Luego del paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses y estatales ATE, el Gobierno de Axel Kicillof recibirá este miércoles a ambos sectores a negociar salarios en paritarias y si bien espera llegar a una solución, advirtió que el último ofrecimiento fue, probablemente, el mejor del país.

Las reuniones en La Plata, que serán el miércoles en dos turnos, sentarán primero a la mesa de negociación a los docentes  y luego a las centrales que nuclean a los estatales de la administración central. Al encuentro se llega tras el rechazo de un 3% de ajuste total (que incluye un 1,5% retroactivo a diciembre) ofertado por la administración Kicillof, que evitó, como gesto, cerrar la paritaria por decreto.

Ante ese escenario, el Ejecutivo bonaerense decidió liquidar igualmente el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero, con el objetivo de evitar que los trabajadores perciban una merma en relación a enero. Y los llamó a negociar esta semana.

Más allá de los contactos informales, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó bajar las expectativas gremiales y volvió a destacar las restricciones presupuestarias a raíz de los recortes que sufrió la Provincia por parte del Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, dijo que la oferta del 3% “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”.

Si bien el funcionario reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, dijo que buscarán soluciones pero están condicionados por una cuestión presupuestaria. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, señaló.

En este contexto, Bianco reveló a Radio La Red que la provincia de Buenos Aires afronta un recorte de 15 billones de pesos en recursos, cifra que asciende a 22 billones si se computa la caída de la coparticipación y de la recaudación fiscal propia. Según el ministro, ese total “es el equivalente a medio presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires”.

Tanto el Gobierno como los jefes sindicales (que reciben fuertes presiones de las bases para profundizar un plan de lucha) buscarán llegar a un acuerdo antes de mitad de mes, que es cuando la Provincia suele cargar los haberes que se cobran el siguiente mes.

Fuente: Agencia DIB

La provincia de Buenos Aires reabrió las negociaciones paritarias con los gremios docentes y estatales, mediante reuniones virtuales, y ofreció un incremento salarial del 2% sobre los sueldos de enero. La propuesta fue rechazada por los sindicatos y las partes pasaron a un cuarto intermedio.

El ofrecimiento se realizó luego del acuerdo alcanzado días atrás para dar por cerrada la paritaria de 2025. Sin embargo, los representantes gremiales consideraron que el aumento no resulta suficiente frente a la inflación y reiteraron su reclamo de una recomposición acorde a la evolución de los precios.

En primer término, los docentes mantuvieron un encuentro virtual con funcionarios provinciales y, posteriormente, lo hicieron los trabajadores comprendidos en la Ley N°10.430. Ambos sectores recibieron la misma propuesta y una promesa oficial de retomar la discusión en marzo, aunque la respuesta fue negativa en los dos casos.

La administración de la provincia busca cerrar un acuerdo especialmente con los docentes para garantizar un inicio de clases sin conflicto. En ese marco, el Gobierno había decidido reabrir la negociación con la intención de que la mejora salarial correspondiente a febrero se cobre en los primeros días de marzo.

Desde los gremios también plantearon la necesidad de establecer reuniones paritarias bimestrales debido a la aceleración inflacionaria. Tanto docentes como estatales calificaron la oferta como “insuficiente” y anticiparon que continuarán las negociaciones.

En la previa del encuentro, fuentes sindicales habían señalado que el objetivo era evitar que los salarios de febrero pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y recuperar los puntos perdidos durante el año pasado. También se había mencionado que el Gobierno evaluaba presentar una propuesta en dos tramos, uno correspondiente a febrero y otro previsto para abril.

Fuente: con información de DIB

El arranque de las paritarias 2026 se da en un clima de creciente conflictividad. Tras conocerse el último dato del INDEC, que confirmó un repunte inflacionario por cuarto mes consecutivo, distintos gremios rechazaron propuestas de aumentos que consideran insuficientes y advirtieron que no aceptarán subas por debajo de la evolución de los precios.

En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos estatales, docentes y judiciales rechazaron la oferta del 1,5% para enero presentada por el gobierno de Axel Kicillof. Desde ATE, SUTEBA y la AJB coincidieron en que la propuesta no alcanza para compensar la pérdida acumulada del salario real durante 2025 y exigieron una recomposición previa antes de discutir el nuevo año.

“El salario quedó muy retrasado y es necesario un esfuerzo concreto para recuperar el poder adquisitivo”, sostuvo el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo. En la misma línea, desde SUTEBA remarcaron que la discusión debe contemplar no solo la inflación futura, sino también lo perdido en el último año.

La tensión también se trasladó al sector del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó un aumento del 1% propuesto por las cámaras empresarias de colectivos del AMBA y declaró el estado de alerta, con la posibilidad de avanzar en un plan de lucha si no hay una mejora en la oferta. El Gobierno convocó a una nueva audiencia para esta semana con el objetivo de evitar un paro.

Desde las empresas, las cámaras del sector advirtieron sobre la “extrema fragilidad financiera” del sistema y señalaron el atraso en los costos y en el pago de subsidios. El gremio, en cambio, respondió que no aceptará precarización ni demoras en el cobro de los salarios.

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) inició medidas de fuerza en distintas plantas del país al denunciar que varias empresas no están pagando los aumentos ya acordados. El sindicato apuntó contra la falta de homologación de acuerdos salariales por parte de la Secretaría de Trabajo.

El trasfondo del conflicto es claro: la mayoría de los grandes gremios cerró 2025 con pérdida de poder adquisitivo. Solo algunos sectores, como Smata, estacioneros y Camioneros, lograron terminar el año con salarios levemente por encima de la inflación, en muchos casos recién hacia el último tramo del año y mediante sumas fijas no remunerativas.

Con este escenario, el inicio de 2026 aparece marcado por una pulseada salarial que promete profundizarse, en un contexto donde la inflación no logra perforar el piso del 2% mensual y los sindicatos buscan recuperar terreno perdido tras un año de ajustes.

Fuente: TN

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata realizó una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para reclamar una serie de irregularidades laborales que, según denunció el gremio, afectan a trabajadores del transporte local. 

El encuentro contó con la participación de representantes de la UTA, encabezados por el secretario de Interior del Consejo Directivo Nacional, Francisco Valdez, junto a apoderadas del sindicato y de las empresas de transporte involucradas, además del delegado regional del Ministerio de Trabajo, Daniel Buccico.

Según el comunicado oficial del gremio, la UTA denunció la no aplicación del convenio colectivo de trabajo, el incumplimiento de las escalas salariales vigentes, diferencias en el pago del salario anual complementario, vacaciones y haberes correspondientes a los últimos dos años, además de irregularidades en aportes a la obra social y cuotas sindicales.

Durante la audiencia, el Ministerio intimó a las empresas a presentar en un plazo de diez días documentación respaldatoria, como libros de sueldos y jornales, recibos de haberes, comprobantes de pago, nóminas de personal y altas tempranas, bajo apercibimiento de avanzar con inspecciones laborales.

No obstante, las partes empresarias rechazaron los reclamos y manifestaron que los haberes se liquidan conforme al convenio colectivo aplicable. Ante esta postura, el Ministerio resolvió archivar las actuaciones administrativas, sin perjuicio de eventuales nuevas presentaciones.

Desde la UTA señalaron que continuarán reclamando por los derechos adquiridos de los trabajadores y advirtieron que, de no haber una convocatoria para resolver el conflicto, solicitarán una nueva audiencia ante la autoridad laboral.

Comunicado by El Marplatense

El gobernador Axel Kicillof recibió a representantes de todos los gremios estatales junto a los ministros de Economía, Pablo López; de Trabajo, Walter Correa; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Durante el encuentro, las autoridades expusieron el complejo escenario económico y financiero que atraviesa la Provincia.

Según se detalló, la situación actual está marcada por la destrucción de empleo y el cierre de empresas en distintos puntos del territorio bonaerense, lo que derivó en una caída sostenida de la recaudación, tanto a nivel provincial como municipal. A este panorama se suma el recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras y programas.

En ese contexto, el Ejecutivo provincial advirtió que se acumula una deuda con los bonaerenses estimada en $12,9 billones, producto de fondos que dejaron de ingresar y compromisos asumidos que no fueron financiados por la Nación.

Pese a este escenario, desde la Provincia ratificaron el compromiso de sostener los puestos de trabajo y avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Estado, al considerar que se trata de un aspecto clave para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

De la reunión participaron representantes de gremios docentes, estatales, judiciales y de la salud, entre ellos SUTEBA, UPCN, ATE, FEB, SADOP, UDOCBA, CICOP y AJB, además de funcionarios de las áreas de Economía, Trabajo y la Secretaría General de Gobierno, quienes seguirán a cargo de las negociaciones de cara al reinicio del diálogo en enero próximo.

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que garantiza aumentos salariales hasta el año 2027 y la promoción de 1000 trabajadores. El convenio, aseguraron, “cumple y supera” las premisas fijadas para proteger el salario, la carrera administrativa y la estabilidad de los empleados municipales, indicaron desde el gremio.

Entre los principales puntos se destaca el reconocimiento total del costo de vida correspondiente al cuarto trimestre de 2025 (octubre, noviembre y diciembre), una conquista considerada “vital”.

Las paritarias de 2026 estarán ancladas a la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para asegurar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Además, se prevé un incremento real por encima de la inflación en el segundo y cuarto trimestre de ese año, aplicando la fórmula IPC + 50%.

El acuerdo garantiza una recuperación sostenida del poder adquisitivo durante dos años consecutivos (2025 y 2026), con aumentos que superan el IPC. Asimismo, la negociación se resolvió por consenso, destacaron desde el gremio “evitando conflictos, medidas de fuerza y descuentos por días de paro”.

También se indicó que la Junta de Ascensos y Promociones funcionará de manera sostenida, permitiendo el reencasillamiento de 1000 trabajadores en 2026. También se prevé la promoción de cargos iniciales, incorporando al salario el Fondo Compensador, lo que significará un aumento del 30% para esos empleados, con prioridad en el primer semestre del año.

El acuerdo incluye a jubilados en la recomposición salarial, garantizando incrementos porcentuales con aportes al IPS y rechazando sumas no remunerativas o bonos que “deterioren los haberes”.

En un “contexto económico difícil”, el convenio aporta “previsibilidad y tranquilidad para los trabajadores municipales”. Además, el Departamento Ejecutivo se comprometió a depositar el aguinaldo el próximo viernes 19, indicaron.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los empleados del PAMI llevan desde octubre de 2024 sin paritarias, en un contexto de inflación que supera el 400% en los últimos dos años. Según el comunicado difundido, la pérdida salarial acumulada ronda el 45% y para recuperar el poder adquisitivo de 2023 sería necesario un incremento inmediato del 60%.

“Necesitamos un aumento del 60% para volver a tener el nivel adquisitivo del 2023”, advirtieron desde la organización, donde remarcan que la situación obligó a muchos trabajadores a sumar changas o empleos informales para sobrevivir. Algunos manejan vehículos de traslado como Uber, otros realizan tareas domésticas o venden productos por redes sociales, mientras se multiplican los adelantos de haberes y el endeudamiento con tarjetas de crédito, de acuerdo a la denuncia.

El gremio también cuestionó las condiciones laborales dentro del PAMI, que calificaron como “sobreexigidas y desprofesionalizadas”, sin carrera administrativa ni posibilidad de ascenso. Además, señalaron que los gobiernos de turno utilizan el organismo con fines políticos: “Pagan con cargos que corresponden al personal de planta a sus militantes”, criticaron.

Ante este panorama, se conformó una mesa intersindical integrada por ATE, SUTEPA y UTI para impulsar un reclamo que va más allá de lo salarial. “Pedimos dignidad, reconocimiento y condiciones de trabajo humanas. El PAMI funciona gracias al sacrificio invisible de sus trabajadores, y ese sacrificio ya no puede sostenerse más”, expresaron.

El comunicado concluye con un mensaje directo a las autoridades nacionales: “No alcanza solo con paritarias, no alcanza solo con aumentos, necesitamos de manera urgente recomposición salarial ya”.

La Agrupación Mariano Ferreyra protagonizó una marcha este jueves en pleno centro de Mar del Plata para visibilizar la grave situación que atraviesan los trabajadores en los barrios. 

La movilización se mantuvo en las oficinas regionales del Ministerio de Capital Humano, donde fueron recibidos por personal del organismo. En ese marco, anunciaron que mantendrán una reunión con la funcionaria nacional Vilma Baragiola con el objetivo de discutir medidas concretas y abrir una nueva mesa de negociación paritaria.

“Marchamos porque no podemos esperar más. Nuestros compañeros la están pasando mal y no tenemos respuestas”, expresó Pablo, uno de los referentes de la agrupación. Según explicaron, la situación social en los barrios más humildes es “insostenible”, y por eso decidieron salir a la calle.

La Agrupación Mariano Ferreyra forma parte de una red de organizaciones que desde hace meses viene denunciando la falta de políticas públicas para contener el deterioro del tejido social. Entre sus principales demandas se encuentran la recomposición de ingresos, el fortalecimiento de programas sociales y la apertura de canales de diálogo permanentes con las autoridades.

Desde la organización adelantaron que seguirán movilizados hasta obtener respuestas concretas, y que esperan que el encuentro con Baragiola sirva como punto de partida para avanzar en soluciones de fondo.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), firmaron y lograron la homologación oficial del nuevo acuerdo paritario correspondiente al segundo semestre del año, en el marco de la paritaria anual 2024/2025.

El entendimiento, que regirá para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, permite definir la escala salarial de los empleados y empleadas de comercio hasta fin de año. El acuerdo contempla una asignación remunerativa y no acumulativa del 6%, distribuida de forma escalonada: se aplicará un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive. Además, se establecieron sumas no remunerativas mensuales para los trabajadores de todas las categorías, a modo de compensación complementaria.

El convenio incluye una cláusula de revisión, estipulada para el mes de noviembre.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”.

A eso agregó: “La homologación da certeza jurídica y previsibilidad a las partes, sin dejar de atender la dinámica inflacionaria”.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reabrirá el próximo martes las discusiones paritarias con los gremios docentes y estatales.

La confirmación llegó este jueves e incluye a los trabajadores de la administración pública encuadrados en la Ley 10.430 y también a los docentes.

En el primer turno autoridades de Economía y Trabajo recibirán a los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La audiencia se llevará a cabo desde las 10.30

Las conversaciones salariales se retomarán luego del último acuerdo alcanzado en el mes de julio en el que la mayoría de los sindicatos aceptaron la oferta de 10% escalonado- 6 % para el mes de mayo y un 4 % para el mes de julio-.

Tras algunos meses de parate- en el medio se efectivizó el pago del medio aguinaldo- las partes retomarán las negociaciones.

Cabe mencionar que la última negociación con los maestros mostró un quiebre entre los gremios ya que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) catalogó de insuficiente la propuesta y concretó un paro de actividades. El Suteba de Roberto Baradel y el sindicato UDOCBA, cercano a la CGT-  en cambio, avalaron de forma “masiva” el incremento de la provincia.

Fuente: DIB

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su profunda preocupación ante la falta de homologación de los acuerdos paritarios recientemente anunciados. 

Uno de los puntos más conflictivos es el aporte obligatorio al seguro de retiro “La Estrella”, que actualmente representa un 2,5% del salario y que, según trascendió, podría bajar al 1,5%. Desde CADAM, sin embargo, exigen su eliminación total, al considerar que el sistema no beneficia ni a las empresas ni a los trabajadores de forma efectiva.

Además, los mayoristas rechazan otros pagos compulsivos como la contribución por COVID-19, aún vigente sin importar si el empleado posee o no obra social OSECAC, y el aporte al INACAP, que termina favoreciendo a las cámaras firmantes que administran esos fondos. “Todo esto incrementa de forma injustificada los costos de las empresas”, advierten.

En un comunicado, la cámara advirtió que “resulta inconcebible que en un proceso de desregulación económica, se pretendan homologar acuerdos que violan principios constitucionales como la libertad de trabajo y la negociación voluntaria”.

Por eso, CADAM reclamó al Gobierno que tome medidas urgentes para eliminar o volver voluntarios estos aportes, y así evitar que el sector siga soportando cargas que “no benefician ni a los trabajadores ni a la economía en su conjunto”.

En el marco de una jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública, trabajadores del INAREPS realizaron una protesta en Mar del Plata y advirtieron sobre la crítica situación presupuestaria del único centro público de rehabilitación psicofísica del país.

“El presupuesto que manejamos es el mismo desde 2022. Y ahora, con la creación de la NES, ya no vamos a tener control administrativo desde Mar del Plata: todo pasará por Buenos Aires”, explicó Juan Bustamante, delegado de ATE en dialogo con El Marplatense.

A pesar del recorte, Bustamante destacó el compromiso de los trabajadores. “Tenemos un servicio de excelencia porque los compañeros laburan de corazón. Pero los residentes ganan $700 mil y trabajan jornadas completas, con pacientes internados y sin vacaciones”, señaló.

Respecto a las paritarias, fue tajante: “Nos dieron un 1,6% en tres cuotas. No esperamos más nada. Con un sueldo de $600 mil no llegás a fin de mes ni loco, tenés que tener otro trabajo sí o sí”.

La jornada incluyó el apoyo de otros gremios, pacientes y trabajadores del hospital. “La cantidad de gente que se sumó emociona. Es una causa común más allá de los partidos”, aseguró Bustamante. 

Tras una reunión en el Ministerio de Capital Humano entre gremios y cámaras empresarias, no hubo avances en la negociación. El conflicto que paraliza a la flota tangonera congeladora continúa sin solución. 

Este lunes se realizó una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo entre sindicatos marítimos y cámaras empresarias, pero según denunció el secretario general del SOMU, Oscar Bravo, “no se llegó a buen puerto”, ya que las patronales mantienen la exigencia de bajar los sueldos de la marinería como única alternativa.

“El diálogo siempre termina en que hay que bajar los sueldos, sea cual sea el alivio fiscal que se pueda conseguir. No hay ningún punto en común”, sostuvo Bravo en dialogo con El Marplatense, y añadió que desde el sindicato se presentaron distintas propuestas, incluso un acuerdo de crisis tipo 70-30 y gestiones ante el Consejo Federal Pesquero y el Ministerio de Economía, pero no fueron tenidas en cuenta.

El dirigente también rechazó las acusaciones de intransigencia contra el SOMU. “Intransigentes son ellos, que quieren imponer sí o sí una baja salarial. Nosotros los acompañamos en buscar soluciones que no afecten los salarios, pero ellos insisten en ese punto como una condición irrenunciable”, afirmó.

Bravo explicó además que el acta de la reunión dejó constancia de la liberación de las partes, y denunció que las empresas buscan acordar individualmente con los tripulantes, lo cual sería ilegal. “Lo que se firme tiene que ser superador. Nada que esté por debajo del convenio tiene validez legal”, advirtió.

“Hablan de un supuesto mercado que aún no se abrió, con informes en Excel que no acreditan nada. Ni pescaron ni vendieron, pero ya dicen que perderán plata”, concluyó.

El reclamo principal apunta a la falta de respuestas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que, junto con la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y centros categorizados, integra el directorio que regula el sector. Según denunció Machado, ese directorio “no se reúne desde septiembre de 2024”.

Jessica Machado, referente del colectivo Prestadores Unidos MDP, explicó que la medida de fuerza responde a “una situación de gravedad y urgencia”. “El sistema de prestaciones está a punto de desaparecer porque somos los prestadores quienes lo sostenemos. Y ya no podemos seguir haciéndolo”, expresó en diálogo con El Marplatense.

Machado indicó que los aranceles que cobran por cada sesión no registran aumentos desde diciembre de 2024. “Actualmente una sesión, una hora de prestación, se paga 12.300 pesos. Durante el 2025 no hubo ningún incremento y nuestros honorarios están 158% por debajo de la inflación acumulada desde 2023. Estamos por debajo de cualquier mínimo ético fijado por los colegios profesionales”, subrayó.

Además, la representante local cuestionó la falta de representación de los trabajadores independientes en el espacio de toma de decisiones: “No tenemos participación y cuando se les preguntó a las autoridades por qué no se reúnen o qué plan tienen, dijeron que no tenían información. Si no la tienen ellos, ¿quién la va a tener?”, planteó.

En Mar del Plata, además de los 700 prestadores afectados, la situación también involucra a escuelas especiales, centros terapéuticos y transportistas. “Somos una gran población. Hay que pensar que el 2% de la población nacional tiene algún tipo de discapacidad y cada una de esas personas necesita, al menos, una terapia. Eso da la dimensión de cuántos somos los prestadores perjudicados”, concluyó Machado.

Mañana habrá paro nacional del personal no docente de todas las universidades públicas del país. Así lo confirmó Victoria Schadwill, secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad (APU), quien explicó que la medida forma parte de una semana de lucha impulsada por el Frente Universitario Nacional, que integran docentes, no docentes y estudiantes.

“Estamos parando todos los no docentes de las universidades nacionales en el marco de una jornada de lucha que incluye a toda la comunidad universitaria”, expresó Schadwill en dialogo con El Marplatense. 

El eje principal de la protesta es el reclamo por una ley de financiamiento que garantice recursos adecuados para el sistema universitario, en medio de un contexto de presupuestos congelados y recortes.

Según adelantó la dirigente, este miércoles se presentará en el Congreso un proyecto elaborado por rectores, docentes, no docentes y la FUA. “La idea es que se trate una ley que permita actualizar el presupuesto acorde a la inflación, tanto para el funcionamiento de las universidades como para los salarios”, indicó.

La última aprobación presupuestaria fue en diciembre de 2023 y, aunque hubo algunas actualizaciones, no alcanzaron a cubrir el impacto inflacionario de los últimos meses. El proyecto contempla una cláusula de actualización automática para 2025 según el índice de precios al consumidor (IPC), y busca evitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el envío de partidas.

“Hoy las universidades no reciben lo mismo, algunas son más beneficiadas que otras. No puede ser que dependamos de un gobierno nacional que libera unas partidas sí y otras no”, advirtió Schadwill. Además del financiamiento operativo, la propuesta incluye fondos para salarios, obras, becas, y áreas clave como ciencia y técnica.

Consultada sobre el posible veto del Ejecutivo, tras las declaraciones del jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien afirmó que todo proyecto que afecte el objetivo de déficit cero será vetado, Schadwill remarcó: “El riesgo existe, pero eso no impide que presentemos el proyecto. Las universidades fueron creadas por el Congreso, y es su responsabilidad discutir el presupuesto”.

La dirigente también subrayó que el escenario actual es diferente al de 2023: “Hoy hay mayor consenso interno en el sistema universitario y un contexto electoral en el que los legisladores deberán rendir cuentas. Las movilizaciones del año pasado marcaron un precedente”.

Finalmente, denunció el deterioro progresivo del sistema: “Nos van desangrando a goteo. Cada vez es más difícil sostener la educación, la ciencia y la investigación en estas condiciones. Por eso necesitamos una ley que garantice previsibilidad y continuidad”.

El cuerpo de delegados del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) realizó asambleas en los supermercados mayoristas, debido a que las empresas se niegan a pagar el último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

Los trabajadores mercantiles de diferentes firmas llevaron adelante asambleas donde decidieron declararse en estado de alerta y movilización, ya que los empresarios se niegan a pagar en su totalidad el acuerdo. "Pagaron el aumento del 1,9%, pero no abonaron la suma fija acordada de $35.000 correspondiente al sueldo de abril", afirmaron los delegados mayoristas.

En ese sentido, dijeron: "El estado de alerta y movilización va a seguir hasta que las empresas abonen la totalidad de la paritaria. Hasta el momento no tenemos información ni respuesta sobre cuáles son los motivos por los que no pagaron la totalidad del salario".

En ese sentido, desde el gremio encabezado por Guillermo Bianchi sostuvieron que las acciones gremiales seguirán y no descartan endurecer las acciones con el correr de los días, en caso de que no haya una respuesta favorable hacia los trabajadores.

En la reanudación de la negociación salarial, el Gobierno bonaerense mejoró la oferta salarial para los docentes, que pondrán ahora a consideración de sus bases la suba del 10% en dos tramos.

En concreto, este incremento, según la propuesta que recibió el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), fue de un 6% con el sueldo de mayo (a cobrar en junio) y del 4% con los haberes de julio (a percibir en agosto). Es decir, en total la mejora con respecto a la propuesta anterior, que fue rechazada, es de tres puntos porcentuales.

Pese a que los gremios Suteba, FEB, Amet, Sadop y Udocba se comprometieron en la reunión que se realizó de manera virtual a llevar la propuesta a sus diversas asambleas, esperaban que la oferta sea aún mejor. Es que, indicaron, en el caso de un maestro de grado sin antigüedad, el sueldo actual de $603.000 trepará a $670.000 con el cobro de agosto.

Si bien ambas partes iban a reunirse la semana pasada, luego esa cumbre se pasó a un cuarto intermedio para el lunes, cuando se postergó para este miércoles. Esta reunión se dio tras el rechazo de una suba del 7% en dos tramos: un 4% para mayo, (a cobrar en junio), y un 3% en julio (a cobrar en agosto).

Tras esa cumbre, es el momento de los estatales de la Ley 10.430 y judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el último acuerdo alcanzado fue en febrero con una suba del 7% al salario básico que se percibió en marzo y un ajuste del 2% cobrado en abril. Sin embargo, después de esas cifras, la inflación sufrió una aceleración y la última medición del INDEC marcó un 3,7% y un 6% en alimentos.

Fuente: DIB

El Gobierno de Axel Kicillof recibirá mañana a representantes de los gremios docentes, estatales y judiciales para intentar llegar a un acuerdo salarial que se verá reflejado con el cobro de los haberes en junio.

Tras una primera reunión sin oferta y en medio de la aceleración de la inflación, los funcionarios se reunirán en La Plata primero con docentes y al mediodía con los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley 10.430.

Luego de una primera cumbre a mediados de mes donde no hubo una oferta concreta, los gremios esperan llevarse un número para discutir con las bases. Sobre todo, teniendo en cuenta que el último acuerdo alcanzado fue en febrero con una suba del 7% al salario básico que se percibió en marzo y un ajuste del 2% cobrado en abril.

Más allá de recuperar los puntos perdidos a raíz del 3,7% de inflación de marzo y una cifra similar que se espera para abril, los docentes piden continuar con el trabajo sobre el Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación y su efectiva aplicación. Además, demandaron que se profundice el trabajo en relación al decreto 900, que se atienda la problemática de la sobrecarga de tareas y que se avance en el análisis del borrador del Convenio Colectivo de Trabajo presentado para su futura concreción.  

Luego será el turno de los estatales, representados por ATY y UPCN, cuyos principales planteos se centran en la dificultad que enfrentan los trabajadores para llegar a fin de mes debido a la inflación, especialmente en alimentos, y el ajuste nacional de Javier Milei. Del mismo modo reclaman la restitución del 3% de antigüedad.

También la Provincia convocó mañana en la sede del Ministerio de Trabajo a los judiciales, quienes estarán representados por la Asociación Judicial Bonaerense.

Fuente: DIB

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) confirmó un paro por 24 horas para el próximo lunes 24, en reclamo por la apertura de paritarias y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), a la vez que destacaron que no adherirán a la medida de fuerza anunciada por la CGT para el 4 y 5 de marzo.

Carla Mancuso, secretaria general del gremio a nivel local, destaco que el paro del 24 “es un paro nacional” y que dentro del reclamo se encuentran las paritarias “que son fundamentales para nuestro país porque nos marcan el piso mínimo que gana un docente en todo el resto de las provincias. Por eso es importante que esta paritaria se reabra”.

En diálogo con El Marplatense, la representante sindical de los docentes privados dijo que además de las paritarias “exigiremos la restitución del FONID” a la vez que indicó que el paro del 4 y 5 de marzo “son jornadas de lucha para otras organizaciones sindicales”.

En cuanto al FONID “que iba a todos los trabajadores docentes de todas las gestiones”, Mancuso recordó que “es un monto que a lo que es un sueldo de un docente de la provincia de Buenos Aires representa un 10% del sueldo”.

Mancuso quiso destacar que cuando se discuten paritarias “no se discute sólo salarios” sino que también “discutimos condiciones y medio ambientes de trabajo, con los cuerpos técnicos que están designados para eso. Al no tener paritarias nacional, nada de eso está en vigencia”.

En contrapartida, la dirigente de SADOP consideró que en cuanto a las paritarias provinciales “el panorama es diferente” debido a que se hizo un ofrecimiento del 7% al salario de febrero y 2% al de marzo, “con el compromiso de en marzo monitorear ese aumento con lo que es la inflación”.

“Este aumento llega a los jubilados docentes y además se acordó un aumento en las asignaciones familiares, incluida la ayuda escolar que se otorga en el comienzo de las clases”, remarcó Mancuso.

Por otra lado, descartó que se haya observado en estos meses un caída de las matrículas en los colegios privados. “Enero y febrero son dos meses donde estamos atentos al tema del cierre de cursos y escuelas. Este año no tenemos ninguna de esas novedades por suerte, porque eso implica mucha pérdida de trabajo, pero sí tiene que ver con nuestra característica del pluriempleo, entonces el trabajador que no lo hace en el ámbito privado lo puede hacer en otros espacios, sin tener una pérdida de trabajo”, concluyó.

Ante la falta de acuerdo paritario en los últimos meses, el sector pesquero convocó a una asamblea para el próximo miércoles 8 de enero para discutir los próximos pasos a seguir. Esto desembocará en una demora de zarpada de los buques que puede afectar a la producción. 

Sobre esta situación, Daniel Flores, secretario general de Siconara, declaró en diálogo con El Marplatense que "veníamos trabajando con las paritarias desde septiembre, cuando se hicieron las presentaciones en la secretaría de trabajo con diferentes propuestas sobre el IPC, y llegamos a diciembre sin cerrar valores". 

A esto se le suma que "no tenemos valores para las distintas especies, más allá de la merluza. Ha cambiado tanto el sistema que necesitamos actualizarlos", indicó. 

Por este motivo, "queremos hablar con todos nuestros compañeros para tener referencias a la hora de poder cobrar nuestra remuneración", señaló.

Asimismo, resaltó que "presentamos en tiempo y forma la paritaria que cubría hasta marzo, lo que pretendíamos era cerrar valores hasta diciembre y actualizando una diferencia que había quedado de las negociaciones anteriores que no era muy grande". 

Sin embargo, “en la pesca todavía hay cuestiones para repensar. Los barcos cambiaron la forma de trabajar, antes sólo iban por merluza y ahora están yendo a la costa con los barcos rojos. Actualizar el tema de los kilos que es importante a la hora de calcular la producción de un barco, algo certificado legalmente, que no ayuda mucho”, comunicó. 

En este contexto, “vamos a pensar cómo trabajar durante el año de una forma transparente y que represente la remuneración para los que salen a trabajar en el mar y los maquinistas, con toda la responsabilidad que implica”, aseguró. 

“Si la asamblea dice que hasta que no estén los valores acordados con la cámara, se toman medidas, lo haremos. En principio buscamos informar a la gente sobre lo que pasó, todo lo que se presentó y lo que sucede con algunas empresas que no cumplen con el pago”, concluyó.