Un proyecto de resolución presentado por el diputado del bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, busca interpelar al canciller Pablo Quirno en la Cámara de Diputados,  por el ingreso a la Argentina y posterior salida de un avión privado del senador brasileño Flávio Bolsonaro. 

La iniciativa pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a Estados Unidos, pese a que a este le habían cancelado los pasaportes y no podía salir de Brasil. Con la convocatoria de Quirno, buscan determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei facilitaron el traslado del brasileño y su familia.

 El proyecto presentado por Juliano, solicita que el canciller comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que había dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador Bolsonaro. 

Por otro lado, una de las principales interrogantes apunta al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presencia en Puerto Iguazú durante el traslado del ex candidato presidencial es mencionada en el proyecto. De esta manera Juliano exige determinar si el funcionario mantuvo contactos con el senador o intervino en la organización del vuelo privado.

En el mismo sentido, busca esclarecer la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera a Puerto Iguazú, y también establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

Otro de los puntos del escrito presentado, involucra a la empresa  Baires Fly S.A., señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, quien es mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El legislador reclama identificar quién contrató y financió el vuelo.

Se menciona que el proyecto de Juliano contiene 91 preguntas dirigidas al canciller Quirno, donde además se reclama la entrega de registros migratorios, planes de vuelo comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para  establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales. 

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti realizaron una visita oficial a la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, con el objetivo de supervisar el predio donde se construirá la nueva Base Naval Integrada. El proyecto está concebido como un polo logístico y operativo clave para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y consolidar la proyección hacia la Antártida, además de brindar soporte a tareas científicas en la región.

Durante la jornada, los funcionarios nacionales mantuvieron un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede del gobierno provincial.

En ese marco se analizaron aspectos vinculados al desarrollo de la infraestructura y su impacto estratégico para la jurisdicción, considerada una demanda histórica en materia de logística antártica.

Posteriormente, las autoridades nacionales y equipos técnicos de las Fuerzas Armadas se trasladaron al área destinada a la obra, donde representantes de la Armada Argentina brindaron detalles técnicos sobre el proyecto, sus plazos y características operativas.

Desde el Gobierno nacional se enmarcó la iniciativa dentro de las directivas de gestión vinculadas a la consolidación de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

El canciller Pablo Quirno informó que el Gobierno nacional notificó a 180 empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, advirtiendo que deberán optar entre continuar operando en el archipiélago o afrontar sanciones en la Argentina.

El anuncio se realizó durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desarrollada en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en el marco de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Durante su exposición, el funcionario explicó que la Ley 26.659 prohíbe la actividad en territorio nacional a las compañías que participen en la explotación de recursos en el Atlántico Sur sin autorización argentina.

“Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, señaló. En ese sentido, agregó: “Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios… Van a tener que elegir”.

Asimismo, Quirno detalló que el Ejecutivo avanzará con un decreto reglamentario para agilizar la aplicación de sanciones sobre el universo de empresas involucradas, que incluye operadoras, aseguradoras y prestadoras de servicios técnicos y financieros. “Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, advirtió.

En paralelo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley 26.659 que incorporará la obligación de presentar una declaración jurada para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), certificando el cumplimiento de la normativa. La iniciativa también contempla un mecanismo de reingreso al sistema para aquellas compañías que desistan de sus actividades en las islas.

Tras la confirmación de la visita de León XIV, el Gobierno comenzó a definir el operativo que acompañará al pontífice durante su paso por Argentina. El papa estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El canciller Pablo Quirno aseguró que la seguridad quedará bajo responsabilidad de las autoridades nacionales. Para el despliegue se conformará un comando unificado, integrado por fuerzas de las jurisdicciones incluidas en el recorrido.

“La seguridad del Papa está absolutamente garantizada”, afirmó el canciller.

Según explicó, una avanzada del Vaticano ya trabajó con funcionarios argentinos sobre los primeros aspectos del dispositivo. Los detalles se ajustarán cuando la Santa Sede confirme los lugares y horarios de cada actividad.

La Secretaría General de la Presidencia convocará la próxima semana a una mesa de coordinación. Allí participarán las áreas encargadas de seguridad, logística, transporte, protocolo, prensa y organización general.

El Gobierno también emitirá un decreto para declarar la visita apostólica de interés nacional.

Quirno descartó que alguna ciudad haya sido excluida por razones de seguridad. Señaló que Buenos Aires fue incorporada por tratarse de la capital, mientras que Luján y Córdoba fueron seleccionadas por su importancia para la comunidad católica.

El canciller también confirmó que León XIV mantendrá una reunión con Javier Milei. El encuentro formará parte de las actividades institucionales previstas durante la visita, cuyo programa completo será comunicado por el Vaticano.