan en libertad cómo cuidar su salud. No hay lugar para entidades irregulares”, afirmaron desde la Superintendencia.

Entre los cambios estructurales previos, se destaca la modificación en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que desde el año pasado se distribuye según el número real de afiliados, lo que redujo transferencias a entidades con menos de 5.000 beneficiarios. La eliminación de la intermediación entre obras sociales y prepagas también afectó a los gremios con estructuras más débiles.

Fuente: Infobae

Durante la mañana, referentes de organizaciones de discapacidad se congregaron frente a la Catedral de Mar del Plata para manifestarse contra los retrasos en los pagos de las obras sociales y la falta de financiamiento por parte del gobierno nacional. La protesta, que contó con la presencia de diversas instituciones del sector, reflejó el descontento y las dificultades que atraviesan quienes brindan servicios a personas con discapacidad.

"Los nomencladores están muy bajos desde hace muchos años, y hemos atravesado una falta de pagos constante por parte de todas las obras sociales, tanto a nivel nacional como provincial", expresó Beatriz Domínguez, directora de CREDE (Centro con orientación deportiva y artística para personas con discapacidad intelectual), quien también se hizo presente en la manifestación.

Además, Domínguez destacó los problemas derivados de las demoras en las autorizaciones para las prestaciones: "Las familias necesitan renovar anualmente las prestaciones y tardan aproximadamente cuatro meses, lo cual significa algo terrible porque en ese tiempo no se paga. Las instituciones y las ONG somos quienes financiamos al Estado, como PAMI, IOMA, OSARPYH, OSECAC y otras obras sociales. Retrasan autorizaciones, pagos, nomencladores bajos y ni hablar de todo lo que sucede a nivel país, en donde esto se vive en CREDE desde Formosa, Chaco hasta Chubut", comentó.

La directora también hizo referencia a la eliminación de pensiones no contributivas y criticó la forma en que se están llevando a cabo los controles: "Es muy grave ver todas las pensiones no contributivas que sacaron, sin tener en cuenta a quién. Nos parece bien que se chequee si la persona es discapacitada o no, pero hay que revisar bien", agregó.

A pesar de la difícil situación, CREDE continúa con su labor, enfocada en el deporte y el arte: "El viernes pasado hicimos un torneo de surf en Santa Clara del Mar porque nuestra institución se dedica al deporte y al arte. No vamos a bajar los brazos en este sentido. No necesitamos manifestarnos con cacerolas, sino que lo demostramos con actividades para visibilizarnos", concluyó Domínguez.

En una variada charla con “Los datos del día”, en Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el contador público Marcelo Corbalán trató diversos temas, como la baja de los impuestos, las obras sociales, las propinas con pagos electrónicos y los descuentos de hasta el 15% en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.

“A la Provincia pasó algo similar que a Nación, que al no tener presupuesto tampoco tiene Ley Impositiva y por lo tanto, estamos en un status quo. Hay cuestiones de los impuestos que se tratan en una ley especial y con respecto al Inmobiliario y al Automotor, volvieron los descuentos que el año pasado empezaron más tarde”, indicó.

Entonces, comentó que “existe el descuento por pago anual, ya sea de la patente o del inmobiliario, y puede ser de hasta un 15%”, donde se trata de “un 5% si sos cumplidor, es decir que no tenés deudas, y un 10% adicional por pagar”.

En esa misma línea, el docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) añadió que “si querés ir pagando con los vencimientos, que son cinco tanto de Inmobiliario como de Automotor, tenés el 5% por buen contribuyente y el otro 5% si tenés adherido el pago a débito automático”.

Por otro lado, también se refirió a las propinas con billeteras virtuales o tarjetas de débito, donde aclaró: “Si pagás la propina con un medio electrónico, esa parte no va a sufrir ningún tipo de retenciones en el impuesto a los ingresos brutos. Estaba activado, pero al comerciante le entraba el dinero total y ahora la propina va por separado”.

AHORRO EN DÓLARES 

A su vez, en tanto a los dólares, Corbalán indicó que “el Banco Central había dictado una norma en la que daba plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 para llevar los billetes cara chica y cambiarlos por los cara grande, pero luego lo extendieron hasta el 31 de marzo y como el Gobierno quiere captar los dólares, ahora lo prorrogaron hasta el 31 de diciembre de este año". 

“Estos son datos de la práctica. Vamos tras la norma y ahí ya cambia. Y si no, vas con un escribano. Te aseguro que con un acta notarial, la cuestión cambia. No tiene sentido, pero pasó mucho más con el tema del blanqueo de capitales”, detalló Corbalán sobre los casos en que la entidad del Estado no aceptaba los dólares que uno llevaba.

En otro punto, dijo que “antes, cuando entrabas a trabajar en algún lugar, no había chance de que no vayas a la obra social que te correspondía y sí o sí tenías que estar un año para pedir la derivación de los aportes, aunque luego se flexibilizó y ya podés derivarlos a una prepaga”.

Sin embargo, el especialista en procedimiento tributario agregó: “Hay una norma que salió a principio de año donde se indica que quien eligió derivar a la prepaga, tiene que ratificar la elección, pero el resto no. O sea, si soy empleado de comercio y estoy conforme con OCECAC, no hago nada. Y si elegí otra obra social sindical, tampoco. El que debe estar atento es el que eligió una prepaga”.

IMPUESTOS

Y por último, fue consultado acerca de los impuestos, marco en el que remarcó que “nos guste o no lo que bajó, hubo una baja de impuestos” y recordó que el Gobierno “bajó Bienes Personales, sacó el Impuesto PAIS, algunos aranceles y retenciones, y subió las escalas del monotributo”, a pesar de que no entiende “por qué la pesca quedó afuera”.

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon inauguró una nueva instancia de mediación para los vecinos con el objetivo de garantizar el derecho a la salud. El programa se llama “Defensoría de la Salud” y fue aprobado en la Resolución 4/2024.

En este sentido, Marcelo Lacedonia, defensor del pueblo, declaró en diálogo con El Marplatense que “ya veníamos trabajando de manera informal desde la Defensoría, por lo que esto le da un marco de institucionalidad”. 

Este programa “lo que pretende es abordar los reclamos que casi de manera sistemática nos llegan a diario sobre negativa o falta de cobertura, demoras en la respuesta por parte de los financiadores, obras sociales, prepagas y mutuales, hacia sus afiliados”, explicó. 

De modo que “el objetivo es generar una instancia voluntaria para los reclamados, pero que tiene la virtud de tener inmediatez con el afiliado y lo que se trata es de tener una mediación, un método alternativo de resolución de un conflicto que en la mayoría de los casos termina judicializado”, indicó. 

Además, “por lo general los casos tienen que ver con las respuestas muy cerradas de parte de las auditorías médicas de estas entidades donde se aferran a la normativa, el PMO que es un presupuesto mínimo de cobertura”, resaltó. 

Para ejemplificar, contó el caso “de una hernia inguinal donde la entidad autorizó la vía convencional y no laparoscópica que tiene muchísimos más beneficios, en toda la bibliografía médica indica que el post operatorio no tiene complicaciones, no hay riesgos de infecciones, permite una reinserción laboral rápida, casi una cirugía ambulatoria”. 

“Entonces no guarda relación con el sentido común no autorizar ese tipo de intervención cuando la vía tradicional requiere días de internación, riesgos de infección y el costo es mayor”, continuó. 

Por consiguiente, “lo que se propone desde la Defensoría es generar una instancia de diálogo, ya que generalmente lo que genera el conflicto es la mala comunicación. Es una mediación escuchando ambas partes, porque también la judicialización excesiva genera que los jueces resuelvan de quien va en búsqueda de la tutela de su derecho a la salud sin escuchar las razones de la prestación”, expresó. 

“A veces impulsado por la idea generalizada de que no van a aprobar las prácticas, la gente recurre directamente al amparo. Lo que genera que los juzgado atiendan un montón de situaciones que deberían ser resueltas en el ámbito sanitario”, agregó. 

Entonces, “creemos que tenemos las herramientas para hacer una instancia de mediación, escucha activa, y sobre todo, resolver rápidamente para bien o para mal. A la gente esta instancia le puede servir para mostrar su buena fe de que no quiso ir directamente a la vía judicial”, enunció. 

Para obtener más información, “tenemos un número de WhatsApp que es el 2236152488, se pueden comunicar por ahí en una primera orientación, y de ahí les vamos a indicar cuál es la documentación a aportar, según el objeto de reclamo”. 

“Quiero destacar que es un procedimiento informar, gratuito y confidencial. Toda la documentación está protegida, es como si tramitara en una institución de salud”, concluyó.

El sistema de seguridad social en Argentina ha atravesado importantes transformaciones a lo largo de su historia. Una de las más relevantes, introducida en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem, fue la desregulación de las obras sociales sindicales a través del decreto 1141. Sin embargo, junto con los cambios positivos, surgió una práctica que durante décadas encareció y complicó el acceso a la cobertura médica: la triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas. Ahora, con la implementación del Registro Nacional de Agentes del Seguro, desde este 1 de diciembre, el Gobierno busca poner fin a esta modalidad burocrática y beneficiar a los usuarios.

El decreto 1141 de 1996 marcó un antes y un después en el sistema de seguridad social del país. Entre los cambios más significativos, se encontraba la posibilidad de que los beneficiarios pudieran migrar de una obra social a otra, algo que anteriormente era impensable. También se introdujo el Programa Médico Obligatorio (PMO), que garantizó una canasta mínima de prestaciones de salud, medicamentos y servicios para todos los afiliados.

Para financiar el PMO, se creó el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), alimentado por aportes del 6% del salario del empleador y el 3% del empleado. De estos fondos, el 85% se destinaba directamente a las obras sociales, mientras que el 15% restante se canalizaba hacia un fondo común administrado por la entonces AFIP (ahora ARCA). Este sistema buscaba asegurar que incluso las obras sociales con menos recursos pudieran garantizar las prestaciones establecidas en el PMO.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década del 90, comenzó a implementarse un esquema que complicó la dinámica del sistema: la triangulación. Para cambiar de prepaga, los usuarios debían pasar obligatoriamente por una obra social intermediaria. Este paso adicional generó costos extra para los afiliados y enriqueció a entidades que, en muchos casos, no ofrecían ningún servicio real.

Según explica Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, muchas de las obras sociales intermediarias operaban como “sellos de goma”. Estas entidades no brindaban servicios médicos, pero retenían un porcentaje de los aportes -del 2% al 7%- en concepto de comisión o “peaje”. Este esquema estaba legalmente establecido, lo que permitió que perdurara durante años.

Un caso emblemático citado por Rubinstein es el de “Capitanes de Ultramar”, una obra social que pasó de ser casi inexistente a manejar una gran cantidad de beneficiarios gracias a un convenio con OSDE, sin ofrecer beneficios reales. Este tipo de prácticas demostraba que el sistema de triangulación no sólo encarecía la cobertura médica, sino que también alimentaba la proliferación de intermediarios sin valor agregado.

El flamante Registro Nacional de Agentes del Seguro, recientemente implementado, busca eliminar la necesidad de intermediarios. Con esta medida, los afiliados podrán derivar sus aportes directamente a la prepaga o la obra social de su elección, sin pasar por un tercero. Este cambio promete varios beneficios.

Uno de ellos es la reducción de costos para los usuarios: al eliminar las comisiones retenidas por las intermediarias, el dinero que antes se destinaba al “peaje” ahora irá directamente a las prepagas u obras sociales. Esto debería reflejarse en una disminución de los costos para los afiliados.

También la simplificación del sistema, ya que los usuarios tendrán mayor libertad para elegir su cobertura médica, sin las trabas burocráticas impuestas por la triangulación, pero además permitirá la igualdad de condiciones, puesto que las prepagas ahora tendrán los mismos derechos y obligaciones que las obras sociales, garantizando una competencia más equitativa.

Si bien la eliminación de la triangulación representa un avance significativo, también plantea algunos desafíos. Rubinstein advierte que esta medida podría generar tensiones financieras en las prepagas. Al eliminar intermediarios y permitir el ingreso directo de afiliados, es probable que aumente la cantidad de usuarios en estas entidades, especialmente entre aquellos con salarios más altos. Este incremento en la demanda podría dificultar el financiamiento de las prestaciones garantizadas, llevando a una mayor presión sobre los recursos de las prepagas.

Al eliminar una práctica burocrática y costosa que perduró por décadas, el Registro Nacional de Agentes del Seguro busca garantizar un acceso más transparente y económico a la cobertura médica. Aunque todavía quedan desafíos por resolver, como la tensión financiera que podría enfrentar el sistema, este cambio sienta las bases para un modelo nuevo.

Fuente: Noticias Argentinas

La gestión que encabeza Javier Milei puso un marcha un proceso de ajuste, desregulación y revisión sobre todas las áreas de la administración pública. Una es la del sector de la Salud, donde por estas horas trabaja en dar de baja un grupo de prepagas a la vez que también se intervendrán obras sociales.

El plan del Ejecutivo se basa en inspeccionar la situación financiera y administrativa de los agentes del sistema de salud, es decir, las prepagas y las obras sociales. Solo a modo de ejemplo, el “mapa” registrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) constaba de unas 675 prepagas y 291 obras sociales al inicio de la gestión actual.

Sobre las primeras, el organismo detectó un grupo de empresas de medicina que se inscribieron en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero nunca presentaron datos como el padrón de usuarios, los planes de cobertura, los cuadros tarifarios, los estados contables o los balances ante la SSS.

Por eso, a través de un aviso publicado días atrás en el Boletín Oficial, se procedió a cancelar la inscripción de 60 de ellas, entre las que se encontraban Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A, por mencionar algunas.

Ahora, el organismo tiene previsto continuar en este sentido y en los próximos días eliminará 60 prepagas más mientras evalua el estado de situación de otras 70. En total, se estima que se pueden dar de baja -contabilizando las ya oficializadas y las que están en carpeta- unas 180.

“Esta decisión tiene como objetivo que el beneficiario acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad”, argumentaron fuentes oficiales ante la consulta de este medio.

Además de las prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud también intervino cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM).

“Todas estas obras sociales, además, recibían millones de pesos de subsidios del Estado”, insistían en el organismo, que en el corto plazo tiene entre sus previsiones intervenir dos entidades más.

Según lo que explicaron, el proceso de intervención comienza con auditorías y si se comprueba que falta “información necesaria como para funcionar como agentes del sistema de salud”, se designa a un interventor que debe informar sobre la gestión de la obra social en cuestión. Si ese funcionario comprueba “inviabilidad” -financiera, prestacional o patrimonial- de la entidad, se activa un “mecanismo de liquidación”. En ese caso, los afiliados se distribuyen en otras obras sociales.

Una de las intervenciones más importantes que hizo el Ejecutivo fue la de OSPERA, la obra sociales de los peones rurales, que cuenta con 759.203 beneficiarios y es la tercera más grande del país.

“Esta obra social nunca presentó un informe en la SSS en más de un año. Ni memorias ni balances. Incluso, el administrador que designó la Justicia el último año, en octubre de 2023 solicitó una ayuda financiera de $3350 millones. Este denominado apoyo financiero supuestamente era para subsanar deudas, algo que no ocurrió, ya que hoy la obra social pasó de tener una deuda de $26.979.000 del 30 de septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año”, indicaron funcionarios al tanto del proceso de intervención.

“Además, en los últimos meses, la SSS se puso en contacto con los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, pero el 90% dijo que no tenían convenio”, cuestionaron.

Fuente: TN

La Escuela de Medicina de Mar del Plata continúa su ampliación con el objetivo de aumentar sus servicios y abordar una educación más completa al poder realizar prácticas de alta complejidad en las instalaciones. 

En este sentido, Adrián Alasino, director de la Escuela de Medicina, manifestó en diálogo con El Marplatense que “es un obra muy esperada por la comunidad universitaria, se planificó por varios años y está destinada al centro de simulación y un centro de salud”.

Asimismo, comentó que “está en el edificio anexo de la escuela y para nosotros va a lograr una capacidad instalada modelo en la ciudad que es tener todos los simuladores de última generación en cuatro ambientes, un quirófano, una sala de partos, una terapia intensiva y neonatología”. 

La obra surgió por “la necesidad de tener practicas reales en escenarios que son complejos, porque no se pueden llevar 20 estudiantes a una terapia intensiva o un quirófano”. 

Según los cálculos, “Mar del Plata va a tener a partir de la primavera, si todo va bien con la obra, este centro que va a ser único por su características de acá al sur del país”, aseguró.

Otro de los puntos fundamentales de la nueva infraestructura, se evidencia en un espacio para ayudar a la comunidad que no tiene acceso a la salud. “este centro fue pensado hace más de un año y es increíble que tenga tanto que ver con la realidad de hoy, donde hay obras sociales que tienen peligro de cierre”. 

“Se pensó un centro de salud, dado que siempre es bueno hacer prácticas en la escuela de Medicina, donde poder atender a los estudiantes de toda la Universidad que no tienen obra social”, continuó.

Lógicamente, para su total funcionamiento, “después debemos tener todos los insumos, con todos los problemas presupuestarios que tiene la universidad ahora, para poder llevar adelante la atención en el centro de salud”, enfatizó.

 Además, “no va a ser algo exclusivo de los estudiantes porque la idea es devolverle a la comunidad porque al fin y al cabo la universidad se financia con presupuesto público, y si bien estamos haciendo un fuerte reclamo de las cosas que sí funcionan, 9 de cada 10 médicos que el país salen de la universidades públicos”, explicó.

De modo que “consideramos que debe acomodarse la cuestión presupuestaria, los reclamos siempre con diálogo porque acá no hay enojos, sino que ponemos sobre la mesa lo que impacta y produce la Universidad. La comunidad nos acompaña porque todos sabemos que el pueblo argentino, y acá en Mar del Plata sucede, tienen una alta consideración por la Universidad pública de muchos años”, determinó.

A pesar de que la obra parece encaminada, “hay una cuestión de que los precios han aumentado un 300% y las obras de licitación pública tienen su encuadre normativo, así que es un esfuerzo de todos, los que hacen la obra, la universidad que lleva el proceso de control y fiscalización. Así que es casi un milagro que se pueda llevar adelante”. 

“Obviamente tenemos que comprar los equipamientos que van adentro, para eso hay carias licitaciones en marcha, ya hay cosas compradas, pero hay que adquirir nuevo. La verdad que se está convirtiendo en una especie de magia poder cumplir con los objetivos, pero somos optimistas porque pensamos que con el diálogo vamos a tratar de que esto cambie y que en el correr del año se vea el impacto y el presupuesto se acomode para que las universidades públicas puedan continuar su misión social”, concluyó. 

El Gobierno de Javier Milei publicó este miércoles los decretos de reglamentación que desregulan las obras sociales sindicales. Comenzará a regir a partir del 1 de marzo. Los cambios alcanzan a un universo de 14 millones de trabajadores.

El Poder Ejecutivo avanzó con la desregulación del sector de la salud vinculado a los gremios, uno de los puntos que habían sido contemplados en la ley ómnibus y en el mega DNU, con el objetivo de habilitar la libre elección por parte de los usuarios.

A continuación, señala que el plazo mínimo de permanencia "no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una Entidad de Medicina Prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma Entidad de Medicina Prepaga”.

El objetivo de la administración libertaria es que los trabajadoresno se vean obligados a permanecer durante todo un año a la obra social asignada por rama, sino que cuenten con la opción de elegir los prestadores que consideren al comenzar un nuevo empleo sin ningún tipo de intermediación.

De esta forma, las empresas de medicina prepaga se verán obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben.

Días atrás, el vocero presidencia Manuel Adorni había adelantado la decisión del Gobierno de permitir la libre elección de obras sociales y prepagas. "Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación", sostuvo en su conferencia de prensa en Casa Rosada.

El decreto comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación y lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del titular de la secretaría de Salud, Mario Russo.

La pandemia significó una crisis sanitaria en todo el mundo.

Durante los momentos más críticos, los establecimientos de salud se vieron colapsados: tanto por casos confirmados de Covid-19, como por consultas y miedo a esta enfermedad, y también a otras ya existentes.

Sin embargo, y al mismo tiempo, un gran porcentaje de personas se encontraban temerosas a la hora de tener que ir a realizar una visita a las clínicas y hospitales, ya que ello podía significar poner en riesgo su salud. En este sentido, se generó un aumento exponencial y hasta una saturación de los canales telefónicos que llevó a que los niveles de atención cayeran fuertemente.

Frente a este contexto, la tecnología comenzó a cumplir un rol clave, y la innovación sirvió como solución a dichas problemáticas.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a implementar asistentes virtuales, con el objetivo de disminuir la presencialidad en las sucursales, brindar información de calidad de forma inmediata y poder distribuir las consultas por motivo y prioridades.

Esta nueva herramienta, permite a los asociados realizar consultas sobre diferentes cuestiones, fundamentalmente administrativas como gestión de autorizaciones, consulta de cartilla o farmacias y sacar turnos médicos o en sucursales.

Si bien la brecha digital en Argentina existe y la demanda de los canales digitales está más relacionada a la población joven, es llamativo el crecimiento de la interacción de los chatbots de los mayores de 50 años.

Lo cierto es que el aumento exponencial del volumen de llamadas y consultas entrantes en los call centers, las largas filas de espera y los equipos de atención desbordados con bajos niveles de atención encontraron en esta herramienta una solución.

Los chatbots resuelven consultas relacionadas con dudas operativas, de turnos, agendas, días de atención y hasta afecciones más comunes en donde no es necesario recurrir a una atención personalizada.

Algunos centros médicos ofrecen la atención por videollamada en especialidades como Nutrición, dermatología, Endocrinología o medicina clínica.

Muchas veces los pacientes necesitan realizarse un análisis de sangre, o estudios de rutina como el electrocardiograma y a través de este formato los especialistas confeccionan las recetas para acudir a los laboratorios o a realizarse estudios particulares.

En lo que respecta a nutrición, muchos especialistas también monitorean y realizan un seguimiento a sus pacientes a través de estos canales.

Por Germán Ronchi

"Equinoterapia no es tener un caballo en el patio de casa para el nene". Determinante, pero lejos de enojarse, fue la frase de Sonia Guijarro, quien es referente de la actividad en AYUN Asociación Civil de Mar del Plata.

La cuestión radica en la falta de conocimiento de muchas personas, a partir de que la terapia no está considerada como tal por los profesionales de la salud, e incluso por la obras sociales.

Una lucha que lleva muchísimos años en el país. Y todo se basa, en parte, por la desinformación, la cual genera el famoso "teléfono descompuesto".

La equinoterapia es una técnica empleada por profesionales de la salud física o mental, para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico y cognitivo, por medio del caballo como herramienta terapéutica y coadyuvante.

Y Sonia amplió en la charla con El Marplatense: "Es una terpaia complementaria. Para cuando un niño o una persona llega a equinoterapia, persona ya tiene su equipo terapeútico que lo atiende, dependiendo de la patología. Y empieza por una derivación de su médico de cabecera y una sugerencia de un profesional", comenzó.

En relación a los profesionales que se dedican a esas práctica, Guijarro como tal, aseguró que "si bien la equinoterapia tiene como principio científico y comprobado, el movimiento tridimensional del caballo que simula a la marcha humana y es paralelo, para que esto sea beneficioso y dé resultado tiene que haber un profesional que conoce el método y realiza las técnicas para que la persona esté en el lugar determinado de ese caballo y este impulso similar a la marcha humana viaje vía médula y se vaya grabando ese patrón en su cerebro".

"Subir a un caballo no es hacer equinoterapia. Hay un profesional que debe conocer la parte cinestécica, fisiológica, teología equina, que es lo paralelo a lo humano y conocer los movimientos para que eso resulte", referenció la secretaria de AYUN respecto a la influencia de la terapia en la parte motora.

Mientras que en el estímulo psíquico, resaltó que "hay muchos beneficios en la parte psicológica. Si bien no hay comprobación científica, los profesionales de la equino y psicología, se ha tomado al caballo como  vínculo y al psicólogo como moderador. Ayuda en el aumento de motivación, fortalece la percepción temporo-espacial, estimula la afectividad, desarrolla autoestima y mejora la concentración y atención".

Esto último, Sonia lo destaca por sobre todo: "Para poder manejar un caballo se deben tener un montón pautas que la persona, como va disfrutando la actividad, las va tomando y no se da cuenta que está trabajando su atención y su concentración".

La Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados y la Fundación Cordobesa de Equinoterapia son los centros de mayor relevancia a nivel nacional, que además forman profesional. Al respecto, la secretaria de AYUN, afirmó que "en el tema de la formación uno busca lo más serio. Sin embargo, tenemos otras profesiones, mi compañera es estimuladora temprana y yo soy psicomotricista, además de la capacitación continúa que se debe tener por la discapacidad es un abanico muy amplio y cada vez surgen más patologías".

PELEA I

¿Terapia Alternativa o complementaria?

"Cuando algo es alternativo tenes la opción de usarlo o no. Yo no puedo decir que voy a tratar a una persona con discapacidad solo con equinoterapia. Se necesita un médico que haga una derivación, un kinesiólogo, un psicólogo, un neurólogo. Entonces la equino complementa a las distintas terapias", remarcó Sonia.

Y añadió que "por otro lado, han llegado personas sin ningún tipo de tratamiento y nosotros planteamos qué es lo más conveniente (un kinesiólogo o psicólogo o lo que necesite)".

PELEA II

Obra sociales

Las obras sociales se hacen eco de muchos profesionales de la salud que no incluyen a la equinoterapia dentro de un tratamiento para personas con otras capacidades. Por tanto, no cubre económicamente la práctica.

"La mayoría de las obras sociales no reconoce a la equinoterapia", confió Sonia. "Hace muchos años se presentaron más de 11 proyectos de ley en el Senado y nunca fueron tratados. A todos nos interesa que nuestra profesión sea jerarquizada, para ello debemos tener una ley que nos reglamente", explicó.

Y volvió a las obras sociales y detalló que tampoco genera un impedimento, ya que se recurre a ella "pero si no lo reconoce voluntariamente, se hace a través de un amparo, cuyo costo corre por cuenta de la obra social que se negó a cubrirlo".

PELEA III

El lugar de AYUN

Sonia contó que desde la intendencia de Gustavo Pulti, AYUN luchó por establecerse en un lugar acorde para la equinoterapia. Costó, pero lo consiguieron: "En una pelea muy ardua, logramos que la municipalidad nos diera en comodato un lugar abandonado dentro de Parque Camet. Lo estamos poniendo en valor, lo cual es muy difícil porque nuestros socios pagan 30 pesos por mes. De hecho, necesitamos la colaboración de quien pueda para poner en condiciones el galpón que nos permita trabajar en épocas de frío o lluvia, para no perder la continuidad de los tratamientos.

PELEA IV

La de todos: coronavirus

La equinoterapia también entró en cuarentena el 20 de marzo. Y más allá de la economía, lo lamentable refiere a la falta de continuidad en los tratamientos terapéuticos.

Sonia contó cómo fue atravesar tantos meses sin actividad. "Los primeros meses de la cuarentena fueron muy duros porque es muy fuerte el vínculo de quien concurre con el equino. Y existe mucha expectativa en la semana para que llegue el día en volver a ver a los caballos. Y esto a su vez genera que está muy entretenido con el entorno, muy estimulado por los pájaros, el verde y cumplen las pautas que les marcamos, aunque no lo noten. Entonces disfrutan mucho de ese momento", confesó.

"Tratamos de hacer terapia como todo profesional, por zoom y videos y después, cuando se fueron abriendo las actividades elaboramos un protocolo a nivel nacional, lo presentamos en la municipalidad hasta que fue aprobado y retomamos el 1 de junio", informó la secretaria de AYUN, la Asociación Civil presidida por la también equinoterapeuta Gisella Marcos.

"De todas maneras nos aprobaron determinadas patologías porque hay personas que están en situación de riesgo muy extremo que no podemos trabajar con ellos", aclaró.

Por último, sobre AYUN Sonia especificó que "comenzó siendo equinoterpia, pero viendo la necesidad que había en las familias en otras cuestiones como el asesoramiento a nivel pedagógico, obras sociales, la contención de padres y hermanos, nos fuimos ampliando. Es decir hay una dinámica familiar diferente, entonces a partir de ahí surgió AYUN Asociación Civil que trabaja con niños, jóvenes y adultos, en discapacidad, riesgo social y con capacitaciones en diferentes temas con acompañamiento y asesoramiento".

Las clínicas y sanatorios privados de la ciudad de Mar del Plata advierten y reclaman por la crisis económica que atraviesan desde mucho antes del coronavirus. Han denunciado más de una vez la desactualización del valor de los aranceles que se pagan para la cobertura de costos desde las obras sociales y las prepagas y aseguran que se intensificó la situación a raíz de la crisis por la pandemia que atraviesa al mundo.

El Marplatense habló con el presidente de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Buenos Aires (FeCliBA), Jorge Soria, y contó cómo intentan sobrellevar la problemática y sobre los casos de COVID-19 en las instituciones médicas.

"Las clínicas estamos bastante mal económicamente antes de la pandemia y la cuarentena, de modo que esto se prolonga. Las obras sociales y las prepagas a las que atendemos a los afiliados están en plena negociación en este momento para actualizar aranceles y algunas están remisas a acceder a lo que realmente es justo y necesario para atender”, explicó.

Y agregó: "Sabemos que es una situación difícil para todos, pero es necesario poder tener los costos bien analizados y los aranceles acorde a los costos de los sanatorios, que tienen que actualizar los insumos y tener todo el equipamiento para prepararse por esta pandemia".

En cuanto a los casos positivos de coronavirus en trabajadores de la salud, Soria dijo que "la gran mayoría de estos casos no han sido contraídos dentro de las clínicas, teóricamente hay algunos contactos que son familiares, contactos estrechos entre personas, pero no ha habido contagios en sí dentro. Han detectado personal de salud infectada en otros dispositivos, pero no ha habido en los centros de salud áreas que sean peligrosas".

"Sabemos que las áreas donde se atienden las enfermedades respiratorias en las clínicas están totalmente aisladas y separadas del resto de los pacientes y el resto de las prestaciones que se dan, como cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónicas, los quirófanos", indicó.

"Por eso tenemos calma y les transmitimos lo mismo a las personas para que no dejen de asistir a atender sus enfermedades, las que ya tenían antes de este problema viral", tranquilizó el presidente de FeCliBA.

Respecto a la forma de resolver la crisis económica, Soria manifestó: "Muchas clínicas se han anotado en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, más del 99% fueron aprobadas. Algunas están en estudio todavía por algo administrativo y estamos a la espera de que todas informen que ha recibido el apoyo para poder pagar los salarios del personal de salud".

"Las obras sociales principales como IOMA, en nuestro caso, terminaron de pagar el mes de febrero estos días, quedaba un 30%. En esta última semana de mayo se vence el pago de marzo y debería ingresar pronto", señaló Soria.

Y reiteró la necesidad de renegociación con las prepagas:  "Las prepagas están recibiendo notificaciones de nuestra parte planteando una actualización de aranceles porque con el costo de vida y de los insumos se hace insostenible la atención".

"Si bien nosotros sabemos que las obras sociales y las prepagas han tenido una cantidad menos de aportes de sus afiliados también sabemos que la superintendencia les ha brindado mucho dinero a fines de poder paliar esta situación, y al mismo tiempo han gastado muy poco dinero, porque la prestación ha caído más del 40%”, indicó.

Y añadió: “De modo que no es un problema de recursos si no un problema de saber analizar este momento, ser solidarios y pensar que si los sanatorios van mal los médicos vamos mal y la gente no se va a poder atender como corresponde".

"Lo otro que también planteamos es que se acorten los tiempos de pagos porque se trabajó y se atendieron pacientes en febrero y se cobró a fines de abril, lo de marzo en mayo. Con esta inflación y este costo de vida e insumos es imposible tener ahora esos plazos, hay que reorganizarlo y hacer los pagos más prontos para que las clínicas no se desfinancien”, concluyó.