Un allanamiento de urgencia realizado el 29 de abril en una vivienda ubicada en la intersección de Pirán y Aragón permitió recuperar dos vehículos robados en Mar del Plata. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Séptima, en el marco de una investigación por sustracción de automotores.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se concretó tras el análisis de material fílmico y tareas de geolocalización que indicaban que uno de los rodados sustraídos podía encontrarse en ese domicilio. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y constataron la presencia de dos vehículos con pedido de secuestro vigente.

En el lugar se incautó una camioneta Volkswagen Amarok y un Nissan Kicks, ambos vinculados a hechos delictivos recientes. Además, dentro de la vivienda se hallaron municiones calibre .22, que también fueron secuestradas.

De acuerdo a la investigación, uno de los vehículos había sido sustraído el 18 de marzo bajo la modalidad de hurto automotor, mientras que el otro fue robado el 28 de abril en un hecho de robo agravado con uso de arma de fuego.

Interviene la UFIJE ODCPA, que dispuso el secuestro de los rodados para la realización de pericias y su posterior restitución a sus propietarios. Por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas contra la dueña del inmueble, mientras continúan las actuaciones para identificar a los autores de los hechos.

El gobernador Axel Kicillof encabezó hoy el acto de egreso y toma de juramento de 1547 nuevos oficiales de la Policía bonaerense, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”.

“Hoy es un día muy importante para cada uno de los graduados y para toda nuestra fuerza: son 1547 nuevos oficiales de la Policía que van a recorrer nuestro territorio para combatir el delito y cuidar a los bonaerenses”, afirmó Kicillof. Y agregó: “Estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos desde el primer día: invertimos en equipamiento, infraestructura y capacitación para transformar y devolverle el prestigio a nuestra Policía”.

Durante la jornada se llevó a cabo una muestra dinámica con la participación del Grupo de Prevención Motorizado, el equipo antidisturbios de Infantería, la brigada forestal y bomberos, entre otras divisiones, con despliegue de helicópteros, autobombas, canes y caballería.

Por su parte, el ministro Javier Alonso subrayó: “Estamos orgullosos de la profesionalización que logramos en nuestra policía, del trabajo articulado que realizan con cada uno de los 135 municipios y con la Justicia, y de la determinación que tienen para hacer cumplir la ley en el territorio”.

Y ante autoridades provinciales, municipales y de la fuerza policial, agregó: “A nivel nacional necesitamos que el Gobierno asuma sus responsabilidades y comience a actuar con firmeza y responsabilidad para combatir el narcotráfico”.

Un hombre fue aprehendido y una motocicleta robada fue recuperada por personal de la Comisaría Decimosegunda, tras un procedimiento realizado en la zona de Monte Varela, luego de un operativo iniciado a partir de un alerta de repartidores de aplicaciones de delivery.

El accionar comenzó cuando un efectivo policial, que realizaba diligencias en el sector, tomó conocimiento del hecho a través de un grupo de WhatsApp utilizado por repartidores de la aplicación Pedido Ya, donde se alertaba sobre el robo de una motocicleta con sistema de geolocalización activo.

Con los datos aportados, se llevaron adelante recorridas que permitieron ubicar el rodado en un lote situado en Rauch entre Garay y Castelli, un predio con una construcción abandonada. En el lugar se encontró una motocicleta marca Corven, modelo Mirage 110cc, sin dominio colocado, junto a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse, oponiendo resistencia.

El individuo fue reducido y, durante un palpado preventivo, se constató que tenía en su poder un cuchillo y documentación correspondiente al motovehículo sustraído.

Minutos después se hizo presente el damnificado, un joven de 21 años, quien reconoció el rodado como propio e indicó que había sido sustraído momentos antes en inmediaciones de la costa, mientras realizaba tareas de reparto.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión del imputado por el delito de robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública, además del secuestro del rodado para su restitución, el secuestro del arma blanca y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Luego de que le negaran la libertad condicional a dos de los policías que torturaron, violaron y asesinaron a Natalia Melmann en Miramar, su padre Gustavo habló con Radio Mitre Mar del Plata, donde se mostró indignado por el pedido de los condenados y volvió a reclamar por los agentes que  "siguen dilatando y dilatando la extracción de sangre” que podría identificar al quinto implicado en el caso.

En primer lugar, explicó que Oscar Echenique y Ricardo Anselmini “piden la libertad condicional, que es lo máximo a lo que pueden acceder” y que,  “según el Código Procesal, les corresponde pedirla las veces que quieran”. Más allá de esa posibilidad,  aseguró que “fueron negadas porque no están en condiciones mentales ni cumplieron con las salidas transitorias que tuvieron en otras oportunidades”.

Pero además, el padre de la víctima remarcó que el juez Ricardo Perdichizzi rechazó el pedido porque “es un hecho aberrante el que cometieron con Natalia siendo funcionarios de la Policía Bonaerense”, y lleno de rabia y tristeza, relató: “La torturaron, la violaron y la asesinaron con el cordón de su zapatilla. Lo más lamentable es que hace 25 años que venimos soportando asedios y difamaciones de los familiares y la abogada que los representa”. 

Por otro lado, en cuanto al pedido de justicia, recordó que para ello “falta identificar un quinto ADN que se encontró en el cuerpo de Natalia”, pese a que “en el 2002 el tribunal que hizo el juicio y condenó a estos policías había pedido que se se hiciera”.

No obstante, Melmann comentó que debieron ir a la Suprema Corte de la Provincia,  que “hace cinco años se expidió, pero siguen dilatando y dilatando la extracción de sangre”, la cual fue realizada a solo cuatro policías y hay otros tres que se rehusan. “Están tomando todo tipo de dilaciones. Primero pidieron un plazo, después apelaron y ahora recusaron a la fiscal. Toman todo lo que pueden para dilatar la extracción y el juez, lamentablemente, se los concede”, reclamó.

Además, expresó que “en la policía no cambió nada” y que “nunca hubo un pedido de disculpas de su parte”, al mismo tiempo que “se siguen cometiendo crímenes contra un montón de jóvenes”. Y por último, remató: “Hemos tenido jueces que nos han ayudado, pero era lo que corresponde. El Estado debe resolver el crimen de mi hija porque fue el que la mató”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó duramente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la separación de 24 jefes policiales de la Policía Bonaerense, acusados de tener vínculos con Maximiliano Bondarenko, ex uniformado y candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. 

Las críticas se realizaron este jueves tras una reunión en la sede del Ministerio de Seguridad, en la que participaron Bullrich, Bondarenko y el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja. La funcionaria afirmó que “Kicillof odia a la Policía, siempre está con los delincuentes”.

Bullrich sostuvo que los 24 efectivos fueron separados de sus cargos de manera injusta por asistir a un asado de camaradería, realizado una semana antes del cierre de listas electorales. “Es una relación de familia. A ese policía y a otros 23 los echaron por compartir un asado”, señaló, y agregó que el evento tuvo lugar en la casa de un policía en actividad, cuyo hijo es apadrinado por Bondarenko. 

La ministra exigió la reincorporación de los efectivos, calificando la medida de Kicillof como “una verticalidad ridícula” y una represalia desmedida. Además, comparó el caso con la falta de sanciones a quienes, según ella, atacaron a figuras públicas como el diputado José Luis Espert o el canal TN, afirmando: “A esos los premiaron, y a estos policías los echan”.

Por su parte, Bondarenko defendió la reunión cuestionada, asegurando que fue un encuentro informal entre compañeros: “La Policía de la provincia de Buenos Aires es una familia, hay un sentido de pertenencia. Nos juntamos a comer un asado, simplemente eso fue”. El candidato libertario acusó al gobierno provincial de llevar a cabo “una cacería de brujas” contra los uniformados, recordando que en 2021 muchos policías fueron separados por reclamos salariales. “Lo más humillante es que les sacan su credencial, como si fueran delincuentes”, expresó.

Kicillof, en una breve declaración, se limitó a señalar: “Para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas. Nada más que eso”. Sin embargo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue más contundente al responder a Bullrich: “La ministra se equivoca en defender la politización de la policía. Hay una ley clara que prohíbe a los policías participar en política partidaria. No entiendo que Bullrich apruebe que un ex policía, candidato de su espacio, lidere a altos oficiales”. 

Alonso afirmó que los efectivos desplazados utilizaron recursos del Estado para apoyar políticamente a Bondarenko y planificar medidas que los incluirían como responsables de la institución.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Más de 24 años después, la investigación por el femicidio de Natalia Melmann, la joven de 15 años a la que un grupo de policías asesinó tras torturarla y violarla en Miramar, continúa abierta con la búsqueda de un sospechoso. En el caso de ser identificado, sería acusado como el quinto participante del crimen, ya que su ADN fue hallado en el cuerpo de la menor.

“Es la posibilidad que tenemos de ver quién es el quinto involucrado”, comentó el padre de la víctima, Gustavo Melmann, en diálogo con El Marplatense, luego de las nuevas pruebas de ADN.

La muestra genética será cotejada con otras tres muestras de sangre obtenidas y una cuarta que la Justicia tiene desde enero, un ex policía que era el dueño de la casa a la que llevaron a Natalia en la madrugada del 4 de febrero de 2001.

En realidad, iban a ser seis los oficiales de la Bonaerense sometidos a la pericia forense por disposición judicial, pero tres de ellos no se presentaron para realizar el trámite en la Asesoría Pericial marplatense, por lo que quedan pendientes.

En principio, explicó que “cuando se hizo el juicio en 2002, ordenaron investigar un quinto ADN, pero nunca se hizo" hasta que fueron a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que hace cinco años ordenó que se deben hacer estas extracciones.

Según manifestó, tres personas se presentaron voluntariamente hoy y los otros se negaron, lo que Melmann entendió como “una confirmación de la posibilidad de que sean compatibles con el ADN que se encontró” en su hija.

“Llegamos a la parte posterior de nuestra vida, tuvimos que soportar y no dejar de olvidar la tortura y el tormento que le hicieron pasar a mi hija. Es uno de los hechos más graves que ha cometido la Policía bonaerense en el ejercicio de la fuerza…tomar a una jovencita y por placer torturarla, matarla y violarla. El Estado es el que tendría que estar haber garantizado que todos los que participaron en el homicidio de mi hija sean juzgados”, expresó indignado.

En ese sentido, el padre de la joven asesinada en 2001 indicó que todavía se encuentran “pendientes” del Estado para llegar a una resolución después de 24 años y medio, al mismo tiempo que aseguró que los policías que deben realizarse las extracciones de sangre “se niegan diciendo que no están en las condiciones dadas” y justificándose en que la familia no puede estar presente.

Además, recordó que él estuvo presente cuando le extrajeron a quienes ahora son culpables, al igual que durante el traslado de las muestras.

Por último, aclaró que “esta es la posibilidad que tenemos de ver quién es el quinto involucrado, aunque ello no quiere decir que no hayan participado otros también”, y que tienen “una fuerte sospecha” sobre aquellos que se negaron a hacerse la extracción de sangre.

El crimen de Natalia ocurrió el 4 de febrero de 2001, cuando la adolescente fue obligada a subir a una camioneta policial y la llevaron a esa casa del barrio Copacabana, en la zona sur de Miramar.

De acuerdo a lo que se probó durante el juicio, en esa vivienda, la víctima “fue accedida carnalmente” y “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual”, tras lo cual fue estrangulada con uno de los cordones de sus zapatillas. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado sepultado entre los pinos del vivero dunícula Florentino Ameghino.

En aquel juicio fueron condenados a prisión perpetua los policías Oscar Echenique (63), Ricardo Anselmini (55) y Ricardo Suárez (60). Durante el debate surgió la pista de un posible cuarto implicado, policía también.

La investigación que se dispuso entonces implicó a Ricardo Panadero (67), quien ya estaba fuera de la fuerza policial, y por esos avatares de la Justicia, el juicio recién pudo llevarse adelante en 2018, cuando fue absuelto. Sin embargo, el fallo se apeló y Casación Penal bonaerense anuló esa sentencia.

Así fue que en 2023, en otro debate, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de Mar del Plata lo condenó a perpetua por privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y homicidio agravado.

Dos jóvenes, de 23 y 25 años, fueron detenidos en sendos allanamientos ordenados en el marco de una investigación que intenta esclarecer el ataque a golpes sufrido por un adolescente de 15 el pasado 31 de diciembre, quien recibió palazos en la cabeza.

Según denunció el padre de la víctima, en la madrugada de aquel día el chico se encontraba en Juan A. Peña y Torre de Vera y Aragón, cuando fue abordado por dos sujetos que lo golpearon con un elemento contundente causándole lesiones en la cabeza.

Por esta golpiza es que el menor tuvo que ser derivado al Hospital Privado de la Comunidad, ya que las lesiones revestían cierta gravedad.

La Justicia ordenó una investigación, en la que se pudieron recabar múltiples datos que dieron con la identidad del agresor, que al momento del hecho se desplazaba en una moto de 110cc color negra y azul.

En primera instancia se logró allanar una vivienda ubicada en Strobel al 6400, donde se detuvo al sujeto señalado como autor del ataque, el joven de 23 años. Además se le secuestró un teléfono celular. En las siguientes horas, y en el mismo domicilio, se logró detener al otro agresor.

Ambos sufrieron la apertura de una causa por tentativa de homicidio, investigación que está bajo la órbita de la fiscal Constanza Mandagarán.

Un curioso hecho ocurrió en el interior de una fábrica de pallets ubicada en la zona de Camino a Necochea, donde un hombre de 35 años ingresó y robó varios paquetes de snacks.

El robo ocurrió en la fábrica Mobecri, ubicada en Francisco Canaro al 9800, y el delincuente pudo ser aprehendido gracias al accionar de la Fuerza Barrial de Aproximación.

En el resumen informado por la Policía, se detalló que el malviviente sustrajo nueve paquetes de snacks marca “Maniax”, dos paquetes de “rueditas”, uno de “ramitas” y otro paquete de maní cervecero. Todo lo secuestrado finalmente fue devuelto a la víctima, un hombre de 48 años.

Tomó intervención el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale, quien dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Policías prendieron fuego con la intención de hacer un asado en la comisaría, pero provocaron un incendio y quemaron un depósito de motos. El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2018 pero volvió a tomar protagonismo después de que este lunes se conociera la resolución de la Justicia.

El dramático incendio en el que se destruyeron 79 motocicletas fue en la Comisaría 27° del barrio Marechal, en Córdoba. Los uniformados imputados fueron Johana Estefanía Marchisio de 30 años, Lucas Sebastián Bazán de 37 años, y Miguel Ángel Bellesi, de 34.

Seis años tuvieron que pasar para que la Justicia declare culpables a los agentes que iniciaron las llamas aquel día. Deberán cumplir penas de prisión en suspenso, inhabilitación por un año y multas por montos desactualizados (12 mil pesos).

Juan Manuel Ugarte, vocal de la Cámara Octava del Crimen determinó que los dueños de las motos afectadas tendrán que recibir cerca de 38 millones de pesos para resarcir los daños ocasionados por la negligencia de los efectivos de la fuerza.

Las motocicletas quemadas valían en su mayoría entre uno y dos millones de pesos, aunque también algunas pocas estaban valuadas en unos 850 mil pesos y otras entre tres, cuatro y cinco millones por unidad.

Las condenas se dieron a conocer este lunes. Bellesi y Bazán habían acordado un juicio abreviado. Marchisio, por su parte, no aceptó y fue condenada por un debate abierto en un tribunal. El monto establecido por la Justicia será pagado en conjunto por los efectivos policiales y el Estado provincial, que estuvo presente en el juicio y fue condenado para efectivizar el pago.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que allanaría el camino para que el Código Penal incluya a la “Ley Blas”, una iniciativa que buscaría incorporar el delito de alteración o modificación de la escena de un crimen por parte de los funcionarios públicos. En caso de que fuera aprobada, la misma sería una agravante para aquellos que buscaran entorpecer una investigación en beneficio propio o de terceros.

El proyecto de ley fue presentado en mayo de este año por Soledad Laciar, la madre de Blas Correa, el adolescente de 17 años que fue asesinado en un control policial en 2020. No obstante, el nexo con el Palacio Legislativo fue hecho a través de la diputada nacional local, Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio.

La modificación que los familiares de Blas Correa plantean sumar a las normas penales tiene como objetivo fundamental endurecer las penas sancionadas a los funcionarios públicos que pudieran alterar pruebas, cambiar la escena del crimen, ya sea para asegurar su propia impunidad o de terceras personas. El mismo fue motivado por el caso del adolescente cordobés, debido a que los ex agentes de la Policía de Córdoba que lo atacaron fueron encontrados responsables de haber plantado un arma de fuego, con la intención de hacerle creer a los investigadores que habrían tenido un enfrentamiento armado y que la muerte del joven fue producto del supuesto tiroteo.

A raíz de esto, la Cámara 8va. del Crimen, con participación de un jurado popular, resolvió condenar a 11 de los 13 policías procesados. Mientras que los cabos primeros Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35) fueron sentenciados a cumplir una pena de prisión perpetua por haber efectuado los disparos con sus armas reglamentarias, los nueve restantes deberán cumplir penas de entre 2 y 5 años de prisión por los delitos de encubrimiento y abandono de persona.

La mamá de Blas Correa señaló que la inclusión del proyecto contribuiría a reforzar la confianza en las fuerzas de seguridad (Mario Sar)

De acuerdo a la información publicada por Cadena 3, la propuesta legislativa buscará instalar una “pena 4 a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, siempre que no suponga un delito más severamente penado, el funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones que, con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un hecho delictivo”.

Asimismo, el proyecto de ley destaca tres puntos que endurecerán las penas para los uniformados que cometan crímenes. “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo que establece la ley 27.304″.

Por otro lado, el texto plantea la creación de un programa que promueve en forma progresiva el “desarme de la sociedad civil”. Brouwer de Koning afirmó que la iniciativa “es un aporte que apunta a prevenir y erradicar la violencia institucional”, tras sostener que esta ley “apunta a ser un aporte para llenar ese vacío”.

“Espero que la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente. Es una herramienta para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder”, sostuvo la madre de Blas durante la presunción del texto. La intención va en línea con las palabras que la madre del joven había pronunciado en febrero de este año, horas antes de que se produjeran los alegatos por el crimen. En ese entonces, Soledad expresó: “No voy a bajar los brazos para que se haga justicia por Blas, sino también por el crimen de otros chicos y para que la policía cambie. Queremos una policía en quien confiar, que nos cuide y no que nos mate”.

Fuente: Infobae

Un hombre y una mujer, ambos de 27 años y con antecedentes, fueron detenidos esta mañana en el barrio Juramento. El fue retenido por el morador de una casa, cuando ingresó con fines delictivos, mientras que ella fue aprehendida al pasar por la puerta profiriendo insultos y fue reconocida como cómplice por los vecinos.

El hecho ocurrió en una vivienda de Génova al 3800. Allí, el malviviente ingresó con fines de robo, pero fue sorprendido y retenido por el morador, un joven de 30 años. Al lugar acudieron efectivos del Comando de Patrullas.

Sin embargo, en el momento en que se identificaba al imputado, pasó por el lugar la malviviente, quien profirió insultos contras los efectivos. Sin embargo un testigo la identificó como cómplice del detenido.

Por este motivo es que los uniformados procedieron a su detención, la cual se logró en una vivienda de Nápoles al 3900.

Tras ser identificados, se comprobó que él tenía antecedentes por “hurto”, “tentativa de hurto”, “robo agravado por efracción” y “tentativa de hurto agravado”, mientras que ella poseía antecedentes por “amenazas” y “violación de domicilio”.

El fiscal Guillermo Nicora tomó intervención en el hecho y dispuso que ambos malvivientes sean alojados en la Unidad Penal N°44 y en el Destacamento Femenino, respectivamente.

En el marco de la investigación que se lleva adelante por una Asociación ilícita mixta y que tiene detenido con prisión preventiva al ex jefe departamental Jose Luis Segovia, la Justicia local realizó un allanamiento en el edificio de Entre Ríos y Gascón.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que tuvo acceso El Marplatense, el fiscal general Marcos Pagella llegó a la Departamental luego de recibir la autorización de la Justicia de Garantías para poder avanzar con algunas cuestiones pendientes administrativas de la causa. 

La línea que sigue Pagella y los integrantes del CATI dan cuenta de un sumario que “se le había hecho a Segovia por un mal funcionamiento en las patrullas de la ciudad”, adelantaron a este medio fuentes consultadas.

La Justicia, de ese modo, busca con el allanamiento en Mar del Plata y otro en Puente 12 “determinar quiénes participaron del ocultamiento de la sanción que no fue efectiva en su momento en Asuntos Internos", dijeron a este medio fuentes de la investigación consultadas. 

El ex titular de la Departamental fue detenido el pasado 8 de mayo en su lugar de trabajo, y junto a el varios ex policías y un comerciante, además de un abogado. Al paso de la investigación, la Justicia de Garantías confirmó la prisión preventiva para Segovia y para el oficial Gastón Moraña, el ex policía Javier González -estos dos acusados de ser sus recaudadores-, el ex policía Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti.

En tanto, el abogado Lautaro Resúa logró recuperar la libertad luego de dar su declaración ante la Fiscalía.  

Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO Libertad estrenaron su alianza en la Cámara de diputados bonaerense para presentar un proyecto de ley que autoriza a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires a utilizar las pistolas taser.

En ese sentido, el proyecto de ley firmado por todos los diputados del bloque de La Libertad Avanza y el PRO Libertad propone autorizar “el uso de armas no letales a los miembros de las fuerzas policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”.

En detalle, la iniciativa fue presentada por los legisladores de La Libertad Avanza Nahuel Sotelo, Alejandro Carrancio, Agustín Romo, Gastón Abonjo y Ramón Vera Chavez; y por los cinco integrantes del flamante bloque PRO Libertad Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Abigaíl Gómez y Oriana Colugnatti.

Cabe destacar que, el titular de bloque libertario, Nahuel Sotelo, presentó en 2022 un proyecto de similares características para implementar las pistolas Taser, pero no avanzó en las comisiones permanentes al no encontrar consenso con los distintos sectores de la oposición. Ahora, con el apoyo de PRO Libertad, la iniciativa vuelve a tomar impulso.

“El empleo de armas no letales queda estrictamente asignado a los funcionarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provincial que hayan sido especialmente instruidos para su empleo, luego de haber recibido la capacitación específica”, enfatiza el articulado del proyecto que ingresó en las últimas horas a la Legislatura bonaerense.

Los días 14, 15 y 16 de septiembre del corriente en instalaciones del espacio Teatro Tronador Eventos se llevaron acabo en una serie de conferencias denominadas "El delito de lavado de activos".

Estas reuniones tuvieron como orador al contador público Alejandro Cirianni quien se desempeñó como relator de la fiscalía general ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Asistieron el director general de la Agencia Regional Federal Mar del Plata Buenos Aires sur comisario mayor Ricardo Luis Ferreira; el comisario inspector Juan Villarino de la mencionada Agencia; el comisario Fernando Marinas del Departamento de Investigaciones Federales Mar del Plata y el subcomisario Walter More de la División Comunicaciones.

Las tres jornadas fueron destinadas a la capacitación de Oficiales Jefes, Oficiales Sub alternos, Suboficiales y Agentes de las distintas agencias dependientes de la Agencia Regional Federal Mar del Plata -Buenos Aires Sur- como así también de la División Antidrogas Mar del Plata y Gabinete Científico. Como así también para el Personal de Gendarmeria Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Prefectura Naval Argentina (PNA).

Dos mujeres policías que viajaban en moto por la avenida Luro fueron impactadas por un auto que doble a la izquierda, lo que no solo provocó el impacto sino además fracturas en ambas personas quienes fueron trasladadas y permanecen en observación.

El hecho ocurrió a las 2.40 de este miércoles, en avenida Luro y Ecuador, cuando un vehículo Renault Logan conducido por un hombre de 27 años quien circulaba por la arteria principal en dirección a Balcarce "y al llegar a calle Ecuador gira a la izquierda, colisionando con moto vehículo particular Honda XR, conducido por dos mujeres", detallaron las fuentes consultadas.

En el lugar, personal policial comprobó que se trataba de dos mujeres numerarias de la fuerza, de 26 y 28 años, que prestan servicios en el Comando de Patrullas Mar del Plata. "Ya se habían retirado franco de servicio, estando próximas a su domicilio", dijeron.

Se solicitó ambulancia SAME quien asistió y trasladó al HPC a las víctimas. El parte médico sobre el estado de salud de las efectivos policiales refiere que "la Oficial que conducía la moto posee fractura de ambos brazos y escoriaciones, mientras que la Oficial acompañante presenta fractura de fémur pierna derecha y escoriaciones, debiendo permanecer ambas internadas en observación", agregaron las fuentes oficiales de seguridad a El Marplatense.

Asimismo, se supo que se mantuvo comunicación con la fiscalía (UFIJE N°11), quien dispuso "el secuestro de ambos vehículos con fines periciales y en cuanto al conductor del vehículo se lo notifique de la formación de causa por Lesiones culposas", se le secuestre "licencia de conducir la cual es extranjera (España) y se le realice acta por falta de VTV", informaron.

Por Marcelo Marcel

"En estos momentos críticos para las fuerzas de seguridad bonaerenses, donde reclaman con razón y justicia una mejora en sus magros ingresos, recuerdo que está presentado en el senado de la Provincia de Buenos Aires, sin tratamiento de comisión hace casi 4 meses el proyecto creando el Defensor del Policía". Así, se expresó el senador marplatense Lucas Fiorini, en medio de una situación alarmante que se vive por estas horas en el reclamo de las fuerzas policiales del distrito bonaerense.

El senador Provincial recordó los alcances del proyecto que presentó en su momento, en un documento al que tuvo acceso El Marplatense.

"El Estado tiene que cuidar a aquellos que nos cuidan y proteger a quienes cumplen con su deber en beneficio de la comunidad. Es clave la confianza en la relación policía-ciudadano, confianza que comienza en la credibilidad del policía toda vez que se dispone a servir a la sociedad aún a riesgo de su propia vida. En este marco observamos cómo en numerosas ocasiones las víctimas que ven vulnerados sus derechos –en el ejercicio de su profesión- son los propios policías", detalla el proyecto.

En estos momentos críticos para las fuerzas de seguridad bonaerenses, donde reclaman con razón y justicia una mejora en sus magros ingresos, recuerdo que está presentado en el @Senado_BA sin tratamiento de comisión hace casi 4 meses el proyecto creando el Defensor del Policía... pic.twitter.com/a0CJrFiDx9

— Lucas Fiorini (@lucascrear) September 8, 2020

Para Fiorini, "con la figura del Defensor del Policía se respalda y se avanza en el reconocimiento y valoración de esta noble vocación pública: buscamos asegurar las debidas condiciones de servicio a todo agente policial y brindarle la seguridad laboral, jurídica y administrativa necesaria requerida para el desarrollo diario de sus funciones, sabiendo que habitualmente deben desenvolver su labor en situaciones difíciles y complicadas".

"Creemos -agrega- por ello necesario incorporar a nuestro sistema legal vigente la figura del Defensor del Policía, capaz de velar por el correcto ejercicio de sus derechos y que actúe en defensa de los mismos, asegurando una tutela efectiva y evitando todo menoscabo del status policial que aparezca como injustificado. La seguridad es un asunto integral, y la defensa de nuestros agentes policiales es parte sustancial de este deber del Estado para con los ciudadanos".

El Defensor del Policía es una herramienta concreta, brindando un área específica que podrá contar con todos los recursos disponibles (profesionales, presupuestarios, legales, administrativos) para poder darle la necesaria cobertura al buen policía, cobertura que ayudará a potenciar su desempeño y que, consecuentemente, contribuye a un mejor servicio a la ciudadanía.

"La misión de esta Defensoría será representar y ejercer la defensa del personal policial, atendiendo conjuntamente las observaciones, sugerencias, dudas, quejas y peticiones formuladas por el personal policial en situación de actividad cuando denuncie cualquier tipo de vulneración de derechos, incluyendo la realización de investigaciones, gestionando estímulos y beneficios para su desarrollo personal y familiar, formulando recomendaciones y planteando mecanismos de solución y correctivos con miras a garantizar la correcta y adecuada aplicación de las normas vigentes, el control integral de las acciones del sistema policial de la Provincia y de los recursos humanos que lo integran. También elaborará informes que contengan recomendaciones para solucionar situaciones que puedan manifestar un patrón de violación o vulneración de derechos del policía que repercutan de lleno en su actividad menoscabando su persona", recalca el senador marplatense en su escrito.

La Defensoría del Policía se crea en el ámbito funcional del Ministerio de Seguridad. La Defensoría estará a cargo de un Defensor General del Policía acompañado por defensores adjuntos, el cual será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

"El Defensor del Policía deberá tener título de abogado. El Defensor General durará en sus funciones cinco años y durante su mandato podrá ser removido por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", expresó Fiorni en este proyecto.

La Defensoría del Policía tendrá como objetivos primordiales: ● Asesorar y representar jurídicamente al personal policial. ● Prescribir recomendaciones y diseñar mecanismos de solución frente a organismos públicos. ● Atender y responder consultas, observaciones y sugerencias relacionadas con la protección de los derechos del personal policial ● Proponer al Ministro de Seguridad políticas del área, y participar en el diseño de la política oficial de medios de comunicación social relacionada con la jerarquización de la Institución policial. ● Promover el desarrollo de la investigación y capacitación del personal policial. ● Gestionar asistencia al personal policial, cuya situación económica social incida negativamente en el desenvolvimiento de su cargo, incluyendo la gestión de créditos y demás herramientas para su desarrollo económico.

La defensoría tendrá como atribuciones: ● Intervenir en todo asunto administrativo que afecte la persona o bienes del personal policial por motivo u ocasión de su función. ● Ejercer la representación en sede administrativa del personal policial en caso de que no dispusiere de la misma. ● Asesorar al personal policial. ● Impulsar las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes del personal policial. ● Iniciar actuaciones administrativas o judiciales correspondientes. ● Peticionar ante las autoridades administrativas y policiales correspondientes la aplicación de las medidas de protección del personal policial. ● Realizar todos los actos útiles en defensa del personal policial contra todo acto u omisión que vulnere sus derechos, ejerciendo la defensa de los mismos.

Dos policías de la Delegación departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas están siendo juzgados en el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata, acusados de liberar zonas que coincidían con calles donde mujeres travestis/trans en situación de prostitución eran dispuestas para la venta de estupefacientes al menudeo.

El accionar de esa banda fue comprobado en el juicio abreviado parcial que condenó a seis personas y al que los efectivos se negaron.

En el marco de la pandemia, el juicio atraviesa distintas instancias de la virtualidad: en la sala de audiencias se encuentra el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, en representación del Ministerio Público Fiscal, la defensa de los acusados, y uno de los jueces, Roberto Falcone, mientras que los magistrados Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez siguen el debate de manera remota desde San Martín; lo mismo sucede con los acusados, Jonatan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti, detenidos en el penal de Marcos Paz.

Luego de escucharse la semana pasada testimonios aportados por el MPF, este jueves se presentarán testigos propuestos por la defensa. Para el viernes está previsto el inicio del alegato de la fiscalía.

La acusación

Arce y Scaltritti están acusados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley. “La presencia policial dando protección a un lugar donde se ejerce una actividad ilegal, es un hecho gravísimo y la participación en el mismo no puede ser considerada secundaria”, leyó Pettigiani en el inicio del debate en alusión a un fallo de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa caratulada “Quintana, Andrés Javier s/recurso de casación”. La pena prevista para este delito oscila entre los seis y 20 años de prisión.

Probado el accionar de la organización criminal que integraron Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli -por su nombre autopercibido- Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez, al menos desde febrero de 2014 hasta el 13 de mayo de 2017, la hipótesis delictiva de este debate oral y público -que complementa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en septiembre de 2019- señala que la banda contaba con la participación, connivencia y protección policial.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, para que los condenados y condenadas operaran en la denominada “zona roja” necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en esa zona -Comisaría 4ta-, y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.

La hipótesis se fue consolidando a partir del resultado que arrojaban las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación: demostraron cómo era el funcionamiento real de la organización que se valía de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y necesidad, que encontraban el sometimiento como única opción valedera para alejarse de la situación de pobreza y discriminación en la que se encontraban, al ejercer la prostitución y vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores. Esto permitió ver la existencia de otra estructura conformada presuntamente, al menos de momento, por los oficiales Arce y Scaltritti.

Según la pesquisa, los agentes policiales tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a sus víctimas en las “paradas”/esquinas previamente designadas para que allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes, lo que les permitiría hacerse y repartirse el dinero obtenido.

Conversaciones telefónicas y por WhatsApp que constan en el expediente permitieron visualizar que los funcionarios policiales sindicaban a Cambareri como quien, cuanto menos, manejaba la zona. Pero no sólo las intervenciones en los celulares dan sustento a la participación de la policía en los hechos. La palabra de los vecinos y vecinas, quienes declararon ante la Unidad Fiscal de Estupefacientes, dan cuenta de que la fuerza “se lava las manos”, que los que “venden” están “entongados con el comisario de la comisaría de la zona” y que venden estupefaciente delante de la policía.

De la causa surge también lo dicho por algunas de las víctimas: debían pagarle a Cambareri la suma de tres mil pesos para ser autorizadas a estar en esa zona, que nucleaba parte de la avenida Luro, la avenida Champagnat y calles transversales y paralelas. “Parte de ese ‘canon’ exigido no tenía otro fin más que ser entregado a los efectivos policiales con jurisdicción en la zona para que omitieran controlar y prevenir el delito en su jurisdicción, como ha quedado acreditado con mayor fuerza aún, mediante la comunicación que mantuvo uno de los acusados con otra persona, en la que acordaban ‘liberar la zona’, favoreciendo entonces la realización de las conductas atribuidas a los imputados”, leyó la fiscalía en el inicio del juicio.

Más allá de la cobertura en la zona para la venta de cocaína, los policías están acusados de comercializar marihuana a modo de emprendimiento ilegal: de la causa surgen numerosas conversaciones de WhatsApp en las que Scaltritti ofrece “frascos” “a dos”, en cuyas imágenes se observan sustancias estupefacientes.

Fuentes de El Marplatense confirmaron este domingo por la tarde el caso positivo de una efectivo que se desempeña en la Comisaría de la Mujer, al tiempo que en la ampliación del parte oficial del municipio se hizo lo propio con el policía del Comando de Patrullas.

Ambos casos fueron reconfirmados por la DDI Mar del Plata y detallaron que respecto a la efectiva, por contactos, fueron aislados cinco policías en sus domicilios. De ellos, tres manifiestan síntomas.

Mientras que del personal del Comando de Patrullas, Base Norte, fueron tres los efectivos aislados en sus domicilios y se encuentran asintomáticos.

Abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que desapareció el pasado 30 de abril entre el distrito bonaerense de Villarino y Bahía Blanca, pidieron la detención de cuatro policías a los que involucran en el hecho.

El pedido fue formalizado por los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, al considerar que los uniformados tuvieron responsabilidad directa o indirecta en la desaparición del joven.

Por su parte, Cristina Castro, la madre del joven, cuestionó este martes tanto al presidente Alberto Fernández, como al gobernador bonaerense Axel Kicillof al señalar que parece que "no se enteraron que desapareció un pibe".

"Es como que todo el mundo dice que estamos ensuciando una gestión, un gobierno, una presidencia; ¡no señores!", expresó la mujer en rueda de prensa.

También responsabilizó por el hecho a "todos" los policías de las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone: "Hay involucrados y quienes callaron son tan desaparecedores como los que se lo llevaron", consideró.

En tanto, en las próximas horas se espera que sean peritados una serie de elementos, al menos uno de ellos que pertenecería al muchacho, secuestrados en el puesto policial de Teniente Origone, los cuales fueron marcados por un perro rastreador en un montículo situado detrás del destacamento.

Se trata de una figura oval de madera que desde el exterior copia a una sandía y que está compuesta de dos mitades y ahuecada en el medio, donde guarda una muy pequeña vaquita de San Antonio y una etiqueta con la frase "I love you".

El hecho de este jueves al mediodía en barrio Chauvín puso en alarma al gobierno de Guillermo Montenegro. Allí estuvo el secretario de Seguridad Darío Oroquieta, quien anticipó su preocupación por los crecientes hechos delictivos en Mar del Plata. Y uno de los motivos recae sobre la ausencia de fuerzas federales: alrededor de 500 ya no están desde antes del inicio de la pandemia.

Sobre esta cuestión, Oroquieta confió en diálogo con CNN Radio Mar del Plata que " estamos con 500 efectivos de fuerzas federales menos, de Gendarmería que hacía un gran trabajo en el distrito, lo que generó una merma en el recurso operativo de calle. Algo que la Policía de la Provincia y local  ha ido supliendo. Igualmente se siente y los hechos están a la vista".

En relación a la cantidad de hechos producidos en los últimos días, el secretario de Seguridad subrayó que "cuando comenzó la pandemia los hechos bajaron, pero luego comenzó una curva ascendente que genera una gran preocupación, que queremos hablar y que hasta el Ministro de Seguridad hablaba de este mismo escenario, que tiene que ver  en este contexto que estamos viviendo".

Y añadió: "Esto conlleva otras situaciones a las que tenemos que estar atentos y necesitamos los recursos para actuar rápido. En febrero se llevaron 150 agentes de Gendarmería y antes del inicio de la pandemia otra tanda de más de 150", recalcó.

"La ciudad necesitaba a los 500 efectivos antes y ahora. Tenemos que entender la problemática, la circunstancia, el contexto y trabajar", aseguró el funcionario.

En cuanto a los motivos del Ministerio de Seguridad de la Nación para esta reducción de personal, Oroquieta expresó que "por razones tácticas y estratégicas, han decidido que la Gendarmería no esté más en Mar del Plata y es una gran pena. La necesidad viene desde hace años y es increíble que una ciudad con casi un millón de habitantes no cuente con ninguna fuerza federal que pueden coayudar a la seguridad de los ciudadanos. Es un complemento necesario, sobre todo para el crimen organizado".

Para revertir esta situación "lo hemos pedido en reiteradas oportunidades, pero ya nos excede. Por ello también hay que agradecer a la Policía de la Provincia que redobla los esfuerzos", cerró.

De esta forma, el funcionario de Guillermo Montengro se alineó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien hace pocos días volvió a marcar claras diferencias con su par nacional, Sabina Frederic, con quien no tiene contactos desde marzo, y manifestó su molestia por la “falta de apoyo del Gobierno Nacional” a su gestión.

“No tengo ningún apoyo del ministerio de Seguridad de la Nación. Nada. Y no importa que seamos todos del mismo partido. Es la voluntad que tiene el Gobierno de no asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda y que no tiene material humano y tecnológico para afrontarla”, se quejó Berni.

Durante una entrevista en el canal de noticias A24, Berni mostró su preocupación por los últimos episodios de inseguridad en el Conurbano y aseguró “estar resignado” por la falta de recursos para afrontar la situación. Además, dijo que en el territorio bonaerense tienen proyectados para este año casi mil homicidios.

En medio del reportaje, el intendente Guillermo Montenegro le envió un mensaje al periodista rosarino. "Es impactante la cantidad de mensajes que estoy recibiendo", dijo Novaresio. "Rescato uno, que me parece emblemático, que es del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, del PRO. Me dice, lo que está diciendo Berni en mi ciudad es así, el compromiso de la policía en mi ciudad es impecable. Es rigurosamente cierto lo que dice el ministro de Seguridad", contó Novaresio al aire.