La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, reunida de manera virtual, votó este miércoles un dictamen de mayoría que propone expulsar de ese cuerpo al parlamentario Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (Cambiemos), quien fuera declarado en rebeldía por la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.

El tema deberá ahora ser tratado por el plenario del parlamento regional donde, para poder materializarse, el dictamen de mayoría deberá reunir las dos terceras partes de los votos, según explicaron a Télam fuentes de ese órgano.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes en la reunión de Comisión de hoy, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

El dictamen que finalmente resultó más votado sostiene que Rodríguez Simón debería perder su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió en "graves actos de falta de decoro", al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo.

El texto suscripto por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos repasa el camino elegido por Rodríguez Simón a la hora de no presentarse a prestar declaración indagatoria y remarca que el Parlasur "no es juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan" a Pepín, pero "tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros".

"La conducta desplegada por el denunciado en cuanto revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público atenta contra los principios y valores básicos que deben caracterizar a la institución y al comportamiento de sus miembros", se indicó en el dictamen.

En ese sentido, el dictamen señaló que "la conducta basada en los principios éticos y morales que respondan a los valores de transparencia, integridad y honestidad entre otros, hacen al respeto y la confianza que la sociedad deposita en sus Representantes y en la Institución de la cual forman parte".

Pepín había sido llamado a indagatoria por la jueza Servini en mayo de 2021 y nunca se presentó, pese a haber sido notificado debidamente y haber avisado que se presentaría.

"El Sr. Rodríguez Simón sabía que debía presentarse en la causa donde se lo investigaba por la posible comisión de delitos de asociación ilícita, amenazas, extorsión y tráfico de influencias contra el Grupo Indalo y sus accionistas, sin embargo, decidió fugarse de la Justicia Argentina con el fin de entorpecer la investigación, hasta tanto la causa se encuentre prescripta o un Gobierno le garantice impunidad", se sostuvo en el dictamen de mayoría.

Los parlamentarios del Mercosur que realizaron el informe que dio lugar al dictamen de mayoría señalaron que si bien Rodríguez Simón asegura estar siendo víctima de una persecución y que en la Argentina peligra su libertad ambulatoria, "a la fecha del presente informe no hay un solo funcionario u operador judicial del Gobierno anterior con prisión preventiva en la República Argentina, tampoco hasta el momento del llamado a indagatoria había indicios de su posible detención, puesto la orden de detención decretada por la Juez Servini de Cubría se produce ex post de la fuga del aquí denunciado".

"Contrariamente a lo que manifiesta el denunciado, si hubiera existido la intención de detenerlo de manera arbitraria, primero se libraría la orden de detención y una vez encarcelado si se le tomaba declaración indagatoria. Circunstancia que no ocurrió en el presente caso en estudio", remarcaron.

Asimismo, señalaron que "la persecución política no puede ser una condición subjetiva de quien se siente perseguido, sino que deben concurrir situaciones objetivas que hagan inminente el auxilio de un país a un ciudadano extranjero para salvaguardar la integridad física de este último" y manifestaron que "como por ejemplo durante un Golpe de Estado de los que lastimosamente, Latinoamérica fue víctima en reiteradas oportunidades, pero que no es la realidad actual de los países parte del Mercosur".

El dictamen de mayoría propuesto por el Frente de Todos fue acompañado por las firmas de los argentinos Jorge Cejas, Julio Sotelo y Elena Corregido, las legisladoras paraguayas Edith Benítez (Asociación Nacional Republicana) y Blanca Mignarro (Partido Liberal Radical Auténtico) el brasileño Arlindo Chinaglia (Partido de los Trabajadores ) y el uruguayo Daniel Caggiani (Frente Amplio).

En el dictamen de minoría, en cambio, sostiene que Rodríguez Simón no debe ser expulsado del Parlasur porque no llevó a cabo ninguna conducta que denotara falta de decoro "al ejercer el derecho a solicitar la protección internacional que la Convención sobre el Estatuto del Refugiado (Ginebra, 1951) y restante normativa internacional e interamericana de Derechos Humanos, así como la ley uruguaya 18.076 le otorgan como a cualquier ciudadano del Mercosur".

"El parlamentario Rodríguez Simón no se encuentra prófugo, sino que solicitó refugio en el Uruguay, lo informó a la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur señalando que al solicitar refugio no había invocado su carácter de parlamentario, sino que había solicitado la misma protección que cualquier perseguido político", se indicó en el dictamen impulsado por el parladiputado Humberto Benedetto, del Frente Cívico de Córdoba y acompañado por el uruguayo Conrado Rodríguez (Partido Colorado).

El único parlamentario que se abstuvo de acompañar cualquiera de los dictámenes emitidos hoy en relación a la situación de "Pepín" fue el brasileño Celso Russomanno (Republicanos), según indicaron a Télam fuentes del parlamento regional.

Consultado por Télam, el diputado del Parlasur Oscar Laborde remarcó que "es interesante ver que la propuesta de separación (de Rodríguez Simón) es acompañada parlamentarios de los cuatro países y diferentes sectores políticos".

Además explicó que "seguramente el 16 de mayo" el dictamen estará en condiciones de tratarse en el pleno, donde se necesitarán dos tercios (77 votos) para conseguir su separación, pero resaltó que "lo importante del día de hoy es la voluntad claramente mayoritaria de separarlo".

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