El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el ex presidente de la Nación Alberto Fernández sea citado a declaración indagatoria en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. El fiscal acusó al ex jefe de Estado de dos hechos de lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja, por un caso de una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud y por coacciones hacia Yáñez para no presentar la denuncia. Los tres delitos, en caso de una condena, tienen una pena máxima de 18 años de prisión.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal le hizo al pedido en un dictamen de 159 páginas al juez federal Julián Ercolini, quien ahora debe definir si cita a indagatoria al ex presidente. Esa misma medida Ercolini ya la tomó el viernes pasado en otra causa: convocó a indagatoria a Fernández para el 20 de noviembre en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno.

“El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”, sostuvo la Fiscalía en su dictamen.

Y agregó: “Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

El fiscal González dio por acreditado que el moretón en el brazo derecho que Yáñez tuvo meses antes de agosto de 2021 fue producto “de un agarrón o zamarreo de Alberto Fernández dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos”. Esa herida se la envió por whatsapp a María Cantero, entonces secretaria de Alberto Fernández. El segundo hecho de violencia física fue el moretón en el ojo derecho que Yáñez dijo que fue por un golpe de puño durante una discusión en la cama antes de irse a dormir. Eso hecho lo ubicó el fiscal en el 21 de junio de 2021.

“De acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid. Ese destino fue elegido por Fernández que supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España”, relató González.

Otra de las violencias que el fiscal entendió que el ex presidente cometió fue la económica. “Mientras Fabiola Yáñez residía en Madrid condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del ex Presidente”, explicó.

Entre las pruebas está la declaración de una decena de testigos propuestos por la querella de Yáñez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, de la defensa del ex presidente, representado por Silvina Carreira, y por la Fiscalía. Entre otros estuvieron en los tribunales de Comodoro Py la madre y una de las hermanas de Yáñez, el ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Aguirre, los ex médicos de la Unidad Presidencial Federico Saavedra y Federico Alem, la ex amiga de Yáñez, Sofía Pacchi, y empleadas de la Quinta de Olivos que trabajaron para la pareja presidencial.

La Fiscalía también destacó como prueba las fotos y conversaciones que aportó la víctima, los registros de ingresos y egresos de Olivos de todo el mandato presidencial, y las llamadas telefónicas entre los dos desde el 2016, cuando se inició la pareja. También documentación médica de la ex primera dama.

El ex presidente tiene en la causa la prohibición de salida de país y de tener cualquier tipo de contacto con Yáñez, ya sea personalmente, por teléfono, mensajes, redes sociales y a través de otras personas. Esas medidas fueron impuestas por el juez Ercolini como cautelares en el inicio de la causa.

Ahora todo el expediente pasó al magistrado y será Ercolini el que tenga que resolver si comparte el dictamen del fiscal y cita a indagatoria al ex presidente.

Fuente: Infobae

En medio del frente judicial que Alberto Fernández afronta en el fuero federal penal, en la justicia de familia porteña se abrió un nuevo escenario que podría complicar los ingresos que percibe como ex jefe de Estado. La abogada de Fabiola Yáñez presentó una medida para reclamar un acuerdo definitivo sobre los alimentos que corresponden al hijo que la ex pareja tiene en común y una medida cautelar para embargar la jubilación de privilegio que percibe Fernández.

La defensa de Fabiola Yáñez, la abogada Mariana Gallego, inició esta semana una mediación extrajudicial en el fuero de familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llegar a un acuerdo respecto a los alimentos para Francisco, el hijo que tiene la ex primera dama con Alberto Fernández. Hasta que ello ocurra, en caso de hacer lugar la justicia, se pidió una medida cautelar provisoria sobre los alimentos y un embargo de la pensión de privilegio que recibe el ex presidente y que supera los $14 millones mensuales.

Hasta tanto se acepte la mediación extrajudicial, que se concentra en un acuerdo definitivo por alimentos para el niño de casi tres años, la abogada de la ex primera dama pidió que se regulen alimentos de forma provisoria.

A los tres meses de haber dejado la Casa Rosada, el ex mandatario recibió la jubilación de privilegio que asciende a $14.272.997,79 en bruto. Cuando el número se analiza en términos netos, es decir lo que recibe en mano el ex presidente, se contabilizan $10.000.630,64.

Pero no es lo único que comenzó a recibir por mes. A raíz de la resolución 4643 de ANSES de marzo, se sumó un retroactivo contabilizado a partir del pedido de la prestación. La cifra asciende a $32.207.388,83, con los descuentos aplicados.

El expediente se encuentra bajo reserva y no se conoce aún qué decisión adoptó la justicia de familia. Una de las inquietudes de la ex primera dama es la situación económica que atraviesa con su hijo en Madrid, donde alquila un departamento de renta temporaria en el centro turístico de la ciudad.

Parte de la denuncia por hostigamiento y amenazas se concentra en el presunto chantaje del ex presidente para que Yáñez no avance con la causa penal a cambio de la ayuda financiera.

Fuente: Clarín

El último contacto telefónico entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez se registró el martes 6 de agosto a las 17.09. Dos horas después, a las 19.47, el ex presidente se notificó en su departamento de la orden firmada por el juez Julián Ercolini, que esa misma tarde le había prohibido tomar contacto con la denunciante. El dato, si se confirma, podría tener consecuencias inmediatas para el desarrollo de la causa por violencia porque el supuesto hostigamiento fue el argumento que utilizaron los fiscales para pedir el secuestro del teléfono del ex presidente. Eso ocurrió el 9 de agosto por la noche.

El día clave fue el martes 6, cuando Fabiola Yáñez decidió llamar al juzgado desde Madrid y activar la denuncia penal. A media tarde, Ercolini le prohibió al ex presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.

También le impidió la salida del país y le planteó al Ministerio de Seguridad reforzar la custodia de Fabiola Yáñez en Madrid. Pese a la distancia, la orden incluía una prohibición de acercarse en un radio de 500 metros.

La resolución se notificó en el departamento que ocupa Alberto Fernández en Puerto Madero ese mismo día, pero recién a las 19.47. El acta lleva la firma del subcomisario Mauro Amed y del sargento Hernán Javier Florez. “Fue atendido por el propio Alberto Angel Fernández, a quien se le explicó los motivos de su presencia en ese sitio, haciendo entrega al mismo de copia del mandato judicial que dispone la medida”, dice ese acta de apenas dos carillas.

El viernes 9, cuando la causa ya había cambiado de fiscalía y de juzgado, Ramiro González (la resolución en realidad la firmó Carlos Rívolo) pidió el secuestro del teléfono por un supuesto hostigamiento telefónico a la víctima. El allanamiento fue ordenado por Ercolini esa misma noche, donde la Policía Federal se llevó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad, y 2 memorias.

Ahora, las abogadas que representan a Yáñez confirmaron que la última llamada fue a las 17.09 del martes 6. “Conforme lo requerido en el punto V.10 de la resolución de fecha 14/08/2024 dictada por el Fiscal General Ramiro González vengo a dar cumplimiento con el compromiso asumido en la audiencia celebrada el fecha 12/08/2024, haciendo saber que no he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17.09 horas (10.09 PM de España)”, dice la presentación firmada por la abogada Vilma Carluccio.

La audiencia del 12 de agosto fue la declaración de Yáñez desde Madrid que duró casi cuatro horas. “Le preguntamos por las llamadas y dijo que no recordaba la hora exacta, por eso ahora acompañó un escrito con el detalle de la hora”, explicó una fuente judicial.

La declaración de Yáñez ante el fiscal González no fue desgrabada para que no se filtre su contenido. Pero la abogada que representa a Fernández, Silvina Carreira, estuvo el viernes y este lunes en la Fiscalía para poder ver el video completo.

Si se confirma que la última llamada se produjo más de dos horas antes de la notificación judicial y que no hubo hostigamiento, el teléfono debería ser restituido a Alberto Fernández. 

El viernes pasado, el fiscal de la causa de los seguros, Carlos Rívolo, pidió que el teléfono sea peritado y que se extraigan los elementos y conversaciones que puedan ser de interés para ese expediente.

Fuente: Infobae

La recolección de las pruebas en el marco de la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género sufrió un revés, debido a que la Justicia no podría acceder a las grabaciones de lo que ocurría en la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior, como solicitó recientemente.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes que conocen el funcionamiento de la residencia oficial a la perfección, por problemas técnicos no existirían registros fílmicos de las actividades en ese lugar entre el 2021 y el 2023, periodo en el cual el entonces mandatario habría golpeado a quien era su pareja, Fabiola Yáñez.

Ocurre que las cámaras de seguridad del predio tenían en aquel momento un almacenamiento de hasta 35 días, como máximo, por lo que se sobreescribían los archivos una vez que el sistema ya no tenía más capacidad.

Según indicaron, la cantidad de videos que se pueden guardar depende del peso de los mismos que, a su vez, viene definido por la calidad en la que se desee filmar, aunque en ningún caso superaría los 45 o 50 días de margen.

Durante la administración de Alberto Fernández, las autoridades nacionales decidieron que las tomas se hicieran con la mayor definición posible para reconocer a las personas que entraban, salían y circulaban por la Quinta de Olivos.

Con una imagen en alta, de ser necesario, quienes están al frente de la custodia del predio pueden hacer zoom y apreciar con mayor detalle los rostros de los visitantes, mientras que si se registra en baja calidad, las caras aparecen pixeladas.

De todas formas, la poca capacidad de almacenamiento de los aparatos en cuestión es un problema para la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, que investiga la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yáñez.

Tal como se precisó, el fiscal Ramiro González le solicitó al Gobierno que informe la nómina del personal doméstico de Olivos; los datos del personal que acompañó a la entonces primera dama durante un viaje a Misiones en julio de 2021; el registro de ingresos y constancias de atención médica en el predio y los videos de las cámaras de seguridad.

En el último de los requerimientos judiciales que le llegaron a la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, se indicó que abarca todo el período presidencial de Alberto Fernández, desde que se instaló en la residencia en diciembre de 2019 hasta el mismo mes de 2023.

En principio, la actual gestión libertaria no tendría dificultades en entregar el resumen del personal que trabaja en el lugar, de los ingresos y las atenciones médicas que se realizaron, ya que esa información consta en otros dispositivos.

En los últimos días, además de las fotos de la supuesta víctima con moretones en el ojo y el brazo, se difundieron una serie de videos del ex jefe de Estado con la conductora de radio y actriz Tamara Pettinato en la Casa Rosada, que él mismo filmó con su teléfono.

“Siento una enorme tristeza. Toda su conducta privada, que deja de ser privada, en tanto hay filmaciones y videos en su ámbito de trabajo en la Casa Rosada, me generan una enorme angustia y tristeza porque tiene que haber una conducta de quien lleva adelante los destinos del país. Es gravísimo y es el responsable”, opinó al respecto la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, que era una de las dirigentes más cercanas al ex mandatario nacional.

El juez federal Julián Ercolini rechazó realizar una inspección en la quinta de Olivos donde, según la testimonial de Fabiola Yáñez, ocurrieron varios de los nueve hechos atribuidos a Alberto Fernández en el marco de la causa por violencia de género. En su resolución, el magistrado sostuvo que lo que requieran acreditar respecto a los sucesos denunciados “se puede realizar por otros medios”. Este jueves inicia la ronda de testimoniales que tomará el fiscal del caso.

En los 14.500 metros cuadrados que componen la quinta presidencial de Olivos, se cometieron varios de los nueve hechos que el fiscal federal Ramiro González atribuyó a Alberto Fernández al imputarlo por lesiones leves y graves, agravadas doblemente por el vínculo, en abuso de poder y de autoridad, más la acusación por amenazas coactivas.

Al momento de determinar la cronología de los hechos que dan origen a la causa por violencia de género, el Ministerio Público Fiscal ubicó la mayor cantidad de los sucesos dentro de la residencia de Olivos.

Con el objeto de conocer “uno de los lugares donde se habrían desarrollado los hechos que motivaron el inicio de la presente pesquisa, lo cual resultaría beneficioso para contextualizar los acontecimientos y describir adecuadamente las locaciones de tales sucesos”, la fiscalía había solicitado que el juez Ercolini arbitre los medios pertinentes para la realización de una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos.

En la resolución firmada por el magistrado, se rechazó este planteo. “Dadas las características de intimidad de los hechos que se investigan no era conducente para el objeto procesal” realizar una inspección en la residencia que en el presente ocupa Javier Milei.

Según indicaron fuentes judiciales, se busca corroborar hechos ocurridos en el paso que transcurrieron, gran parte, por ejemplo en la habitación principal que compartían el ex presidente como la ex primera dama, al igual que en la casa de huéspedes del predio que es considerado territorio federal.

En la resolución, el juez escribió: “Dadas las características de especificidad e intimidad de los hechos denunciados; y en razón de las medidas de instrucción independientes ya ordenadas en la víspera, aquella no aparece como conducente a la acreditación de la hipótesis de imputación; por tales razones, no corresponde hacer lugar a la inspección judicial de la quinta de Olivos requerida”.

La reconstrucción de los sucesos “puede conseguirse a través de otros medios y pruebas”, indicaron fuentes del caso. El fiscal Ramiro González, en tanto, avanzará en esa línea con las declaraciones testimoniales, donde una de ellas incluye a Daniel Rodríguez, el ex intendente de la residencia de Olivos.

A la hora de requerir la inspección, el fiscal González había señalado que en el marco de la investigación, las medidas de pruebas se fundan en una hipótesis inicial que “responden a hechos enmarcados en la violencia de género que se sucedieron bajo una estructura de asimetría” en la que Alberto Fernández realizó “distintos comportamientos penalmente relevantes”. En total: nueve hechos que transcurrieron desde 2016 a 2023.

Además del primer hecho que transcurrió en la Capital Federal en 2016, la fiscalía relató otros sucesos que sustentan la imputación penal contra el ex presidente.

El primero del 12 de agosto de 2021, cuando “Alberto Fernández sujetó del brazo a Fabiola Yáñez, provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió el día 12/08/2021 a María Cantero”.

En julio del mismo año, el ex mandatario “mientras se encontraba junto a Fabiola Yáñez en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada 'fiesta de Olivos', le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le cuestionó '¿qué me hiciste?'. Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión”.

En cuanto a los denominados “Hechos IV y V”, se especificó que luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi (amiga de Yáñez), “el nombrado zamarreó a Yañez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello". Ese mismo mes, le “propinó una patada en el vientre a Fabiola Yánez, conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento”.

En el detalle de las acusaciones que se le formulan a Fernández, se planteó que durante el primer semestre de 2023, en horarios de la noche, “con habitualidad golpeaba con la mano abierta a Fabiola Yáñez", dejándole la mejilla "hirviendo", lo que provocaba que ella se fuera angustiada a la casa de huéspedes de Olivos.

Sobre ese punto se relató la siguiente situación: “En julio de 2023 le dijo a Fernández que ella no aguantaba más, que se iba a ir, a lo que el nombrado le propinó otro cachetazo. A partir de allí, decidió instalarse en la casa de huéspedes junto a su hijo y su madre. Pese a ello, Fernández se presentaba y entraba de manera violenta a la casa de huéspedes, dando portazos”.

Las últimas dos acciones que fundamentan la imputación contra Alberto Fernández, ocurrieron este año. El día 28 de junio -cuando el juez Julián Ercolini le fijó la primera audiencia-, en su teléfono celular recibió “la señora Yáñez varios llamados y mensajes efectuados durante la madrugada por Alberto Fernández, mediante los cuales insistentemente le referían que lo atendiera y 'terminemos con esto lo antes posible'", así como también que atendiera al doctor Juan Pablo Fioribello.

Lo que reveló el dictamen del fiscal es que fue Fioribello “quien le manifestó que no era bueno que haga la denuncia ni para ella ni para Fernández, dado que si lo hacía iban a decir cosas sobre ella. La pretensión de esos llamados tenían por objeto aprovechar la situación de vulnerabilidad emocional que estaba atravesando la Sra. Yáñez para que no inste la acción penal en la presente causa”.

El denominado "Hecho VI" responde al inicio de una investigación penal que tramita en paralelo, sobre el rol de Ayelén Mazzina, la ex ministra de la Mujer. La justicia quiere determinar si tal como ratificó Yáñez, tuvo conocimiento de los episodios denunciados ya que la ex funcionaria negó públicamente haber sido informada. Todo será objeto de otra investigación.

Fuente: Clarín

Luego de la denuncia de su ex pareja Fabiola Yáñez por “violencia física y mental”, Alberto Fernández publicó un comunicado en su cuenta de X en el que desmiente las acusaciones en su contra y asegura que “jamás ocurrió lo que ahora me imputa”.

“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, manifestó el ex jefe de Estado en su comunicado.

“Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”, concluye el mensaje.

Comunicado. pic.twitter.com/pfAdB48z7f

El ex presidente se expresó a través de sus redes sociales horas después de que se confirmara la presentación de su ex pareja ante la Justicia, en la que lo señala como violento y golpeador. Lo hizo en un posteo cerrado a comentarios, en medio del revuelo que generó la denuncia.

La noticia de la acusación de Fabiola Yáñez tuvo una amplia repercusión en la dirigencia política del país y también en los principales medios de comunicación del mundo, que registraron que Fernández enfrenta una seria denuncia por violencia de género.

Alberto Fernández tiene ahora medidas de restricción impuestas por el juez federal Julián Ercolini. En efecto, no puede abandonar el país ni tampoco acercarse o comunicarse con su ex pareja.

Esto se debe a que Yáñez denunció, entre otras cosas, que sufre terrorismo psicológico. Estaría aludiendo a comunicaciones diarias en las que habría sufrido amedrentamiento por parte de Fernández. La ex primera dama se encuentra actualmente viviendo en Madrid, España.

Los protagonistas de la denuncia que escandalizó a la política nacional eran pareja cuando se conformó el Frente de Todos, espacio político que ganó las elecciones y catapultó a Fernández a la presidencia de la Nación, durante el período 2019-2023. Convivieron en la residencia presidencial de Olivos. Algunos de los hechos denunciados habrían ocurrido en ese lugar.

La denuncia contra Fernández se formalizó luego de días en las que corrieron versiones de conversaciones que habría mantenido Yáñez con María Cantero, histórica secretaria del ex presidente. En esos diálogos es donde la ex primera dama habría dado cuenta del maltrato físico de la que fue víctima. Según una publicación del diario Clarín, no sólo existen mensajes escritos, sino también fotos, videos y audios que probarían los hechos que ahora Fernández niega.

Los chats, a su vez, fueron hallados por la Justicia en el marco de otra investigación en contra del ex presidente, en ese caso por tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con su cargo. Se sospecha, en el marco de ese expediente, que Alberto Fernández se habría ocupado de que su entorno reciba negocios vinculados a la contratación de seguros por parte de los organismos públicos, siendo el máximo jefe de la administración nacional.

La respuesta de Alberto Fernández en sus redes sociales fue la primera expresión que realizó en su nombre, en medio del escándalo. Antes, el abogado Juan Pablo Foribello, quien supo representar legalmente tanto a Yáñez como a Fernández, había afirmado que mantuvo una conversación con él, interrogándolo sobre los hechos de los que se lo acusa.

Allí, según Fioribello, el ex jefe de Estado negó haber ejercido violencia, no sólo contra Yañez sino “contra ninguna mujer”.

El peritaje del teléfono de Cantero arrojó material que la Justicia Federal preservó y que serán los elementos troncales para determinar si el ex presidente le pegó a su ex pareja. Esas pruebas contrastarán con las presentaciones que Fernández prometió esta jornada agregar a la causa.

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, rechazó la veracidad de la denuncia de su ex pareja Fabiola Yáñez, quien lo acusó de violencia de género ante la Justicia, al asegurar que “es todo falso” y que se encargará de “demostrarlo” en los tribunales.

“Estoy por sacar un comunicado. Es todo lo que diré. El resto lo haré ante la Justicia. Es todo falso. Pero todo lo demostraré ante la justicia”, le comentó el ex jefe de Estado a La Nación. 

La respuesta del Fernández llegó apenas minutos después de que se conociera que Yáñez, desde Madrid, donde reside desde fines del año pasado, formalizó la denuncia por “violencia física y mental”.

Yáñez lo hizo ante el juez Julián Ercolini, que en medio de la investigación por el escándalo de los seguros que involucra a Fernández, su ex secretaria María Cantero y al broker Héctor Martínez Sosa, encontró material fotográfico y chats donde la ex primera dama le explicaba a Cantero las agresiones que habría sufrido por parte de Fernández.

En medio de la investigación de la causa por el escándalo de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia encontró elementos que probarían la supuesta violencia hacia su ex esposa, Fabiola Yáñez. Si bien en un principio su abogado aseguró que no iba a llevar adelante medidas judiciales, en los últimos minutos se confirmó que Yáñez demandó al ex mandatario por “violencia física y mental”.

La denuncia la hizo Yáñez desde España en una audiencia virtual frente al juez Ercolini, que duró una hora. El magistrado dispuso medidas restrictivas para el ex jefe de Estado.

Cuando este fin de semana salieron a la luz los chats que tiene la Justicia, el conflicto entre ambos habría escalado, informó el periodista Claudio Savoia, en el diario Clarín. “Yo creo que, entre otros motivos, Julián Ercolini decidió acudir a la Oficina de Violencia de Género de la Corte para poder mantener el secreto y la reserva que buscaba, pero a la vez compartir con otra instancia judicial el material tan comprometedor que había llegado a sus manos”, dijo un camarista federal con décadas de experiencia en el fuero porteño a Clarín.

“Los actos de violencia son en principio delitos civiles, que se convierten en penales a través de una tipificación específica en el Código. El derecho penal es de última ratio, de última razón. Interviene donde hay un interés superior del Estado por regular relaciones entre privados, que deben desenvolverse lejos de su mirada. Si quieren pensar distinto hay que modificar la ley”, explicó un funcionario nacional que coordina el trabajo de fiscales de todo el país.

Otro fiscal federal con despacho en Comodoro Py comparte su visión, fundada en una experiencia personal. “En casos de violencia intrafamiliar, los fiscales pueden impulsar la investigación. A mí me tocó conocer varios, y uno muy de cerca”, expresó.

En el celular de Cantero habría cuatro fotos de Yáñez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila. Habría además un video en el que se vería una persona, posiblemente identificable como el ex presidente, en una presunta actitud violenta hacia su pareja.

El hallazgo fue en la causa a cargo del juez federal, Julián Ercolini. Al no tratarse de un delito federal, y para preservar la intimidad de la ex primera dama, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes el tribunal le envió esos datos, de manera reservada, a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.

Al día siguiente se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el abogado, Juan Pablo Fioribello, que representó a Fabiola Yáñez y a Estanislao Fernández, hijo mayor de Alberto Fernández, en demandas por difamación que ganaron. Según consigna Clarín, durante el encuentro con Ercolini habrían convenido comunicarse con la ex primera dama para transmitirle los datos encontrados en el teléfono de Cantero, lo que finalmente hicieron ese día, a través de un Zoom.

El juez le consultó a Yáñez si quería hacer una denuncia y la periodista, que vive en España junto a su hijo, le respondió que no tenía intenciones de viajar a la Argentina a realizar la presentación. Ante la posibilidad de que se tratase de un caso de violencia de género, la investigación por este eventual delito solo puede avanzar en caso de que la víctima lo pida.

El juzgado consignó en una resolución en la que no menciona al ex presidente que Yáñez vive en España, alejada de su esposo, y que no correría riesgos de sufrir más agresiones de violencia doméstica. El magistrado aclaró que el expediente queda archivado pero que podría impulsarse si quisiera Fabiola.

A partir de la causa por el escándalo de los seguros durante el Gobierno de Alberto Fernández, la Justicia habría encontrado fotos de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, con signos de golpes, además de chats de texto y audio en los que habría acusado al entonces mandatario por supuestas agresiones, incluso cuando estaba embarazada de Francisco, el hijo de ambos. Las posibles golpizas, registradas por Fabiola, habrían sido en la residencia oficial de Olivos. Lo reveló una investigación de Clarín que se publicó este domingo.

Al material lo encontró la Justicia en el teléfono de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, en un equipo secuestrado y peritado en el expediente en el que está imputado el ex mandatario. La sospecha sobre Fernández se debe a la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que benefició a brokers de seguros que mediaron con Nación Seguros y la contratación de pólizas desde varios organismos, concretamente la ANSES y el Ministerio de Seguridad, lo que habría dado el beneficio de comisiones millonarias. Entre ellos Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero.

En el celular de Cantero habría cuatro fotos de Yáñez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila. Además, se presume la existencia de un video en el que una persona, posiblemente identificable como el ex presidente, en una actitud violenta hacia su pareja.

El hallazgo fue en la causa a cargo del juez federal, Julián Ercolini. Al no tratarse de un delito federal, y para preservar la intimidad de la ex primera dama, el magistrado abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa. El 26 de ese mismo mes el tribunal le envió esos datos, de manera reservada, a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida.

Al día siguiente se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el abogado, Juan Pablo Fioribello, que representó a Fabiola Yáñez y a Estanislao Fernández, hijo mayor de Alberto Fernández, en demandas por difamación que ganaron. Según consigna Clarín, durante el encuentro con Ercolini habrían convenido comunicarse con la ex primera dama para transmitirle los datos encontrados en el teléfono de Cantero, lo que finalmente hicieron ese día, a través de un Zoom.

El juez le consultó a Yáñez si quería hacer una denuncia y la ex primera dama, que vive en España junto a su hijo, le respondió que no tenía intenciones de viajar a la Argentina a realizar la presentación. Ante la posibilidad de que se tratase de un caso de violencia de género, la investigación por este eventual delito solo puede avanzar en caso de que la víctima lo pida.

El juzgado consignó en una resolución en la que no menciona al ex presidente que Yáñez vive en España, alejada de su esposo, y que no correría riesgos de sufrir más agresiones de violencia doméstica. El magistrado aclaró que el expediente queda archivado, pero que podría impulsarse si quisiera Fabiola.

El Gobierno nacional emitió hoy un comunicado en el que culpó a la gestión anterior del actual brote de dengue, aseguró que la vacuna contra la enfermedad no es una herramienta “validada para controlar la transmisión” y acusó a los medios de comunicación de sumar “miedo y confusión”.

En medio del brote de dengue, por el que hay más de 180 mil contagios en el país y ya se contabilizaron 129 muertes, la gestión de Javier Milei publicó un comunicado desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, en el que subrayó que realiza un “seguimiento epidemiológico permanente” en todas las jurisdicciones del país.

En el escrito, el Gobierno se desliga de las responsabilidades por la situación al sostener que “hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado” en la gestión de Alberto Fernández, “donde no se hizo el trabajo correspondiente”.

El comunicado también dice que “el Ministerio de Salud trabaja evaluando la evidencia recolectada y tomando las medidas sanitarias más oportunas para el seguimiento epidemiológico en las distintas regiones del país”, con especial atención a “las zonas con mayor circulación de la enfermedad”.

La cartera nacional también indicó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en 2023, aunque sostuvo que no hay consenso para “recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación”.

“La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la trasmisión de la enfermedad en el contexto de brote”, aclararon. Asimismo, manifestaron que “no se avalará que la política o los medios de comunicación sumen miedo y confusión” e instaron “a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones”.

En el marco de la Resolución 42/2024 publicada en el Boletín Oficial, se determinó la implementación del esquema de autoseguro a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para los Créditos ANSES otorgados a jubilados, pensionados y trabajadores, en reemplazo de la cobertura brindada por Nación Seguros S.A., cuyo contrato ANSES dejó sin efecto.

En ese sentido, luego de un análisis y estudio exhaustivo por parte de esta Administración, se definió utilizar el autofinanciamiento para la cobertura del riesgo de muerte de los beneficiarios de los créditos, hasta su liquidación final.

Esta decisión resulta conveniente para ANSES desde la perspectiva financiera y supera toda situación irregular que se había constatado con el seguro de vida contratado con Nación Seguros S.A.

El presidente Alberto Fernández anunciará hoy por la noche, desde la Residencia de Olivos, la extensión de "una cuarentena estricta" en el AMBA que dure entre "10 o 15 días", con "el objetivo de vaciar camas" de terapia intensiva ante la pandemia del coronavirus.

Así lo anticiparon fuentes oficiales, que indicaron que el jefe de Estado busca "contener" la situación y "recuperar camas", por lo que decidió que "se vuelve hacia atrás" en el Área Metropolitana.

Antes del anuncio, el Presidente volverá a reunirse en la Residencia de Olivos "cerca de las 17:00" con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para "ultimar los detalles" del anuncio de extensión de cuarentena que realizarán esta misma noche.

"Estamos yendo al pico, estamos viendo el iceberg. El objetivo es vaciar y recuperar camas de terapia intensiva, por eso se vuelve hacia atrás por 10 o 15 días. Hay que contener la situación porque viene el pico de frío y puede haber falta de camas", resaltaron a Noticias Argentinas.

Los infectólogos que conforman el comité de expertos que asesora al Gobierno nacional en el marco de la pandemia coinciden en que el pico de casos aún no llegó y en que la suba de contagios exponencial que se dio en los últimos días está relacionada al ingreso del coronavirus a los barrios populares.

El infectólogo y fundador de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, afirmó que “tenemos que estar muy atentos a los lugares en los que no se puede mantener el distanciamiento social adecuado, las barriadas populares, los geriátricos, las personas en situación de calle en los paradores, y las cárceles” y manifestó desconocer cuándo llegará el pico de contagios.

“Efectivamente aumentó el número de casos porque se fue a testear a donde están los focos, lo cual no significa que habría que hacer testeos masivos en cualquier esquina porque eso no tendría sentido; para eso se lleva adelante este plan Detectar que busca encapsular los focos allí donde aparecen”, remarcó.

Cahn destacó que “la gran cantidad de casos que estamos viendo en la Ciudad son por la situación en las barriadas populares, especialmente en el barrio 31, allí la densidad poblacional es 4 o 6 veces mayor que en el resto de la Ciudad por lo que es imposible mantener el distanciamiento social”.

Por su parte, su par Eduardo López, dijo que el incremento en los fallecimientos está relacionado al ingreso del virus a los geriátricos. “La mortalidad está relacionada a los geriátricos, donde hay adultos mayores con comorbilidades”, amplió.

El médico pediatra, jefe del Departamento de Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y consultor del presidente Alberto Fernández, aseguró que en la Argentina aún no hemos llegado al pico de casos pero llevó tranquilidad al destacar que al trabajar con este “modelo de cuarentena al máximo, muy precoz y muy efectiva” no vamos a tener picos como los que se vieron en Estados Unidos, España e Italia.