La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, puso en vigencia la Disposición N°20/2026, que establece un nuevo protocolo para fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones contra buques de bandera extranjera que operen de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

La medida busca optimizar la protección de los recursos marinos frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), asegurando la soberanía nacional sobre la plataforma continental mediante estándares técnicos claros y verificables para la detección de infracciones.

A partir de la nueva normativa, se establecen presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques. Se considerará infracción cuando una embarcación extranjera navegue a una velocidad inferior a 6 nudos realizando cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca; en el caso de los buques poteros, especializados en la captura de calamar, la presunción operará si navegan a 2 nudos o menos sin justificación válida. El control se apoyará en el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, utilizando registros satelitales y electrónicos como evidencia de alta precisión.

La disposición contempla además garantías para el debido proceso, ya que los capitanes de los buques podrán presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos o partes de avería, con el fin de justificar sus maniobras y movimientos.

La iniciativa se enmarca en el Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar de manera preventiva ante la posibilidad de daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista certeza científica absoluta al momento de la detección de una posible infracción.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina incautaron 1152 especies de río que fueron capturadas de manera ilícita, en un procedimiento que tuvo lugar en la localidad entrerriana de La Paz.

El operativo se inició cuando el personal de la Fuerza, que se encontraba realizando un patrullaje fluvial por la zona de Arroyo Feliciano, a la altura del kilómetro 708 del Río Paraná, detectó seis embarcaciones con siete personas a bordo, que pescaban con redes caladas en ambas márgenes del curso de agua.

Ante la evidencia de encontrarse con una actividad de pesca furtiva, por tratarse de una zona de reserva apta únicamente para pesca deportiva, se procedió a detener la acción y secuestrar un total 1152 especies autóctonas, así como también 10 redes de pesca, de 948 metros de extensión y las barcas.

Entre las especies secuestradas, se detectaron 1062 sábalos, 48 dorados y 42 tarariras, por un peso total de 3456 kilos y un valor de $10.368.000, arrojando un aforo de $21.568.000.

Intervino en el hecho el director general de Fiscalización de los Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Sapetti, quién ordenó la incautación de la red y la carga, la desnaturalización de la misma y labrar las correspondientes actas por infracción a la Ley Provincial de Pesca.

El último monitoreo de la organización ambientalista Greenpeace sobre pesca en el Atlántico Sur da cuenta de una zona por completo sitiada y sometida por estas horas a la depredación de los recursos.

Según se pudo comprobar, cientos de barcos extranjeros, la mayoría chinos, pero también coreanos y españoles se agolpan frente al Mar Argentino, en aguas internacionales -pegadas a la zona económica exclusiva que administra el país hasta las 200 millas- . En esta zona ya no hay ley nacional ni global que pueda combatir la depredación de superficie y de fondos- que según un monitoreo efectuado en 2019 ya mostraba signos de agotamiento por la sobre explotación de recursos.

“El descontrol pesquero es tal, que a la fecha del monitoreo nos encontramos con mayor cantidad de buques bordeando las aguas argentinas que la cantidad de buques autorizados dentro de la ZEE”, advirtió en el informe Luisina Vueso, de Greenpeace. La flota china que está apostada como una ciudad de barcos frente al Mar Argentino es la misma que estaba hace unos meses en las costas de Ecuador y que llevó al presidente Lenin Moreno a hacer un llamado internacional a combatirla ya que los recursos ecuatorianos son insuficientes en cantidad y facultad. Lo mismo que en Argentina.

El último monitoreo de Greenpeace alerta la sobrepesca en aguas internacionales frente al Mar Argentino

Esa flota -que da vuelta del Pacífico al Atlántico por el sur argentino y chileno-, es también la misma que según sabe este diario estuvo en la mira de los ejercicios que propuso a hacer Estados Unidos a la Argentina con su patrullero USCGC Stone y que desde aquí se rechazó en febrero pasado.

Greenpeace contabilizó por estas horas al menos 470 sobre todo en la zona conocida como "Agujero Azul", frente a las costas patagónicas a la altura de Chubut y Santa Cruz. Para entender la situación, Luisina Vueso dijo a Clarín que normalmente, en toda la zona económica exclusiva argentina se concentran hasta 270 barcos. Se trata de un área de 1 millón de kilómetros cuadrados. Los 470 buques que están el “Agujero Azul” están extrayendo calamar y otras especies en apenas 5.000 kilómetros cuadrados. El "Agujero Azul" está ubicado donde termina la plataforma continental y comienza el talud y están las profundidades más grandes y es considerado como un gran "vivero" marino. Es muy rico en diversidad.

El último monitoreo de Greenpeace alerta la sobrepesca en aguas internacionales frente al Mar Argentino

Hay otro dato más alarmante. Según se detectó, los barcos extranjeros están acompañados por cuatro buques petroleros -como gigantescas estaciones de servicios- y por ocho buques frigoríficos que reciben las capturas directamente de los pesqueros para transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control.

Vueso subrayó a este diario que eso les provee a las embarcaciones de un sistema que les permite operar las 24 horas. Se pueden abastecer de combustible y entregar lo que pesca en alta mar. Es la ley del más fuerte y de quién más recursos tiene.

El grave problema en este formato de explotación es que no hay control de lo que extraen porque se hace en zonas sin ley. Uno de los sistemas más destructivos que están utilizando es la pesca de arrastre con grandes redes, atadas a cadenas y que miden como verdaderos estadios de futbol, indican desde Greenpeace. Estas redes llegan hasta el fondo y levantan literalmente todo lo que encuentran a su paso. Sin respetar la evolución del recurso ni que sean especies protegidas. Un monitoreo realizado por la emblemática organización en 2019, mostró la devastación del fondo del mar frente a las costas argentinas tras años de sobre explotación.

Otro de los aspectos ya de caracter internacional es el trato de las empresas y los estados a los trabajadores en alta mar, ya que se trata de un agujero legal en el que muchas veces se denuncian abusos a los derechos humanos.

En los últimos meses, el Gobierno hizo una demostración de presencia en las aguas nacionales. Reforzó las multas para la pesca ilegal, que con un discurso que la mayoría de las veces apunta al conflicto de soberanía por las Malvinas -de hecho se suspendió la comisión de cooperación en el Atlántico Sur con los británicos- pero en los hechos el verdadero problema se encuentra frente a las aguas patagónicas, de donde buques extranjeros se llevan el calamar y la merluza a diestra y siniestra.

El Ministerio de Seguridad como el de Defensa anunciaron mayores controles y en el caso del segundo se acaba de crear un Comando Marítimo para combatir los ilícitos. Pero esta actuación, que ya presenta dificultades por la falta de instrumentos marítimos y aéreos para perseguir infractores, sólo pueden actuar en aguas nacionales. Existe en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca la posibilidad de legislar y proteger la plataforma continental extendida recientemente por Naciones Unidas, pero este deberá conjuntar con los intereses y los acuerdos que se firmen con países fuertes como China.

Las imágenes del monitoreo de Greenpeace, efectuado en la semana del 23 de marzo desde el barco Esperanza, y dado a conocer ahora, buscan movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales. El "Agujero Azul" es parte de esta red.

"Complementario con este tratado, el cual Argentina ha estado impulsando y liderando en este sentido a los países de la región, existe un proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul, la cual sería una primera medida para asegurar la protección del Mar Argentino, su rica biodiversidad y sus ecosistemas. La sanción de esta ley está pura y exclusivamente en manos de nuestros legisladores” afirmó Vueso.

Fuente: Clarín

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca, con el objetivo ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino.

Con la sanción de esta iniciativa, el Gobierno busca combatir las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones previstas antes de la reforma en debate quedaron desactualizadas porque datan de hace más de veinte años.

La iniciativa fue aprobada por los votos que fueron aportados por la bancada del Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Córdoba Federal y el bloque Justicialista.

Al abrir el debate, la diputada del Frente de Todos, Ayelen Sposito, dijo que esta ley "complementa las leyes que ya se aprobaron para reafirmar la soberanía sobre Malvinas" y defiende "el cuidado de nuestros recursos" .

Tras reseñar los detalles de la ley, la legisladora dijo que la Argentina pierde "millones de dólares por la pesca ilegal".

En tanto, el diputado oficialista Santiago Igon, señaló que "es fundamental la sanción de esta ley porque se pierden 300 mil toneladas que se lleva la pesca ilegal" y dijo que "complementa las acciones comprendidas en el gobierno en la defensa de la soberania".

El diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, dijo que esta iniciativa "es muy buena noticia porque es necesario armonizar una política en defensa de los recursos y completa sobre las leyes referidas a Malvinas" y destacó "un desafío de gran dimensión para todos nosotros".

El proyecto propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.

De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.

En tanto, el texto contempla que se implemente el mismo mecanismo vinculado al litro de gasoil para el resto de las sanciones que pudieran corresponder a buques nacionales; naturalmente, con mínimos y máximos menores a los establecidos para cuando la infracción sea pescar sin permiso.

Este Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en el Capítulo XIII, "Régimen de Infracciones y Sanciones", establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente.

En el caso de embarcaciones extranjeras, la Autoridad de Aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.

Asimismo, el proyecto establece que los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor; y los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional.

Esos gastos, de acuerdo al texto, serán devengados como consecuencia de la comisión de infracciones y deberán ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.

A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de reforma a la Ley de Pesca que tiene como objetivo ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino.

El propósito de la iniciativa del Gobierno es desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones actuales no guardan proporción alguna con las impuestas hasta el momento.

Las penas hoy van de los 5 a los 10 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Pesca 24.922, sancionada en 1998.

En tanto, la iniciativa enviada a la Cámara baja propone establecer un régimen variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.

Al explicar los alcances del proyecto, tras una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández, el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, adelantó que “la nueva ley prevé montos equivalentes que van de los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros”.

Esto equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares, considerando los valores de mercado.

“La norma busca evitar el saqueo por parte de buques pesqueros que se introducen sin permiso en los espacios marítimos argentinos y fortalecerá el trabajo de la mesa que se ha conformado con los Ministerios de Defensa, de Seguridad, de Agricultura y la Cancillería”, revelaron fuentes oficiales.

En tanto, el texto contempla que se implemente el mismo mecanismo vinculado al litro de gasoil para el resto de las sanciones que pudieran corresponder a buques nacionales; naturalmente, con mínimos y máximos menores a los establecidos para cuando la infracción sea pescar sin permiso.

Este Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en el Capítulo XIII, “Régimen de Infracciones y Sanciones”, establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente.

En el caso de embarcaciones extranjeras, la Autoridad de Aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.

Asimismo, el proyecto establece que los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor; y los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional.

Esos gastos, de acuerdo al texto, serán devengados como consecuencia de la comisión de infracciones y deberán ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.

A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.

El texto del proyecto enviado al Congreso lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Basterra, y el jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero.

En medio de una fuerte polémica desatada por el vuelco masivo de buques extranjeros sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el 28 de abril, a la altura del paralelo 42, Prefectura logró capturar en infracción a uno de ellos. Se trata de barco de bandera china que está siendo identificado, según consigna el sitio ADN sur.

Lo mismo ocurrió el 4 de mayo, cuando la Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, informó mediante un comunicado que, en horas de la madrugada, el Patrullero Oceánico ARA BOUCHARD detectó y capturó un buque potero chino que pescaba ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEE).

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que las redes confiscadas al buque pesquero portugués “Calvao”, mientras efectuaba pesca de arrastre ilegalmente el pasado 3 de mayo, serán utilizadas por los buques del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), para fines de investigación de los recursos del Mar Argentino, una vez que se completen las gestiones administrativas correspondientes y se realicen los ajustes que pudieran requerir.

Vale recordar que la nave infractora fue conducida, por el buque Guardacostas de Prefectura Naval “GC-27 Prefecto Fique” al Puerto de Bahía Blanca. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura inició las actuaciones administrativas por "presunta infracción” al Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) en tanto, el organismo de Seguridad promovió denuncia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Rawson, Chubut, por el delito de resistencia a la autoridad al emprender la fuga.

Asimismo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura impuso a la infractora, una multa por un total de $ 45.000.000, el decomiso de la carga por un total de USD 201.069,27 (equivalente a $ 14.175.383,53, al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina, el día anterior a la fecha de pago). Y, por último, la confiscación de tres redes de arrastre de fondo por no cumplir con la normativa vigente (Art. 1º de la Resolución SAGyP Nº 82/1989). La misma establece que, la bolsa de las redes de arrastre de fondo sea confeccionada con paños que posean un tamaño de malla (mínimo) de 120 mm de luz.

Las artes de pesca decomisadas fueron ofrecidas al INIDEP, para su utilización en estudios de investigación pesquera, asumiendo el compromiso de su destrucción una vez cumplido el periodo de vida útil a esos fines. Como paso previo, las autoridades del Instituto solicitaron la verificación de las características y el estado del material incautado y para ese fin. De tal modo, el día 24 de junio del corriente año, integrantes del “Programa Desarrollo de Artes de Pesca y Métodos de Captura”, junto con el redero del instituto y el contramaestre del BIP Víctor Angelescu, se trasladaron a la ciudad de Bahía Blanca.

Tras la verificación del material incautado, se pudo constatar que dos redes se encuentran sin uso y la restante posee muy poco uso. Por sus características, mallero y dispositivos, servirán para ser utilizadas en los buques del INIDEP, según confirmaron las autoridades del Instituto.

Cabe aclarar que la medida mínima establecida para las mallas de los copos de las redes de arrastre de fondo, en la pesca comercial se debe a fines selectivos, para no afectar la estructura de las poblaciones de peces. Para el caso de las evaluaciones de abundancia de diferentes especies realizadas por el INIDEP, donde se debe evitar el escape de los peces para no subestimar la abundancia de recursos, las redes utilizadas en las campañas de investigación poseen copos con malleros menores a 120 mm de luz. Además, en la parte final del copo, se agrega un intracopo que posee un mallero que no supera los 30 mm.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, aseguró que el gobierno nacional considera "una prioridad absoluta" el combate de la pesca ilegal en el Mar Argentino y afirmó que en la actualidad se lleva adelante un "control muy férreo" en la Zona Exclusiva Económica (ZEE).

En una entrevista con Télam, el funcionario explicó las reformas previstas en la Ley Federal de Pesca que el Poder Ejecutivo enviará para su discusión en el Congreso.

También puntualizó que la pandemia de coronavirus afectó a la actividad pesquera argentina en una baja de la demanda internacional y la consecuente caída en los precios.

A continuación los principales tramos de la entrevista:

¿Cuál es el estado de situación de la pesca ilegal en el Mar Argentino?

El Estado ejerce dominio sobre los recursos naturales que están hasta la milla 200, nuestra ZEE, y esa es la pesca ilegal que combatimos. Cuando nosotros llegamos consideramos al combate de la pesca ilegal como una prioridad absoluta. Así reforzamos de una manera muy marcada la presencia argentina, tanto con buques de la Prefectura como de la Armada y con vuelos diarios y sistemáticos para controlar nuestra ZEE: desplegamos cinco barcos de la Prefectura y dos de la Armada, acompañados por vuelos de aviones con tecnología de radarización que pueden controlar la posición de los barcos para determinar si las naves pesqueras están dentro de la ZEE.

T:.- ¿Cómo afecta la pesca ilegal al país? ¿Cuál es el volumen de pesca que calculan?

CL:- Está sobreestimada la pesca ilegal. Nosotros tenemos un control muy férreo de nuestro ZEE al punto tal que capturamos tres barcos, que es una cifra muy importante y que hacía 15 años que no se capturaba esa cantidad en la temporada. Los capturamos en la milla 199, es decir, ni bien ingresaron dimos las alertas, se persiguieron y se capturaron. La pesca ilegal en Argentina por parte de barcos extranjeros solo se da en aguas de Malvinas, porque son nuestras aguas y los barcos que están pescando en esas aguas lo hacen ilegalmente. Esa es la pesca ilegal que afecta a la Argentina.

T:- ¿Cuáles son los principales puntos que quieren modificar en la Ley de Pesca?

CL:- El actual régimen prevé en concepto de multas un máximo de 10 millones de pesos. A nosotros nos parece que modificar el máximo no es suficiente y por eso previmos un nuevo régimen que se expande en tres dimensiones.

En primer lugar, lo que tiene que ocurrir es que la totalidad de los gastos en los que incurre el Estado para capturar un buque que ingresa ilegalmente en nuestra ZEE deben ser cubiertos por el barco capturado, pero no en concepto de multa. Eso viene luego. Esto es sin límite de monto, sin restricción de tipo de gastos. Eso es lo primero que van a tener que afrontar.

El segundo concepto ya esta previsto en la Ley y se va a mantener, que es que todo lo que tenga en bodega del barco ilegal va a ser decomisado o bien el infractor va a tener que depositar a favor del Estado nacional el importe al que equivale eso que tiene en bodega.

Lo tercero que ocurre es la multa. La multa como está concebida hoy tiene un máximo de 10 millones de pesos. Eso se modifica en el proyecto de Ley y el mínimo va a pasar a ser un monto equivalente al precio de 500.000 litros de combustible o unidades pesca. A valores de hoy eso implicaría un mínimo de 25 millones de pesos, mientras que el máximo va a ser de 3 millones de litros, que a plata de hoy son 150 millones de pesos. Si el combustible aumenta, se actualiza la multa.

T:- ¿Cuál es la salud de nuestros mares y de sus recursos?

CL:- Argentina tiene un caladero (pesquería) que considero sano, con los vaivenes muy propios de las condiciones naturales. Hay que destacar que luego de la gran crisis de la merluza, en la cual se prohibió su captura en 1999, a partir del 2003 se dio una política de trabajo muy fuerte para recuperar sus stocks más importantes, que son la merluza, el langostino y el calamar, por lo que tenemos en este momento un stock de merluza sostenido en el tiempo que nos permiten capturas sostenidas por arriba de las 300.000 toneladas.

También, con vaivenes, este año es muy bueno para el calamar y superamos las 130.000 toneladas, mientras que el año pasado se capturaron 90.000 toneladas.

El otro recurso es el langostino. Si se toman medias históricas de hace 15 años se capturaban entre 30.000 y 40.000 toneladas. A partir de 2003 fuimos hacia una dinámica de administración del recuro que permitió un crecimiento que nos llevó a superar las 200.000 toneladas, porque se fue a un esquema que privilegio las captura de ejemplares mas grandes y se respetó las zonas de reproducción.

T:- ¿Cómo afectó la pandemia a la actividad y cómo está hoy en día el sector?

CL:- La pandemia produjo, como en todas las actividades económicas, un gran impacto. A raíz de las restricciones que fueron dando en las principales ciudades del planeta, como cierre de hoteles y restaurantes, algunos de nuestros productos, sobre todos los más premium como el langostino congelado, registraron una caída en la demanda muy marcada, porque van a esos establecimientos. Una baja en la demanda que llevó el precio muy abajo, el más bajo desde que tenemos registros. Hace un año y medio el precio estaba por arriba de los US$ 7.000 por tonelada, hoy está en US$ 4.700. La merluza tuvo una baja que osciló en un 10%. En el calamar no hubo impacto, inclusive hubo una pequeña suba. Pero en las otros dos recursos hubo una caída en la demanda y de precio muy significativa que afecta a la actividad.

Por Roberto Garrone

Luego de la viralización de las imágenes de parte de la flota pirata pescando dentro de la zona económica exclusiva, la posterior captura de dos buques por parte de la Armada y Prefectura, y el regreso arrepentido del pesquero chino al que el Guardacosta Fiqué había tenido que dejar escapar, ahora es la clase política la que reacciona para intentar desalentar la presencia de estos buques extranjeros al borde de la milla 200.

Esta semana se conocieron detalles del proyecto de ley del diputado chubutense Ignacio Torres para modificar los montos de las multas que prevé la Ley Federal de Pesca para aquellos buques extranjeros capturados dentro de la jurisdicción nacional. Cifras máximos que ahora llegan a los 10 millones de pesos, establecidos en 1998 y nunca fueron actualizados. Pero eso no es lo peor, el infractor puede allanarse y terminar pagando el 10% a partir de los descuentos y promociones por reconocer la culpabilidad. Esto es lo que va a pagar el buque portugues “Galvao”, que espera en Bahía Blanca el fin de la cuarentena para determinarse el total de la captura. Del mismo esquema legal que promueve el saqueo con multas irrisorias se aprovechará el potero chino “Hong Pu 16”, capturado horas después. Nunca sabremos cuánto pescado había robado el Lu Rong Yuan Yu 669. El arrastrero chino se escapó pero a los 10 días se entregó y fondeó frente a las costas de Madryn, seguramente sin ninguna evidencia del robo a bordo.

El proyecto del diputado de Juntos por el Cambio establece que el infractor pague por el valor de mercado de la especie principal que tiene en bodega, con un mínimo de 300 toneladas. Para un potero serían unos 750 mil dólares de piso. Y lo más importante de la iniciativa es que no pueden allanarse y gozar de los beneficios adicionales que contempla la ley vigente desde 1998 y actualizada en el 2008, sin que se atendieran estas situaciones.

Más allá que tuvo ingreso el pasado 8 de mayo, en las últimas horas se conoció una iniciativa del diputado Juan Aicega; un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de la pesca ilegal, sus protagonistas y los recursos afectados.

Para alguna de las dudas que quiso conocer el legislador alcanza con leer los diarios. Otras con pedir los expedientes de la Justicia Federal y otras están en pleno desarrollo del expediente en la Dirección de Control y Fiscalización de la Subsecretaría de Pesca.

Aicega no es un diputado recién llegado a la Cámara como Torres. Desembarcó a la cámara en diciembre de 2017. Celebramos su repentino interés por la depredación de los recursos naturales que genera la flota extranjera. No son 14 mil millones de dólares, como señala entre los fundamentos de su pedido de informes, al cual tuve acceso, y que todos los medios replicaron sin la más mínima objeción a semejante disparate. Chequear ya fue...

“Fue un error de tipeo; quisieron poner 1400 millones”, confiaron allegados al Diputado ayer al mediodía cuando intentaba buscar alguna pista de cómo habían llegado a semejante número. La flota nacional el año pasado exportó por 1864 millones de dólares. Pero eso no es lo más repudiable de la presentación del Diputado.

Aicega ya ocupaba su banca cuando el 8 de febrero de 2019 el guardacostas “Mantilla” de la Prefectura capturaba al arrastrero congelador coreano “O Yang 77” pescando dentro de nuestra zona exclusiva.

Al repasar su labor legislativa en las semanas posteriores a la captura del buque coreano no se encuentran pistas sobre pesca ilegal. En marzo expresó “preocupación” por la criminalización de la labor periodística de los señores Rolando Graña, Daniel Santoro, Eduardo Feimann y Rodrigo Alegre, por parte del juez Alejo Ramos Padilla, donde se los vincula con una posible red de espionaje. En abril expresó “beneplácito” por los logros de la selección argentina de bochas en las “Olimpíadas especiales de verano”, realizadas en Emiratos Árabes. En mayo... sí... deje de buscar.

Como integrante de la Comisión de Intereses Marítimos en Diputados cuentan que se comprometió a invitar a Juan Bosch, titular del área de pesca, para debatir la actualización de los montos que ahora propone su colega Torres. El Subsecretario nunca apareció por el edificio aledaño al Congreso.

Si a Aicega le interesa la pesca ilegal y sus consecuencias para la flota y los recursos pesqueros argentinos, bien podría mirar hacia adentro del caladero. Trabajo no le faltaría para redactar pedidos de informes porque acá también tenemos barcos que no deberían estar pescando y sin embargo son intocables.

En las últimas horas se conoció que el tangonero “José Américo”, de la empresa Moscuzza, resultó ser el barco que más langostino pescó durante el 2019. Fueron 2444 toneladas de las 215 mil que se declararon. Ese barco es ilegal, Diputado. Lea los artículos publicados en Revista Puerto, pida informes Diputado. Defienda los intereses nacionales.

El “José Américo” es fruto de una reformulación vergonzosa. De un barco potero, pesca calamar, Diputado, generaron una autorización de captura para especies no cuotificadas, langostino, Diputado. Y le asignaron 2600 toneladas sin ningún criterio. Le preocupa la pesca ilegal, Diputado, esta parte que sigue le va a interesar...

Porque la trampa no termina ahí. El proyecto del permiso reformulado contemplaba el ingreso de un barco de 39,90 metros de eslora máxima. Pero no lo va a creer Diputado... “Pototo” trajo uno de más de 47 metros y de una potencia y capacidad de pesca mucho mayor a la declarada originalmente. Se llevó puesto un plan de manejo de langostino que tenía casi 30 años de vigencia; le abrió la puerta a la sobrepesca de un recurso que hoy evidencia signos de agotamiento. Indague, Diputado...

El “José Américo” no podría haber pescado uno solo de los 2.440.000 kilos de langostino que declaró pescar el año pasado. Toda la maniobra fue promovida y avalada por el gobierno del que Mauricio Macri fue Presidente, Juan Manuel Bosch, subsecretario de Pesca, Oscar Fortunato representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero, y usted, Diputado de la Nación. Sin ningún pedido de informe al respecto, faltaba más.

Por Roberto Garrone

El jueves zarpó de la Base Naval Atlántica la patrullera oceánica ARA “Bouchard”, una de las cuatro que Argentina le compró a Francia, para mejorar la vigilancia en nuestra zona económica exclusiva y desalentar el ingreso de buques extranjeros. Un grupo de más de 300 barcos que desde hace años realizan pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que utilizan para eso trabajo esclavo y violan los derechos humanos de tripulaciones procedentes principalmente de Indonesia, Filipinas y países africanos.

Como siempre, acá también vamos detrás de la ola y parecen acciones para la tribuna. La patrullera recién salió luego que se conociera lo que sucede dentro del caladero nacional, con un centenar de barcos extranjeros pescando/robando calamar entre barcos argentinos.

La División Patrullado de la Armada tiene como objetivo mejorar la vigilancia de espacio marítimos y el control de los recursos no renovables como los pesqueros. La patrullera oceánica costó casi 90 millones de euros, tiene 87 metros de eslora, 13,6 metros de manga y 3,8 metros de calado. Su ficha técnica señala que esta diseñada para una tripulación básica de 40 integrantes y tienen una capacidad adicional para embarcar 19 personas.

La “Bouchard” salió, también, después del escandaloso caso que involucró al potero chino Lu Rong Yuan Yu 669, capturado por el Guardacosta Fiqué, de Prefectura, en la mañana del martes y liberado a las pocas horas luego que interviniera Cancillería y la Embajada China.

Hay unas 20 embarcaciones Lu Rong Yuan Yu, apoyadas por un gobierno chino que subsidia el combustible y respalda las actividades ilícitas como el trabajo esclavo a bordo y la evasión de controles. Hacen base en Montevideo y operan en nuestras aguas adyacentes a la milla 200.

“Entre abril de 2017 y julio de 2018, 4 embarcaciones del grupo Lu Rong Yuan Yu, han desembarcado en el puerto de Montevideo dos tripulantes muertos, uno grave y dos con problemas de salud”, expone Milko Schvartzman, especialista en Conservación Marna y quien hace 20 años estudia la presencia de esta flota ilegal y las consecuencias de la depredación en la atlántico sudoccidental.

Otros barcos de la flota fueron denunciados el año pasado por condiciones de trabajo forzado, brindar insuficiente alimento y agua, excesivas horas de trabajo y no pago mientras operaban en el Pacífico, en aguas de Perú.

La noticia de la captura del potero extranjero sobre el 42°S 58°W se difundió a la prensa, se le dio intervención al juez Federal Gustavo Lleral de Rawson, la Subsecretaría de Pesca inició el sumario para aplicar la multa por infringir la Ley Federal de Pesca y el decomiso de la carga y hasta las autoridades de Puerto Madryn rechazaron la posible llegada del barco capturado al muelle Storni sin antes cumplir con la cuarententa.

Pero el barco “se escapó” y desde el Ministerio de Seguridad persuadieron a Prefectura a emitir un comunicado vergonzoso el miércoles a la tarde en el que adjudicaron a una tormenta la imposibilidad del abordaje. Y que lo dejaron de perseguir para no poner en riesgo a las tripulaciones de ambos buques.

Fuentes de la propia Prefectura, la Armada y la Subsecretaría de Pesca, aseguran que el potero no se escapó sino que hubo una órden directa que bajó desde Cancillería para liberarlo. Argentina resigna soberanía y permite el saqueo de sus recursos pesqueros con tal de no generar un cortocircuito con su cliente más importante. Más bananero no se consigue.

Estas decisiones políticas vergonzantes cortan de cuajo cualquier esperanza de que la sobre explotación de nuestros recursos, disminuya. Por qué vamos a pedirle a Uruguay que le quite apoyo a la flota china en Montevideo si nuestras autoridades son los primeros que no los defienden, los primeros que resignan soberanía, los que los liberan. Antes de mirar al país vecino, hay que mirar a la Casa Rosada.

De qué sirve una patrullera, dos, tres, cuatro patrulleras, uno, dos tres guardacostas, aviones, invertir recursos humanos, técnicos y económicos, para que se aumente el control y la fiscalización en nuestras aguas si en un despacho, o ni siquiera, a través del teléfono, ya no solo permiten sino que avalan, el robo de nuestras riquezas naturales, recursos pesqueros que lo pescan empresas nacionales pero pertenece a todos los argentinos.

En el colmo de la sobre actuación, desde Pesca Nación designaron a un inspector de pesca a bordo de la patrullera. En caso de que la "Bouchard" capture algún barco extranjero, Jorge Alberto López, podrá labrar todas las actas de infracción que correspondan. Siempre y cuando sea español, taiwanes o coreano. Porque ya sabemos que si es un potero chino, quizás, ni lo persigan.

Detrás de la captura del pesquero surcoreano “O Yang 77” por parte del Guardacostas Mantilla de Prefectura el pasado jueves después de las 3 de la tarde, puede existir una historia más trémula que la de obtener recursos pesqueros de manera ilegal.

La justicia federal de Comodoro Rivadavia investiga la posible existencia de delitos mucho más graves, como el trabajo esclavo, abusos sexuales y diversos maltratos y hacinamiento entre la tripulación de 45 trabajadores que embarcaban a bordo del arrastrero extranjero de más de 60 metros de eslora y habitaban en condiciones absolutamente precarias, vulnerando las mínimas condiciones humanas y los acuerdos que argentina ha suscripto en el marco de la OIT.

Tras arribar en las últimas horas al puerto, las primeras diligencias judiciales fueron ordenadas por la jueza subrogante Yañez, y tuvieron que ver con tomar declaración al capitán, identificar a la tripulación y certificar las condiciones de vida a bordo. Pasado el fin de semana la causa girará a la jueza federal Eva Parcio de Seleme

Los antecedentes de barcos gemelos al “O Yang 77” hacen pensar en la repetición de violaciones a los derechos humanos. En el reporte de la ONG “Océanos Sanos”, divulgado el año pasado, los “O Yang” tienen un párrafo especial plagado de hechos terroríficos, de acuerdo a una reseña publicada el viernes en Revista Puerto.

El “O Yang 70”, se hunde en aguas de Nueva Zelanda en el 2010 y mueren 6 tripulantes. Su justicia sí investiga y genera condenas. El barco tenía serias fallas de seguridad, problemas de entrenamiento de la tripulación, mal comando e incumplimiento de normas esenciales de navegación y pesca.

En 2011 toda la tripulación -32 marineros indonesios- huyó del “O Yang 75” por acoso sexual y maltratos a bordo. La situación se convirtió en una causa pública en Nueva Zelanda. Un año después dos buques hermanos, el “O Yang 75” y el “O Yang 77”, fueron embargados por el gobierno de Nueva Zelanda por delitos de pesca, incluyendo la falsa declaración, el descarte ilegal y el vertido ilegal de aceite al mar.

La Universidad Business School de Auckland reveló la situación de vulnerabilidad que sufría la tripulación de los “O Yang”. Salarios bajos, malos tratos, abusos sexuales, rodeados de ratas y cucarachas, y consumiendo alimentos en mal estado para sobrevivir.

Luego de pagar la multa de 400 mil dólares el “O Yang 77” comenzó a operar en el atlántico sur, con apoyo vital del puerto de Montevideo, donde la flota extranjera artífice de la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada recibe respaldo logístico para mantener su impunidad ante el silencio de Argentina y la vista gorda de la propia FAO. El “O Yang 77” había salido del puerto de Montevideo el pasado 5 de enero.

El año pasado Prefectura capturó al buque español “Playa Pesmar Uno” con más de 300 toneladas en bodega y la Subsecretaría de Pesca le aplicó una multa de 24 millones de pesos, entre la multa por violar la ley federal de pesca y la valuación de la carga, para liberar el buque.

El “O Yang 77” tenía 130 toneladas en bodega al momento de ser interceptado al 45º26´ S y 60º39´ W, 0,1 millas náuticas del límite exterior de la zona económica exclusiva por el Guardacosta Mantilla. El buque no opuso resistencia y fue abordado por efectivos de Prefectura y un inspector de la Subsecretaría de Pesca.

El buque surcoreano es uno de los cientos que operan sobre la milla 201 saqueando recursos naturales argentinos. Su detención debería servir no solo para que la tripulación recupere libertades cercenadas sino también para que nuestro país plantee seriamente el rol de Montevideo/Uruguay como puerto/país cómplice de la pesca ilegal de la que el “O Yang 77” solo es un eslabón de una extensa cadena.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.