La provincia de Buenos Aires finalizará 12 viviendas que habían sido desfinanciadas y paralizadas por el Gobierno nacional en Miramar, a partir de un convenio firmado hoy entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense y el municipio de General Alvarado.

La iniciativa se enmarca en el Programa Completar, impulsado por el Ministerio que conduce Silvina Batakis, cuyo objetivo es reactivar y concluir obras de vivienda abandonadas por la Nación en distintos distritos de la provincia. “Estas viviendas fueron abandonadas con un grado de avance importante, por eso vamos a terminarlas y darles el sentido que tienen que tener”, afirmó la funcionaria.

Las viviendas forman parte de una obra mayor de 31 unidades, que registra un avance del 64%. Los inmuebles están ubicados en el barrio Corralón (Avenida 9 y Calle 54), en la localidad costera. En ese sentido, Batakis sostuvo que “dejarlas paralizadas es una estafa para quienes las esperaban, pero también para los argentinos, porque el dinero para construirlas salió de las arcas públicas”.

A través del Programa Completar, la Provincia busca finalizar con fondos propios unas 16.000 viviendas que la Nación dejó paralizadas y que se encuentran en riesgo de toma y vandalización. Estas obras se suman a las más de 8000 viviendas que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano ejecuta actualmente en todo el territorio bonaerense.

El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de eliminar mediante un decreto la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Alertaron que quitar los programas de vivienda "tendrá consecuencias inmediatas y a largo plazo", a la vez que subrayaron que “afecta la producción social del hábitat y agrava la degradación de las ciudades”. 

En un comunicado, además de expresar su “profunda preocupación por las consecuencias que genera, tanto en el presente como en el futuro", sostuvieron: “En un contexto en el que el déficit habitacional alcanza dimensiones sin precedentes, la paralización de más de 100 mil viviendas en ejecución, la eliminación de programas que permitan nuevas operatorias y la falta de organismos gubernamentales de planificación urbana y territorial, representan un perjuicio irreparable para el crecimiento y el desarrollo sostenible de nuestro país”.

Asimismo, hicieron hincapié en que “a esta decisión se le suma la pérdida de numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, debido al fuerte impacto dinamizador que la construcción tiene en la economía y el sector productivo”.

“Nos solidarizamos con nuestros colegas y con los trabajadores en general, reconociendo su experiencia y el esfuerzo de años que demanda su formación en un ámbito tan trascendental. La eliminación de programas de vivienda como el Procrear, Casa Propia y el FO.NA.VI tendrá consecuencias inmediatas y a largo plazo”, añadieron.

Por último, remarcaron que “es imprescindible reconsiderar esta medida, ya que afecta la producción social del hábitat y agrava la degradación de las ciudades”, y que “el Estado es uno de los principales actores en la definición de los modelos de desarrollo territorial, garantizando condiciones de equidad social y estableciendo formas de financiamiento que permitan a los argentinos acceder a una vivienda digna”.