Tras conocerse que el Consejo Federal Pesquero realizó el retiro definitivo de una iniciativa del Gobierno nacional que buscaba habilitar la transferencia de cuotas de captura desde la flota fresquera hacia la congeladora, el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, destacó la lucha de sectores gremiales y aseguró que “nos trae tranquilidad porque permite el trabajo, ya que el puerto de Mar del Plata depende en un 80% de la flota fresquera”.

El proyecto proponía un esquema vigente hasta 2039. Las toneladas cedidas voluntariamente por buques fresqueros se integrarían a un fondo común, del cual el 85% se reasignaría de forma definitiva a buques congeladores con proyectos aprobados, mientras que el 15% restante quedaría como reserva para la flota fresquera.

Sin embargo, distintos sectores advirtieron que la medida favorecía a la pesca congeladora en detrimento de la industria procesadora en tierra, con riesgo directo sobre el empleo, especialmente en ciudades como Mar del Plata. Además, funcionarios provinciales señalaron que contradecía el espíritu de la Ley Federal de Pesca.

En diálogo con El Marplatense, Trueba detalló que la medida del Consejo se tomó tras “reiteradas veces y notas presentadas por cámaras empresarias y la CGT en su conjunto”, sumando el apoyo de gremios marítimos, pesqueros, portuarios, navales, de la industria y administrativos.

La principal preocupación radicaba en el intento de transferir el cupo de captura de un buque fresquero a uno congelador. Al respecto, el referente de SIMAPE fue tajante al señalar que se trata de una “cuestión que está prohibida por la Ley Federal de Pesca a los fines de proteger el recurso ictícola y la mayor mano de obra ocupada”.

Para el líder sindical, el archivo de este proyecto representa un fuerte alivio para la economía local. “Eso nos trae tranquilidad porque permite el trabajo, ya que el puerto de Mar del Plata depende en un 80% de la flota fresquera”, afirmó, destacando el fuerte efecto multiplicador que tiene la actividad.

Para dimensionar el impacto, Trueba aportó cifras sobre el movimiento diario de la terminal marítima al destacar que “al puerto de Mar del Plata por día ingresan 25.000 personas a trabajar” y que el sector representa el 35% del producto bruto de la ciudad, por lo que de la pesca también dependen indirectamente “el resto de la ciudad y el comercio”.

Mar del Plata será sede en mayo del año próximo del encuentro anual del Grupo de Trabajo sobre Tecnología en Artes de Pesca y Comportamiento de Peces, organizado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con la participación de más de cien especialistas internacionales y la coordinación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.

Se trata de un hecho histórico, ya que será la primera vez que este encuentro científico de relevancia global se realice en América del Sur, consolidando a Argentina como un actor estratégico en el ámbito de la investigación pesquera.

La designación se concretó durante la última reunión del Grupo, desarrollada entre el 11 y el 15 de mayo en Cairns, Australia, donde un investigador del INIDEP presentó avances técnicos vinculados al desarrollo de redes de arrastre más eficientes y con menor impacto sobre el lecho marino, además de formalizar la postulación de Mar del Plata como sede del evento.

El Grupo es uno de los principales espacios de intercambio técnico y científico a nivel mundial en materia de artes de pesca, innovación tecnológica y sostenibilidad. Entre sus ejes se destacan la reducción del consumo de combustible, la disminución de la captura incidental de especies no objetivo y la mitigación del impacto ambiental de las prácticas pesqueras.

La elección del INIDEP como anfitrión representa un reconocimiento a la trayectoria científica del organismo y al trabajo sostenido de sus equipos en el desarrollo de tecnologías pesqueras más eficientes. Asimismo, abre una oportunidad para fortalecer vínculos internacionales y potenciar la cooperación en el sector.

El evento contará además con el respaldo del Ente Municipal de Turismo y Cultura, en el marco de una estrategia conjunta para posicionar a la ciudad como sede de encuentros internacionales de alto nivel.

ICES, fundado en 1902 en Copenhague, es la organización científica internacional más antigua dedicada al estudio de los mares, mientras que la FAO impulsa políticas orientadas a la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los recursos pesqueros a nivel global.

El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. y Armadores del Atlántico S.R.L. anunciaron la ceremonia de bautismo y botadura del buque pesquero San Severo, que se realizará el 13 de junio a las 16:00 en la sede del astillero ubicada en Altair 210, en el Puerto.

El evento marcará la botadura número 156 del histórico astillero marplatense y contará con la presencia de autoridades, representantes del sector naval y pesquero, además de invitados especiales.

Durante la ceremonia, el buque será formalmente bautizado, en un acto tradicional de la industria naval que simboliza la puesta en servicio de la embarcación. La actividad podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales del astillero, con transmisión mediante YouTube e Instagram.

Además se informó que las madrinas designadas para el San Severo serán María Elena Peña y Lydia Dora Trivelli, quienes participarán del acto central de bautismo.

En un contexto donde la soberanía sobre los recursos naturales y el desarrollo económico regional ocupan un lugar central en la agenda pública, César Augusto Lerena lanzó su más reciente libro: Pesca. Industria y soberanía. El libro, que cuenta con el aval de la Fundación Agustina Lerena y el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, se presenta como una pieza fundamental para repensar la administración del Atlántico Sur.

Lejos de ser un mero diagnóstico, el libro detalla 100 acciones concretas destinadas a modernizar la industria. La obra propone una reforma profunda de la actual Ley Federal de Pesca, con el objetivo de potenciar las capacidades del sector en beneficio directo de la soberanía nacional y los intereses de las provincias del litoral marítimo.

“Es necesario transformar la administración, el control y la investigación para obtener un mayor resguardo de nuestra soberanía y mejorar los resultados económicos y laborales”, sostuvo el autor.

El texto aborda de manera exhaustiva los desafíos actuales y las soluciones necesarias para un sector clave: soberanía y Malvinas; federalismo pesquero; desarrollo económico; impacto social; sostenibilidad.

Lerena es una de las voces más autorizadas en el ámbito pesquero argentino. Doctor en Ciencias Veterinarias y experto en el Atlántico y Malvinas, cuenta con una trayectoria que combina la gestión pública, la consultoría internacional y la academia. Fue asesor en el Senado de la Nación, secretario de Estado y autor de la actual Ley de Pesca de la Provincia de Buenos Aires.

Con más de 1500 publicaciones técnicas y una vasta experiencia en el sector privado (habiendo asesorado a más de 300 empresas), Lerena vuelca en este libro décadas de conocimiento para ofrecer una solución soberana a la problemática del mar.

Tras una reunión de la Federación Marítima y Portuaria de la República Argentina (FeMPINRA), donde confluyeron gremios marítimos, portuarios y de actividades vinculadas en tierra, el dirigente de SICONARA, Daniel Flores, indicó que sirvió para unificar criterios sobre la situación del sector en Mar del Plata y reforzar la idea de que “la ciudad es pesca y la pesca somos todos”.

Del encuentro participaron integrantes del SOMU, SIMAPE, SICONARA, el Centro de Patrones de Pesca, SAON, SEMARA y el gremio de guincheros, entre otros sectores. Flores señaló a El Marplatense que uno de los ejes centrales abordados fue la seguridad a bordo de los buques.

En ese sentido, remarcó que el sector sindical sostendrá una postura firme: “El costo no lo paga el trabajador con la vida”. Y agregó que la actividad debe desarrollarse en condiciones adecuadas, ya que “vamos a seguir navegando para trabajar, no para arriesgar la vida”. En línea con esto, enfatizó que las embarcaciones deben cumplir estrictamente con las normativas vigentes: “Los barcos tienen que salir cumpliendo lo que dice la PNA, en todos sus aspectos, no solo con las tripulaciones, sino también con el sistema de gestión de seguridad”.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de avanzar en la trazabilidad de las capturas y en la transparencia salarial. Según indicó, el objetivo es optimizar los controles mediante herramientas tecnológicas: “Estamos buscando no solo monitorear todo lo que se descarga porque la tecnología está presente, solamente hay que cotejar datos”.

Con relación a las condiciones laborales, Flores sostuvo que se busca regularizar los esquemas salariales y dejar atrás mecanismos implementados en contextos de crisis. En ese sentido, afirmó que “los acuerdos que hubo en crisis se terminaron” y cuestionó la continuidad de sumas no remunerativas. “Hoy hay valores que eran no remunerativos que dejaron de tenerlos y entendemos que eso se tiene que discutir no unilateralmente sino como en una paritaria”, señaló.

Por último, advirtió sobre el impacto de los recortes en la cadena productiva y el valor agregado del sector. En esa línea, expresó que continuarán defendiendo las condiciones de trabajo y la actividad en su conjunto: “Apuntamos a seguir trabajando, porque la pesca crezca, pero últimamente el valor agregado que somos -no solo los proveedores, los embarcados y todo lo que es insumo- está recibiendo un recorte que no estamos dispuestos a hacer”.

Representantes de la flota fresquera y de plantas de procesamiento advirtieron sobre una crisis “sin precedentes” en el sector y reclamaron medidas urgentes al Gobierno nacional, en un contexto de fuerte aumento de costos y tensiones operativas que afectan a la actividad en distintos puertos del país.

A través de un comunicado, los actores del sector señalaron que la situación podría volverse “terminal” y convocaron a las cámaras empresarias y armadores independientes a trabajar de manera conjunta en la elaboración de propuestas que permitan afrontar el escenario actual. “Sólo unidos lograremos afrontar estos desafíos”, expresaron.

Entre los principales pedidos, solicitaron audiencias “al máximo nivel” con el presidente de la Nación o el ministro de Economía, así como un encuentro con el Consejo Federal Pesquero para abordar la problemática de manera integral.

También manifestaron su apoyo a la flota costera, parte de la cual se encuentra paralizada debido al aumento del combustible y a lo que calificaron como una “absurda pretensión” de incorporar un segundo patrón en embarcaciones menores.

En materia regulatoria, exigieron “transparencia y cumplimiento de la letra y el espíritu de la Ley de Pesca”, y rechazaron cualquier modificación que no haya sido debatida abiertamente o que implique mayores costos para la actividad. En ese sentido, cuestionaron posibles sanciones que consideraron “extemporáneas y absurdas”.

Asimismo, instaron a los gremios a contemplar la gravedad de la situación y a negociar nuevos acuerdos, al considerar que resulta inviable un incremento del costo laboral en el actual contexto.

En un planteo que abarca tanto al puerto de Mar del Plata como a otras terminales del país donde opera la flota fresquera, reclamaron responsabilidad a los proveedores de insumos y servicios de toda la cadena pesquera, al advertir que la actividad “no resiste más quebrantos” y que no es posible continuar absorbiendo aumentos de costos.

Tras conocerse el fallo de la Justicia que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) y la suspensión a la aplicación de artículos de la reforma laboral, desde el gremio su titular, Pablo Trueba, manifestó que ahora “tenemos libre derecho de huelga y tampoco se nos va a aplicar la limitación temporal en los convenios colectivos de trabajo”.

La resolución fue dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, en el marco de un amparo impulsado por el sindicato. En diálogo con El Marplatense, Trueba explicó que la presentación judicial cuestionó tres aspectos centrales de la reforma: “La exclusión del personal embarcado dentro de la Ley de Contrato de Trabajo”, “la inconstitucionalidad de la negación al derecho a huelga” y “la ultraactividad de los convenios”.

El dirigente recordó que el expediente tuvo inicialmente un dictamen favorable en Mar del Plata, en el juzgado federal de Alfredo López, con respaldo del Ministerio Público Fiscal. Posteriormente, la causa fue remitida al juzgado de Ojeda, en Buenos Aires, donde también tramitan los amparos impulsados por la CGT contra distintos artículos de la reforma laboral.

Según detalló, el magistrado entendió que correspondía otorgar una cautelar para evitar “daños lesivos, ilegítimos, arbitrarios e inconstitucionales” hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En el fallo, Ojeda suspendió la aplicación de artículos de la Ley 27.802 vinculados al régimen laboral del personal embarcado y advirtió sobre la existencia de una “incertidumbre jurídica” que podría derivar en perjuicios irreparables para los trabajadores marítimos. Además, aclaró que el planteo del SIMAPE tiene características específicas vinculadas al sector pesquero y resulta independiente de la causa iniciada por la CGT.

Trueba sostuvo que la medida implica que los trabajadores nucleados en el sindicato vuelven a quedar alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo mientras dure la cautelar. “El SIMAPE se encontraba excluido de la norma de la Ley de Contrato de Trabajo, hoy no lo está”, afirmó.

Asimismo, remarcó que “tenemos libre derecho de huelga y tampoco se nos va a aplicar la limitación temporal en los convenios colectivos de trabajo”. El dirigente sindical insistió en que los artículos cuestionados vulneran garantías constitucionales y derechos históricos del sector marítimo: “Primero dejarnos fuera de una ley, segundo limitarnos al derecho a huelga, que está dentro de la Constitución, y la ultraactividad de los convenios”.

Desde el gremio consideraron que el fallo representa un antecedente importante dentro de la avanzada judicial de distintos sindicatos marítimos y pesqueros contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, organizaciones como el SOMU y el Centro de Patrones también promovieron acciones judiciales similares para frenar cambios vinculados a la actividad embarcada.

La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) expresó su rechazo al proyecto en debate en el Consejo Federal Pesquero que promueve la transferencia definitiva de merluza común desde buques fresqueros hacia buques congeladores, al considerar que la medida afectaría el abastecimiento industrial, el empleo y las exportaciones.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa “promueve y facilita la transferencia definitiva de merluza común de buques fresqueros en beneficio de buques congeladores” y advirtieron que “su instrumentación limitará en gran medida el abastecimiento de las industrias marplatenses, afectando los procesos productivos, las fuentes de empleo y las exportaciones”.

En ese sentido, destacaron que se trata de un sector compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra, con capacidad para generar valor agregado a través del procesamiento en plantas en tierra. “El proceso industrial en plantas en tierra puede representar una importante fuente de empleo y valor de nuestros productos exportables”, indicaron, aunque remarcaron que su desarrollo depende de políticas públicas adecuadas.

Asimismo, cuestionaron que las decisiones de manejo del recurso pesquero no contemplen a la cadena productiva: “En forma reiterada las medidas de manejo del recurso pesquero no toman en cuenta a la cadena de producción que se desarrolla en las distintas ciudades costeras”.

CAFREXPORT advirtió además que la iniciativa podría consolidar una redistribución “permanente” de cuotas hasta 2039 en favor de buques congeladores, lo que implicaría una pérdida irreversible de materia prima para la industria en tierra. “Al consolidar esta pérdida de forma irreversible, el Estado destruye la capacidad instalada de las plantas en tierra”, afirmaron, y alertaron sobre el riesgo de cierre definitivo de establecimientos.

El documento también señala que el sector atraviesa un contexto adverso, con aumento de costos logísticos y demoras en la devolución de créditos por parte del Estado. “De esta manera es imposible ser competitivos en el mercado internacional”, sostuvieron, y calificaron la situación como “asfixiante”.

Finalmente, la cámara manifestó su apoyo a las entidades que representan a la flota fresquera y reiteró su postura: “Reiteramos nuestro rechazo al proyecto que promueve la transferencia definitiva de merluza común de buques fresqueros a buques congeladores”, al tiempo que instaron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a desarrollar políticas que acompañen al sector.

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCYF) se declaró en “alerta máxima” ante la suba del combustible y advirtió que la actividad pesquera “peligra”, en un contexto donde los costos operativos continúan en alza mientras los precios de venta se mantienen estancados.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad expresó su preocupación por la falta de respuestas de las autoridades con relación al precio del gasoil, y reclamó una reunión “urgente” con directivos de YPF.

En ese marco, la asociación expuso datos que reflejan el deterioro de la rentabilidad del sector: “En 2010, un kilo de corvina equivalía a casi 1,5 litros de combustible. Hoy apenas alcanza para adquirir 0,98 litros”, señalaron.

Asimismo, indicaron que el aumento del gasoil desde diciembre de 2023 hasta la actualidad alcanza el 86%, lo que calificaron como “una ecuación económica insostenible”.

“Mientras los costos suben, los precios de venta se mantienen estancados y el resultado es claro: la flota se acerca a la parálisis progresiva”, advirtieron.

Desde la AEPCYF remarcaron además el impacto que tendría una eventual paralización de la actividad: “Cada barco detenido afecta directamente a trabajadores, familias, plantas procesadoras y servicios portuarios. El impacto es masivo, directo y real”.

Con relación a las gestiones realizadas, informaron que mantuvieron una reunión con representantes de Zona Común S.A., la única distribuidora de combustibles marítimos en Mar del Plata, aunque el encuentro “no arrojó los resultados esperados”.

Frente a este escenario, insistieron en la necesidad de una pronta respuesta y señalaron que la situación ya fue elevada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, así como a autoridades provinciales y locales.

“Las autoridades no pueden mirar para otro lado”, sostuvieron, y concluyeron con un mensaje contundente: “La flota no puede esperar más”.

Fuente: con información de DIB

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata informó que durante 2025 el puerto de Mar del Plata alcanzó la cifra más alta de descarga de pescado de los últimos diez años, con un total de 368.142 toneladas removidas, impulsadas por un marcado crecimiento de la captura de calamar y una mayor actividad de la flota pesquera.

En el inicio de 2026, las descargas de calamar cuadruplicaron las del mismo período del año anterior. Durante enero se registraron 3969 toneladas, lo que representa un incremento del 415% respecto de enero de 2025, y hasta el 24 de febrero ese volumen ya había superado las 20.413 toneladas, anticipando un año con perspectivas muy positivas para la especie y para la actividad pesquera en general.

Las estadísticas oficiales indican que el volumen total descargado en 2025 superó el récord anterior de 2020, cuando se habían alcanzado 355.104 toneladas. Además, Mar del Plata concentró el 48,39% del mercado nacional de la industria pesquera, por encima del 44,7% registrado el año previo, y a nivel provincial alcanzó una participación del 92,76%, superando también los valores de 2024.

El informe también señala que el pico de actividad del año se produjo en mayo, cuando el removido de pescado alcanzó las 54.437 toneladas, el valor mensual más alto de la última década. En 2024, el mejor mes había sido febrero, con 40.396 toneladas.

Durante 2025, la mayor participación en las capturas correspondió a la flota de altura con 181.047 toneladas, seguida por los buques congeladores con 61.860, los poteros con 77.661, las embarcaciones costeras con 41.731 y las de rada o ría con 5.843 toneladas. Del total descargado, el 62% correspondió a pescado fresco, complementado con carga congelada.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, recibió a los representantes de las cámaras integrantes de Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina. El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación actual del sector, centrando el debate en la pérdida de rentabilidad, la presión tributaria y los desafíos logísticos que enfrentan las empresas, especialmente las PyMES.

Durante la audiencia se solicitó formalmente la eliminación o disminución de los derechos de exportación y se expresó preocupación por el incremento promedio del 234% en el Derecho Único de Extracción. Asimismo, las entidades advirtieron sobre el impacto financiero del Derecho de Asignación aplicado en 2024, señalando que las empresas más pequeñas debieron recurrir a préstamos bancarios para afrontar estos pagos, lo que condiciona futuros procesos de cuotificación, como el del langostino.

En cuanto a la operatividad, se expuso la necesidad de una simplificación administrativa ante la duplicación de trámites entre el SENASA y la Subsecretaría de Pesca, que genera demoras críticas. También se denunció el perjuicio económico que provoca la demora de hasta 12 meses en la acreditación de créditos fiscales por reintegros e IVA por parte de ARCA y Aduana, situación que afecta directamente el capital de trabajo de las plantas de procesamiento y los buques fresqueros.

Respecto a la pesquería del langostino, el sector solicitó que cualquier proceso de cuotificación sea transparente y participativo, considerando la disparidad en inversiones, permisos y estructuras de flota. Si bien se reconoció la estabilidad biológica del recurso y los avances macroeconómicos actuales, los referentes hicieron hincapié en que la pesca, como industria alimenticia que exporta 2000 millones de dólares anuales, requiere políticas específicas que contemplen los costos provinciales y municipales para mejorar el valor de sus productos.

En el orden de presentaciones participaron representantes de las entidades CAPECA, CAIPA, CAPIP, CAPA, CAFREXPORT, AEPCyF, CEPA y UDIPA.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que durante 2025 la industria pesquera argentina generó exportaciones por USD 2010 millones, con un total de 549.416 toneladas enviadas al exterior, lo que representa incrementos interanuales del 4,3% en valor y del 3,9% en volumen.

De acuerdo con el análisis de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se trata del segundo mejor registro histórico del sector, solo superado por el año 2018, cuando se alcanzaron exportaciones por USD 2149 millones.

El principal motor del crecimiento fue el calamar, cuyas exportaciones aumentaron un 32,5% en valor y un 47,4% en toneladas respecto de 2024, alcanzando USD 550 millones y 193.385 toneladas. También se incrementaron las ventas externas de merluza, con subas del 2,5% en monto y del 1,3% en volumen, totalizando USD 326 millones y 127.422 toneladas. En 2025 se exportaron además merluza negra por USD 65 millones, corvina por USD 53 millones y centolla por USD 27 millones.

Este desempeño permitió revertir la tendencia descendente que venían mostrando las exportaciones de langostino, que continúa siendo el principal producto del sector y generó ingresos por USD 867 millones y 119.775 toneladas.

Los tres principales destinos de exportación fueron China con USD 486 millones, España con USD 373 millones y Estados Unidos con USD 158 millones. En conjunto, estos mercados concentraron el 50,6% de las exportaciones. Durante 2025, China superó a España como principal comprador, impulsada por mayores adquisiciones de calamar, mientras que el mercado español redujo sus compras de langostino argentino.

En materia de precios, el langostino alcanzó en 2025 un valor promedio de USD 7240 por tonelada, con una suba del 12,8% interanual. El calamar registró un precio promedio de USD 2846 por tonelada, lo que significó un aumento del 11,5%, mientras que la merluza cerró el año con un promedio de USD 2556 por tonelada, un 1% más que en 2024.

“Descartan la merluza porque están buscando únicamente calamar. Por eso arrojan grandes cantidades de pescado al agua: es una depredación terrible del recurso”, señaló Damián Basail, referente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Mar del Plata, tras la denuncia que el gremio realizó contra Luis Santander, propietario de los buques pesqueros Nddanddu y Marlene del Carmen.

Las denuncias difundidas a través de un comunicado se basan en los testimonios de los tripulantes, quienes afirmaron que fueron obligados por los capitanes y la empresa a realizar prácticas ilegales bajo amenazas de despido. “Realizamos la denuncia a través de la vía legal correspondiente. Presentamos todas las actuaciones necesarias para ponerle un freno a este empresario, que desde hace tiempo viene haciendo lo que quiere dentro de la industria pesquera”, indicó Basail en diálogo con El Marplatense.

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El dirigente gremial señaló que esta situación se dio en el Nddanddu. Y si bien en el Marlene del Carmen “todavía no ha presentado novedades formales, sabemos que está realizando las mismas prácticas, ya que ambos están pescando en la misma zona”. En ese sentido recordó que “deberían capturar merluza, pero lo que hacen es pescarla y luego arrojarla al mar para quedarse únicamente con el calamar. Esto constituye una depredación total del recurso pesquero”.

Con referencia a lo que sucede en el Marlene del Carmen, Basail aseguró que los marineros “se estarían acercando a la Prefectura para radicar la correspondiente denuncia por estos hechos”.

Además, profundizó sobre la figura del empresario dueño de las dos embarcaciones y aseguró que “la semana pasada le otorgaron un cupo de merluza superior al del resto de los buques, y estamos viendo que no lo utiliza: la merluza es descartada en el mar. La verdad es una locura”.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, puso en vigencia la Disposición N°20/2026, que establece un nuevo protocolo para fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones contra buques de bandera extranjera que operen de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

La medida busca optimizar la protección de los recursos marinos frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), asegurando la soberanía nacional sobre la plataforma continental mediante estándares técnicos claros y verificables para la detección de infracciones.

A partir de la nueva normativa, se establecen presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques. Se considerará infracción cuando una embarcación extranjera navegue a una velocidad inferior a 6 nudos realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca; en el caso de los buques poteros, especializados en la captura de calamar, la presunción operará si navegan a 2 nudos o menos sin justificación válida. El control se apoyará en el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, utilizando registros satelitales y electrónicos como evidencia de alta precisión.

La disposición contempla además garantías para el debido proceso, ya que los capitanes de los buques podrán presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos o partes de avería, con el fin de justificar sus maniobras y movimientos.

La iniciativa se enmarca en el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar de manera preventiva ante la posibilidad de daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista certeza científica absoluta al momento de la detección de una posible infracción.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre un incremento de 5% interanual, mientras que en la medición desestacionalizada mostró una suba de 0,5% respecto de agosto. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el componente tendencia-ciclo aumentó 0,1% en comparación con el mes anterior.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el EMAE presentó un avance de 5,2% respecto del mismo período de 2024.

De los trece sectores que integran el EMAE, la mayoría exhibió variaciones positivas en la comparación interanual. Entre los más destacados se encuentran la Pesca, con un alza de 58,2%, la Intermediación financiera, con una suba de 39,7% y que además fue el sector de mayor incidencia positiva sobre el nivel general, y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que registraron un aumento de 5%.

En conjunto, estos sectores explicaron gran parte de la expansión registrada en septiembre, según los datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Indec.

Por el contrario, dos ramas de actividad mostraron caídas en la comparación interanual: la Industria manufacturera, con una baja de 1%, y la Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que retrocedió 0,7%. De acuerdo con el informe, ambos sectores restaron en conjunto 0,19 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

Fuente: con información de DIB

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Seccional Mar del Plata celebró el reciente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado por el gremio y ordenó a GAAD Group S.A. cumplir con la dotación mínima de 10 tripulantes en el buque “Marlene del Carmen” (matrícula N° 03293), conforme lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo N° 708/15.

El secretario general del SOMU Mar del Plata, Oscar Bravo, expresó su satisfacción por la resolución judicial y dijo a El Marplatense: “Estamos contentos porque por lo menos vemos que la Justicia interpretó como corresponde los convenios colectivos de trabajo. Esto es un triunfo para los trabajadores. Nosotros no estábamos equivocados en lo que estábamos solicitando. No era que nos levantamos con la cabeza torcida y dijimos ‘hoy vamos a hacerle un impedimento al Marlene del Carmen para que no pueda salir’. No. Lo que pedimos es que se cumpla nuestro convenio colectivo de trabajo”.

Desde el gremio remarcaron además que el artículo 17 del Convenio Colectivo de Trabajo establece de manera precisa la cantidad de tripulantes según el tipo de embarcación pesquera, y denunciaron que “el Grupo Santander pretende sacar el Marlene del Carmen con ocho trabajadores, cuando por las condiciones de la embarcación deben ser diez”.

Asimismo, recordaron que el artículo 18 del mismo convenio “indica claramente que cualquier modificación en la dotación debe ser acordada por todas las partes, y en función de las características del buque”.

“Nos paramos sobre la ley. No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos ni que se pongan en riesgo puestos de trabajo”.

Finalmente, Bravo sostuvo que el fallo “pone un freno a los intentos arbitrarios e irregulares de reducción de personal y flexibilización laboral sin cumplir la normativa vigente”, y reafirma “la defensa irrestricta del trabajador marítimo digno y seguro como base del desarrollo del sector pesquero”.

El tribunal revocó la resolución de primera instancia y reafirmó la legalidad del accionar del sindicato, al tiempo que declaró ilegal la conducta de la empresa. El fallo, impulsado por los abogados del gremio Martín Bernat y Fernanda Chávez, constituye —según remarcaron desde el SOMU— un precedente nacional en la defensa de las condiciones laborales dentro del sector pesquero.

En ese contexto, el sindicato convocó a una conferencia de prensa para este martes 14 de octubre a las 12 en su sede de Edison 1125, donde brindarán más precisiones sobre el alcance y las implicancias del fallo.

En el marco de la asamblea anual ordinaria de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), donde los socios de la entidad renovaron su confianza unánimemente en el equipo de gestión, el presidente Blas Taladrid reclamó sobre dos medidas del Gobierno nacional que afectan a Mar del Plata, pidiendo sostener el consumo local y fortalecer la inversión productiva.

En primer lugar, el referente de la institución solicitó mantener a Mar del Plata dentro de la Zona Fría en las tarifas de gas, señalando que “su eliminación atenta contra el consumo, ya que implica mayores gastos para las familias en este servicio vital, lo que reduce el poder adquisitivo ya golpeado de los hogares y, por ende, el consumo interno en los comercios de la ciudad, acrecentando la caída de ventas”.

Por ello, instó a “implementar normas que incrementen el poder adquisitivo y fomenten el consumo, en lugar de modificaciones que asignan erogaciones en gastos fijos del hogar más altos y restringen el consumo en otras actividades”.

Por otro lado, Taladrid reclamó equiparar a la pesca con el campo y destacó la necesidad de reconocerla como una economía regional. En este sentido, subrayó la importancia de que la eliminación de retenciones a la exportación se extienda a todas las economías regionales, en la necesidad de mantener el trabajo en las diferentes zonas del país, y la diversificación de la matriz productiva nacional.

En ese punto, argumentó que “en un país con un amplio litoral marítimo como la Argentina, y una ciudad que tiene el principal puerto pesquero del país, cada peso retenido a un sector que aporta cerca de 800 millones de dólares anuales a la economía representa menos capital para las empresas, limitando la reinversión, el crecimiento y, en el actual esquema recesivo, la capacidad de mantener las empresas y sus fuentes de trabajo”.

Al encuentro asistieron más de 100 empresas de diferentes rubros y cámaras del sector, con la participación de destacados empresarios locales como Antonio Solimeno, Luis Terry Artusa, Claudia Álvarez Argüelles, Domingo Contessi, Fernando Bartucci, Daniel Suffreddini, Oscar Llorente y Gabriel Scornaienchi.

La amplia participación empresaria evidenció respaldo institucional al equipo de conducción institucional, a quienes por unanimidad aprobaron su gestión y renovaron sus mandatos.

El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA) organiza el taller Mujeres de la Pesca y Liderazgo que comenzará el próximo sábado 27, iniciativa que busca promover la igualdad de género y la formación profesional en el sector pesquero. “Las voces, las experiencias y los proyectos de las mujeres deben convertirse en el motor de cambio de un sector históricamente masculinizado”, afirmó Mariano Vilar, titular del gremio.

El taller, aprobado por el Consejo Federal Pesquero mediante la Resolución CFP N°18/25, está dirigido especialmente a mujeres que trabajan en el sector pesquero o que se encuentran desempleadas por la estacionalidad de la actividad. Se dictará de manera presencial en la sede de la UTN Mar del Plata (avenida Dorrego 281), con una duración total de 48 horas.

Entre los principales temas del programa se incluyen la participación femenina en la pesca, un enfoque de género en la actividad, herramientas tecnológicas, liderazgo y derecho laboral aplicado al sector. Estas temáticas buscan fortalecer las capacidades de las participantes y fomentar su rol activo en la industria.

“Este taller es el comienzo de un camino colectivo para reducir las brechas de género y promover el empoderamiento de la mujer en el sector”, expresó Vilar. Además, destacó: “Las mujeres tienen la capacidad de redefinir el futuro del sector y, para lograrlo, es fundamental que asuman un papel protagónico en los espacios de decisión. Su participación en estas instancias de formación y diálogo es clave para que, juntos, podamos seguir construyendo un sector más inclusivo, justo y verdaderamente representativo”.

Por su parte, Daniel Flores, director del Centro de Formación y Capacitación Profesional de SICONARA, subrayó la relevancia del programa al señalar que “es una herramienta clave para brindar nuevas oportunidades y generar igualdad en un sector que necesita incorporar la perspectiva de género para crecer de manera sostenible”.

Las interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a centrodecapacitacion@siconara.org.ar o comunicándose por WhatsApp al (+54) 11 5155-0686.

Desde el 2008, se celebra en Pinamar la Fiesta de la Pescadilla, declarada de interés municipal y provincial, que tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva de la pesca a través de la competencia. Este año, la 15º edición será el 12, 13 y 14 de septiembre y el primer premio es de $20.000.000 para la búsqueda de la pescadilla de mayor peso.

En ese marco, el presidente del Club de Pescador de Pinamar, Diego Todorovich, expresó que se trata de "una fiesta para el pescador y la familia” de la que participan personas de la provincia de Buenos Aires y también de otros puntos del país.

El viernes 12,  sábado 13 y domingo 14 habrá una fiesta con patio de comidas, emprendedores y shows en vivo en Bunge e Intermédanos. En tanto, el torneo tendrá lugar el último día de 10 a 15, desde el tobogán de Pinamar hasta el balneario Botavara -6 kilómetros de extensión-.  

En el caso de la competencia, se puede participar desde los 8 años. “Puede inscribirse un pescador que recién está arrancando o uno experimentado. Las playas de Pinamar son fáciles, donde no se pierden elementos y hay dos distancias, corta y larga”.

Las inscripciones anticipadas son hasta el 30 de agosto y los interesados pueden solicitarlas en el Club de Pesca de Pinamar (Bunge al 64). Tienen un valor de $110.000, mientras que la general cuesta $150.000 y para los socios del club con cuota al día vale $110.000.

“El pescador que se anote de forma anticipada tendrá un precio especial de la entrada y además, va a participar de un sorteo de $8.000.000 que se realizará por lotería de la ciudad nocturna el sábado 13”, detalló Todorovich.

El senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, reclamó la eliminación de los derechos de exportación que hoy pesan sobre el sector pesquero argentino. “Necesitamos un Estado que acompañe a las actividades productivas y que deje de ponerle trabas al trabajo y al desarrollo. No más retenciones en la pesca”, sostuvo Abad.

Durante una recorrida por un establecimiento industrial pesquero en Mar del Plata, el senador expresó su preocupación al observar líneas de producción detenidas, con maquinaria de última generación completamente embalada, sin uso. “Equipamiento que podría estar generando empleo, agregando valor y aumentando el ingreso de divisas, permanece parado por la falta de competitividad que impone el actual esquema impositivo y por la baja de la demanda internacional”, explicó.

Abad subrayó que la industria pesquera constituye el octavo complejo exportador del país y genera miles de empleos directos e indirectos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Es un sector estratégico, que necesita previsibilidad y reglas que fomenten la inversión y la producción”, afirmó.

La eliminación de las retenciones, según el senador, es una medida clave para reactivar el sector:• Haría más competitivo al langostino salvaje argentino frente al camarón de cultivo de otros países, con menores costos de producción.• Fomentaría nuevas inversiones en infraestructura, flota y plantas industriales.• Estimularía la generación de empleo estable.• Impulsaría el ingreso de divisas y el desarrollo de las economías regionales con puerto pesquero.

“Este viernes se resolvió el conflicto que había paralizado la actividad del langostino por varios meses, lo que trae alivio a muchas familias. Pero no alcanza con destrabar coyunturas. Es hora de dar señales claras y duraderas. El sector pesquero necesita crecer, exportar y generar trabajo. Y para eso, eliminar las retenciones es un paso imprescindible”, concluyó Abad.