La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia del denominado “protocolo antipiquetes”, al revocar una resolución previa que lo había suspendido, y avaló así la herramienta diseñada durante la gestión de Patricia Bullrich para ordenar la protesta social, aplicada desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, integrantes de la Sala II, quienes dejaron sin efecto la decisión del juez Martín Cormick, que en diciembre había declarado la nulidad del protocolo al considerar que excedía las competencias del Ministerio de Seguridad.

En su resolución, los camaristas rechazaron ese planteo y sostuvieron: “Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”.

En la misma línea, remarcaron la importancia de garantizar la libre circulación al señalar que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.

El protocolo, establecido mediante la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, tiene como uno de sus ejes centrales evitar cortes de calles durante manifestaciones, lo que generó debates en torno al equilibrio entre el derecho a la protesta y la circulación.

Tras conocerse el fallo, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la decisión: “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”.

Desde su implementación, los cortes de calles disminuyeron de manera significativa, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan la medida y la vinculan con una política restrictiva sobre la protesta social.

Fuente: con información de DIB

Hubo forcejeos, corridas e incidentes entre la Policía y los manifestantes durante la marcha de los jubilados frente al Congreso. Las fuerzas de seguridad desplegaron un gran operativo sobre Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen para liberar la calle.

La movilización comenzó alrededor de las 15 con banderas y carteles en contra del ajuste del Gobierno. Estuvieron presentes el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y militantes de organizaciones sociales.

Minutos después de que empezara la concentración en la zona, se desplegaron los agentes de la Policía que formaron un cordón para contener la situación en el marco del protocolo antipiquetes.

A su vez, el tránsito en el centro porteño se vio afectado en un sector de Entre Ríos y avenida Rivadavia, que ya tiene todos los carriles habilitados por el avance de los policías.

Ante el doble cordón policial, un grupo de jubilados frenó un colectivo y decidió sentarse en el medio de la calle para visibilizar el reclamo. “Nos duele que los policías nos agredan, nos peguen e insulten. No nos dejan caminar por la vereda ni por la calle por el simple hecho de que reclamamos lo justo, un salario digno”, expresó un manifestante en diálogo con TN.

Además, contó que hace un mes que participa de las marchas de los jubilados que se realizan los miércoles frente al Parlamento. “Me doy cuenta que cada vez tengo más ganas de venir, invito a más gente y somos cada vez más. Vamos a vencer”, señaló.

“Creo que este gobierno es tan desastroso que todos tienen derecho a protestar y a exigir. Todo aquel que trabaja está perjudicado, Milei no beneficia a ninguno, salvo a dos o tres amiguitos de él”, agregó.

Más temprano, trabajadores aeronavegantes y gremios del transporte se concentraron en las afueras del Congreso para rechazar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, que empezó a debatirse en comisiones.

La marcha fue convocada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que nuclea al personal de cabina y forma parte de la Confederación General del Trabajo (CGT); la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), y ATE ANAC.

Fuente: TN

Bajo el lema "Por una Navidad sin hambre y sin represión", organizaciones sociales se manifestaron hoy frente al Palacio Municipal, ubicado en la avenida Luro e Yrigoyen. En respuesta, el Municipio presentó una denuncia y el intendente, Guillermo Montenegro, fue contundente en redes sociales.

Por su parte, una de las referentes del MTR Votamos Luchar le expresó a este medio: "Nos estamos movilizando porque el gobierno de la ciudad decidió ajustar a los más pobres y a los más necesitados en estas fiestas. Saben que la crisis nos está ahogando y deciden cortar el hilo por lo más delgado, que es pasar una fiesta digna con algo fresco arriba de la mesa y un plato de comida digna. Esto lo decidió el Municipio junto a los responsables del área de Asistencia Social".

Frente a esta situación, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, denunció ante la Justicia a las organizaciones sociales que realizaron el corte de tránsito a modo de protesta.

Según remarcaron, el hecho encuadraría en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal, que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.

NO VAMOS A ACEPTAR EXTORSIONES NI APRIETES

Esta mañana presentamos una denuncia penal por los cortes que hicieron distintas organizaciones sociales en la esquina de Luro e Yrigoyen.

No voy a aceptar extorsiones, vandalismo, daños ni ninguna situación que ponga en peligro a…

— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 18, 2023

Tras la noticia de la denuncia, el jefe comunal se refirió a los hechos en redes sociales y fiel al discurso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó: "No vamos a aceptar extorsiones ni aprietes".

"Esta mañana presentamos una denuncia penal por los cortes que hicieron distintas organizaciones sociales en la esquina de Luro e Yrigoyen", aseguró lo que habían informado desde el Municipio.

"No voy a aceptar extorsiones, vandalismo, daños ni ninguna situación que ponga en peligro a quienes viven en Mar del Plata. Por eso decidí denunciar a quienes quieren tomar a la ciudad como rehén y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Acá el único enemigo es el delincuente y siempre me van a encontrar defendiendo a los que eligen hacer las cosas bien", concluyó Montenegro.

Un viernes de ventaja para el municipio. Tras 21 días hábiles las calles aledañas al COM, donde se ha centralizado el despacho del intendente Montenegro, y el Palacio municipal podrán descansar. No habrá pisadas en el asfalto, ni vehículos a paso de hombre, ni bocinas, ni bombos ni aplausos masivos. Los manifestantes dieron una tregua tácita para esta jornada de viernes.

La seguidilla arrancó el 14 de mayo y hasta este jueves; de lunes a viernes algunos protestaron (para retomar las actividades laborales, deportivas o recreativas y reclamos en materia de seguridad) sobre Juan B. Justo, frente al COM, y otros en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Luro, en la esquina donde está emplazado el edificio municipal. De ellos, algunos estuvieron en los dos puntos.

Los menos, pero que se expresaron con corte en su lugar de trabajo, fueron paradójicamente los que más días de protesta generaron: los recicladores informales del Predio de Disposición Final de Residuos. Entre bloqueo y acampe llegaron a ocho días entre manifestaciones y acampes, con un tregua en medio que rápidamente se rompió.

¿Cómo terminó la historia? Resuelta, a medias. Es que empezaron a trabajar martes y viernes, aunque confiaron a El Marplatense que los camiones y volquetes depositan "arriba" y no en la playa donde ellos se desempeñan. De hecho, este viernes habrá una reunión para destrabar la problemática.

Los comerciantes minoristas de productos no esenciales tuvieron el resultado esperado. Es que tras la casi fallida prueba piloto, fueron un día a la municipalidad, al siguiente al COM, volvieron a la municipalidad, también en las calles Güemes, San Juan, Peatonal y hasta en La Catedral. Y tanto va el cántaro a la fuente...los habilitaron.

Los comerciantes gastronómicos se plegaron a los minoristas en la calle. El take away no les está resultando redituable. Pero luego los locales de los centros comerciales tuvieron su premio dejando a los gastronómicos solos en su lucha para la reactivación de sus negocios. Municipalidad, recorrida desde la costa y bocinazos. Al menos consiguieron realizar una prueba piloto el pasado miércoles, aplicando el protocolo. A esperar.

El día más agitado fue el 29 de mayo en cuanto a protestas y piquetes: vecinos barrio Don Bosco, vecinos Zona Roja, Agencieros, Movimiento Teresa Rodríguez, recicladores informales del basural y choripaneros. Estos últimos fueron las más intensos en esta última semana y la municipalidad les solicitó un protocolo que elevarán en las próximas horas.

Transportistas de personas discapacitadas, guardavidas, kinesiólogos, academias de conducir, transportes escolares, vecinos del barrio Centenario, la caravana del personal de salud, docentes, vecinos del barrio Constitución, gimnasios, Acompañantes Terapéuticos, tatuadores, deportes individuales al aire libre, profesores de deportes de contacto y la marcha Ni una Menos, completaron la grilla de protestas durante las últimas semanas, que se robaron la escena en pos de conseguir la reactivación de sus actividades y visibilizar diferentes reclamos.

Así, este viernes se presenta a priori como una jornada apacible, calma, sin manifestaciones, ni acampes, ni protestas, ni ruidazos, ni "perchazos" ni bocinazos. Una jornada de tránsito ininterrumpido y para que el municipio se enfoque en estos reclamos, entre tantas otras cuestiones por atender.