Se realizó la presentación de una serie de proyectos de ley elaborados por la diputada Margarita Recalde que incorporan una perspectiva de inclusión laboral y ambiental en los procesos de Compras y Contrataciones de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó la legisladora, “la idea es hacer una modificación en la actual Ley de Compras y Contrataciones para incorporar la perspectiva de discapacidad a la hora de ser proveedor del Estado provincial, trabajando con talleres protegidos y cooperativas y, de esta forma, tener prioridad en las compras y contrataciones”.

De este modo, “aquellas empresas y pymes que quieren ser proveedoras del Estado provincial tengan en su planta contratadas formalmente a personas con discapacidad para tener prioridad a la hora de ser proveedoras”.

Así también, fue presentado otro proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Transportistas de Personas con Discapacidad “para darle previsibilidad y confianza a aquellas familias que necesitan contratar a alguien para trasladar a familiares con discapacidad”, puntualizó Recalde.

Por su parte, el periodista, escritor y actor Gonzalo Giles, activista argentino que perdió la voz a los cinco meses por una meningitis pero se comunica a través de una aplicación en su celular,  remarcó que “el trabajo no debería ser un privilegio sino un derecho con acceso real, pero hay miles de personas con discapacidad que no consiguen empleo, no porque no puedan, sino porque el sistema no quiere verlos debido a que lo seguimos confundiendo con caridad y las oportunidades con favores”.

Por tal motivo, reclamó “políticas públicas que no se queden en los slogans sino que exijan cupos reales y accesibilidad física en los lugares de trabajo”, y consideró necesario legislar al respecto “porque sin ley no hay derechos y sin derechos no hay dignidad, la igualdad no se negocia se garantiza”.

Participaron también del panel la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones de la provincia de Buenos Aires, María Victoria Anadon, y la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud de la provincia de Buenos Aires, María Lourdes Farias, mientras que estuvieron presentes autoridades provinciales, legislativas y municipales, y miembros y representantes de entidades de bien público e invitados especiales.

El reclamo principal apunta a la falta de respuestas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que, junto con la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y centros categorizados, integra el directorio que regula el sector. Según denunció Machado, ese directorio “no se reúne desde septiembre de 2024”.

Jessica Machado, referente del colectivo Prestadores Unidos MDP, explicó que la medida de fuerza responde a “una situación de gravedad y urgencia”. “El sistema de prestaciones está a punto de desaparecer porque somos los prestadores quienes lo sostenemos. Y ya no podemos seguir haciéndolo”, expresó en diálogo con El Marplatense.

Machado indicó que los aranceles que cobran por cada sesión no registran aumentos desde diciembre de 2024. “Actualmente una sesión, una hora de prestación, se paga 12.300 pesos. Durante el 2025 no hubo ningún incremento y nuestros honorarios están 158% por debajo de la inflación acumulada desde 2023. Estamos por debajo de cualquier mínimo ético fijado por los colegios profesionales”, subrayó.

Además, la representante local cuestionó la falta de representación de los trabajadores independientes en el espacio de toma de decisiones: “No tenemos participación y cuando se les preguntó a las autoridades por qué no se reúnen o qué plan tienen, dijeron que no tenían información. Si no la tienen ellos, ¿quién la va a tener?”, planteó.

En Mar del Plata, además de los 700 prestadores afectados, la situación también involucra a escuelas especiales, centros terapéuticos y transportistas. “Somos una gran población. Hay que pensar que el 2% de la población nacional tiene algún tipo de discapacidad y cada una de esas personas necesita, al menos, una terapia. Eso da la dimensión de cuántos somos los prestadores perjudicados”, concluyó Machado.

Con motivo de la cena benéfica que realizará el Hogar de María, Mercedes Rom de Alfonso destacó que la comunidad los acompañó “desde el minuto cero”, habló de la creación de la entidad solidaria y criticó a las políticas sociales para niños con alguna discapacidad mental. 

La fiesta será en el Hotel Uthgra Sasso el próximo 15 de junio y las entradas, que para esta cena-show tienen un valor único de 50.000 pesos, se pueden reservar llamando al (223) 426-4441, (223) 439-7908 o a la línea fija 4797796.

En principio, Rom explicó que la venta para la fiesta “viene muy bien, teniendo en cuenta el contexto” y destacó el rol de la comunidad marplatense, la cual dio “una respuesta magnífica”. En ese sentido, por el “gran esfuerzo de los distintos sectores”, la entidad se encuentra “casi en la venta total de las tarjetas”.

Pero más allá de estar al borde del objetivo, señaló que “es un año difícil”, aunque recordó que desde que el hogar abrió sus puertas “tiene una trayectoria de obstáculos”. Ninguna pelea fue tomada a la ligera. Entonces, agregó: “No es por ser pesimista ni muchos menos, al contrario, en el hogar se vive en un ambiente de alegría y comunidad, pero hay situaciones límites por la coyuntura del país. Las políticas sociales vigentes no acompañan en lo absoluto a una persona con discapacidad mental que fue abandonada, abusada o maltratada”.

Para la fundadora de la organización, “cuando la vida te pone frente a situaciones difíciles y hay alguien indefenso que sólo no puede y te pide, no hay vuelta atrás”. Ante esos pedidos, confió que se deben “transformar en dar” y que “todo se resolverá paso a paso”. 

“La naciente de esa semilla es ese ser pequeñito que no puede decidir por sí mismo. De los 28 que hay en el hogar, sólo dos o tres hablan. Cuando un niño con esas limitaciones te pide desde su silencio y dolor, no hay vuelta atrás”, retrató.

Una de las hermanas de Rom padecía una discapacidad severa y luego, después de tres hijos, tuvo a dos mellizas, las cuales una de ellas nació con síndrome de down. Comenzó a llevarla a Asdemar, donde en una de las reuniones de padres y madres de chicos que asistían a la asociación, conoció a una mujer de clase baja que ni siquiera sabía de qué trataba el trastorno genético. Y a partir de esa situación, comenzó a gestarse en ella la idea de crear un hogar para niños con discapacidad que viven en la pobreza.

“Cada uno tiene una misión en la vida. Y cuando es resultado de un dolor fuerte como puede ser recibir a una niña con discapacidad mental, la misión tiene dos caminos; o lo rechazás y vivís renegada toda la vida, o abrazás ese dolor. Si lo abrazás, es como meter todo en una licuadora y sacar buen jugo”, manifestó.

Sin embargo, luego de casi media vida en el hogar, su fundadora subrayó que “de a poco” se está alejando porque “fueron muchos años” y logró uno de sus cometidos; formar un equipo capacitado para el día en que ella decida distanciarse. “Esto no lo hace una ni dos o tres personas solas. Hubo una comunidad que acompañó desde el minuto cero para cubrir un déficit y llevar al hogar a un estandar en el que lo reconoce toda la provincia de Buenos Aires”, concluyó. 

El gobierno nacional reglamentó la excepción del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" por coronavirus a las personas con discapacidad y a quienes las atiendan mediante la resolución 77/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que permite "salidas breves" y "a no más de 500 metros" y asigna días de acuerdo con la terminación del número del documento.

En el artículo 2 de la norma se explica que las personas con discapacidad solo podrán realizar salidas breves "cuando no tengan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, tos y/o dificultad respiratoria)".

También se establece, en el artículo 3, que podrán salir a la vía pública "con un único acompañante, familiar o conviviente, si lo necesitaren, para realizar paseos breves, a no más de 500 metros de su residencia".

El cronograma de salida que se fija es los días lunes, miércoles y viernes a aquellas personas con discapacidad cuyo último número de documento sea 1, 2, 3, 4 y 5, y los martes, jueves y sábados a aquellas cuyo último número de documento sea 6, 7, 8, 9 y 0.

Para salir, las personas deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en soporte papel o foto digital, o el turno de actualización del mismo si está vencido, además de "el o los Documentos Nacionales de Identidad".

Asimismo, regula que durante las salidas deberá respetarse, "respecto del resto de los transeúntes, el distanciamiento social de un metro y medio (1,5 m) como mínimo".

La normativa aclara que no podrán hacer uso de esta excepción quienes sean mayores de 60 años; tengan enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo; tengan enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; o inmunodeficiencias.

Tampoco aquellos que tengan diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; embarazadas; y "toda otra circunstancia que la autoridad sanitaria defina en el futuro".

En cuanto a las "prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad", el artículo 6 de la resolución indica que solo se realizarán en forma presencial aquellas "de estricta necesidad, impostergables, y que no admitan su realización en modo virtual".

Tampoco se podrá hacer uso de este tipo de prestaciones "si la persona que recibirá la misma, alguno o alguna de sus convivientes, o el profesional respectivo, posee síntomas de Covid-19 o se encuentra alcanzado por alguna de las circunstancias descriptas" para las personas con discapacidad.

La misma limitación existe "si algún conviviente con el paciente presentara los síntomas".

Fuente: TELAM

El transporte de personas con discapacidad realizó hoy un paro total de actividades y se movilizó hacia el Palacio Municipal en reclamo de las demoras en los pagos por parte de las obras sociales y de la falta de actualización de los aranceles en el nomenclador nacional.

La Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad exige la intervención del Estado y le pide a los representantes del Municipio que lleven adelante una reunión entre los trabajadores, el defensor del pueblo y todos los directores de las obras sociales de Mar del Plata, de la misma manera en el ámbito nacional por la actualización de aranceles.

En ese marco, el presidente de la ATPCD, Juan Goldar, dialogó con El Marplatense y aseguró que "hay colegas que recién están cobrando diciembre o enero en obras sociales. No solo es en el transporte, también ocurre con las instituciones que trabajan con personas con discapacidad".

En el Municipio hay actualmente alrededor de 300 vehículos habilitados para transportar personas con discapacidad, lo que deja en evidencia la cantidad de ciudadanos que utilizan el servicio. "Hoy por hoy se enfoca y se cree que nosotros estamos reclamando pura y exclusivamente por el trabajo, pero la que corre peligro es la población de personas con discapacidad porque ellos son los que se van a quedar sin la prestación", agregó Juan Goldar.

En referencia a la demora de los pagos por parte de las obras sociales, el presidente de la ATPCD explicó que "algunas obras sociales dicen que no viene la plata de la superintendencia, otras que tienen problemas en el sistema administrativo, otras falta de personal, y las obras sociales y los insumos aumentan todos los meses".

Los defensores del Pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomon participaron del encuentro del Consorcio de Defensores del Pueblo Municipales Bonaerenses, que tuvo lugar en Mar del Plata. En ese marco, el Consorcio manifestó su preocupación “ante la inminente quita de Pensiones no Contributivas”.

La Resolución 39/19 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció que la confección y presentación del Certificado Médico Obligatorio (CMO) deberá hacerse vía digital y para eso ya han enviado cartas documento a los pensionados.

La intimación les da un plazo de sesenta días corridos para actualizar la condición médica de invalidez laboral mediante el Certificado Médico Oficial digital.

Para realización del mismo, los intimados deberán dirigirse a un establecimiento de salud oficial más cercano a su domicilio, y solicitar una consulta con el médico para la realización del instrumento.

En este sentido, el consorcio advirtió  que “claramente, lo manifestado resultaría eficiente en un plano ideal. En la realidad de los establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires constituye un acto de cumplimiento imposible por el desborde actual de nuestros Hospitales”.

Fernando Rizzi expresó al El Marplatense que se encuentran trabajando en un pedido de informes al Hospital Interzonal, "porque la gente tiene 60 días para hacerse evaluación según lo que dice la ANDIS, pero no lo coordino las jurisdicciones", dijo el Defensor del Pueblo municipal.

Entre las faltas detectadas, los defensores destacaron  la“Carencia de médicos en general, fisiatras y legistas en particular, falta de conectividad, falta de debida articulación entre la Agencia Nacional de Discapacidad y los Directores de los Hospitales, falta de turnos e imposibilidad de acceso a la realización de estudios específicos fundamentales para la determinación del criterio médico y para adjuntar al trámite del CMO”. Y agregaron también "el agravamiento de que el instructivo y la viabilidad del inicio del CMO digital es a través de la Página Web de AFIP.

Para los Defensores, el mecanismo establecido demuestra la intención de que el procedimiento para la tramitación del CMO no pueda ser realizado. “Es una clara violación a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual posee jerarquía Constitucional”, expresaron.

“Exhortamos a la Agencia Nacional de Discapacidad que revoque estas medidas porque son inconstitucionales y se abstengan de proceder a la quita o suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez”, concluyeron.