Autoridades del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 9 y del Colegio de Técnicos Distrito 5 volvieron a presentar en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad en General Pueyrredon. La propuesta apunta a consolidar una herramienta institucional que permita ordenar el crecimiento con participación de distintos sectores.

La presentación fue realizada por el presidente y la secretaria del Colegio de Arquitectura y Urbanismo D9, Diego Domingorena y Paula Suero, junto al presidente y la secretaria del Colegio de Técnicos D5, Diego Haag y Vanesa Rodríguez. Según detallaron, el espacio funcionaría como un ámbito de consulta, planificación y generación de consensos para el desarrollo urbano.

El proyecto se enmarca en la adhesión del municipio a la Ley provincial 14.449 de acceso justo a la vivienda y retoma una iniciativa impulsada en 2024 por ambas entidades que no prosperó y fue archivada sin motivo, según indicaron. Además, incorpora la participación de organismos como el Ejecutivo, EmturyC, Emvial, Osse, Desarrollo Social, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, universidades, asociaciones vecinales, movimientos sociales, ONGs y colegios profesionales.

Como diferencial, la propuesta suma a desarrolladores inmobiliarios dentro del esquema, con el objetivo de integrarlos al proceso de planificación. Desde las entidades remarcaron que su inclusión es clave y que sin participación comunitaria no es posible una planificación sostenible. También señalaron que hasta el momento existe escasa recepción por parte de los ediles.

El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de eliminar mediante un decreto la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Alertaron que quitar los programas de vivienda "tendrá consecuencias inmediatas y a largo plazo", a la vez que subrayaron que “afecta la producción social del hábitat y agrava la degradación de las ciudades”. 

En un comunicado, además de expresar su “profunda preocupación por las consecuencias que genera, tanto en el presente como en el futuro", sostuvieron: “En un contexto en el que el déficit habitacional alcanza dimensiones sin precedentes, la paralización de más de 100 mil viviendas en ejecución, la eliminación de programas que permitan nuevas operatorias y la falta de organismos gubernamentales de planificación urbana y territorial, representan un perjuicio irreparable para el crecimiento y el desarrollo sostenible de nuestro país”.

Asimismo, hicieron hincapié en que “a esta decisión se le suma la pérdida de numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, debido al fuerte impacto dinamizador que la construcción tiene en la economía y el sector productivo”.

“Nos solidarizamos con nuestros colegas y con los trabajadores en general, reconociendo su experiencia y el esfuerzo de años que demanda su formación en un ámbito tan trascendental. La eliminación de programas de vivienda como el Procrear, Casa Propia y el FO.NA.VI tendrá consecuencias inmediatas y a largo plazo”, añadieron.

Por último, remarcaron que “es imprescindible reconsiderar esta medida, ya que afecta la producción social del hábitat y agrava la degradación de las ciudades”, y que “el Estado es uno de los principales actores en la definición de los modelos de desarrollo territorial, garantizando condiciones de equidad social y estableciendo formas de financiamiento que permitan a los argentinos acceder a una vivienda digna”.