El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso de dos proyectos que proponen reformas en áreas sensibles como la salud mental y el sistema de pensiones por invalidez.

En el caso de la salud mental, la iniciativa apunta a actualizar la normativa vigente, con cambios en los criterios de atención e internación. Entre las modificaciones, se plantea redefinir conceptos clínicos y facilitar la intervención en situaciones de riesgo, manteniendo el carácter excepcional de las internaciones pero con mayor claridad en su aplicación.  

Además, se busca fortalecer el sistema de atención mediante una red más organizada, con participación tanto del sector público como privado, y reforzar las estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación.  

En paralelo, el proyecto sobre pensiones por invalidez propone endurecer los controles para evitar irregularidades en la asignación de estos beneficios. Entre las medidas se incluyen auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos y un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios.  

También se contempla la posibilidad de suspender prestaciones ante incumplimientos y se establece que las pensiones equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio, con el objetivo de ordenar el sistema y garantizar una distribución más eficiente de los recursos.  

Las iniciativas abren un nuevo debate en el Congreso, donde se espera una discusión intensa por el impacto de los cambios en dos áreas clave para la política social.

A través de un comunicado, el PAMI anunciaron que a partir de este mes auditarán todas las pensiones otorgadas por invalidez laboral, en un proceso progresivo que abarca a más de un millón de casos y que busca garantizar que “las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral cumplan con los criterios legales establecidos”.

El proceso será realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y abarcará a 1.013.400 casos. El objetivo, se indicó, es darle “mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten”.

En ese sentido se informó que la auditoría se llevará a cabo mediante un proceso escalonado y progresivo que permitirá realizar “una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”. 

Además se resaltó que estará organizada en diferentes etapas, “cada una diseñada para garantizar la integridad del proceso y donde se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández”.

La primera etapa consistirá en envió de cartas documento a los beneficiarios de pensiones con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten toda la documentación requerida. En un segundo momento, harán las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y su correspondiente revisión.

En la tercera etapa se realizará el procesamiento de la información: los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada beneficiario. Por último se emitirán los dictámenes y resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.

Se espera que en los próximos días los beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento. Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud “y con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan”, indicó el comunicado.

“Por tal motivo -agregaron- se cuenta con el apoyo del PAMI ya que cuenta con una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores”.

“La auditoría representa un compromiso firme del Gobierno con la eficiencia en la gestión de recursos públicos. A través del Ministerio de Salud, ANDIS y PAMI trabajan juntos para asegurar que las pensiones por invalidez laboral sean otorgadas y mantenidas según los criterios establecidos por la normativa vigente”, indicaron.

Los Defensores del Pueblo locales volvieron a expresar su preocupación por el futuro de las pensiones por invalidez y manifestaron que el tiempo para actualizar el plazo es insuficiente. 

"La Agencia Nacional de Discapacidad intima mediante cartas documento a realizar un trámite de actualización de ese beneficio. Sin embargo, no hay ningún efector de salud pública que tenga capacidad para hacerlo", manifestaron.

Los defensores exigieron que "la Agencia se abstenga de imponer los plazos establecidos por carta documento ya que no están dadas las condiciones operativas. Además su aplicación constituiría un perjuicio concreto para los pensionadas y pensionadas”.

En este sentido expresaron que “rechazamos este procedimiento porque ataca un derecho adquirido por los pensionados”, dijeron y agregaron que “se trata de un proceso administrativo que tiene como objetivo un recorte presupuestario en un momento de aguda crisis económica y social”.

Los defensores estuvieron este martes con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur (INAREPS), del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y de la secretaría de Salud. El objetivo fue tratar el tema de las pensiones pero pudieron constatar que hasta el momento ninguno de esos efectores de salud tiene capacidad operativa para gestionar la actualización de las pensiones que pide la Agencia Nacional de Discapacidad.