La fiscalía solicitará una nueva pericia para analizar las operaciones con criptomonedas que Manuel Adorni presentó ante la Justicia como parte de la explicación sobre el origen de su patrimonio. La medida será impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y estará a cargo de la DAFI, el mismo organismo que ya realizó un informe patrimonial sobre el exfuncionario.

Adorni aseguró en su presentación que obtuvo US$591.544,61 a partir de la venta de Bitcoin que había comprado varios años antes de ingresar a la función pública. Según la explicación de su defensa, las operaciones estuvieron vinculadas a ocho direcciones de Bitcoin que registraron movimientos entre 2014 y 2018. Ahora, la Fiscalía buscará comprobar técnicamente la existencia y características de esas operaciones, se analizarán las fechas, los montos y la documentación relacionada con la compra y posterior venta de los activos digitales. La defensa de Adorni será convocada para participar del procedimiento y todo quedará registrado.

Como parte de su descargo, la defensa presentó un acta notarial para sostener que las ocho billeteras de criptomonedas pertenecían a Adorni. También informó que las claves privadas fueron entregadas a su abogado dentro de un sobre cerrado y lacrado, y quedaron a disposición de la Justicia. Uno de los puntos que la Fiscalía pretende profundizar es la trazabilidad de las operaciones realizadas durante 2017,  Adorni sostuvo que en ese período las compras y ventas de Bitcoin se realizaban entre particulares y mediante pagos en efectivo, sin intervención de bancos o plataformas de intercambio. La defensa afirmó que los movimientos de las criptomonedas pueden ser verificados mediante la blockchain, aunque la entrega de los dólares obtenidos se habría realizado fuera del sistema financiero formal. 

Según la reconstrucción presentada por su defensa, Adorni comenzó a comprar Bitcoin en 2014, cuando habría invertido US$1.897,20. En 2017 realizó el mayor volumen de adquisiciones, por aproximadamente US$199.883,20, mientras que las ventas se habrían concretado entre 2017 y 2018, la defensa sostiene que los dólares obtenidos fueron recibidos en efectivo. Los fondos provenientes de esas operaciones también fueron utilizados por la defensa para explicar distintos movimientos posteriores del patrimonio de Adorni, entre ellos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias. Entre estas aparece el pago de US$30.000 en efectivo por un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Otro de los puntos que la Fiscalía buscará profundizar es el costo de las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, en la investigación apareció un monto de US$245.000, que el contratista Matías Tabar aseguró haber recibido de la familia Adorni por los trabajos realizados. La defensa rechazó ese valor y presentó documentación para sostener que el costo de las obras fue considerablemente menor, según un análisis contable presentado ante la Justicia, los desembolsos fueron de aproximadamente US$175.000, mientras que un arquitecto contratado por la defensa estimó el valor de mercado de las refacciones en US$174.954,58.

Para la Fiscalía, esa documentación todavía no alcanza para determinar cuánto costaron realmente las obras. Por eso, también solicitará nuevos elementos que permitan comprobar si el valor de las refacciones fue cercano a los US$174.000 o si, como sostuvo el contratista, alcanzó los US$245.000.

La defensa señaló inconsistencias en la documentación aportada por Tabar, como diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes, materiales enviados a otros domicilios y facturas emitidas a nombre del propio contratista. También reconoció que parte de la relación económica se desarrolló de manera informal y que un primer pago de US$35.000 en efectivo se realizó sin recibo. La causa investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y su defensa sostiene que la evolución de su patrimonio tiene un respaldo documental y que los fondos cuestionados pueden explicarse principalmente a partir de las operaciones con Bitcoin. La Fiscalía avanzará con las pericias y la revisión de la documentación para determinar si esa explicación puede ser verificada.

Lorena Arias, abogada e hija de uno de los tripulantes que iba a bordo del Repunte que naufragó en aguas patagónicas en junio del 2017, anticipó que se buscará pedir a la Justicia otra labor pericial que incluya el descenso de los buzos para ampliar "nuevos puntos" del primer estudio que se realizó sobre el casco del pesquero marplatense.

"Queremos pedir la ampliación de ciertos puntos que nos presentaron dudas, por lo que nos contó el familiar que estuvo a bordo, y nuestra intención es cubrir el 100 por ciento del panorama sin dejar nada pendiente", aseveró a El Marplatense la letrada.

Arias dijo que se buscará solicitar gestiones para que pueda descender los buzos y así "colaborar para tener imágenes más completas". "El problema es que, como le pasa a la mayoría de los barcos hundidos, todo el arte de pesca y las redes se convierten en escombros que rodena la embarcación y no es lo mismo cuando se baja y se pueden ir cortando las redes para tener más claridad", fundamentó.

La hija del maquinista naval del pesquero Horacio Airala, confió que el pedido se formalizará en un próximo contacto que tendrán las familias de las víctimas con el juez Gustavo Lleral, a través de una videoconferencia. Si bien aún no está confirmado, habría una "fecha probable de audiencia para esta próxima semana", según indicó.

A mediados de diciembre, había finalizado la pericia sobre el Repunte que estuvo a cargo de la Armada Argentina. Para esta instancia, había mucha expectativa depositada pero para los familiares significó una "decepción" porque, si bien se realizó una filmación sobre la totalidad de la embarcación, no bajaron los buzos porque la fuerza no dispuso de la cámara hiperbárica, por razones que aún no fueron esclarecidas.

La labor estuvo a cargo del buque oceanográfico ARA Austral, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) pero que está tripulado por personal especializado de la Armada Argentina. Participaron el perito de la fuerza, el capitán Gerardo Bellino, y como perito de parte, el ingeniero Marcelo Fuster.

"Para uno, como familia, siempre es poco... quisiéramos que lo refloten. Pero como sabemos las limitaciones que tenemos, por eso nos conformamos con una pericia pero nada nos da una satisfacción total", aclaró Arias, quien agregó: "Los tiempos, las burocracias y cada paso que damos tiene que ver exclusivamente con una lucha que implica un esfuerzo físico y emocional admirable".

Los tripulantes que iban a bordo del navío que naufragó en junio del año pasado a 36 millas náuticas del norte de Rawson son: Horacio Airala (Jefe de Máquinas), Gustavo Sánchez (Capitán), Silvano Coppola (1° oficial de máquina), Claudio Islas (Marinero), Néstor Paganini (Marinero), Jorge Luís Gaddi (Engrasador), Fabián Samite (Engrasador, oriundo de Miramar), Isaac Cabanchik (Engrasador) y José Omar Arias (1° oficial de pesca, de Puerto Madryn).

La agencia británica de investigaciones de accidentes aéreos (AAIB) publicó este lunes el informe preliminar sobre el accidente del avión Piper Malibú que cayó en el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero con el futbolista argentino Emiliano Sala a bordo.

Sala acababa de ser fichado por el Cardiff City proveniente del Nantes de Francia a cambio de 17 millones de euros. Su cuerpo fue hallado junto con los restos del avión a 13 días de la desaparición de la aeronave. Días más tarde fue rescatado.

El informe describe que el piloto británico Dave Ibbotson (59), cuyo cadáver aún no fue hallado, tenía una licencia privada. Es decir, no podía volar en operaciones comerciales salvo que pagara los gastos a medias con el pasajero. Se supo además que tenía aproximadamente unas 3.700 horas de vuelo.

Por otro lado, el reporte detalla que el avión se rompió en tres partes y quedó unido por los cables eléctricos. El reporte muestra en tres imágenes a la cabina separada del cuerpo del avión y del motor. También se observa la rotura de las puntas de alas y la cola.

La agencia sostiene que la máquina se perdió en aguas internacionales. En esas circunstancias, establece que la investigación comenzará en Estados Unidos, que es el lugar donde estaba registrado el avión, destacó Clarín.