Las empresas de medicina prepaga comenzaron a ampliar sus servicios con planes de salud veterinaria para mascotas, en un contexto en el que 8 de cada 10 hogares argentinos tienen perros o gatos, mientras que en menos de la mitad hay menores de 18 años.

La medida se vincula con los cambios en la composición de las familias, donde las mascotas pasaron a ocupar un rol central. Según datos difundidos por agencias especializadas, Argentina se ubica entre los diez países con mayor cantidad de perros en el mundo, con alrededor de 10 millones, una cifra similar a la de la India, pese a tener una población 30 veces menor.

Además de las prepagas conocidas, existen empresas creadas exclusivamente para la atención de animales, con redes propias o conveniadas de veterinarias. Algunas funcionan con un sistema de reintegros para consultas en cualquier veterinario matriculado del país, otras ofrecen planes que van desde coberturas básicas hasta premium, con valores que parten de $41.250 por mascota. Otros servicios incluyen videollamadas con veterinarios y cobertura médica de hasta $2.000.000 según el plan.

En cuanto a los costos, las cuotas mensuales oscilan entre $41.250 por una mascota y $144.000 para cinco animales. También existen seguros que comienzan en $8000 mensuales con coberturas de hasta $2.140.000 por daños y lesiones. Los planes suelen incluir consultas veterinarias, urgencias, medicamentos, cirugías, internación, estudios, tratamientos y responsabilidad civil por daños a terceros.

Los planes básicos cuestan entre $8000 y $16.000 mensuales e incluyen vacunas, consultas y algunas urgencias. Los planes intermedios se ubican entre $40.000 y $70.000 e incorporan estudios complejos y mayores reintegros. Los planes premium superan los $90.000 e incluyen servicios como peluquería, guardería y terapias alternativas como fisioterapia o acupuntura.

De manera general, la mayoría de las coberturas estándar contempla consultas presenciales, a domicilio o por videollamada, vacunación, castración, guardia veterinaria las 24 horas y descuentos en farmacias veterinarias, alimentos balanceados y peluquería.

Fuente: con información de DIB

El Gobierno nacional puso en marcha un procedimiento administrativo para dar de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a un total de 20 organizaciones que, tras las verificaciones realizadas, no registraban actividad operativa ni afiliados activos dentro del sistema de salud privado.

La medida fue impulsada por la Superintendencia de Servicios de Salud y apunta a depurar el padrón oficial, manteniendo únicamente a aquellas entidades que cumplen con los requisitos legales y efectivamente brindan prestaciones médicas. Según se informó, las firmas alcanzadas por esta decisión no desarrollaban funciones concretas ni contaban con documentación actualizada que acreditara su funcionamiento.

Dentro del listado aparece Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil, lo que generó consultas en el ámbito local. No obstante, desde Centro Medicommar del Plata Asociación Civil aclararon que la inclusión de su nombre responde a una situación administrativa vinculada a registros anteriores y no a su actividad actual.

La entidad marplatense destacó que no opera como empresa de medicina prepaga ni ofrece planes de cobertura médica, sino que se trata de una asociación civil sin fines de lucro integrada por profesionales de la salud del Partido de General Pueyrredon. En ese sentido, remarcaron que el proceso iniciado por el organismo nacional no implica cambios en su funcionamiento ni afecta a pacientes o trabajadores.

Desde el área de control explicaron que este tipo de resoluciones forman parte de una política de ordenamiento del sistema, con el objetivo de transparentar la información y evitar la permanencia de entidades inactivas dentro del registro oficial.

El grupo MePLIFE Salud continúa su expansión en todo el país y, a tres años de su llegada a Mar del Plata, refuerza su compromiso con la atención médica de calidad, cercana y accesible. Su oficina comercial y administrativa está ubicada en Diagonal Pueyrredón 3350, donde brinda atención personalizada de lunes a viernes, de 09:00 a 15:30.

Con sólida trayectoria en el ámbito de la salud privada y presencia en provincias como Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires, MePLIFE apuesta por un modelo de atención diferente. “Estamos en Mar del Plata para estar cerca, con un modelo de atención flexible, empático y moderno”, expresó Juan Stefani, gerente comercial de la firma.

Los planes de salud están diseñados para adaptarse a las necesidades de cada familia, priorizando el bienestar integral de los afiliados. “Nuestro objetivo es que el socio se sienta tranquilo, cómodo, seguro y acompañado, sabiendo que tiene una cobertura médica presente en el momento que más lo necesita”, destacaron desde la empresa.

En paralelo, MePLIFE lidera un proceso de transformación digital que incluye el desarrollo de una aplicación móvil, canales de atención vía WhatsApp y una experiencia de usuario pensada para acompañar al afiliado a lo largo de su vida, con soluciones ágiles y eficientes.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web www.meplifesalud.com.ar o seguir las novedades en Instagram a través de la cuenta @meplifesalud.mdq.

El Gobierno modificó un requisito que deben cumplir las empresas de medicina privada. Desde este viernes, las prepagas tendrán la obligación de informarle a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en las cuotas antes de ser comunicado a sus afiliados.

Para eso deberán publicar los nuevos valores de los planes de salud en la página oficial de la Superintendencia dentro de los cinco días posteriores a la publicación del dato de inflación del INDEC. Así lo dispuso la resolución 645, publicada en el Boletín Oficial. Hasta el momento, el ajuste de los aranceles eran informados a sus afiliados de forma individual en el mismo lapso.

En esa plataforma, los interesados podrán comparar cuánto aumentó cada prepaga y con ese dato tomar decisiones. Según los considerandos de la resolución, las empresas deberán proporcionar un desglose que incluya desde el costo base del plan hasta los detalles de los copagos.

De acuerdo con la resolución 645, las empresas de medicina privada tendrán que proporcionar a sus afiliados y a la Superintendencia un desglose con los siguientes conceptos:

Aumentos en las cuotas de las prepagas: qué datos deben informar las empresas a los afiliados y al Gobierno (Foto: Freepik)

Esta presentación será plasmada por las empresas de medicina privada en una plataforma web de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). De esta manera, cualquier ciudadano podrá consultar la información.

Desde la Superintendencia de Salud advierte que el incumplimiento de la nueva normativa ”será considerado falta formal, sin perjuicio de la invalidez de la notificación contemplada". Esto implica un aviso con al menos treinta días corridos de antelación al vencimiento del pago de la obligación.

En mayo, las cuotas de las prepagas subieron entre 2,5% y 2,6%, según la empresa. El alza en los aranceles es “necesaria para poder afrontar los costos” y para garantizar el servicio.

En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo al plan de salud y la empresa.

Fuente: TN

Las empresas de medicina prepaga darán marcha atrás con los aumentos de las cuotas previstos para mayo, tras una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Los planes iban a sufrir incrementos de hasta un 3,7%.

En el encuentro se comunicó que la Superintendencia está trabajando en una nueva resolución, la cual obligará a las empresas a que carguen en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud los nuevos valores de planes en los 5 días siguientes a la publicación del índice de inflación, tal como le notifican a los afiliados. 

Además, deberán informar aumentos por plan, zona y cantidad de afiliados en cada caso.

El Gobierno indagó a los representantes de las principales empresas de medicina prepaga del país porque las primeras cartas a los afiliados se ubicaron más cerca del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que el de salud, que fue de 1,8%.

Para las autoridades, las empresas deben tener como referencia el índice de salud y no otros, que poco tienen que ver con la tarea que comercializan.

Al respecto, los funcionarios destacaron que el 21,6% de educación o el 4,6% de vestimenta no deberían impactar en el sector de salud.

Durante la reunión no hubo un pedido explícito por parte del Gobierno para que den marcha atrás con el aumento, pero las autoridades dieron detalles a los empresarios sobre las medidas que se están tomando para reordenar el sistema y darle reglas de juego claras a las empresas para que compitan.

Del encuentro participaron los representantes de Medicus, Sancor, Hospital Italiano, Accord, Osde, Swiss Medical, Galeno, Omint y Hominis.

Los empresarios, que aceptaron acompañar con el gesto al Ejecutivo, coincidieron en que el aviso de un nuevo aumento se dio el viernes 11 de abril, cuando salió el dato de inflación, se levantó el cepo y había mucha incertidumbre de a cuánto se podía ir el dólar.

Después de la publicación del dato de la inflación, las prepagas tienen 5 días para informar el aumento del mes siguiente a sus afiliados, pero en la práctica lo hacen desde el día siguiente. Es decir, que empezaron a informar los aumentos desde le sábado 12, en medio de la incertidumbre.

Con el pasar de los días, coincidieron en que el dólar no tuvo un salto significativo, motivo por el que decidieron retrotraer el aumento acordado. Además, fuentes de las empresas confirmaron que el Gobierno tomó el compromiso de seguir las variables de los costos para asegurarse que suban más que las cuotas.

Los aumentos finalmente quedarán en torno al 2,5% o 2,6%. Ese dato es el que el Gobierno tomará para calcular la inflación del mes.

Las empresas destacaron que hay una cuestión administrativa que se debe tener en cuenta: como las cartas a los afiliados salieron entre el 12 y el 14 de abril, muchos ya recibieron la factura y algunos hasta ya las pagaron.

En ese marco, lo que acordaron las empresas con el Gobierno es que la semana que viene se informará el ajuste final, pero en los casos en que ya se haya realizado la facturación, el crédito quedará para el mes que viene, es decir, que se verá en la factura de mayo que se paga en junio.

Participaron de la reunión, por parte del Ministerio de Salud, la viceministra, Cecilia Loccisano, y el jefe de Gabinete, Roberto Olivieri, mientras que por la Superintendencia, el gerente general, Claudio Stivelman, y el gerente de Sistema, Juan José Picón.

El sistema de seguridad social en Argentina ha atravesado importantes transformaciones a lo largo de su historia. Una de las más relevantes, introducida en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem, fue la desregulación de las obras sociales sindicales a través del decreto 1141. Sin embargo, junto con los cambios positivos, surgió una práctica que durante décadas encareció y complicó el acceso a la cobertura médica: la triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas. Ahora, con la implementación del Registro Nacional de Agentes del Seguro, desde este 1 de diciembre, el Gobierno busca poner fin a esta modalidad burocrática y beneficiar a los usuarios.

El decreto 1141 de 1996 marcó un antes y un después en el sistema de seguridad social del país. Entre los cambios más significativos, se encontraba la posibilidad de que los beneficiarios pudieran migrar de una obra social a otra, algo que anteriormente era impensable. También se introdujo el Programa Médico Obligatorio (PMO), que garantizó una canasta mínima de prestaciones de salud, medicamentos y servicios para todos los afiliados.

Para financiar el PMO, se creó el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), alimentado por aportes del 6% del salario del empleador y el 3% del empleado. De estos fondos, el 85% se destinaba directamente a las obras sociales, mientras que el 15% restante se canalizaba hacia un fondo común administrado por la entonces AFIP (ahora ARCA). Este sistema buscaba asegurar que incluso las obras sociales con menos recursos pudieran garantizar las prestaciones establecidas en el PMO.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década del 90, comenzó a implementarse un esquema que complicó la dinámica del sistema: la triangulación. Para cambiar de prepaga, los usuarios debían pasar obligatoriamente por una obra social intermediaria. Este paso adicional generó costos extra para los afiliados y enriqueció a entidades que, en muchos casos, no ofrecían ningún servicio real.

Según explica Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, muchas de las obras sociales intermediarias operaban como “sellos de goma”. Estas entidades no brindaban servicios médicos, pero retenían un porcentaje de los aportes -del 2% al 7%- en concepto de comisión o “peaje”. Este esquema estaba legalmente establecido, lo que permitió que perdurara durante años.

Un caso emblemático citado por Rubinstein es el de “Capitanes de Ultramar”, una obra social que pasó de ser casi inexistente a manejar una gran cantidad de beneficiarios gracias a un convenio con OSDE, sin ofrecer beneficios reales. Este tipo de prácticas demostraba que el sistema de triangulación no sólo encarecía la cobertura médica, sino que también alimentaba la proliferación de intermediarios sin valor agregado.

El flamante Registro Nacional de Agentes del Seguro, recientemente implementado, busca eliminar la necesidad de intermediarios. Con esta medida, los afiliados podrán derivar sus aportes directamente a la prepaga o la obra social de su elección, sin pasar por un tercero. Este cambio promete varios beneficios.

Uno de ellos es la reducción de costos para los usuarios: al eliminar las comisiones retenidas por las intermediarias, el dinero que antes se destinaba al “peaje” ahora irá directamente a las prepagas u obras sociales. Esto debería reflejarse en una disminución de los costos para los afiliados.

También la simplificación del sistema, ya que los usuarios tendrán mayor libertad para elegir su cobertura médica, sin las trabas burocráticas impuestas por la triangulación, pero además permitirá la igualdad de condiciones, puesto que las prepagas ahora tendrán los mismos derechos y obligaciones que las obras sociales, garantizando una competencia más equitativa.

Si bien la eliminación de la triangulación representa un avance significativo, también plantea algunos desafíos. Rubinstein advierte que esta medida podría generar tensiones financieras en las prepagas. Al eliminar intermediarios y permitir el ingreso directo de afiliados, es probable que aumente la cantidad de usuarios en estas entidades, especialmente entre aquellos con salarios más altos. Este incremento en la demanda podría dificultar el financiamiento de las prestaciones garantizadas, llevando a una mayor presión sobre los recursos de las prepagas.

Al eliminar una práctica burocrática y costosa que perduró por décadas, el Registro Nacional de Agentes del Seguro busca garantizar un acceso más transparente y económico a la cobertura médica. Aunque todavía quedan desafíos por resolver, como la tensión financiera que podría enfrentar el sistema, este cambio sienta las bases para un modelo nuevo.

Fuente: Noticias Argentinas

Octubre llega cargado de subas que impactarán en los bolsillos de los argentinos y que le seguirán metiendo presión a la inflación. Desde el habitual ajuste de las prepagas y el alquiler, hasta las subas en transporte, sufrirán ajustes en el décimo mes del año. Sin embargo, se espera que gas y naftas bajen.

En la era de precios liberados -con opciones de ajuste por tipo de plan y zona geográfica-, las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar sus notificaciones de aumento a los afiliados. Pero mayor novedad de los ajustes de octubre pasa por una nueva alternativa que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) habilitó y que tiene que ver con subas discriminadas por región del país. Según se informó, para las provincias de la región Norte, el incremento será del 4,2%; para las del Centro (incluido el AMBA), del 5,5; y para las de la Patagonia, del 6,5%. En lo que respecta a las compañías, el incremento más pronunciado lo marcó Accord Salud, que comunicó a sus afiliados una suba de 8,4%.

En el Gobierno esperan que en octubre bajen por primera vez en más de cinco años el precio de los combustibles, con un retroceso del 3% promedio para el gasoil y del 1,5% para la nafta (alrededor de $1.043 por litro en Buenos Aires). Así lo anticipó YPF aunque aún no lo confirmó. En el peor de los casos, en la gestión libertaria imaginan que las petroleras no aplicarán ningún tipo de aumento y eso permitirá mostrar una continuidad en la desaceleración de la inflación. Si bien la petrolera de bandera daría el puntapié, se espera que el resto de las competidoras (Axion, Shell -Raízen- y Puma, entre otras), sigan el mismo sendero descendente la semana que viene.

Los contratos de alquiler regidos por la antigua Ley sufrirán un nuevo incremento en octubre. Sin embargo, por segunda vez en cuatro años, el Índice de Contratos de Locación (ICL) mostró una desaceleración en el incremento por lo que el aumento será del 237,9%. Aunque se trata de una suba significativa para el bolsillo del inquilino, marca una caída con respecto a la del mes anterior, que fue 243,1%. En números concretos, si un inquilino paga un alquiler de $200.000, a partir del próximo mes y por los siguientes doce deberá abonar $675.801.

Como los precios mayoristas del gas (en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST) caen entre octubre y abril, por la manera en que se consume el gas y cómo se estructuró el Plan Gas, se espera una mínima baja de la tarifa. Sería en torno al 6%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre se habla a igual nivel de consumo, y que en las boletas se reflejará cuando lleguen a los usuarios entre noviembre y diciembre. La actualización tarifaria en sentido inverso sucederá después de un alza que superó el 398% a 764% nominal interanual para los hogares, de acuerdo a lo que calculó la consultora Economía & Energía.

Las tarifas de luz en octubre tendrán un incremento en torno al 3% o 4% en la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA), la zona de concesión de Edenor y Edesur. Esa suba comprendería una mejora en el precio de la generación y una actualización en los ingresos de las distribuidoras metropolitanas y las transportistas del sistema eléctrico nacional. En el caso de Edenor y Edesur, el ajuste se basa en un combo compuesto por las variaciones que registren los salarios del sector (55%), la inflación minorista (20%) y el índice de precios mayoristas (25%).  

Tras el ajuste del 4,5% en septiembre, las cuotas de los colegios privados subsidiados total o parcialmente por el Estado subirán el nuevo mes en torno al 4% según informó días atrás la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba). Los cambios en el cuadro arancelario, se explicó, están justificados en los incrementos de los costos operativos de los establecimientos de enseñanza de gestión privada.

A partir del martes 1° de octubre, el costo del boleto de subte en la Ciudad de Buenos Aires aumentará a $757, lo que representa un ajuste del 16,46% respecto al valor anterior. Esta medida impacta tanto en los usuarios del subte como del premetro, que también verá una actualización en sus tarifas. En el caso del premetro, el boleto pasará a costar $264,95. Este incremento es parte del último tramo del ajuste tarifario autorizado por el Gobierno de la Ciudad, que desde principios de 2024 ha llevado el costo del transporte subterráneo a registrar aumentos significativos, acumulando un alza del 589% en lo que va del año.

La gestión que encabeza Javier Milei puso un marcha un proceso de ajuste, desregulación y revisión sobre todas las áreas de la administración pública. Una es la del sector de la Salud, donde por estas horas trabaja en dar de baja un grupo de prepagas a la vez que también se intervendrán obras sociales.

El plan del Ejecutivo se basa en inspeccionar la situación financiera y administrativa de los agentes del sistema de salud, es decir, las prepagas y las obras sociales. Solo a modo de ejemplo, el “mapa” registrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) constaba de unas 675 prepagas y 291 obras sociales al inicio de la gestión actual.

Sobre las primeras, el organismo detectó un grupo de empresas de medicina que se inscribieron en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero nunca presentaron datos como el padrón de usuarios, los planes de cobertura, los cuadros tarifarios, los estados contables o los balances ante la SSS.

Por eso, a través de un aviso publicado días atrás en el Boletín Oficial, se procedió a cancelar la inscripción de 60 de ellas, entre las que se encontraban Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A, por mencionar algunas.

Ahora, el organismo tiene previsto continuar en este sentido y en los próximos días eliminará 60 prepagas más mientras evalua el estado de situación de otras 70. En total, se estima que se pueden dar de baja -contabilizando las ya oficializadas y las que están en carpeta- unas 180.

“Esta decisión tiene como objetivo que el beneficiario acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad”, argumentaron fuentes oficiales ante la consulta de este medio.

Además de las prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud también intervino cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM).

“Todas estas obras sociales, además, recibían millones de pesos de subsidios del Estado”, insistían en el organismo, que en el corto plazo tiene entre sus previsiones intervenir dos entidades más.

Según lo que explicaron, el proceso de intervención comienza con auditorías y si se comprueba que falta “información necesaria como para funcionar como agentes del sistema de salud”, se designa a un interventor que debe informar sobre la gestión de la obra social en cuestión. Si ese funcionario comprueba “inviabilidad” -financiera, prestacional o patrimonial- de la entidad, se activa un “mecanismo de liquidación”. En ese caso, los afiliados se distribuyen en otras obras sociales.

Una de las intervenciones más importantes que hizo el Ejecutivo fue la de OSPERA, la obra sociales de los peones rurales, que cuenta con 759.203 beneficiarios y es la tercera más grande del país.

“Esta obra social nunca presentó un informe en la SSS en más de un año. Ni memorias ni balances. Incluso, el administrador que designó la Justicia el último año, en octubre de 2023 solicitó una ayuda financiera de $3350 millones. Este denominado apoyo financiero supuestamente era para subsanar deudas, algo que no ocurrió, ya que hoy la obra social pasó de tener una deuda de $26.979.000 del 30 de septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año”, indicaron funcionarios al tanto del proceso de intervención.

“Además, en los últimos meses, la SSS se puso en contacto con los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, pero el 90% dijo que no tenían convenio”, cuestionaron.

Fuente: TN

La Cámara Federal de Paraná resolvió declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en cuanto desreguló los precios de la medicina prepaga en el país. Además, el tribunal ordenó que la Superintendencia de Seguros de Salud vuelva a intervenir a los fines de autorizar las subas en las mensualidades de ese servicio.

El tribunal se pronunció en el marco de la causa, promovida por Fernando Ismael Morsentti, contra OSDE por los aumentos operados a partir de la vigencia del decreto y que, en marzo pasado, la jueza federal María Isabel Caccioppoli había inscripto como colectivo en favor de todos los usuarios de esa empresa y decretado una cautelar que dejaba sin efecto los aumentos.

Posteriormente, a raíz de una recusación contra esa magistrada, el expediente fue resuelto por el juez Pablo Seró quien decidió declarar abstracta la causa con base en el acuerdo que la Superintendencia de Seguros de Salud celebró con las empresas de medicina prepaga en la causa que tramitó en el Juzgado Civil y Comercial Federal a cargo del juez Juan R. Stinco.

Esa decisión fue apelada y, ahora, la Cámara Federal de Paraná resolvió el fondo del asunto con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto 70/2023 en cuanto derogan el inc. g) del art. 5 y el art. 17 de la ley 26.682.

Asimismo, ordenó a la Autoridad de Aplicación continuar con su tarea de “Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1” (art. 5 inc. g. de la ley 26.682, texto original).

Fuente: DIB

A pesar de que el Gobierno busca contener la inflación, en julio hay al menos cinco aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos.

De esta manera, el séptimo mes del año estará marcado por alzas de los combustibles, alquileres, prepagas, tarifas de luz, gas y agua, entre otros servicios que sumarán al índice general de precios.

Los inquilinos que firmaron un contrato bajo la Ley de Alquileres -que actualiza el precio anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que combina inflación y salarios- tendrán un aumento que rondará el 240%. Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023.

Más allá de la derogación de la ley 27.551 con el mega DNU impulsado por la gestión de Javier Milei, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se mantendrán hasta el momento de su finalización.De esa manera, si una persona comenzó a alquilar el 1° de julio de 2023 y enfrenta, entonces, su primera actualización anual en base al índice que elabora el BCRA, tendrá un aumento del 244,4%. Si pagaba $150.000 por mes un año atrás, ahora pasará a abonar $516.600 mensuales por la misma vivienda hasta julio de 2025.

Los precios de la nafta deberían aumentar 12,5% promedio y el gasoil un 10% este lunes 1° de julio. Eso si se aplica la actualización que el Gobierno vine postergando de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada a los valores finales de manera directa. El Gobierno debe definir si traslada toda la actualización o, como en junio, la segmenta para frenar el impacto en precios. A esa suba, se sumará la decisión de las petroleras.

Las boletas de Aysa también subirán en el quinto mes del año. A partir del 1° de julio se actualizará el coeficiente que combina una fórmula entre el índice de salarios (IS) que publica el INDEC, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice del precio al consumidor (IPC), que dan como resultado en esta oportunidad un aumento de en un 6,3%.

Por su parte, los usuarios de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) tendrán un incremento del 50% en el séptimo mes del año. El incremento del servicio que abarca a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires completa el ajuste tarifario del 250% autorizado por el gobierno de Axel Kicillof a finales de abril. En mayo, las boletas treparon 200%.

Después de la discusión judicial a raíz de la presentación que realizó el Gobierno, las empresas de medicina privada acordaron que desde julio los aranceles se ajustarán “libremente”. Además, se comprometieron a devolver en 12 meses lo cobrado por encima de la inflación entre enero y abril.

De esta manera, para el séptimo mes del año al menos cuatro grandes empresas comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán el 6,7% y 8,5%.

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de julio, llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que rondará entre el 6 y el 9%, según el servicio y la operadora.

En el caso particular de las tarifas de luz y gas, todavía faltan oficializarse algunas decisiones. Las previsiones del Gobierno eran ajustar por inflación futura desde julio. Se trata de un nuevo cálculo de actualización, pero aún resta conocer cómo se realizará el cálculo.

En principio, el equipo económico había fijado una fórmula que tenía en cuenta la variación salarial, el índice de precios al consumidor (IPC) y la inflación mayorista (IPIM), aunque su implementación se suspendió en mayo y junio por orden del ministro de Economía, Luis Caputo.

De diciembre a junio, las boletas de gas natural treparon 1179% y las de energía eléctrica, 234% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según cálculos del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP que realiza UBA-Conicet.

Fuente: TN

Un fallo del Juzgado Federal de Mar del Plata ordenó a Clínicas Marplatenses Unidas SA retrotraer los aumentos que aplicó en sus cuotas desde diciembre del año pasado, además de determinar que es la Superintendencia de Salud el organismo encargado de “fijar el incremento o el valor de las prepagas”.

La medida cautelar la había presentado Rosalía Ramírez, quien “solicitaba que, atento el incremento desmesurado de las cuotas de la prepaga que tenía, se dicte en su momento una medida cautelar, que así fue hecho”, comentó el juez marplatense Alfredo López.

“Esa medida implicaba que no se mantuvieran los aumentos si no que quedara fijo a la factura de diciembre. Y ahora es la primera sentencia definitiva que se dicta, donde se establece concretamente que es la autoridad de aplicación, a través de la Superintendencia de Salud, la que debe fijar el incremento o el valor”, comentó el magistrado en diálogo con El Marplatense.

Además, señaló en el fallo que deberá considerarse “inaplicable el decreto 70 del 2023 que liberó a las prepagas la pasibilidad de fijar los precios de las cuotas”. Si bien la sentencia queda supeditada a una apelación, sentaría un precedente respecto de que el precio de las cuotas de las prepagas deberá será retrotraído a diciembre.

Se recuerda que hasta diciembre el aumento de las prepagas era controlado por la Superintendencia de Salud, pero a partir del DNU firmado por el presidente Javier Milei se liberaron los precios, a la espera de una regulación del propio mercado. Sin embargo, esa situación desencadenó aumentos por encima de la inflación y el Gobierno tuvo que salir a establecer algunas pautas para las subas.

Mientras que la inflación sigue a la baja según las cifras que informa mensualmente el INDEC, habrá durante junio aumentos en varios productos y servicios que parecen ponerle un freno a la tendencia que viene marcando el índice. Con la suba en las naftas evidenciada desde esta madrugada, el sexto mes del año viene con varios aumentos “bajo el brazo”.

Se recuerda que el Gobierno dispuso actualizar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) desde el 1 de junio, más entre 2 y 3% agregado por las petroleras, por lo que los precios de la nafta y el gasoil subieron esta madrugada entre el 4,5 y el 5%.

En cuanto a los colegios privados, se conoció ayer que en la provincia de Buenos Aires aumentarán las cuotas un 7,5%, un porcentaje que consideraron “insuficiente”. Los establecimientos que tienen 100% de ayuda estatal pueden cobrar un tope arancelario de $18.760 en nivel inicial y primario, $20.680 en nivel secundario y $23.840 en secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte.

Por su parte, los que tienen 80% de subsidio tienen un tope para la educación inicial y primaria de $34.610; y los de 40% uno de $84.770 para ese mismo nivel.

También habrá subas en las tarifas de luz y gas. El Gobierno creó por decreto un “Período de Transición” para pasar de los subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados, proceso arranca en junio y le da amplias facultades a la administración de Javier Milei para empezar con las subas para la clase media y los usuarios de ingresos bajos.

Si bien la Secretaría de Energía mantendrá congelados durante junio los precios del gas y la electricidad que pagan las empresas distribuidoras, en las boletas de los usuarios puede haber aumentos por la quita de subsidios, aunque serán menores que los que habría si no se congelaba el componente tarifario. Por eso ya en varios hogares están llegando facturas de gas con ajustes cercanos al 350%.

En cuanto a los alquileres, aquellos contratos que hayan sido firmados en el marco de la Ley de Alquileres tendrán un aumento del 233,7% porque corresponde la actualización del precio anual a través del Indice de Contratos de Locación (ICL). Dicho procedimiento se debe cumplir hasta terminar el contrato, aunque la norma haya sido derogada por Javier Milei. La disposición alcanza a los alquileres iniciados entre el 1 de julio del 2020 y el 17 de octubre del 2023. Con este ajuste, si actualmente un inquilino está pagando $80.000 pasará a abonar $266.960.

Hace días, el Gobierno nacional oficializó los nuevos aumentos para los que viajen en el servicio de tren de larga distancia. Desde junio, el pasaje costará un 30% más y, por ejemplo, el viaje de Mar del Plata a Buenos Aires saldrá entre $25.000 y $30.000.

También habrá subas en materia de telefonía y televisión por cable. Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas del 2024, con un incremento que rondará entre el 8 y el 20%, según el servicio y la operadora.

En cuanto a las prepagas, el gran tema de este año, dado que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal les ordenó a dos prepagas, con medidas cautelares, que recalculen sus cuotas de forma que los incrementos mensuales vayan en línea con los índices de inflación, se espera que en junio lleguen ajustes del último valor arrojado por el INDEC en abril, del 8,8%. Esto es porque los ajustes se dan según el IPC de dos meses antes.

Fuente: con información de DIB

Las 41 empresas de medicina prepaga ofrecieron devolver lo cobrado de más a sus afiliados en un plazo de 12 cuotas durante la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco.

De esta manera, se devolvería a los afiliados un monto equivalente al 24% de la cuota de julio, en el plazo de un año. Los importes para reintegrar, según la iniciativa, tendrían una actualización de acuerdo con el índice de costos de la salud.

Además, las empresas habrían propuesto que en el tercer trimestre del año los precios de los planes de salud se ajusten al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec del mes previo, para luego a partir de octubre liberar la tarifa como establecía el DNU 70/2024.

Sin embargo, la secretaría de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) no estarían de acuerdo con esta forma de devolución y la negociación se empantana.

Adicionalmente, las prepagas que atraviesan la denuncia por cartelización estarían solicitando que la investigación que lleva a cabo la secretaria de Industria y Comercio mediante la oficina de Defensa de la Competencia quede inactiva.

El encuentro pautado para hoy fue hecho por el juez Stinco a pedido de varias entidades prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas a las que se las acusó de cartelización para la suba de cuotas a partir de enero.

Días atrás, las autoridades del área de Salud pidieron la incorporación a la causa de otras 18 entidades, con lo cual son en total 41 las involucradas.

Además, como no pueden juntarse las empresas por la causa de cartelización, cada una llegó al juzgado con diversas propuestas, por lo que primero debieron ponerse de acuerdo para hacer una propuesta íntegra para todos.

En su fallo, el magistrado dispuso que las prepagas deben hacer un recálculo de las cuotas para que, en lugar de los que fueron cobrados, los importes vayan siguiendo la variación del IPC con dos meses de retraso (por ejemplo, las cuotas correspondientes a enero deben contemplar la inflación de noviembre; las de febrero, la acumulada entre noviembre y diciembre, y así sucesivamente).

Además, estableció originalmente que en un plazo de cinco días cada entidad debía plantear ante el Juzgado un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso del nuevo criterio. Ante este segundo mandato, varias entidades presentaron un pedido de prórroga y de convocatoria a una audiencia para hacer oír sus argumentos, una solicitud a la que se accedió y esta ocurriendo.

Fuente: Noticias Argentinas

Las prepagas lograron que la Justicia suspenda el plazo de cinco días que tenían, a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial, para presentar el plan de devolución del dinero que cobraron de más en las cuotas. “Es inviable que las empresas devuelvan en siete cuotas lo cobrado de más, se cae el sistema”, dijeron fuentes de una importante prepaga tras conocerse el fallo.

“Atento a las múltiples peticiones formuladas y las razones esgrimidas, dentro del marco de la ejecución de la medida cautelar dictada con fecha 3/5/2024 y el efecto propio de su apelación, convóquese a las partes a una audiencia el 27 de mayo. En consecuencia, suspéndase los plazos procesales hasta la fecha fijada precedentemente”.

El Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, a cargo de Juan Rafael Stinco, había ordenado la semana pasada a 23 prepagas retrotraer las cuotas a diciembre y ajustarlas por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Además, había dado un plazo de cinco días desde la publicación del edicto del el Boletín Oficial para informar a la Justicia cómo iban a devolver el dinero cobrado de más desde enero.

Ese plazo de cinco días hábiles iba a correr desde el lunes próximo y hasta el viernes, por lo que las prepagas debían presentar sus planes de devolución a más tardar el lunes 20 de mayo por la mañana. Sin embargo, eso ya no será así, sino que recién el 27 de mayo habrá una audiencia y allí se resolverá cómo sigue el conflicto.

Las prepagas alcanzadas por el fallo son OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

Sobre el tema de la readecuación de las cuotas al IPC (lo que daba a mayo un aumento del 114,6 por ciento desde diciembre) diferentes fuentes aseguraron que la suspensión de los fallos procesales no lo abarca. O sea que esa parte del fallo sigue vigente. El problema se da puntualmente con la devolución del dinero.

“Creo que debió ser más claro el juez. Porque la cautelar también impone abstenerse de efectuar aumentos de las cuotas en todos los planes prestacionales. Y esto sigue corriendo porque no es un plazo procesal sino una decisión de fondo”, dijeron fuentes con acceso a la causa. En este punto coincidieron también fuentes del sector de las prepagas y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Sin embargo, no todos tuvieron la misma interpretación del fallo. La abogada Valeria Carreras, que lleva adelante varios amparos de afiliados en la Justicia, puso en duda que la medida no pueda interrumpir también el nuevo criterio de actualización de las cuotas por IPC. “La suspensión como está redactada es respecto de todo. Suspender plazos procesales no se refiere a los 5 días, sino a los plazos del expediente. Por ejemplo, no podrá el Gobierno pedir la ejecución de la sentencia porque está suspendido el plazo. Está claro quién pierde siempre”, consideró.

Fuentes del SSS respondieron: “La medida está vigente y la tienen que cumplir. Lo que hizo el juez fue citar a las partes para darle continuidad al proceso. El juez estableció que no hay suspensión de la medida. Concedió apelaciones dejando constancia que todos los planteos efectuados no detienen el cumplimiento de la medida dictada por él”.

¿Por qué hizo esto Stinco? “El juez sintió que se le ‘desbordó’ el expediente judicial y decidió ganar tiempo”, dijo la fuente con acceso al expediente. Desde una importante prepagas aseguraron que “dar sólo cinco días para presentar un plan de devolución del dinero era un delirio. Se dieron cuenta de que era imposible”.

A la SSS no le sorprendió esta decisión de convocar a una audiencia y lo barajaban como una de las decisiones posibles del juez. Dentro del abanico de las prepagas afectadas por el fallo, desde los ámbitos oficiales se considera que el espectro es amplio. Así lo describió una alta fuente oficial: “Están las prepagas cuyo objetivo parece ser ganarle esta pulseada al Gobierno, y otras que saben que este desenlace después de lo que habían hecho era inevitable. Esas son las que quieren cumplir con el fallo lo antes posible y sacarse el problema de encima”.

Fuente: Clarín

La justicia le dio luz verde a la cautelar que había impulsado el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, y ordenó a las prepagas que limiten los aumentos a la evolución del IPC.

El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3 a cargo del juez Juan Rafael Stinco aceptó el pedido de la Superintendencia y dejó sin efecto los aumentos desde el 1/12/2023 en adelante.

Además, les ordenó a las empresas de medicina prepaga retrotraer los valores de cuota a 1/12/2023, y aplicar los aumentos según el índice de inflación.

El magistrado ordenó que lo pagado en exceso quede como crédito a favor de los usuarios para lo que les fijó a las prepagas un plazo de cinco días para que presenten un plan donde digan cómo le van a devolver lo cobrado de más a la gente.

El impacto de la medida alcanza a un universo de 23 empresas que estaban en la cautelar de la Superintendencia, las cuales representan el 95% de los usuarios de entidad de medicina prepaga.

Se recuerda que el Gobierno detalló cómo se deberán ajustar las cuotas de la medicina privada: el valor de cuota de referencia para la aplicación de los aumentos máximos será el correspondiente a la cuota de diciembre de 2023, independientemente de su fecha de pago o facturación.

Estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), indicó la Secretaría de Comercio.

De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero).

Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).

Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146.

Fuente: Noticias Argentinas 

Luego de que se viera obligado a dar marcha atrás con la liberalización del sector que había dispuesto en el DNU 70, el gobierno de Javier Milei definió la fórmula que se usará para determinar el porcentaje de subas de las empresas de medicina prepaga, al tiempo que autorizó aumentos de hasta el 93,3% para las cuotas abril o del 114,6% para la cuota de marzo.

El gobierno, a través de la secretaría de Comercio, definió que ahora la suba de las cuotas se calculará de modo automático con una fórmula que toma como valor de referencia el que tenían los planes de cobertura en diciembre de 2023 y la multiplica por 1 a lo que suma la inflación general del Indec (Índice de Precios al Consumidor) transcurrido desde ese momento hasta el de realizar el cálculo.

“De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo)”, se explicó.

El comunicado indica que “este mecanismo de ajuste con un límite en la inflación registrada estará vigente por los próximos 5 meses, es decir hasta septiembre”.

Y precisó que las empresas alcanzadas por esta medida -técnicamente una tutela anticipada de la Secretaría de Comercio- son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico.

Sin embargo, el gobierno no aclaró qué pasa con los usuarios que recibieron cuotas con aumentos por encima de esos valores. De ese modo, en principio, para recuperar el dinero deberían accionar judicialmente, ya que la comunicación oficial solo indica que las compañías que cobren por encima de los máximos establecidos serán sancionadas con una multa equivalente al 0,1% de su facturación.

Si las empresas se niegan a aplicar los máximos, los usuarios podrán comunicarse al 0800-666-1518, que es línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor o a consultas@consumidor.gob.ar. Mientras que, para formular denuncias, ingresar a www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor.

La nueva medida para limitar a las prepagas fue anunciada hoy por el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje en X en el que reiteró la necesidad de defender a la clase media de los aumentos determinados por las empresas. Se trata de un giro de la política económica desde posiciones de liberalización absoluta de todos los mercados que fue señalado por varios economistas como contradictorio con el programa general que viene aplicado el presidente Javier Milei.

Fuente: DIB

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group, renunció hoy a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la agrupación que representaba a las principales empresas de medicina prepaga del país, hoy en el ojo de la tormenta por los cuestionamientos del Gobierno a los aumentos observados en el valor de las cuotas de los planes médicos.

“Como todos ustedes saben, en los últimos días, el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional”, comenzó el comunicado donde informó su renuncia.

“Con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”, destacó.

Para el empresario, “debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran la Federación poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años”.

“Por eso, se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas, basadas en debates técnicos, realidades de mercado y equilibrios económicos financieros”, explicó.

Fuente: Clarín

El Gobierno nacional avanzará fuertemente esta semana para frenar el aumento de las empresas de medicina prepaga, yendo a la Justicia y denunciando la cartelización del sector, apuntando especialmente al empresario Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group.

En la administración de Javier Milei se están definiendo dos medidas que saldrán en los próximos días. Una, por el lado de la cartelización y la otra por el abuso de precios por posición dominante en el mercado.

Todo esto lo trabajan desde Economía, la Secretaría de Comercio -que depende de Economía-, la Superintendencia de Servicios de Salud y acordes a las indicaciones de la Casa Rosada, con base en la Jefatura de Gabinete.

La semana pasada -como parte de estas medidas- se intimó a las prepagas a que presenten los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes. Milei los había eximido de esta exigencia, que venía del gobierno anterior. Pero ante las subas que consideran desmedidas, volvieron a implementarlas. Y, aseguran en el Gobierno, las empresas están cumpliendo.

En principio, el Poder Ejecutivo pretende que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.

El paquete de denuncias se da luego de que Luis Caputo, el ministro de Economía, cargara contra las prepagas por la aplicación de numerosas alzas desde que el Gobierno de Javier desregulara las tarifas del sector en diciembre.

En promedio, los precios treparon hasta 154% en lo que va de 2024: 40% en enero, 27% en febrero, 20% en marzo, y hasta 19% en abril, según las distintas empresas. Esto es, tres veces por encima de la inflación del período, que rondará el 50% en el acumulado enero-marzo, según estimaciones de Economía.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el Gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, afirmó el ministro en un mensaje en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Fue la segunda vez que Caputo cargó contra las prepagas. En una entrevista reciente había afirmado que a las compañías “se les fue la mano con los aumentos” que les aplicaron a los afiliados. “Se les recontra fue la mano, yo me enojo. Es un claro caso. De eso se trata también la batalla cultural, no es sólo un tema económico. No alcanza con el voto (para el cambio). Cien años después de hacer las cosas mal, es natural que pensemos que nos va a ir mal. Pero todos tenemos que cambiar algo”, sostuvo.

Lo que ve la Casa Rosada es que el problema que hoy existe en el sector es que hay un actor importante dentro del mercado que es Claudio Belocopitt, que tiene alineados a todos los demás integrantes del rubro y que es el quien coordinaría una presunta “cartelización” y el abuso de precios que ha generado múltiples denuncias de afiliados a título personal ante la Justicia.

Para el Gobierno de Milei, Belocopitt era socio del gobierno anterior (fundamentalmente con Sergio Massa), con quien acordó congelamientos de cuotas a cambio de subsidios que habría cobrado durante la pandemia (ATP y REPRO) al mismo tiempo que expandía su negocio ya que compró el Instituto Cardiovascular y parte de Medicus, otra empresa de medicina prepaga.

El Gobierno considera a Belocopitt un “usurero de la salud”, según señalan fuentes oficiales al tanto de las denuncias por efectuar. Y consideran que hizo negocios en el peor momento de la salud para todos los argentinos, que fue la pandemia. “Maneja su empresa como una financiera sanitaria”, afirman los funcionarios que avanzan con las medidas para frenar los aumentos.

El Gobierno lo apunta como el autor material e intelectual de toda la jugada de los últimos meses que generó aumentos en las cuotas de los afiliados por el doble de la inflación de este primer trimestre.

La semana pasada, y tras la declaración de Caputo, las prepagas pidieron mantener una reunión para poder dirimir las cuestiones de precios y el impacto en la cuota de los asociados.

“Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina”, argumentaron las cámaras en un comunicado firmado por CIMARA, ADEMP y CEMPRA.

Fuente: Clarín

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a hacer una dura advertencia a las prepagas. Esta vez fue a través de su cuenta de X, donde escribió: “Les están declarando la guerra a la clase media”.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, escribió el titular del Palacio de Hacienda.

Esta no es la primera vez que el ministro de Economía cuestiona los aumentos de las prepagas. Hace unos días atrás, en una entrevista, habló sobre la inflación y expresó: “La especulación creó la inflación misma. Ellos reconocían que fijaron los precios con un dólar a $2000, que era lo que pronosticaban las consultoras. Era normal que siguieran esa información. Ahora están bajando nominalmente los precios”. Y graficó: “Se les recontra fue la mano a las prepagas”.

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media.

Las prepagas aumentaron el valor de sus cuotas todos los meses del año después de que el Ejecutivo decidió no intervenir en los precios. En concreto, los aranceles mostraron subas del 30% en enero, del 26% en febrero, del 23% en marzo y 19% en abril. En mayo, informaron que las cuotas tendrán un alza del 9% promedio contra el mes previo.

De esta manera, en lo que va del año, las cuotas anotan el quinto aumento consecutivo y acumulan una suba del 160% promedio.

Según un estudio privado, el 86% de los trabajadores no alcanza a cubrir la cuota de medicina prepaga con sus aportes. El impacto de los incrementos de precios afecta a todos los niveles de ingresos medios. El trabajo de Mercer Marsh Beneficios estima que un 15% de afiliados migraron a obras sociales o al sistema público de salud.

Desde el sector reconocieron que los afiliados y las propias empresas están buscando soluciones para aliviar el bolsillo. “Las prepagas siempre tienen planes de red, con copagos o cobertura un poco más básica, para que el afiliado pueda quedarse en el sistema”, explicó Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

Fuente: TN

La pandemia significó una crisis sanitaria en todo el mundo.

Durante los momentos más críticos, los establecimientos de salud se vieron colapsados: tanto por casos confirmados de Covid-19, como por consultas y miedo a esta enfermedad, y también a otras ya existentes.

Sin embargo, y al mismo tiempo, un gran porcentaje de personas se encontraban temerosas a la hora de tener que ir a realizar una visita a las clínicas y hospitales, ya que ello podía significar poner en riesgo su salud. En este sentido, se generó un aumento exponencial y hasta una saturación de los canales telefónicos que llevó a que los niveles de atención cayeran fuertemente.

Frente a este contexto, la tecnología comenzó a cumplir un rol clave, y la innovación sirvió como solución a dichas problemáticas.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a implementar asistentes virtuales, con el objetivo de disminuir la presencialidad en las sucursales, brindar información de calidad de forma inmediata y poder distribuir las consultas por motivo y prioridades.

Esta nueva herramienta, permite a los asociados realizar consultas sobre diferentes cuestiones, fundamentalmente administrativas como gestión de autorizaciones, consulta de cartilla o farmacias y sacar turnos médicos o en sucursales.

Si bien la brecha digital en Argentina existe y la demanda de los canales digitales está más relacionada a la población joven, es llamativo el crecimiento de la interacción de los chatbots de los mayores de 50 años.

Lo cierto es que el aumento exponencial del volumen de llamadas y consultas entrantes en los call centers, las largas filas de espera y los equipos de atención desbordados con bajos niveles de atención encontraron en esta herramienta una solución.

Los chatbots resuelven consultas relacionadas con dudas operativas, de turnos, agendas, días de atención y hasta afecciones más comunes en donde no es necesario recurrir a una atención personalizada.

Algunos centros médicos ofrecen la atención por videollamada en especialidades como Nutrición, dermatología, Endocrinología o medicina clínica.

Muchas veces los pacientes necesitan realizarse un análisis de sangre, o estudios de rutina como el electrocardiograma y a través de este formato los especialistas confeccionan las recetas para acudir a los laboratorios o a realizarse estudios particulares.

En lo que respecta a nutrición, muchos especialistas también monitorean y realizan un seguimiento a sus pacientes a través de estos canales.