El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que las entraderas disminuyeron “drásticamente” en Mar del Plata durante los últimos meses y destacó el trabajo coordinado entre la Provincia, el Gobierno nacional y el Municipio. Durante una ronda de prensa en la puerta de la Jefatura Departamental, también se refirió a las investigaciones contra bandas delictivas, la situación de las chatarreras, los recursos policiales y el impacto de las dificultades económicas y sociales en la seguridad.

Alonso sostuvo que la articulación entre las distintas jurisdicciones forma parte de una tarea cotidiana y remarcó que cada nivel del Estado tiene responsabilidades específicas. En ese sentido, destacó el papel del gobierno local en la administración del espacio público y la convivencia. “La municipalidad tiene un rol importantísimo en lo que es la seguridad”, afirmó.

En cuanto a la Provincia, explicó que la Policía interviene en la prevención y represión del delito, además de participar en las investigaciones vinculadas con causas judiciales. Sobre la relación con el Gobierno nacional, señaló que mantuvieron varias reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para avanzar en el intercambio de información criminal.

“Hay una fuerte presencia de las fuerzas federales que están para combatir los delitos de competencia federal, fundamentalmente el narcotráfico, y entonces tenemos una tarea cotidiana de coordinación”, afirmó.

El ministro también destacó el funcionamiento de una mesa de trabajo en Mar del Plata destinada a intercambiar información sobre las bandas delictivas que operan en la ciudad. En ese marco, valoró la relación con el fiscal general Fabián Fernández Garello y aseguró que ambos impulsaron investigaciones importantes.

Como ejemplos, mencionó la reciente desarticulación de una banda y las pesquisas sobre desarmaderos. Además, anticipó nuevos procedimientos para los próximos días. “Ahora en estos días también va a haber allanamientos importantes que pronto se van a conocer”, adelantó.

Consultado sobre las modalidades delictivas que generan mayor preocupación en Mar del Plata, entre ellas las entraderas, la venta de estupefacientes y los delitos cometidos por menores de edad, Alonso destacó los resultados de las investigaciones y del trabajo coordinado durante los últimos meses.

Según explicó, se desarrollaron tareas de capacitación y fortalecimiento de los equipos de investigación, además de una labor conjunta con la fiscalía. El ministro sostuvo que los resultados comenzaron a hacerse más notorios durante los últimos dos meses.

“Ustedes vieron cómo se redujeron las entraderas drásticamente”, afirmó. También señaló que están disminuyendo los robos automotores y otros delitos. Para Alonso, la intervención conjunta de las distintas áreas contribuye a mejorar los resultados en materia de prevención y persecución del delito.

Otro de los temas abordados fue la situación de las chatarreras, luego de operativos realizados contra establecimientos investigados por su posible vinculación con actividades delictivas. La consulta también incluyó el incendio de vehículos en la vía pública para extraer cables y la continuidad de la actividad de algunos de esos comercios.

Al respecto, Alonso explicó que las investigaciones policiales se ponen a disposición de la Justicia y que los establecimientos pueden funcionar siempre que desarrollen una actividad lícita. “Nosotros, mientras que la actividad sea lícita, no va a estar prohibida”, afirmó.

De todos modos, aseguró que las autoridades continuarán trabajando para prevenir situaciones de ese tipo y evaluar mecanismos que impidan que esos establecimientos sean utilizados para canalizar actividades delictivas.

Alonso también se refirió a los recursos disponibles para la Policía y destacó la incorporación de nuevos móviles para reforzar la prevención en la ciudad. En ese punto, cuestionó la demora del Municipio en utilizar los fondos que había recibido de la Provincia durante el año pasado, en el marco del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, destinados a la compra de patrulleros.

“Fue muy importante que la municipalidad, después de un año de tener el dinero que le había transferido a la provincia, lo usara”, señaló. Según explicó, correspondía al gobierno local adquirir los vehículos con esos recursos. Finalmente, indicó que la compra se concretó aproximadamente hace un mes y que los nuevos móviles ya fueron incorporados al esquema de prevención.

Además, recordó que la Provincia había enviado otros 15 patrulleros para reforzar la capacidad operativa local. “Así que hoy tenemos un nivel de patrullaje muy alto”, concluyó.

Ante la consulta sobre las diferencias entre la situación de la seguridad de meses atrás y el panorama actual, Alonso rechazó que se haya modificado la forma de trabajar de la cartera provincial, aunque reconoció que los cambios operativos pueden contribuir a mejorar los resultados. En esa línea, consideró importante el regreso del intendente Guillermo Montenegro a la ciudad y destacó su disposición para colaborar y dialogar con la Provincia.

El ministro también valoró la coordinación con la cartera nacional y el trabajo conjunto con la Justicia provincial. Según planteó, parte de los resultados actuales responde a investigaciones que comenzaron meses atrás y que requieren tiempo para llegar a una instancia concreta.

“A veces se hace un trabajo silencioso que no se nota y que de repente empieza a dar resultados, por lo que tiene que ver la investigación”, explicó. Y agregó: “Una investigación tarda tres, cuatro, cinco, seis meses”, según las características de cada caso.

Para Alonso, ese proceso explica por qué algunas tareas policiales no producen resultados visibles de inmediato, aunque posteriormente puedan derivar en procedimientos y detenciones.

Durante la ronda de prensa, el funcionario también relacionó la situación de la seguridad con las dificultades económicas y sociales que atraviesa la población. En ese sentido, advirtió que “hay una economía que está paralizada” y sostuvo que ese escenario afecta progresivamente a las familias.

Como parte de su diagnóstico, señaló que durante el año pasado se registraron en toda la provincia de Buenos Aires 86 asesinatos en ocasión de robo y 2000 suicidios. También manifestó su preocupación por los problemas vinculados con la salud mental y las situaciones que atraviesan numerosas familias. “En esos resquicios del deterioro social, en las dificultades a veces de los estados para llegar a diferentes barrios, también ahí se mete el narcotráfico”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la comercialización de drogas tiende a crecer en contextos de dificultades económicas y sociales. “La venta de drogas siempre crece cuando aparecen las dificultades económicas y sociales”, afirmó. Frente a ese escenario, aseguró que la Provincia trabaja para combatir el narcotráfico en conjunto con la Justicia y las fuerzas federales.

En el marco de un amplio despliegue de seguridad en el barrio Libertad, el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la fuerza, Andrés Escudero, supervisaron las acciones preventivas y detallaron el alcance de las medidas de control, destacando que se cumplió con el compromiso de “trabajar 24/7”.

En diálogo con la prensa, Escudero explicó la estrategia de despliegue territorial montada sobre la zona, remarcando que “estamos trabajando puntualmente en este barrio” mientras de forma “simultánea, hay otros barrios de Mar del Plata que están teniendo operativos similares”. En ese sentido, detalló que se emplazó un control fijo articulado con patrullajes dinámicos en los sectores aledaños, donde “hay policías recorriendo con la instrucción de garantizar el orden público y de hacer todos los registros necesarios para combatir la droga y sobre todo la portación ilegal de armas”, sumado al control de motos.

Respecto de los resultados preventivos recientes, Escudero ponderó la efectividad del Comando de Patrulla y las unidades tácticas como la Fuerza de Aproximación Táctica de Operaciones Especiales (UTOI) y el Grupo de Restablecimiento del Orden Público (ROP). Al respecto, confirmó que “en la última semana con la prevención desarmamos tres bandas dedicadas a las entraderas”, cuyos procedimientos se registraron en los barrios Alfar, Constitución y Peralta Ramos.

El funcionario enfatizó además la importancia de coordinar la labor entre el municipio, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, trazando un firme posicionamiento respecto del juzgamiento de los hechos delictivos más severos: “Para nosotros hay una línea roja que no se puede cruzar que tiene que ver con el delito que se comete con arma”. En esa misma línea, Escudero sumó “los delitos en los delincuentes que ingresan en las casas, violentando a las personas, rompiendo la tranquilidad, poniendo en peligro la vida y la integridad física. Ahí hay que marcar un límite muy claro y no puede haber contemplaciones”.

FORMACIÓN POLICIAL

Por su parte, Aparicio ponderó el despliegue de los procedimientos territoriales, resaltó las tareas de formación y las recientes incorporaciones en la escuela local, donde se informó que se alcanzó un récord de participación, con “más de 300 hombres y mujeres en el reclutamiento para que puedan ser policías en la Vucetich de Mar del Plata”. Asimismo, subrayó la inversión en infraestructura edilicia al indicar que “pusimos en valor la sede para que puedan dormir y puedan estudiar y puedan ser profesionales policiales en esta institución”.

El subsecretario enfatizó el abordaje integral de la problemática delictiva en la infancia y la juventud al ponderar las acciones llevadas a cabo durante los últimos días. Al respecto, destacó que “esta semana también tuvimos un trabajo muy importante, presentamos un programa tan sensible a la niñez como Entramado” para que “aquellos jóvenes que tienen conflicto con la justicia hoy van a participar de este programa que es vital para Mar del Plata porque nosotros hemos detectado que hay mucha delincuencia juvenil y hay que tratarlo”.

En ese sentido, concluyó que “hay que tratarlo con seriedad, por eso el Ministerio de Seguridad a través del gobernador dispuso los fondos necesarios” e insistió en que “el Gobierno municipal va a firmar ese convenio que insistimos tanto para poder trabajar coordinadamente; no sólo con la faz política que es la municipal, sino también la policial y también la Justicia que tiene que estar, que es una pata muy importante”.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense, Andrés Escudero, oficializó hoy la designación del comisario mayor Valerio Gallo como nuevo jefe departamental de Mar del Plata y detalló la estrategia de seguridad enfocada en delitos complejos y mercados criminales. En ese marco, destacó que la coordinación con la Municipalidad “es correcta” y se mostró “convencido, porque es el criterio que nos ha fijado el gobernador y el ministro, que hay que separar la discusión política de la coordinación operativa”.

En conferencia de prensa brindada en las instalaciones del Complejo Policial Juan Vucetich, en avenida Independencia 2447, Escudero oficializó la asunción de Gallo y expresó un “enorme agradecimiento por los funcionarios salientes”. Señaló además que los cambios se realizan de manera planificada y que “cada perfil responde a los objetivos de cada una de las etapas de trabajo”.

El funcionario explicó que el objetivo para el próximo año y medio será profundizar la investigación de organizaciones criminales y mercados delictivos, en particular aquellos vinculados “al robo de autopartes, al robo de motos y a las entraderas”, delitos que -según indicó- “han generado preocupación” en la ciudad.

Sobre el nuevo jefe departamental, Escudero destacó que Gallo “reúne todas las condiciones que necesitamos para profundizar esta etapa de trabajo en Mar del Plata”, y remarcó su “experiencia operativa, 32 años de servicio”, además de su paso por una comisaría compleja como la de Pinamar durante casi cinco años.

En cuanto a eventuales cambios adicionales en la estructura tras la división del distrito en zonas Norte y Sur, el funcionario afirmó que “por el momento los cambios son estos” y que cualquier modificación futura será informada “en tiempo y forma”.

Precisamente, sobre la reorganización operativa, justificó que responde a la necesidad de fortalecer la conducción policial, señalando que el crecimiento de efectivos exige una estructura de control acorde. En ese sentido, indicó que hoy existen “2800 policías con arma trabajando, incluyendo todas las áreas”, de los cuales “2300 cumplen tareas de prevención y 500 funciones de apoyo”.

También precisó que la provincia incorpora nuevos egresos bajo una metodología de formación más exigente, con instancias prolongadas de capacitación y especialización. En ese contexto, explicó que se han creado nuevas estructuras de control para supervisar el funcionamiento del personal desplegado.

En cuanto al análisis del contexto delictivo, sostuvo que es “muy difícil hablar de estadística en materia de seguridad”, aunque reconoció la existencia de hechos vinculados a violencia y ajustes de cuentas por deudas en un escenario de mayor endeudamiento social. No obstante, afirmó que el delito de homicidio mantiene una tendencia decreciente y se encuentra en “un piso histórico” en la provincia.

Escudero también remarcó que la estrategia actual se centra en atacar los mercados ilegales vinculados a robos de bienes como celulares, autos y motos, y en reforzar el patrullaje preventivo. En esa línea, sostuvo que “no les vamos a dar respiro” a las organizaciones criminales.

Respecto al vínculo institucional con el municipio, calificó la coordinación como “correcta” y afirmó que la discusión política “debe separarse de la gestión operativa”. Señaló que existe un trabajo conjunto permanente entre los distintos niveles del Estado: “La discusión política es legítima y está muy bien que cada espacio político manifieste su mirada sobre la política de seguridad, es parte del juego de la democracia pero la coordinación operativa es una cuestión de estado y la tratamos como tal”.

Como ejemplo, mencionó un operativo reciente de desalojo de una feria en La Rambla, realizado con intervención de Fiscalía Federal, Prefectura, el Municipio y la Policía bonaerense, destacando la articulación interinstitucional. En ese sentido, Escudero afirmó que ya se observan resultados en las nuevas prioridades de trabajo, mencionando también un operativo que permitió desarticular una banda dedicada al robo y comercialización de autopartes, con cuatro detenidos y el secuestro de vehículos y armas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prepara una nueva actualización salarial para el personal de la Policía bonaerense. El incremento total será del 7% y se pagará de manera escalonada durante los próximos dos meses.

La primera suba será del 5% y corresponderá a julio, mientras que el 2% restante se aplicará en agosto. En ambos casos, los porcentajes se calcularán sobre los haberes de junio.

Como los efectivos policiales no cuentan con una negociación paritaria, la mejora será definida directamente por el Poder Ejecutivo bonaerense y deberá quedar formalizada a través de un decreto.

El nuevo aumento se sumará al 9,3% otorgado durante el primer acuerdo salarial del año, que también había sido trasladado a los integrantes de la fuerza.

Sin contar adicionales por tareas extraordinarias, un superintendente provincial percibe actualmente un salario básico cercano a los $2,3 millones. Un comisario general cobra alrededor de $1,9 millones, mientras que un comisario mayor recibe aproximadamente $1,7 millones.

En tanto, el sueldo de un comisario inspector ronda los $1,5 millones y un oficial que recién ingresa a la Policía bonaerense percibe cerca de $900.000.

A esos montos pueden sumarse pagos adicionales vinculados con funciones específicas y servicios extraordinarios.

Un proyecto que propone modificar la Ley 13.482 para autorizar y regular el uso de armas no letales por parte de las fuerzas de seguridad provinciales ingresó a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia esta semana. La propuesta amplía el concepto más allá de las armas electrónicas, incluyendo tecnologías como dispositivos neumáticos, y se apoya en informes técnicos especializados para sustentar su implementación.

La iniciativa, firmada por el diputado Carlos J. Puglelli de Fuerza Patria, incorpora los artículos 14 bis y 14 ter, mediante los cuales se habilita el uso de estas herramientas exclusivamente para personal en actividad que haya aprobado capacitaciones técnicas y evaluaciones psicofísicas. Asimismo, se define como arma no letal a todo dispositivo diseñado para generar efectos temporales en el organismo sin provocar daños permanentes.

Entre sus fundamentos, el texto establece que la regulación no invade competencias federales, ya que la normativa nacional vigente permite la clasificación de este tipo de dispositivos, quedando en manos de la provincia determinar su uso operativo.

En términos de política de seguridad, la propuesta apunta a cubrir una “brecha crítica” entre la disuasión verbal o física y el uso de armas de fuego, promoviendo intervenciones bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y gradualidad.

Además, diferencia expresamente estos dispositivos de la “picana eléctrica”, priorizando aquellos de proyección a distancia y restringiendo los de contacto directo, con el objetivo de evitar prácticas coercitivas basadas en el dolor.

Por último, el proyecto establece controles estrictos sobre su utilización, limitándola a situaciones de amenaza real e inminente, con exigencias de registro, trazabilidad y evaluación continua del personal interviniente.

Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado este lunes por la noche en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, durante un presunto intento de robo. La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años, quien se encontraba de franco al momento del ataque.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Apipé y Obligado, cuando el efectivo se dirigía a buscar a su hija. Según las primeras informaciones, fue interceptado por al menos tres delincuentes y recibió varios disparos en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Ponce, que prestaba servicios en la Escuela de Policía Juan Vucetich, sufrió heridas de bala en el abdomen y la espalda. Tras el ataque, vecinos de la zona lo trasladaron de urgencia en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 29, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Luego del crimen, los agresores escaparon y permanecían prófugos. Durante la madrugada, efectivos policiales y peritos trabajaban en la escena para recolectar pruebas que permitan identificarlos y determinar cómo ocurrió el hecho.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que busca establecer si se trató de un intento de robo o si existieron otros motivos detrás del ataque.

El asesinato se produjo en un contexto de creciente preocupación por los hechos de inseguridad en el distrito, uno de los más poblados de la provincia de Buenos Aires. Hace menos de dos semanas, otro episodio violento en Virrey del Pino terminó con la muerte de un adolescente de 16 años que participaba de un asalto.

Fuente: TN

Tres hombres robaron una vivienda en Pasteur 4376, San Justo, en la madrugada del lunes. Durante la fuga, uno murió en un tiroteo con la policía, otro quedó detenido y el tercero escapó hacia el interior de Villa Palito.

El Comando de Patrullas Centro detectó el vehículo en que se trasladaban, un Volkswagen Gol Trend con pedido de secuestro desde el 25 de abril, en la esquina de Almeira y Zinny. Al notar la presencia policial, los tres huyeron. Abandonaron el auto en Perú y La Rioja, abordaron un Peugeot 207 y chocaron a metros de allí. En ese punto la policía detuvo a Joel Alexis Zalewski, 24 años.

Los otros dos continuaron a pie. En Lezica y Pedriel, Kevin Igor Espinosa, 26 años, recibió un disparo en el glúteo derecho durante el enfrentamiento con un oficial. Murió en el hospital Ballestrini. El policía no resultó herido.

La víctima del robo identificó sus pertenencias entre los objetos secuestrados en la escena. El fiscal Carlos Adrián Arribas ordenó preservar el lugar y convocó a la Policía Federal para las pericias. La UFI Temática de Homicidio investiga el caso. Hasta el cierre de esta nota no se había adoptado ninguna medida contra el efectivo interviniente.

Fuente: TN

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Departamento Judicial local por un presunto caso de violencia institucional ocurrido el martes 24 de febrero . Según se expuso, el hecho involucraría a agentes de la Patrulla Municipal y a un efectivo de la Policía bonaerense.

De acuerdo a la presentación judicial, la víctima regresaba a su domicilio cuando advirtió la presencia de un grupo de jóvenes en la esquina que le generó sospechas. En ese momento pasó un móvil de la Patrulla Municipal, al que solicitó que identificara a esas personas. Siempre según la denuncia, tras un intercambio verbal, descendieron cuatro agentes —tres hombres y una mujer— junto a un efectivo policial que se encontraba armado.

El escrito sostiene que, cuando la persona decidió retirarse del lugar y desistir de cualquier reclamo, habría sido interceptada por el policía, quien presuntamente la tomó del cuello y la arrojó al suelo sin mediar explicación. Como consecuencia de esa maniobra, habría perdido el conocimiento durante unos minutos y sufrido una herida sangrante en la cabeza.

Posteriormente, siempre según lo denunciado, la víctima solicitó que el efectivo se identificara, aunque este se habría negado. Tras el episodio, se retiró a su domicilio y horas más tarde debió concurrir a un centro de salud de la zona oeste de la ciudad, donde recibió atención médica, medicación y antibióticos. Actualmente presentaría dolor mandibular que le dificulta ingerir alimentos sólidos.

En la denuncia se adjuntaron fotografías y registros audiovisuales de lo ocurrido y de las lesiones. Los organismos solicitaron una investigación “exhaustiva y rigurosa”, el cumplimiento de los protocolos vigentes en casos de violencia institucional y medidas de protección para la persona afectada, ante el temor de posibles represalias. La Fiscalía deberá ahora evaluar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Un grave episodio sacudió a la Policía Bonaerense en Luján tras la denuncia de una joven agente que aseguró haber sido abusada sexualmente por un compañero mientras dormía en una habitación destinada al personal femenino dentro de la Departamental de Seguridad local.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 23.30 del jueves 4 de diciembre, cuando la víctima descansaba en uno de los dormitorios del primer piso del edificio. En ese contexto, otro efectivo ingresó sin autorización, se metió en la cama y la habría besado y manoseado de manera forzada. La mujer logró zafarse y, en estado de shock, bajó corriendo a la Comisaría Luján Primera para pedir auxilio.

La denuncia fue recibida por una comisaria inspectora que se encontraba a cargo de la seccional. Posteriormente, la agente fue trasladada al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, donde recibió atención médica y contención psicológica.

De acuerdo a lo informado por el medio local El Civismo, el acusado ya habría intentado un ataque similar contra otra joven policía tiempo atrás. Esa primera víctima no habría denunciado en su momento, pero al conocerse el nuevo episodio decidió presentarse ante las autoridades para exponer su caso.

En el plano penal, la causa es investigada como un delito grave, mientras que en el ámbito administrativo intervino la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que inició un sumario para determinar responsabilidades y evaluar la conducta del efectivo denunciado.

La Departamental de Seguridad de Luján cuenta con habitaciones adaptadas como dormitorios para el personal que llega desde otras ciudades a cumplir servicio. El caso vuelve a poner en foco las condiciones internas, los controles y los mecanismos de prevención dentro de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Dib

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles el monto que percibirán los policías bonaerenses afectados al operativo electoral del próximo domingo 7 de septiembre. 

A través del Decreto 2197/25, se estableció un pago único de $75.000 para cada agente que trabaje en el Comando Electoral durante el fin de semana.

La medida alcanzará a los 28.778 efectivos de la Policía bonaerense que serán desplegados, junto a otros 6.000 de fuerzas federales, para custodiar urnas, vigilar locales de votación y garantizar el orden público. En total, el desembolso de la Provincia superará los $2.158 millones en concepto de viáticos.

Según el decreto, el monto será igual para todos los rangos jerárquicos, con el objetivo de mantener equidad y celeridad en los pagos. Aún no se definió el mecanismo de cobro, aunque se prevé que sea a través del Banco Provincia o Cuenta DNI.

El Comando Electoral tendrá como misión exclusiva la seguridad integral de los comicios, incluyendo la vigilancia de locales de votación, la custodia de documentación y el acompañamiento de los operativos logísticos.

En paralelo, la Provincia también dispuso viáticos para autoridades de mesa y delegados electorales:

Se trata de las primeras elecciones bonaerenses desdobladas en más de 20 años, lo que motivó un despliegue inédito de seguridad y organización logística, con un triple control en la apertura de mesas previsto para este domingo.

Fuente: Diputados bonaerenses

El Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió que durante el ciclo lectivo 2025 podrán inscribirse a la carrera policial jóvenes de hasta 29 años, extendiendo así el límite habitual que era de 25. 

Según la normativa, la decisión se tomó en el marco de la Ley N° 13.982, que regula el régimen del personal policial y permite excepciones en casos de necesidad de reclutamiento. 

El ministro Javier Alonso argumentó que la medida busca “mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial” frente a la creciente demanda de seguridad en la provincia.

Con esta ampliación, un mayor número de aspirantes podrá postularse siempre que cumpla con los demás requisitos: ser argentino nativo o por opción, tener domicilio en Buenos Aires, haber finalizado el secundario, aprobar los exámenes psicofísicos y no registrar antecedentes penales.

El beneficio excepcional se da en un contexto de tensión entre las autoridades de seguridad provinciales y nacionales, en medio de cruces políticos por la gestión en materia de seguridad pública.

La medida apunta a fortalecer las filas de la Policía Bonaerense con mayor cantidad de aspirantes, aunque desde distintos sectores ya se plantea el debate sobre si este cambio debe mantenerse de manera permanente o limitarse al próximo ciclo.

Fuente: Dib

La identificación de 1800 personas y 1200 motos por día es el resultado de un operativo de patrullaje realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en distintos puntos de Mar del Plata, en el marco de un plan coordinada para “reforzar la seguridad”, según indicaron desde la Fuerza.

A través de un comunicado, se destacó que este despliegue, “coordinado estratégicamente”, incluye un “sistema de patrullaje proactivo” con identificación constante de personas, vehículos y motos, llevado a cabo por efectivos policiales.

El operativo ha generado una notable presencia policial, percibida positivamente por los vecinos. Esta intensificación no solo se refleja en las tareas preventivas, sino también en la rápida respuesta a los llamados al 911 y en la cantidad de móviles desplegados en las calles.

De acuerdo con información oficial, el plan integral de seguridad, que abarca todas las áreas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ha tenido un “impacto significativo”. 

La coordinación estratégica y el patrullaje focalizado, diseñados en función de la incidencia delictiva, han permitido “la recuperación de motos con pedidos de secuestro, la detención de personas con capturas pendientes y la aprehensión de delincuentes armados”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de separar de la fuerza a más de 20 efectivos policiales a quiénes se los acusa de confabulación contra la propia institución policial, en pos de la figura del ex policía y actual primer candidato a diputado provincial por la Tercera sección electoral de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko. “Hay normas que respetar”, planteó.

En el marco de una serie de actividades por el distrito de Marcos Paz y en un breve contacto con la prensa local, el mandatario provincial fue consultado por el caso que se conoció en las últimas horas y que según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se vincula con una posible confabulación de unos 24 policías, algunos de ellos “destacados oficiales”.

Entre ellos, estaría también el ex integrante de la fuerza y actual candidato del espacio de Javier Milei, Bondarenko. Según el funcionario de la Provincia, el grupo “utilizaba las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato, pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía y parte de esa medida los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución”.

En es línea, Alonso detalló la situación como “un golpe al comando institucional”, mientras que Kicillof describió que “la cuestión es delicada”, y que “tiene que ver con una investigación que está llevando Asuntos Internos de la propia policía y que ya fue a sede judicial”.

“Para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas y leyes, y hay que respetarlas. Nada más que eso”, dijo el mandatario, defendiendo el accionar de Asuntos Internos y el apartamiento. Como contraposición, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunirá con los policías que fueron movidos de sus cargos en un gesto de respaldo que emana de la gestión libertaria y en plena campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

El apartamiento preventivo se conoció tras el cierre de listas en el que La Libertad Avanza sorprendió en la cabeza de lista con el nombre de Bondarenko para la Tercera sección electoral.

Fuentes provinciales justificaron la intervención al asegurar que la medida buscó impedir la creación de un antecedente perjudicial en la Policía Bonaerense. Según relataron, existía la percepción de que el gobierno no intervendría y que, de omitirse alguna acción, se consolidaría una situación compleja en la fuerza: las autoridades tenían conocimiento de planes de este grupo para implementar purgas y reformas, lo que calificaron como un acto de insubordinación y una infracción a la ley orgánica del cuerpo.

El ministro Alonso explicó que el desplazamiento de los jefes no guarda relación con la candidatura de una persona vinculada a La Libertad Avanza, sino con el accionar de los oficiales, al que definió como “una falta grave al reglamento orgánico de la Policía”. Detalló, además, que los implicados elaboraban estrategias para promover una reforma institucional, cuyo objetivo incluía el pase a retiro obligatorio de altos mandos, buscando así posicionar a su grupo en cargos de conducción.

De acuerdo con fuentes de la investigación, todo se originó tras la definición de las candidaturas, cuando una persona próxima a los involucrados aportó abundante documentación y pruebas sobre las actividades investigadas. Las pericias en las computadoras de la Policía Ecológica utilizadas por los agentes acusados confirmaron la veracidad de las denuncias presentadas.

El caso también levantó vuelo en el sistema político. Además de que los efectivos serán recibidos por Bullrich cerca de las 18, desde el oficialismo nacional salieron a cuestionar la medida. El presidente del PRO a nivel bonaerense y actual diputado nacional, Cristian Ritondo, expresó: “Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta “vinculación política”. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? Absolutamente nada. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y cobardía".

“El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política. No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor", denunció Bullrich.

Fuente: Infobae

La alarma se activó varias veces durante la madrugada del sábado, pero la gerente minimizó el hecho por alertas previas causadas por fallas eléctricas. De todos modos, fue hasta el lugar y notó daños en el fondo del edificio.

La Policía Bonaerense confirmó que los ladrones rompieron parte del techo y causaron desorden en el interior, aunque sin provocar faltantes. Se investiga si el objetivo era la bóveda o cajas de seguridad.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 de La Plata, a cargo de Juan Menucci, que ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios. Hasta el momento, no hay detenidos.

El hecho fue caratulado como tentativa de robo, y se suma a una seguidilla de ataques similares a entidades bancarias en la región, muchos de ellos bajo la modalidad de “boqueteros”.

Fuente: Noticias Argentinas

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió el proyecto que analiza la administración de Axel Kicillof, el cual busca restringir la circulación de dos personas en una moto en ciertas áreas de la provincia de Buenos Aires con el fin de combatir los delitos asociados a motochorros.

“No se trata de complicar la vida de los ciudadanos de a pie, sino de prevenir el delito”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad, tras explicar que la normativa habilitará a los municipios bonaerenses a definir las zonas y horarios de aplicación basándose en los mapas del delito.

En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad anunciaron días atrás la posible implementación de restricciones a la circulación de dos personas en una moto, con el objetivo de prevenir los delitos cometidos por motochorros, lo que encendió las alarmas de las app de transporte.

Según precisó Alonso, no se trataría de una disposición general, sino de una herramienta a disposición de los municipios. “Esta nueva restricción se basa en la Ley N°15.143, sancionada en 2019, que ya establece requisitos como el uso de patente visible en casco y chaleco reflectante para conductores, y chaleco con dominio para acompañantes”, detalló.

En efecto, la ley vigente permite a los municipios determinar zonas de aplicación obligatoria de estas medidas y faculta a las autoridades a secuestrar motos por incumplimiento, con la posibilidad de compactación o donación del vehículo si no se acredita la titularidad en 60 días.

Aunque el proyecto está pensado para el Conurbano bonaerense, la restricción podría extenderse a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof, en caso de que la medida avance. 

Fuente: Diputadosbsas.com.ar

Un total de 18 efectivos policiales bonaerenses fueron desafectados de sus funciones en Ituzaingó y Tres de Febrero luego de participar de una protesta para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales. Además, fueron denunciados penalmente por el delito de sedición, ya que por ley la fuerza de seguridad no puede abandonar sus tareas. 

La denuncia fue presentada por autoridades policiales locales luego de tomar conocimiento por redes sociales de la metodología de protesta utilizada por el personal a su cargo. La manifestación se llevó adelante, bajo el formato de sirenazo, frente a una estación de servicio ubicada en Ituzaingó.

En esa protesta, que incluyó un pedido de mejoras salariales y condiciones de trabajo, participaron cuatro vehículos particulares y tres motos de la fuerza. Además de desafectar a los uniformados, se presentó una denuncia por incumplimiento de sus funciones. Sucede que constitucionalmente las fuerzas de seguridad no están facultadas para llevar adelante reclamos de índole salarial.

En el caso de la Policía bonaerense, las mejoras en los salarios están atadas a la paritaria que alcanza a los trabajadores estatales. En este orden, la semana pasada, la administración de Axel Kicillof anunció el acuerdo con los gremios para febrero y marzo. Una suba del 9% (7% para febrero y 2% para marzo) que incluye a los policías.

La mejora salarial también se hizo extensiva a la compensación por uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio.

“Bajo ningún punto de vista voy a avalar que utilicen una herramienta nuestra para expresar un reclamo”, enfatizó el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo. El jefe comunal mantuvo una conversación telefónica con el ministro del área, Javier Alonso, quien le aseguró que habrá reemplazo de los agentes sancionados.

“Me enteré por el ministro de los bocinazos y coincido con él en que tienen que estar sujetos a sanción. Tenían que estar prestando servicios con herramientas que nosotros compramos para que custodian nuestros barrios, nuestras casas, tendrían que estar haciendo operativos o recorriendo los barrios y cuidando a las familias de Ituzaingó”, agregó.

Fuente: DIB

Según las estadísticas de robos cometidos en 2024 en Argentina difundidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, la provincia de Buenos Aires registró la mayor cantidad de hechos denunciados, con una suba del 18% respecto a 2023. Y justamente, el principio del 2025 no parece frenar la tendencia sobre los hechos de inseguridad. En ese contexto, el gobierno de Axel Kicillof decidió dales un aumento a los policías de la Bonaerense.

“El personal policial bonaerense percibirá un aumento salarial escalonado del 9%, compuesto por un incremento de 7% en febrero y de 2% en marzo. Esta suba es igual a la acordada para todo el personal de la administración pública de la Provincia”, se conoció en un comunicado difundido hoy.

En el texto, se aclara que el incremento “también se hace extensivo a la compensación por uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio”.

“Este aumento evidencia el compromiso del Gobierno bonaerense con las fuerzas de seguridad, al igual que la histórica inversión en equipamiento de las fuerzas que se viene realizando”, reza el comunicado que informa la suba para los policías de la Bonaerense.

Y finaliza: “Aún en un contexto de dificultad financiera provocado por las políticas del Gobierno nacional y el recorte de recursos a la provincia, el Estado provincial realiza todo el esfuerzo necesario en sostener el salario de sus trabajadores”.

La provincia, en el ojo de la tormenta a causa de la serie de homicidios y enfrentamientos armados entre policías y ladrones registrados en el conurbano bonaerense, tuvo 706 robos cada 100 mil habitantes el año pasado.

Según las estadísticas oficiales, la provincia de Buenos Aires registró la mayor cantidad de hechos denunciados: 128.477, un aumento del 18% respecto a 2023, cuando se registraron 107.769. Estos delitos excluyen lesiones y muertes.

Hay que recordar que el jueves pasado, el Gobierno nacional decidió aumentar los sueldos de los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas de seguridad nacionales.

La medida estará en el orden del 5% en los básicos y sumas especiales, que comenzarán a regir con los ingresos que se cobran a partir del mes de marzo. A partir de esta decisión, firmada por la ministra Patricia Bullrich, se fijarán nuevos valores para haberes mensuales y suplementos específicos en las distintas fuerzas.

En el caso de la Gendarmería Nacional, se actualizarán los importes correspondientes “Funciones de Prevención Barrial” y “Recargo de Servicio”. Para el personal de la Prefectura Naval también verá reflejados incrementos en la compensación por “Recargo de Servicio”.

Mientras que en el caso de Policía Federal, recibirá ajustes en los haberes mensuales, el suplemento por “Zona”, el valor del Servicio de Policía Adicional y otras compensaciones.

Uno de los puntos destacados también de la resolución que se publicará en las próximas horas es que se instrumentará una equiparación salarial para el Servicio Penitenciario Federal con las demás fuerzas nacionales, ya que se detectaron “diferencias arbitrarias en los haberes de este personal, lo que motivó la necesidad de implementar ajustes para garantizar un trato igualitario”.

Fuente: Infobae

Murió Lucas Gabriel Salomón (27), el policía que fue baleado en el cuello por un instructor de la Bonaerense durante un curso de entrenamiento que se realizó en La Matanza.

La noticia fue confirmada en redes sociales por la Asociación de Policías y Penitenciarios Agremiados Buenos Aires (APPA), que lamentó la pérdida y le envió condolencias a la familia de la víctima.

El episodio ocurrió el jueves 5 de septiembre por la tarde, en el campo de capacitación del Complejo Policial de Puente 12. Allí, un grupo de efectivos participaban del curso sobre técnicas de allanamientos e ingreso a edificaciones.

Lucas Gabriel Salomón tenía 27 años. (Foto: gentileza Yésica Salomón)

Yésica Salomón, hermana de Lucas, relató meses atrás cómo fue el dramático momento. “Cuando mi hermano le dijo que estaba despejado para entrar, el instructor le dijo ´así te van a matar´, y le disparó”, sostuvo en base a lo que le comentaron los compañeros que estuvieron presentes. Al mismo tiempo, contó que tras recibir el balazo, lo último dijo su hermano fue “me muero”.

La mujer cargó contra el atacante y aseguró que para la familia “no fue un accidente”, sino que se trató de un caso de “negligencia”.

Del mismo modo, remarcó: “Hubo medidas de seguridad que se tendrían que haber tomado. Lo primero que tienen que hacer cuando llegan a las prácticas es descargar las armas, y no lo hicieron”.

Tras el hecho, Lucas fue trasladado al Hospital Balestrini y lo operaron de urgencia. A las pocas horas fue derivado al Centro Médico Integral Fitz Roy, donde estuvo internado estos tres meses.

Lucas Salomón estaba internado en el Fitz Roy. (Foto: Centro Médico Integral Fitz Roy)

El instructor que le disparó había sido contratado para dar cursos en la superintendencia de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Está siendo investigado por el fiscal Gastón Duplaá, de la UFIJ 2 Descentralizada de La Matanza.

Fuente: TN

Durante la jornada de este miércoles, el juez Agustín Crispo de La Plata negó la libertad del policía Fernando Ezequiel Carrera Simonetti, quien está procesado por la muerte de Nahuel Silva en el barrio La Favela. Silva, quien tenía un pedido de captura, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una persecución.

La defensa del efectivo acusado y detenido sostuvo que el disparo fue accidental y presentó pericias oficiales en apoyo de su petición de libertad. Sin embargo y al igual que el magistrado interviniente, la familia de la víctima y la Comisión Provincial por la Memoria se opusieron a la liberación, informó el medio de comunicación.

El caso comenzó el 9 de mayo pasado cuando la Policía Bonaerense acudió al lugar en busca de Silva, quien intentó escapar y fue alcanzado por el disparo que acabó con su vida. La familia de Silva sostiene que él estaba intentando recuperar una moto robada y que se puso nervioso al ver a la policía, por lo que decidió huir.

Carrera Simonetti, por su parte, está procesado por “homicidio doblemente calificado por ser efectivo policial y abusar de sus funciones”, una figura legal conocida como “gatillo fácil” que conlleva la expectativa de prisión perpetua.

Durante la audiencia del 27 de agosto pasado, el abogado del policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Romano, argumentó que el hecho se trató de un homicidio culposo y no intencional. A pesar de ello, el juez Crispo decidió mantener la prisión preventiva del acusado en una cárcel común hasta el juicio oral.

Ante ello y según informó el portal 0221, la defensa ya prepara un recurso ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata para revertir la decisión y conseguir la libertad o al menos el arresto domiciliario de su defendido.

La fiscal del caso Cecilia Cortfield también había acompañado el pedido de libertad, pero el juez optó por no concederla, lo que generó críticas por parte de los defensores del policía. Estos, argumentaron que el juez no tuvo en cuenta los informes favorables y las circunstancias objetivas del expediente, y que su decisión no fue una derivación razonada del derecho vigente.

Según se informó, la defensa de Carrera Simonetti solicitará a los jueces de apelaciones que se convoque una audiencia presencial para exponer más fundamentos y que los magistrados conozcan en persona al acusado. Pese a los esfuerzos de la defensa, tanto la postura de la familia de Silva como la de la Comisión Provincial por la Memoria influyeron en la decisión de mantener al acusado en prisión.

La situación de Carrera Simonetti y el curso del proceso penal seguirán siendo monitorizados de cerca, ya que este caso despertó un considerable interés mediático y social por sus implicaciones sobre la violencia institucional y el abuso de poder policial.

Cabe recordar que luego de ser detenido, el policía dijo que iba relegado en la persecución porque estaba con el tobillo esguinzado y que intentó detener al joven con un disparo persuasivo.

Señaló luego que su compañero cayó al suelo rodando junto a la otra persona perseguida, que estaba armada y que él intentó reducir a ese individuo y fue cuando escuchó dos escopetazos que lo aturdieron, previo a disparar nuevamente su arma sin intención, por un acto reflejo “cerca de la cabeza del masculino”.

Además, dijo que hizo dos pasos hacia atrás, en shock y que nunca tuve intención de matar a nadie, que fue a trabajar.

Es de destacar que el policía que padece una enfermedad en la vista, admitió haber cometido el error de no enfundar antes de reducir a la víctima y que en esa oportunidad era la primera vez que participaba de un enfrentamiento.

Fuente: Infobae.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar hoy al Gobierno nacional que encabeza Javier Milei por haber recortado indiscriminadamente los fondos y haber generado un desfinanciamiento en las políticas de seguridad, aunque aseguró que su administración sostendrá las inversiones en la materia.

Esta mañana, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el gobernador bonaerense le tomó el juramento de fidelidad a la bandera nacional a 1848 nuevos cadetes y futuros oficiales subayudantes que finalizarán este año sus procesos de formación en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

En ese contexto, Kicillof destacó que “este es un día importante porque el juramento a la bandera es también un compromiso con un pueblo que hace un gran esfuerzo en su vida cotidiana y contribuye a sostener una policía bonaerense más cercana y eficaz, que esté a la altura de las demandas de la gente”.

En esa línea, el gobernador remarcó que este año el “esfuerzo es aún mayor, ya que Milei ha desertado de sus responsabilidades”. “Desde la Provincia vamos a seguir reclamando por todos los medios para que nos devuelvan los fondos que nos han quitado de forma ilegal y que nos permitían fortalecer la seguridad”, sostuvo Kicillof.

En ese punto, el mandatario de Unión por la Patria señaló que desde la provincia de Buenos Aires acompañaron el juramento a la bandera de los nuevos cadetes “ratificando el compromiso de continuar invirtiendo para transformar nuestra Policía Bonaerense y brindar así más seguridad a los y las habitantes de la comuna”.

Fuente: Diputadosbsas.com.ar