El Gobierno fijó por 150 días corridos, precios máximos de venta institucional a los organismos de salud de los subsistemas público, privado y de la seguridad social de todo el país, para cinco medicamentos que se utilizan para tratar la Covid-19.

La misma estableció los valores para las ampollas de Atracurio, 50 miligramos por 5 mililitros, $ 511; de Bromuro de pancuronio, 4 mg x 2 ml, $ 126; de Fentanilo, 0,25mg x 5ml, $ 217,1; de Midazolam, 15mg x 3ml, $318,2; y de Propofol, 200mg x 20 ml, $570,4.

La normativa puntualizó que "las autoridades de las carteras sanitarias provinciales han manifestado a su par nacional su preocupación por el incremento de los precios de los productos críticos para atender los pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva para los casos Covid-19".

Precisó que "se han registrado subas promedio del orden del 26% mensual, entre enero y octubre, en los precios informados a nivel institucional tanto en el sector público, como de la seguridad social y sector privado e incrementos que en algunos casos acumulan entre el 500% y el 1.000% en lo que va de 2020".

Al respecto, desde Comercio Interior señalaron a Télam que "los aumentos del 500% y 1.000% que dice la resolución conjunta son irrazonables porque no se desprenden de la estructura de costo".

"Sino que la única razón que explica esta conducta es el aprovechamiento del crecimiento de la demanda institucional de estos medicamentos para hacer frente a las internaciones de pacientes con Covid-19, sumado a las restricciones externas para las adquisiciones a gran escala debido al alcance mundial de la pandemia", remarcaron.

Del mismo modo, la resolución indicó que "las subas de precios ocurridas no obedecen a parámetros que puedan justificarlas, aun comparándola con el resto de la canasta de productos médicos similares o con el índice de precios al consumidor, configurándose de este modo un aumento injustificado por la desproporción porcentual que representa".

Por lo tanto, advirtió que "el aumento de los precios en forma constante, permanente y alejado de los índices mencionados pone en riesgo el acceso a la salud de la población como consecuencia de que se tengan que restringir las camas existentes en las diversas unidades de terapia intensiva (UTI)".

Indicó que "el incremento de precios informado por las distintas carteras de salud provinciales resulta desproporcionado, y configura un escenario en el que la cadena de comercialización de los productos indicados obtendría ganancias abusivas",

Al respecto, remarcó que eso "atenta contra el bienestar de la población en estado de emergencia sanitaria, y dificulta el acceso a insumos críticos en aquellos pacientes que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad y riesgo de vida".

También sostuvo que "el contexto descripto pone en riesgo los esfuerzos que se han realizado en el sector público, tanto a nivel nacional, provincial y municipal y en el sector privado para incrementar la cantidad de camas en terapia intensiva y optimizar su atención".

La resolución destacó que "durante el período de vigencia de la presente medida los productores y distribuidores o comercializadores no podrán establecer precios de venta a organismos de salud públicos, privados y de la seguridad social superiores a los previstos, sin considerar el IVA".

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre próximo la vigencia de los precios máximos para 854 productos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, cuyos valores deben ser los que regían al 6 de marzo último, en el marco de las medidas para paliar la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

La resolución 854/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este lunes en el Boletín Oficial, extiende los alcances de la resolución 100/2020 de la misma dependencia.

La medida incluye a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas.

Estos deben mantener para 854 productos como precios máximos de venta al consumidor final aquellos efectivamente informados por cada comercializadora al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) vigentes al 6 de marzo de 2020.

Lo mismo rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones, que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.

En este caso deben mantener los precios vigentes al 6 de marzo último para venta a consumidores, hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas y supermercados mayoristas.

Además, Comercio Interior intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires denunció este martes que las grandes cadenas de hipermercados no cumplen con el programa de Precios Máximos, tras detectar faltantes de mercaderías en las góndolas y verificar importes por encima de lo pactado.

El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, explicó que se controlaron "vía web 50 artículos incluidos en el listado de Precios Máximos, dentro de los que se encuentran productos como aceites, azúcar, arroz, harinas, gaseosas, conservas de tomate y arvejas, mermelada, mayonesa, fideos, café, cacao en polvo, lácteos como crema, queso untable, manteca, yogur, leche, leche saborizada y dulce de leche".

El organismo apuntó contra Vea, Día, Disco y Walmart. Eduardo Carnicero, delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Mar del Plata, "en esta época difícil para el bolsillo de todos los ciudadanos, se han observado muchos incrementos", señaló.

"En estos 4 supermercados se ha detectado falta de stock y en algunos casos montos superiores a los establecidos por el Gobierno", indicó.

A su vez, Carnicero sostuvo que "más allá de las infracciones que puedan sufrir las empresas por el incumplimiento de las normativas, lo importante es que se cumpla y de ese modo cuidar la economía de la ciudadanía".

"Los precios máximos están prorrogados hasta agosto y en esta situación de emergencia no son una opción. Hay una obligación a fin de que las cadenas cumplan", manifestó.

Además, remarcó la importancia de la medida de Lorenzino para establecer los controles a través de medios digitales. "Entendemos que no se puede establecer un control en góndola por el contexto, por eso la iniciativa del titular de la Defensoría es muy ingeniosa a pesar de los impedimentos", expuso.

Por último, dijo que "la Defensoría es un organismo de contralor, que registra el cumplimiento de la normativa y denuncia a las entidades correspondientes", concluyó.

El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de junio la política de precios máximos e intimó a las empresas a reforzar la producción para evitar situaciones de desabastecimiento, en medio de la progresiva flexibilización de la cuarentena por coronavirus.

La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, oficializó la medida a través de la Resolución 133/2020, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La política de precios máximos fue instaurada el 19 de marzo, por 30 días corridos. El 18 de abril fue extendida por un mes. La nueva prórroga se justificó para “salvaguardar el bienestar del pueblo argentino y asegurar el acceso a los bienes de consumo general esenciales en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todos y todas”.

Están alcanzados más de 2.000 productos de los rubros alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza, que deben tener como referencia los precios informados a las autoridades el 6 de marzo de 2020.

Además, el Gobierno consideró necesario volver a intimar a las empresas de toda la cadena productiva de los bienes de consumo masivo a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada”, para “satisfacer la demanda creciente de la población y entidades públicas” y evitar así “situaciones de desabastecimiento”, reza la resolución.

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronovirus y luego de que el INDEC informara que la inflación de abril fue de 1,5%, la más baja desde noviembre de 2017, el Gobierno Nacional decidió prorrogar por un mes más el plan de Precios Máximos, que alcanza a alimentos, bebidas, productos de limpieza y de cuidado personal.

La extensión se logró gracias a un buen diálogo con las empresas, con las que el Ejecutivo analizará la estructura de costos para que una vez finalizada la pandemia no haya un aumento generalizado en los productos de primera necesidad.

Este plan oficial contiene principalmente alimentos y bebidas, y busca frenar en el acuerdo los aumentos en ese rubro, que vienen en suba más que el nivel general de inflación.

A pesar del congelamiento de precios que ordenó el Gobierno al inicio de la cuarentena, los valores de los alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a subir por encima del promedio, ya que tuvieron un incremento de 3,2% de acuerdo al organismo estadístico.

Desde diciembre, esos artículos de primera necesidad tuvieron un alza del 15,2% por encima del 9,4 del alza de precios minoristas.

La preocupación por la suba de precios quedó reflejada esta mañana cuando el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que en los barrios más pobres "los alimentos de la canasta básica subieron aún más" que en el resto de los sectores, ante lo cual señaló que se "evalúa" la posibilidad de aumentar el monto de la tarjeta alimentaria.

La intención del Ejecutivo es mantener el Programa con los precios que rigen desde el 6 de marzo pasado, aunque las empresas presionan por aplicar actualizaciones.

La Secretaría del Comercio Interior de la Nación estableció precios de referencia para las distintas presentaciones de alcohol en gel, con costos al consumidor que irán entre 110 y 500 pesos, dependiendo el cantidad. Así se establece en la Resolución 115/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En los fundamentos para adoptar esta medida se indica que "el Gobierno Nacional debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva". Por esto, se decide intervenir "frente al aumento irrazonable verificado respecto del alcohol en gel, a fin de asegurar un acceso justo y equitativo a este producto en el período de emergencia".

La medida es de aplicación inmediata y se establecen los precios de referencia con el siguiente detalle:

La resolución completa, publicada en el boletín oficial: