La fiscal Laura Mazzaferri, junto al fiscal general Marcelo Colombo –referente de PROTEX–, presentó un recurso de casación para revertir la absolución del pastor evangélico Roberto Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai. El mes pasado, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata lo había dejado libre de culpa y cargo, pero los fiscales piden que se lo condene a 14 años de prisión, tal como habían solicitado durante el juicio, por trata de personas y otros delitos.

Tagliabué había llegado acusado de haber armado un sistema de explotación que involucraba a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según la fiscalía, los reclutaba bajo la excusa de brindarles contención, tratamiento por consumos problemáticos y un lugar donde vivir, pero terminaba reduciéndolos a una situación de servidumbre. Además, señalan que explotaba a nueve víctimas —entre ellas un menor y una persona con discapacidad— y que incluso ejercía ilegalmente la medicina.

En el recurso, los fiscales sostienen que el fallo que lo absolvió es ilegal y debe ser revocado. Le pidieron a la Cámara de Casación que imponga la pena de 14 años, que inhabilite de por vida a Tagliabué para cualquier actividad vinculada a la salud, la asistencia terapéutica o la dirección de programas comunitarios, y que ordene la reparación integral de las víctimas. También reclamaron que se decomisen los bienes y propiedades que —afirman— fueron usados para cometer los delitos.

La investigación expuso que el pastor utilizaba la iglesia, un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar laboralmente a los jóvenes. Según la fiscalía, no solo se beneficiaba con el trabajo de las víctimas sino también con sus ingresos: pensiones por discapacidad, AUH y otros subsidios. Todo esto habría ocurrido durante más de dos décadas, tiempo en el que Tagliabué se consolidó como referente barrial y acumuló poder e influencia.

A pesar de la cantidad de pruebas presentadas, el juez federal Roberto Falcone entendió lo contrario y lo describió como un “benefactor social” que brindaba ayuda donde el Estado no llegaba. Con ese argumento, lo absolvió y ordenó su inmediata liberación. Solo lo condenó por comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, una pena de seis meses ya cumplida con la prisión preventiva. La fiscalía sostiene que el magistrado desestimó pruebas claves, interpretó mal escuchas telefónicas y le dio un peso desproporcionado a los testimonios que defendían al pastor, dejando de lado los relatos de quienes lo denunciaban.

Para Mazzaferri y Colombo, la sentencia incurre en arbitrariedades graves y desconoce normas básicas de protección a las víctimas. Aseguran que el juez reveló identidades, no respetó los dispositivos especiales previstos para estos casos y aplicó una mirada “romántica” que ignora la dinámica real de la trata: aislamiento, manipulación emocional y religiosa, control de comunicaciones, amenazas y explotación económica. Según ellos, nada de lo ocurrido puede tomarse como “ayuda” o “contención recíproca”, sino como una relación de poder y sometimiento construida durante años.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

En la jornada final del juicio oral contra el pastor evangelista Roberto Tagliabué, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral y otros delitos, su defensor Mauricio Varela solicitó la absolución y la libertad inmediata de su cliente. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal y el fallo se dará a conocer el lunes 13 de octubre.

Durante su alegato, que se extendió por más de tres horas, Varela sostuvo que Tagliabué es inocente y que se encuentra detenido desde hace más de tres años por una acusación infundada. En una sala colmada, principalmente por miembros de la congregación que acompañan al pastor desde el inicio del proceso, el abogado pidió al juez Roberto Falcone que lo absuelva de todos los cargos.

Según la defensa, el caso se originó a partir de “una denuncia falsa de una persona detenida por robo, que buscó justificar su accionar inventando haber sido víctima de explotación laboral”. Varela afirmó que la causa surgió de la declaración de un hombre “acusado de un robo agravado con armas contra el propio pastor”, y que al intentar defenderse “creó una historia que no tiene sustento”.

El letrado insistió en que no hubo privación de libertad, ni coacción, ni beneficio económico alguno. También rechazó las acusaciones de maltrato y de ejercicio ilegal de la medicina, aclarando que “la ayuda brindada por la comunidad era espiritual, no médica”.

La semana pasada, la fiscal federal Laura Mazzaferri había solicitado 14 años de prisión para Tagliabué por trata de personas agravada, ejercicio ilegal de la medicina, maltrato animal y comercialización de fauna silvestre. Además, pidió su inhabilitación perpetua para ejercer funciones vinculadas a la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico, dirección de centros de tratamiento de adicciones y también para el desempeño de tareas religiosas, como medida de protección a la salud pública.

La fiscalía requirió asimismo una reparación económica para las víctimas por un total de 135.738.994 pesos, a distribuir según el tiempo que cada una permaneció en situación de explotación, y el decomiso de los inmuebles y vehículos relacionados con la actividad de la iglesia.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Tagliabué habría captado y retenido a nueve personas entre 2001 y agosto de 2022, valiéndose de su rol de pastor en la iglesia El Shaddai, ubicada en el barrio Pueyrredon. Las presuntas víctimas, en su mayoría jóvenes varones en situación de vulnerabilidad —algunos con adicciones, problemas económicos o conflictos judiciales—, habrían sido sometidas a explotación laboral mediante tareas de venta ambulante, mantenimiento del templo y trabajo en locales comerciales vinculados al imputado.

Incluso, algunos de los denunciantes habían sido derivados por la justicia provincial para cumplir pautas de conducta o acceder a beneficios procesales, situación que, según la fiscalía, el pastor aprovechaba para mantenerlos bajo su control.

Tras más de tres años de detención preventiva, Tagliabué espera el veredicto, mientras la defensa sostiene que “no existe prueba alguna de que se haya cometido delito alguno” y reclama su inmediata liberación.

La fiscal federal Laura Mazzaferri confirmó que se retomó, tras la feria judicial, el debate oral en el caso del pastor Roberto Tagliabué. “Efectivamente, el lunes se retomó post feria la audiencia del debate en el caso de Tagliabué. Se tomaron distintos testimonios que estaban programados”, señaló.

Durante la jornada, la fiscalía presentó un pedido clave: “Reavivamos agenda y, teniendo en cuenta los alegatos de apertura de la defensa y nuestra teoría del caso, presentamos el pedido de desistimiento de varios testigos que no iban a referirse a los puntos controvertidos”.

A su vez, la medida motivó la reacción de la defensa, que solicitó un cuarto intermedio para analizar la propuesta. “Era la prueba que había ofrecido la fiscalía, pero la defensa había adherido”, explicó Mazzaferri en declaraciones a El Marplatense.

Finalmente, la parte acusada presentó un escrito en el que se opuso a algunos desistimientos y aceptó otros. “En base a eso, luego va a resolver el Tribunal Oral, que aún no resolvió, pero seguramente lo hará durante la audiencia del próximo lunes y, a partir de ello, se reprogramará la agenda de los testimonios”, agregó.

Respecto de la próxima audiencia, la fiscal adelantó que “tenemos previsto para el próximo lunes siete declaraciones testimoniales, si no tenemos en cuenta una que desistimos para esa fecha. Entre ellas habrá personal de salud tanto de la provincia de Buenos Aires como del Municipio”.

En paralelo, confirmó que intervendrá una profesional del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, cuya participación se adelantó respecto del plan inicial. “Va a declarar una profesional del programa de rescate, ya que se alteró la agenda porque estaba previsto para después, pero se adelantó”, puntualizó.

Este juicio tiene como único acusado al pastor evangélico y responsable de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones, Roberto Tagliabué, quien se encuentra imputado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.

En concreto, Tagliabué está acusado de haber captado y acogido, valiéndose de su calidad de pastor de la iglesia El Shaddai, ubicada en el barrio Pueyrredon, a unos seis kilómetros del centro de Mar del Plata, y utilizando engaños y violencias a una multiplicidad de personas -nueve son las víctimas de este caso elevado a juicio- en situación de “suma vulnerabilidad”.

Según la acusación fiscal, los hechos se encuadran entre 2001 y agosto de 2022, cuando se realizó el último allanamiento por orden de la Justicia Federal. En su mayoría, las víctimas son varones jóvenes, en un caso un menor de edad y otro con una situación de discapacidad, que atravesaban serios problemas de adicciones, habitacionales y/o económicos, y en algunos casos también tenían conflicto con la ley penal.

Muchos fueron derivados incluso por la Justicia provincial para cumplir con normas de conducta que les permitieran acceder a la suspensión de sus procesos o tener un régimen morigerado de prisión, situación que era aprovechada por el imputado, a fin de captar a las víctimas o mantenerlas en situación de explotación.

La finalidad de las maniobras investigadas, según estableció la fiscalía, era la explotación laboral, que se daba a través de la venta ambulante, la atención de dos negocios que tenía el pastor en la zona o bien con tareas de mantenimiento en la iglesia.

El pastor evangélico Daniel Ponce llevaba al menos dos años aplicando su modus operandi. Lo hacía a lo largo y ancho del país, donde convocaba a decenas de fieles a sus encuentros, les daba la palabra y luego los convencía de profundizar su vínculo con la religión junto a él. Para esto, les proponía que lo acompañen a sus giras y conozcan así otras realidades, otras personas. Pero lo que terminaba ocurriendo en esos viajes no tenía nada que ver con lo que decía: en realidad, los abusaba.

En este último tiempo, al menos una decena de jóvenes de distintas edades denunciaron a Ponce por abusar sexualmente de ellos en diferentes contextos y oportunidades. En consecuencia, se abrió una causa en la Fiscalía N.º 1 de Moreno, provincia de Buenos Aires, que devino en la detención del hombre en la noche de ayer.

En el marco de la investigación, se recibió el testimonio de varias de las víctimas, quienes dieron espeluznantes detalles de los aprovechamientos del pastor. “Es una bestia que tiene iglesias en todas las provincias y lleva supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos”, dijo una referente de la organización Madres Víctimas de Trata, que se encargó de difundir el caso.

En el expediente consta que el sospechoso realizó tocamientos y violaciones a jóvenes -en su mayoría adolescentes o menores de edad- en distintas oportunidades. Todo bajo un engaño: les decía que era una forma de darles el evangelio y que dichas acciones simplemente eran un modo de conectar en profundidad.

Muchos de los damnificados que declararon en la causa llevaban años esperando que la Justicia tomara cartas en el asunto. Según señalaron fuentes del caso, la primera vez que se radicó una denuncia en contra del pastor fue hace dos años. Desde entonces, solo siguieron sumándose testimonios similares.

“Camina por todo el país dando la palabra y violando a los pibes. Es gravísima la situación y él, un asco de persona. Es importantísimo que esto se viralice y se haga público, porque la gente tiene que saber que no puede creer en todos los pastores. No digo que todos sean malos, pero no se puede permitir esto, que haya tantas iglesias evangélicas sin control. Porque él tiene varias iglesias, va por todo el país”, dijeron desde Madres Víctimas de Trata.

Y agregaron: “Tiene iglesias en todas las provincias y llevaba supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos. Los convence diciendo de ir a intercambiar charlas con distintos compañeros y grupos”.

Tras varios meses de investigación y recolección de pruebas en su contra, la Justicia constató que Ponce aprovechaba su rol de referente religioso para abusar de jóvenes fieles evangélicos y lo detuvieron en las últimas horas.

El número de víctimas todavía no está claro. Si bien en el expediente declararon algunas, creen que hay muchas más que todavía no hablaron.

En este sentido, desde la organización Madres Víctimas de Trata -que se pusieron la causa al hombro para intentar obtener alguna respuesta judicial- señalan que desde que el caso empezó a difundirse comenzaron a recibir diferentes relatos similares que apuntan a Ponce como abusador sexual.

“Hace poco hasta llamaron de Trenque Lauquen diciendo que él también estuvo ahí de pastor. Pido que si alguien fue víctima de esta bestia que nos llamen, porque siempre pasa esto, cuando cae preso uno, aparecen más víctimas o más abusadores también. Ojalá no haya ninguno, pero si hay alguien, que nos llame”, dijeron desde la organización.

Fuente: Infobae

El juicio oral que investiga al pastor Roberto Tagliabué por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna, ingresó esta semana en una etapa clave con la declaración de testigos presenciales y la finalización de la prueba vinculada a las víctimas.

Según confirmaron fuentes de la fiscalía, durante la audiencia de esta semana se completó la reproducción de las cámaras Gesell correspondientes a las víctimas, y se dio paso a la primera jornada de producción de prueba testimonial. Declararon cuatro personas vinculadas a las tareas de investigación del caso, en su mayoría personal policial que participó en escuchas telefónicas y procedimientos realizados en los dos allanamientos centrales: uno llevado a cabo en diciembre de 2021 y otro en agosto de 2022.

Las preguntas de las partes estuvieron enfocadas en el desarrollo de esas actuaciones, el contenido de las intervenciones telefónicas, las condiciones halladas en los sitios allanados y el rol del imputado en la estructura denunciada.

En forma excepcional, se programó una segunda audiencia que se realizó ayer —fuera del cronograma habitual de los lunes— con más testigos del ámbito policial y de otros organismos públicos que intervinieron durante los operativos. Luego de esta jornada, el juicio se interrumpirá por la feria judicial de invierno y retomará el lunes 1º de agosto.

Desde el tribunal se confirmó que ya no rige ninguna restricción de acceso al público ni a la prensa, dado que todas las declaraciones sensibles de las víctimas —ya sea presenciales o reservadas a través de Cámara Gesell— fueron finalizadas.

El debate, que se desarrolla desde el mes pasado, busca determinar las responsabilidades de Tagliabué al frente de una presunta organización que captaba personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a trabajos forzados bajo condiciones de control y encierro. La causa también incluye cargos por realizar prácticas pseudomédicas sin habilitación y por tenencia de animales protegidos en cautiverio.

En el marco del juicio que investiga al pastor Roberto Tagliabué, acusado por trata de personas agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna, este lunes se desarrolló una jornada clave con la declaración indagatoria del imputado y el inicio de la reproducción de cámaras Gesell correspondientes a las víctimas.

Tal como había adelantado su defensa en una audiencia anterior, Tagliabué prestó declaración durante más de una hora y media. Expuso su versión de los hechos en línea con la teoría del caso presentada previamente por su abogado, y posteriormente aceptó responder preguntas formuladas por la Fiscalía, lo que dio lugar a un extenso interrogatorio centrado en precisar diversos aspectos relevantes para la causa.

Luego de su declaración, donde negó haber privado de la libertad a los asistentes del tratamiento de rehabilitación, el tribunal procedió a la reproducción de la cámara Gesell de una de las víctimas, como parte de las pruebas anticipadas recolectadas durante la etapa de instrucción. Esta instancia se llevó a cabo sin público presente, en cumplimiento con la legislación vigente en materia de trata de personas, que establece medidas especiales de resguardo para proteger la intimidad y la identidad de las víctimas.

Cabe recordar que todas las víctimas cuyos casos fueron elevados a juicio ya habían declarado previamente, por lo que sus testimonios fueron registrados y ofrecidos como prueba audiovisual. Las únicas declaraciones presenciales en audiencia fueron las de las dos víctimas que no habían brindado testimonio durante la investigación preliminar, quienes lo hicieron en la jornada anterior.

La audiencia de este lunes marcó el inicio de una serie de proyecciones de cámaras Gesell, con el objetivo de evitar la revictimización. La primera de estas proyecciones fue casi completa, y se retomará en la próxima audiencia para finalizar los minutos restantes.

El cronograma judicial prevé que las próximas dos audiencias -ambas los lunes- estarán dedicadas a la reproducción de este tipo de pruebas. Tras un feriado intermedio, se espera que hacia fines de junio comiencen las declaraciones de testigos sin reserva de identidad y que no son víctimas, dando inicio a una nueva etapa del proceso.

El Municipio de Tandil y la Iglesia del Camino acordaron establecer la tercera huerta comunitaria agroecológica y trabajar en conjunto para fomentar la producción hortícola local y la alimentación saludable.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Miguel Lunghi y el Pastor Jorge García, en un encuentro en el que también participaron la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio, la Directora de Abordaje Territorial, Juliana Teerink y el Coordinador de Agroecología, Ignacio Iglesias.

Con esta nueva iniciativa el Municipio continúa con el proceso de fomento de generación de estos espacios de participación, que inició hace dos años en La Movediza y que desde 2020 tiene una segunda experiencia en Villa Aguirre.

El convenio establece que las partes trabajarán en conjunto para establecer una huerta comunitaria agroecológica por medio de la articulación público/privada, en pos de producir alimentos, educar en los procesos productivos a los participantes, fortalecer los vínculos sociales y mejorar la relación con el medio ambiente.

La tarea en el lugar se realizará a partir de cuatro ejes: producción solidaria, autogestión, sostenibilidad y educación. La intención es generar alimentos saludables por medio del trabajo mancomunado de los participantes y de ser posible dotar de valor agregado a los medios con subprocesos.

Además lograr en el mediano plazo una autogestión del espacio y que sea sostenible desde la perspectiva social, ambiental y económica.

Como complemento se trabajará en la capacitación y formación en la temática horticultura, producción de alimentos y trabajo en equipo.

La huerta se creará en un espacio contiguo a la iglesia, ubicada en la calle Catamarca 363, tendrá 700 metros cuadrados y se equipará espacialmente para su función.

El Municipio colaborará con maquinaria y herramientas para la limpieza inicial del terreno y puesta en valor del espacio hasta dejar montada la huerta. Además diagramará la huerta y coordinará las actividades para plasmar lo diagramado en el terreno, durante el primer año.

También brindará asistencia técnica semanal en el espacio, colaborará con la construcción de un invernáculo para mejorar las condiciones de cultivo en invierno y adelantar la producción de plantines y promoverá acciones asociadas entre diferentes actores de la comunidad para el logro de los objetivos

Por su parte la Iglesia coordinará y realizará los trabajos diarios en el predio; buscará alcanzar la autogestión en el manejo del espacio luego del primer año y asignará un equipo de trabajo de la iglesia y un referente para coordinar las tareas interinstitucionales y de los participantes de la huerta.

La huerta contará con un sistema de riego por goteo y de acuerdo a la planificación inicial producirá variedades de hortalizas de estación primavera-verano (tomates, berenjenas, morrones, zapallito tronco, lechugas, acelgas, rúculas, cebollines y puerros), aromáticas (lavandas, romeros, orégano, curry, santolina, salvias, citronelas, boldos, tomillos) y frutales que contribuirán a la producción de la huerta a largo plazo, generando también mayor abundancia de microecosistemas en el predio.

El Pastor Isaías Hurtado fue condenado a 24 años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que falló por unanimidad, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y por haber sido cometido por un ministro de un culto no reconocido. También, deberá pagar una multa de 90 mil pesos.

Por su parte, su expareja, Patricia Padilla Coronado, fue condenada a la pena de 10 años de prisión, por ser considerada participe necesaria y por su condición de ministro de culto de una religión conocida o no. Deberá abonar una multa económica de 50 mil pesos.

Para el juzgado, tanto Hurtado como Padilla Coronado cometieron el delito de trata de persona de personas mayores de 18 años con fines de reducción a  la servidumbre, bajo la modalidad de captación y acogimiento, mediante engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad, agravado por la multiplicidad de victimas.

La acusación

De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, se le atribuyó a Hurtado y Padilla Coronado haber utilizado -al menos entre julio del 2007 y julio de 2016, cuando se realizaron los allanamientos- la apariencia de un "Ministerio” religioso y los mensajes de fe y de existencia de un "ser superior" para captar y acoger personas en situaciones de vulnerabilidad -marcadas por su edad, estados de depresión, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y/o de educación- para congregarlas en reuniones que se llevaban a cabo en "el templo".

Una vez lograda la captación de las personas, que comenzaban a concurrir a las “reuniones del ministerio”, en los casos en que no eran oriundas de Mar del Plata se las instaba a mudarse allí –en algunas ocasiones gestionándoles una vivienda cercana al “templo”-; y a quienes vivían en la ciudad balnearia se los compelía a vivir en sectores cercanos al domicilio de Hurtado, con la excusa de “la toma de territorio que implicaba tomar lugares estratégicos para cuidar la casa apostólica” , pero con el claro fin de controlar con mayor facilidad su libertad de autodeterminación y sus movimientos diarios y aislarlos de sus familias.

A partir de allí, las maniobras consistían en persuadir a sus víctimas para que aporten sus recursos económicos a las arcas del “Ministerio” y reducirlas a la servidumbre y/o explotarlas laboralmente, a efectos de que presten diferentes funciones en el mismo. Todo ello, de acuerdo a la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2, se dio en perjuicio de más de 20 personas, aunque algunas de ellas no se identifican aún como víctimas de situaciones de explotación.

En concreto se las instaba a realizar tareas de limpieza; se les retenían sus salarios en caso de que tengan empleo en otro sitio; lograban la obtención de préstamos en distintas entidades financieras para beneficio de los investigados -dinero que nunca les era devuelto, generándoles importantes deudas-, como así también se las conducía a trasferir sus bienes a la congregación. Es decir, se generó una “pantalla” constituida a partir de un supuesto “ministerio religioso” con mensajes de fe y la existencia de un “ser superior” -que vendría a ser Hurtado, con el fin de ganar la voluntad de las personas y a partir de allí lograr su explotación.

En relación a Hurtado, la acusación reparaba en que era el principal administrador y organizador del lugar, quien dirigía y daba las pautas en el lugar, quien instruía al resto de los integrantes en las actividades diarias, daba las autorizaciones a los "fieles" para poder salir de la Iglesia o sus domicilios, como así también en todo lo atinente a la panadería que poseía el “Ministerio”. “Ejercía un completo control sobre las vidas y acciones de las personas y les exigía el constante aporte de dinero para sus arcas por medios coactivos y/o defraudaciones. Incluso, ha obtenido la adquisición de inmuebles y otros bienes por esos medios, todo ello con la colaboración de su esposa Patricia Padilla, resultando ambos beneficiarios de los recursos económicos que producían y les eran quitados a los ‘fieles’”, señaló el requerimiento.

De hecho, constaba dentro del gran caudal probatorio reunido en la causa, que desde AFIP se informó que ni Hurtado ni Padilla registraban actividad económica alguna. Es decir, los acusados no poseían ingresos legítimos que les permitieran llevar a cabo sus actividades diarias, ni adquirir los bienes que poseían, ni realizar los viajes al exterior que llevaban a cabo con frecuencia.

Es para destacar que el bien jurídico protegido por la figura de trata de personas, de la que se acusa al matrimonio, es la libertad. Y sobre ello hizo especial hincapié el fiscal a cargo de la instrucción de la causa: “Entendemos que la libertad de las víctimas se halla en juego y afectada no sólo cuando se acreditan restricciones a su libertad ambulatoria, sino también cuando la capacidad para elegir qué actividad desarrollar y cómo desarrollarla se encuentra menoscabada”.

Abusos y amenazas

A su vez, Hurtado llegó al juicio también acusado por tres casos de abuso sexual, y uno en grado de tentativa. El hombre, de acuerdo a la acusación, sacó provecho al conocer la situación de vulnerabilidad que padecían las mujeres y de la sujeción emocional, psíquica y espiritual que había logrado sobre ellas.

En un expediente paralelo, que se elevó a juicio en conjunto con la causa central, se acusó a Hurtado también de amenazas coactivas reiteradas sobre cinco personas, realizadas de manera telefónica desde la unidad penitenciaria donde permanece detenido.

Hurtado llegó a juicio  acusado también por tres casos de abuso sexual, y uno en grado de tentativa.

Reparación a las víctimas y decomiso

Durante la investigación se lograron identificar distintos activos que fueron utilizados por los imputados para desarrollar los hechos delictivos de los que se los acusa, como otros que serían producto de los mismos. Se trata de dos inmuebles; activos que puedan hallarse en las cuentas bancarias identificadas en Venezuela y Estados Unidos y que, mediante exhortos internacionales se requirió su embargo; seis mil dólares y diez mil pesos secuestrado en la vivienda de los imputados y depositado en cuenta judicial; cinco automóviles y una moto.

“Todos estos activos fueron oportunamente cautelados y así deberán mantenerse con el objeto de asegurar eventuales decomisos y/o cubrir la eventual satisfacción de multas y una futura indemnización a las víctimas, en íntima consonancia con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, planteó el fiscal al clausurar la instrucción y requerir la elevación a juicio de la causa.

Calificación legal de las conductas

Los hechos de las que resultaron víctimas más de 20 personas, para el MPF encuadraban en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por el uso de engaño, fraude, violencia, amenaza y otros medios de intimidación y coerción, abuso de autoridad y de una situación de vulnerabilidad y concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de personas sobre las que se tuvo autoridad, por la cantidad de víctimas, por ser ministro o autoridad de culto, por la consumación de la explotación y –en algunos casos- por haber sido las víctimas menores de edad al momento de su captación.

La defensa oficial del pastor Hurtado, acusado de captar a decenas de personas en condiciones de vulnerabilidad en Mar del Plata para explotarlas laboralmente y abusar de al menos cuatro de ellas, solicitó hoy su absolución y dijo que los fieles que asistían al templo que él encabezaba eran "libres" y "no sufrían ningún lavado de cerebro".

El juicio continuará el 11 de diciembre con la última palabra de los imputados, y luego se definirá la fecha del veredicto. La fiscalía, por su parte, consideró corroborado el funcionamiento de una secta y pidió 35 años de prisión.

Durante los alegatos de cierre del juicio que se le sigue a Isaís Nelson Hurtado (51) en la localidad balnearia, sus defensores, Manuel Bailiú y José Galán, consideraron que los delitos que se le imputan "no pudieron acreditarse", y que "lo único que se ha mostrado es la existencia de una congregación religiosa".

"Se ha intentado brindar una imagen de Isaías como una especie de manipulador mesiánico", señaló Galán ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal marplatense, Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz.

Hurtado, quien llegó al juicio detenido en la cárcel de Ezeiza, está imputado por los delitos de "trata de personas agravado", "abuso sexual con acceso carnal" y "amenazas", y el fiscal Juan Manuel Pettigiani había solicitado días atrás en su alegato una condena a 35 años de prisión.

Pettigiani, quien comparó al acusado con el criminal estadounidense Charles Manson por su métodos de captación de víctimas, consideró probado que al menos desde el 30 de julio de 2008 hasta el 4 de julio de 2016, el pastor reclutó a 23 personas "utilizando el engaño, la coerción y el abuso de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban".

El fiscal señaló además que la explotación de las víctimas, dos de ellas menores, era concretada "mediante su reducción a la servidumbre".

A su turno, los defensores cuestionaron a lo largo de más de cuatro horas los argumentos de la fiscalía, y señalaron que más allá de los testimonios, "faltaron exámenes científicos y diagnósticos concluyentes para determinar eventuales alteraciones de la voluntad" de las víctimas.

"Los casos planteados no configuran el delito de trata", indicaron los defensores, y agregaron además que "no se ha acreditado la finalidad de la explotación", y que quienes asistían al templo lo hacían"libremente" y "por propia voluntad", por lo que pidieron la absolución en ese sentido.

Cuestionaron además la acusación de "abuso sexual" de cuatro mujeres, y dijeron que el pastor admitió haber tenido "relaciones consentidas" con tres de ellas, mientras que negó haberlas tenido con la restante, menor de edad.

Rechazaron además la imputación por tres casos de amenazas y dijeron que "las declaraciones de las víctimas fueron contradictorias" en ese sentido.

El cierre de los alegatos corrió por cuenta de la defensa de la mujer de Hurtado, Patricia Soledad Padilla Coronado (52), también chilena, quien está imputada como "partícipe necesaria" del delito de trata, y para quien el fiscal había solicitado 12 años de prisión.

En su caso, la defensora, Marcela Benavides, consideró que la mujer debía ser absuelta porque, aunque ella no se reconociera como tal, también era una víctima de lo que ocurría en el ámbito del templo conocido como "Ministerio Apostólico y Profético Monte Zión", que funcionaba en el barrio San Carlos, a unas 30 cuadras del centro de la ciudad.