Tras el caso del soldado que murió luego de ser extorsionado por una organización delictiva que actuaba desde la cárcel, surgió una propuesta para prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las prisiones de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto apunta a impedir que los detenidos utilicen dispositivos móviles para comunicarse sin control con el exterior y así evitar que sigan realizando estafas, amenazas u otros delitos mientras cumplen condena. La medida plantea retirar los celulares que hoy poseen los internos y reforzar los controles del Servicio Penitenciario.  

La discusión tomó fuerza después de la investigación por la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, quien fue víctima de una maniobra de extorsión llevada adelante por delincuentes que se encontraban presos. Los acusados lo engañaron mediante mensajes y llamados, presionándolo para que realizara transferencias de dinero bajo amenazas.  

Según la causa judicial, los integrantes de la banda utilizaban teléfonos desde el interior de la cárcel para organizar las estafas, coordinar los cobros y mantener contacto con cómplices fuera del penal. La situación reavivó el debate sobre la falta de controles sobre los dispositivos móviles en el sistema penitenciario.

Con esta iniciativa, los impulsores buscan reducir la posibilidad de que los internos continúen delinquiendo desde prisión y reforzar la seguridad tanto dentro como fuera de las unidades carcelarias. 

Patricio Ferrari, fiscal penal de la provincia de Buenos Aires, y quien se encuentra a cargo de la causa contra La Banda del Millón, presentó un pedido formal para que se prohíba el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, con el objetivo de mejorar la seguridad y terminar con el control que las bandas delictivas ejercen de manera remota desde el interior de los penales.

La solicitud fue presentada ante el fuero de ejecución penal y plantea que la presencia de estos dispositivos en manos de internos facilita la comisión de delitos y la coordinación de organizaciones fuera y dentro del sistema penitenciario. Además, el fiscal sostuvo que la circulación de celulares agrava los problemas de violencia y el poder de decisión de las bandas, que desde las celdas pueden dar órdenes y manejar actividades ilícitas sin restricciones.

El planteo incluye la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los penales y anticipa que su implementación tendría efectos positivos para evitar que internos sigan ejerciendo “mando remoto” sobre hechos delictivos. Las autoridades judiciales deberán analizar ahora la viabilidad de la propuesta y eventualmente adoptar medidas que restrinjan el acceso a estos aparatos.

La presentación se da en medio de un contexto en el que diferentes investigaciones judiciales y policiales han detectado que grupos delictivos continúan operando desde la cárcel utilizando teléfonos móviles para comunicarse, coordinar actividades y mantener su influencia en estructuras delictivas externas. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la liberación de diez ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela, en el marco de un acuerdo mediado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El pacto incluyó, además, la excarcelación de opositores venezolanos calificados como presos políticos y la repatriación de venezolanos que se encontraban encarcelados en El Salvador, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, diez estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad”, celebró Rubio en la red social X. El funcionario expresó su reconocimiento al equipo del Departamento de Estado de EEUU y especialmente a Bukele “por ayudar a asegurar un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos”.

La Oficina Externa de EEUU para Venezuela también celebró el acuerdo en redes sociales con la difusión de una foto de los diez liberados y el siguiente mensaje: “Nada representa la libertad como la bandera de los Estados Unidos. Diez estadounidenses liberados de prisiones venezolanas hoy están regresando a casa gracias al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al presidente Nayib Bukele. América Primero en acción”.

El propio Bukele confirmó el alcance del intercambio y señaló que su Gobierno entregó “a todos los venezolanos” que permanecían detenidos en la megacárcel de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), acusados de integrar el Tren de Aragua. Según detalló, muchos de ellos enfrentaban “múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”.

“Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes”, afirmó el presidente salvadoreño también en su cuenta de X.

El pacto recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue saludado por el propio Departamento de Estado en Washington DC, que emitió un comunicado oficial destacando que “más estadounidenses estaban injustamente detenidos en Venezuela que en cualquier otro país del mundo”. En el texto, Rubio calificó como “inaceptable” que el régimen de Nicolás Maduro encarcelara a ciudadanos estadounidenses “bajo circunstancias muy cuestionables y sin debido proceso”.

Desde Caracas, la Cancillería del régimen chavista confirmó la liberación de “un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia”, y agradeció la participación del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso de diálogo.

Según el comunicado difundido por el régimen de Maduro, la excarcelación de los estadounidenses respondió al canje por los 252 venezolanos que se encontraban detenidos en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, tras ser deportados previamente desde Estados Unidos.

“El país ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales”, afirmó la nota oficial del régimen.

Si bien ni Washington ni Caracas revelaron las identidades ni los cargos específicos de los liberados, fuentes diplomáticas indicaron que el proceso se desarrolló durante varios meses de negociaciones de alto nivel y que fue necesaria la coordinación entre múltiples actores.

El secretario de Estado estadounidense concluyó su mensaje con un llamado a la liberación de todos los presos políticos y ciudadanos extranjeros que aún permanecen detenidos en Venezuela. “La administración Trump continúa apoyando la restauración de la democracia en Venezuela. El uso de detenciones injustas como herramienta de represión política debe terminar”, sostuvo Rubio.

Fuente: Infobae

Oficiales de la Unidad Penal N° 15 de Batán llevaron a cabo un registro de seguridad, en el que encontraron diversas drogas, como cocaína, marihuana y pastillas psicoactivas.

Mediante un operativo de prevención a la infracción a la Ley 23.737, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense realizó una requisa diaria en la que secuestraron una importante cantidad de estupefacientes.

Los implicados fueron tres reclusos de 31, 36 y 59 años, a quienes les incautaron un envoltorio con 3,2 gramos de cocaína, otro con 8,1 gramos de marihuana y 24 pastillas celeste y blancas de estilo psicotrópicas.

Una vez que fue comunicado el resultado del procedimiento al fiscal Favaro, dispuso que notificaron a los sujetos por “tenencia simple de estupefacientes”. 

Un grupo de presos de la Unidad Penal N°6 de Dolores restauraron una silla de ruedas en un evento solidario y de servicio a la comunidad, en beneficio de un joven de 27 años. La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la gobernación provincial.

Tras ser donada por Yanet Bozegiav, responsable del centro de día Luz de sol, la silla de ruedas fue entregada a la Dirección de Accesibilidad, a cargo de la directora Marisa Zambonil.

Los internos que restauraron la silla de ruedas habían participado del curso de restauración de muebles, que se dicta dentro del sector penal. En este espacio se capacitan a personas privadas de libertad que ofrecen su mano de obra solidaria mientras aprenden un oficio con salida laboral.

En representación de la Unidad N°6, participaron de la entrega el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Adrián Eduard, junto a los oficiales David Villarreal y Yamil Tejera, responsables del Departamento Regional de Cultura Laboral Sede Este y el Area de Formación Técnica y Oficios.

La directora Zamboni, al recibir la silla, informó que ya tiene destinatario: será entregada a un joven de 27 años que la necesita y aguardaba hace tiempo por este recurso esencial para su movilidad.

Desde la cárcel señalaron que este tipo de acciones conjuntas entre organismos estatales, instituciones sociales y personas privadas de la libertad “permite mancomunar esfuerzos y trabajar en equipo por el bienestar de toda la comunidad”.

La provincia de Buenos Aires avanza en un nuevo proyecto de infraestructura penitenciaria con la construcción de un pabellón colectivo en la Unidad N°15 de Batán, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento del establecimiento y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de la cárcel. El nuevo sector incorporará 124 plazas y estará dentro del área de máxima seguridad del penal.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Juan Martín Mena, oficializó el llamado a licitación para ejecutar esta obra, con un presupuesto estimado en $3.072.152.114,56. En tanto, la apertura de sobres está prevista para el próximo 28 de marzo y el plazo de obra se fijó en 180 días corridos.

El nuevo pabellón, que busca aliviar la sobrepoblación carcelaria en Batán, fue diseñado para funcionar como un espacio colectivo dividido en dos sectores de alojamiento, donde cada uno tendrá capacidad para 62 personas, completando así las 124 plazas previstas. El sector contará con una superficie cubierta total de aproximadamente 1.030 metros cuadrados.

En esa línea, cada uno de los sectores dispondrá de áreas de descanso equipadas con 31 camas dobles, además de un espacio común destinado a funcionar como comedor y sala de estar. El diseño también incluye un sector sanitario con duchas, inodoros, un baño adaptado para personas con discapacidad y un patio descubierto, que servirá como espacio de recreación al aire libre.

En términos de seguridad y control interno, el pabellón incorporará un puesto de control elevado ubicado estratégicamente entre ambos sectores de alojamiento, lo que permitirá a los agentes penitenciarios monitorear de manera remota lo que sucede tanto dentro de las áreas de descanso como en el patio de recreo.

Asimismo, la estructura edilicia se ejecutará con un sistema de muros premoldeados, carpintería de seguridad y contrapisos de hormigón armado, mientras que la cubierta será de chapa, asegurando resistencia y durabilidad frente a las condiciones climáticas de la zona. Y en este sentido, el acceso al pabellón se realizará a través de un corredor cubierto, que conectará con la circulación existente dentro de la unidad y en el cual se instalarán dos puertas reja para conformar una esclusa de seguridad previa al ingreso.

Finalmente, para habilitar esta conexión interna, el proyecto prevé la demolición de un sector específico, donde se colocará la puerta de acceso al nuevo corredor. Esta intervención forma parte del plan integral de adecuación de la infraestructura penitenciaria, que el gobierno provincial busca acelerar para abordar los problemas estructurales que atraviesan las unidades carcelarias bonaerenses.

La construcción de nuevos pabellones en cárceles bonaerenses forma parte de una serie de medidas que la Provincia implementa para reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de habitabilidad de los internos, en un contexto donde la inseguridad y la reincidencia delictiva marcan la agenda de la administración de Axel Kicillof.

Según datos oficiales de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a enero de 2025, la Unidad N°15 presentaba una sobreocupación del 67%. En términos concretos, el penal contaba con capacidad para 937 personas, pero albergaba a 1.568 internos, lo que refleja una saturación estructural que afecta las condiciones de detención.

Luego de las reiteradas fugas de presos que hubo las últimas semanas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, apartará de sus funciones al ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.

Según trascendió, en su lugar, asumiría el comisario retirados de la Policía Federal y ex jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez.

Durante este fin de semana, y a causa de la cantidad significativa de detenidos que lograron escaparse de distintas comisarías de la Ciudad, el Gobierno porteño envió a casi 500 uniformados a las diversas alcaldías, con la idea de reforzar la seguridad en las calles.

Según el Gobierno porteño, los efectivos pasaron de áreas no operativas a las seccionales y, esta semana, podrían continuar con el envío hacia otras seccionales.

En este contexto, y luego de que el ahora ex ministro de Seguridad Waldo Wolff fuera a exponer la situación ante la Legislatura Porteña, Jorge Macri decidió que el funcionario no continuara con su gestión y asumiera Giménez que, en 2011, había sido designado como jefe de la Policía Metropolitana, durante el gobierno de su primo, Mauricio Macri.

Giménez desarrolló gran parte de su carrera en la Policía Federal y se retiró con el cargo de superintendente de la Dirección General de Seguridad Interior.

Durante los primeros días de asumir como jefe de la Policía Metropolitana, Giménez fue el encargado de llevar adelante el desalojo del Hospital Psiquiátrico Borda, donde terminaron heridos varios trabajadores de prensa, personal de Salud de la institución, legisladores porteños y manifestantes que se encontraban en las inmediaciones; como resultado del operativo se contabilizaron más de 50 heridos.

Fuente: Noticias Argentinas

En una extensa entrevista con “Los datos del día” de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, explicó de qué trata el juicio en ausencia y los cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre la reiterancia, la reincidencia y la unificación de penas. 

“Juicio en ausencia, la reiterancia y la ley antimafias son tres proyectos con objetivos específicos y tienden al mismo objetivo general, que es combatir la impunidad, generar un Estado donde primen la ley y el orden, y lo referido a la frase ´el que las hace, las paga´. Pero tienen objetivos específicos distintos porque, por un lado, el proyecto de ley que se aprobó de antimafias tiende a combatir el crimen organizado, agravando las sanciones para los miembros de las organizaciones criminales que prevé la ley", desarrolló en primer lugar.

A su vez, añadió que "la ´ley antimafias´ le da herramientas especiales de investigación a los fiscales y a las fuerzas de seguridad en estos casos, con una mesa de articulación federal entre las provincias y la Nación, y una herramienta de decomiso anticipado de bienes para sacarle su patrimonio a los delincuentes en las primeras instancias del proceso”.

Según Ferlauto, este proyecto de ley “hace referencia al combate de la criminalidad organizada, en el entendimiento de que en aquellos lugares donde está más instalada, los indicadores de violencia se disparan y crecen muchísimo”.

“Lo que vivió Rosario en los últimos años tiene que ver con esto, sobre la instalación de grupos criminales que se disputaban el territorio y el poder entre sí, y le planteaban un desafío a un Estado que no estaba coordinado para enfrentarlo seriamente”, subrayó.

Pero en tanto al juicio en ausencia, sostuvo que apunta a “otra cosa”, ya que es “una respuesta a los familiares de víctimas y también a las víctimas de hechos gravísimos y de crímenes internacionales como terrorismo, genocidio o de lesa humanidad”. En esa línea, acotó que se busca “dar una herramienta procesal excepcional para que en estos delitos no se exija la presencia física del imputado para avanzar con el juicio y la eventual condena”.

, pero ahora no hace falta, ya que puede ser en suspenso. El segundo pilar de este proyecto es la modificación de la unificación de penas, porque hasta ahora cuando una persona era condenada a cinco años y ya tenía otra condena en cumplimiento igual, el segundo juez las unificaba y la lógica indica que debía darle una pena única de diez años”, expresó acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso.

Sin embargo, el ex secretario de Seguridad de General Pueyrredon aclaró que “el sistema garantista en extremo al que habíamos llegado le daba la facultad al juez para que imponga, a través de un método conocido como composicional, una reducción al número que surgía de la suma de ambas condenas”.

Entonces, lo que buscaron fue que “si una persona es condenada a cinco años y después también a otros cinco, la pena única va a ser de diez, una modificación al Código Penal que rige en todo el país”, según sostuvo.

“La reiterancia, que es un instituto nuevo en el derecho nacional, es de índole procesal y rige en las causas que se tramitan ante el fuero federal y nacional. Hay algunas provincias que incorporaron a sus régmines procesales la figura de la reiterancia, como Buenos Aires, la cual consiste en que desde ahora cuando un juez tiene que resolver y un fiscal dictaminar sobre si corresponde o no dejar a una persona presa durante el proceso, debe mirar las detenciones e imputaciones previas que tuvo esa persona. Esto evita el fenómeno de la puerta giratoria”, concluyó Ferlauto.

Los presos en Santa Cruz salieron a trabajar luego de la medida dictaminada por el Gobierno provincial a través del programa “Manos a la obra es ocio cero”. Las autoridades señalaron que tiene como objetivo favorecer la reinserción social y brindar herramientas laborales.

En las últimas horas comenzaron a circular diversas imágenes donde se observa la llegada de reclusos a distintas obras públicas donde tienen que realizar tareas en la construcción y mantenimiento de infraestructura.

"Es una forma de devolverle a la sociedad un gesto por los errores cometidos y, al mismo tiempo, de que cuando recuperen su libertad se adapten a trabajar", expresó el gobernador Claudio Vidal.

Este martes, 18 internos de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos participaron de diversas tareas en la construcción de un camping en la costanera. Durante la jornada los presos colocaron adoquines y cordones cuneta.

Aunque por ahora el programa solo abarca la construcción, en un futuro podría extenderse a otras áreas como, por ejemplo, la agricultura y la ganadería.

“Se busca que trabajen en grupo, que puedan socializar, que le generen un bien a la sociedad trabajando para mejorar, por ejemplo, un espacio público es una manera práctica para que los internos dejen de estar sin ninguna actividad productiva, y dediquen el tiempo de ocio para generar una mejora en la ciudad donde están detenidos, algo que puede servir a disminuir la reincidencia y a desalentar la criminalidad”, remarcó.

Se destacó que todos los trabajos son supervisados por personal especializado y con los elementos de seguridad correspondientes.

Cinco policías de la Alcaidía N°9 en Liniers, donde se concretó la fuga de 17 presos, fueron imputados. Están acusados de “favorecer la evasión de detenido o condenado”, por lo que, si son hallados culpables, podrían recibir una pena de entre un mes y cuatro años de prisión.

Además, si el autor es un funcionario público, se le impondrá una inhabilitación absoluta por un triple tiempo.

El martes 24, luego de que se diera a conocer la masiva evasión, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, encomendó a la fiscal Lorena San Marco investigar a la Policía de la Ciudad.

Luego de que se hayan confirmado que cuatro de los 17 detenidos ya fueron recapturados, las autoridades anunciaron que cinco efectivos están imputados.

Matías Petrarca, el prófugo más peligroso que se escapó de la Alcaidía N°9 en Liniers, fue capturado en las últimas horas luego de que se descubra que salió a bailar y subió contenido a sus redes sociales.

La detención de Petrarca, quien estaba acusado de homicidio agravado, sucedió en Villa Lynch, partido de San Martín, tras una ardua investigación.

De este modo, todavía restan hallar a otros 13 presos, mientras que Agustín Esteban Franco, Jorge Alet, Nahuel Romero y ahora Matías Petrarca ya están de vuelta tras las rejas.

Fuente: Noticias Argentinas 

Las fugas de presos han sido el punto débil de la Policía de la Ciudad en este 2024, sobre todo las tres últimas, ocurridas en menos de un mes. El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, que ya había desplazado de sus cargos a Sebastián Vela, responsable civil de la cartera, y a Martín Ochoa, director de Alcaidías; ahora echó al jefe y subjefe de la Fuerza tras la evasión de 17 detenidos de una dependencia del barrio porteño de Liniers.

Mientras el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques, ordenó investigar a toda la Policía porteña; fuentes oficiales de la Ciudad estimaron que, por lo pronto, no habría un hecho de corrupción vinculado a la fuga de Liniers ocurrida en la víspera de Nochebuena.

“Esto, por lo visto, es un caso de desidia policial y de falta de control de los internos“, aseguró una fuente clave en la problemática que le quita el sueño a Wolff.

Ello se debe a que no da el perfil de los detenidos: seis de ellos son oriundos de Chile y todos ya tienen causas en trámite o condenas en tribunales orales porteños por delitos como robo, encubrimiento y tentativa de homicidio. Uno está en situación de calle.

Los 17 detenidos escaparon de la Alcaidía 9 de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle Gana al 400, zona de Liniers, a través de un agujero de 30 centímetros de diámetro en una pared de ladrillo hueco de un patio interno. La fuga se dio en las últimas horas del lunes.

Los prófugos fueron identificados como Roger Adaro Davies, Kevin Gastón Villalba, Nicolás Alejandro Serra, Brian Valdebenito, Gastón Riquelme Alana, Cristian Ignacio Zavala Ramírez, Rodrigo Molina Meléndez, Brian Leonardo Maidana, Jonatan Cristofer Espinoza Vilches, Axel Ezequiel Romero, Jorge Ángel Alet, Luis Leiva Galván, Agustín Esteban Franco, Matías Daniel Petrarca, José Gabriel Salina y Nicolás Alejandro Uribe Paves.

De los 17 evadidos, Axel Romero, de 21 años, fue el primero en ser recapturado. La Policía porteña lo encontró en un domicilio que había registrado en la calle Falucho, en la zona de Ingeniero Budge.

El hecho tuvo enormes repercusiones políticas: Wolff decidió expulsar de sus cargos a los comisarios generales Pablo Kisch y Jorge Azzolina, jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad. Sus sucesores son Diego Casaló y Carla Mangiamelii.

Lo cierto es que Mahiques decidió ir a fondo y ordenó una profunda investigación sobre la Policía a la fiscal Lorena di Marco, a cargo de la FEVIIP, el área especializada en violencia institucional e integridad policial.

Según detallaron fuentes judiciales, la lupa se pondrá sobre toda la fuerza porteña, desde su cúpula. En este sentido, se indagarán los roles, el funcionamiento y las responsabilidades de los agentes que integran la Policía de la Ciudad.

El operativo para recapturar a los prófugos está a cargo del fiscal contravencional porteño Blas Michenzi.

La fuga de Liniers es la tercera en menos de un mes que ocurre en una dependencia de la Policía de la Ciudad, luego de los 11 detenidos que escaparon de una comisaría en Barracas a fines de noviembre pasado y los otros dos que huyeron del Centro de Contraventores de Pompeya, donde una policía terminó detenida, sospechada de haber colaborado con los reos.

Fuente: Infobae

Un total de 17 presos se fugaron anoche de la Alcaldía N°9 del porteño barrio de Liniers, ubicada en Gana al 400.

Según las primeras informaciones, los malvivientes hicieron un boquete y concretaron la masiva fuga.

Según se indicó, de los diecisiete evadidos once son argentinos y seis de nacionalidad chilena. La mitad cuenta con domicilio en provincia de Buenos Aires, mientras que cinco de ellos se encontraban cumpliendo una condena en dependencias de Capital Federal.

La Policía de la Ciudad se encuentra realizando tareas de investigación, desplegando brigadas y realizando un operativo cerrojo para dar con los evadidos.

El presidente Javier Milei habló hoy en un acto de entrega de sables a las fuerzas federales de seguridad, en el que se refirió a las políticas garantistas y anunció que los presos no podrán mudarse de cárcel por cambios en la identidad de género.

"Los delincuentes no van a a poder solicitar un cambio de penal bajo el paragüas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir", expresó durante su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El jefe de Estado hizo referencia al caso de “Guille” Cantero, el líder de la banda de narcos de Rosario “Los Monos”, quien se declaró bisexual y poliamoroso como excusa para agregar nombres a la lista de contactos estrechos.

En su discurso, hizo hincapié en los casos de delincuentes que utilizando la Ley de Identidad de Género buscan ser trasladados a cárceles de mujeres "para aprovecharse de las reclusas, o conseguir negociados a partir de condiciones más laxas".

"Quienes no adhieran a esta normativa lo único que estarán haciendo es premiando la creatividad de los criminales y faltándole el respeto a las víctimas del delito", advirtió.

Asimismo, Milei destacó el rol de las fuerzas de seguridad durante la ceremonia y aprovechó para criticar gestiones pasadas por la liberación de presos, como ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández en pandemia, y por un garantismo.

El presidente una vez más dijo que su gestión está basada en tres pilares: "el que las hace las paga", orden público y que "los buenos son los de azul".

"Son esos pilares que han diferenciado a la civilización de la barbarie a lo largo de la historia, y estos pilares nos están trayendo resultados positivos en el primer año de gestión bajo la brillante conducción de la doctora Bullrich", señaló y pidió un aplauso para la ministra.

Finalmente, brindó dos consignas que definió como "verdades inmutables" y allí destacó a la seguridad pública como “indispensable para el crecimiento del país”, al igual que el respaldo a las fuerzas de seguridad.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza el programa Manos a la obra, que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles.

La prueba piloto del programa comenzó en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. Rápidamente, el personal penitenciario organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios. Actualmente, se están terminando de pintar los interiores de las instalaciones para continuar con el exterior, y esto se replicará en todo el país.

El programa también incluye la implementación de sistemas biométricos para el control de horarios. Además, la clasificación de los internos permitirá una asignación eficiente de las tareas, bajo la estricta supervisión del SPF.

“Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del SPF, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo Bullrich.

La funcionaria remarcó que “nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”.

“Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar”, agregó.

Por otra parte, la ministra de Seguridad indicó que “manos a la obra es ocio cero. El ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”.

“Nuestro objetivo es devolverle a la sociedad lo que se le quitó. No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada”, remarcó.

La titular del ministerio de Seguridad adelantó que presentará un proyecto para un cambio sustancial en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, entre otros cambios de fondo, “que reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario”.

Estuvieron presentes junto con la ministra: el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el director y subdirector del SPF, Fernando Martínez y Diego Morel, respectivamente; el director general del Cuerpo Penitenciario, Leí Zamón; el director general de administración, prefecto Jorge Alejandro Quintramar; el presidente del ente cooperador, prefecto Juan Manuel Bosia; y la jefa del Complejo Penitenciario Federal IV, prefecto Roxana Blanco.

Personas privadas de la libertad la Alcaidía Penitenciaria de Batán, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), reacondicionaron 80 sillas para la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en una acción solidaria y de servicio a la comunidad.

La experiencia contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

El trabajo fue realizado por internos que se desempeñan en la sección talleres, quienes aplicaron sus conocimientos en carpintería, tapicería y herrería para reparar y restaurar el mobiliario provisto.

Al momento de la entrega de las sillas restauradas se contó con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Esther Castro, y la subsecretaria de coordinación, Alejandra Narvarte.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la invaluable donación del trabajo realizado por las personas alojadas en la Unidad Penal 44 de Batán. Gracias a su dedicación y esfuerzo, hemos podido renovar completamente el tapizado y la pintura de la totalidad de sillas del Aula Magna de nuestra unidad académica”, dijo Castro.

Y agregó: “El impacto de su labor en nuestras instalaciones es significativo, y valoro enormemente la predisposición, habilidad y compromiso que han demostrado en este proyecto. Confío en que este sea sólo el comienzo de una fructífera colaboración entre nuestras instituciones, y espero que en el futuro podamos llevar adelante muchos otros proyectos juntos”.

Estuvieron acompañadas por el director de la Alcaidía, Edgardo Flores, el subdirector de Seguridad, Ariel Fontana, el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Germán Rodríguez, el subdirector de Administración, Francisco Lapera, y el jefe de la Sección Talleres, Hernán Fontana.

Flores agradeció a las autoridades universitarias y resaltó la importancia del trabajo que realizan las personas privadas de la libertad a través de la donación de mano de obra, que se verá reflejado en la educación pública.

“Este es un trabajo que surge a raíz de las relaciones institucionales y acordaron continuidad para seguir trabajando en conjunto y ampliar esta serie de acciones”, indicó Flores.

En una actividad solidaria, personas privadas de la libertad de una cárcel bonaerense de Campana confeccionaron y entregaron a un refugio 30 abrigos para perros rescatados.

El emprendimiento se realizó en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

La iniciativa nació del contacto entre el Complejo Penitenciario Campana y la Asociación Protectora de Animales de Campana (APAC) y se concretó en los talleres textiles de la Unidad 21.

Los internos confeccionaron los abrigos faltantes para que los 100 perritos rescatados no pasen frío. Así fue que armaron los moldes y pusieron manos a la obra en el taller de costura para terminar con los abrigos que fueron entregados en las últimas horas.

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Oscar, uno de los internos con más experiencia en costuras del Taller de la Unidad 21, a cargo del director Marcelo Guevara, contó: “Nos pone muy felices poder realizar estos trabajos porque todo vale por ellos (los perros), pusimos lo mejor de nosotros porque, como se dice, lo que se hace con amor sale bien”.

El Jefe del Complejo Penitenciario Campana, Mario Clementi,  destacó que “desde la Unidad 21, como desde las otras Unidades del Complejo, continuamos promoviendo la interacción con entidades de bien público de la ciudad de Campana y de la zona de influencia, con el propósito de crear lazos con otros actores de la sociedad, especialmente si se trata de acciones solidarias”.

Silvia Montani, colaboradora de APAC, que es una entidad solidaria sin fines de lucro que realiza una labor destacable como es el rescate, cuidado y refugio de perritos que fueron abandonados, también expresó sus sentimientos. “Estamos muy felices ya que es la segunda vez que desde el Complejo participan colaborando con APAC. En primera instancia, para el Día del Animal construyeron cuchas convocados por una campaña que lanzamos para prepararnos para el invierno”, señaló.

Estas organizaciones sin fines de lucro se dedican a ayudar a los animales necesitados, protegiéndolos de la crueldad y el abandono, fomentando la adopción de mascotas y la esterilización. Mientras tanto, no solo alimentan a los caninos, sino que también los pasean, los educan y los preparan para que tengan la oportunidad de ser recibidos en un nuevo hogar.

En un comunicado publicado este sábado, un día después de presentar su clasificación mundial de la libertad de prensa en el mundo para este año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) puso el foco en lo que se vive en cinco de los países más poblados, China, Rusia, Bangladesh, Pakistán e India.

En el caso del gigante asiático, que ocupa el puesto 172 de los 180 evaluados, la organización afirmó que es “la mayor prisión del mundo” de periodistas, ya que hay más de 110 entre rejas, y además “trata de exportar su modelo totalitario de control de la información”.

Asimismo, advirtió que más de la mitad de la población mundial vive en países en los que la situación de la libertad de prensa es “muy grave” y en los que los periodistas se juegan su vida o su libertad.

En todos ellos, “las recientes tentativas de control de la información durante las elecciones son la perfecta ilustración de la amplitud de la represión de la libertad de prensa que viven”, señala el texto.

En total, hay 36 países en los que la ONG considera “muy graves” las condiciones de ejercicio de la libertad de prensa, cinco más que en 2023.

En el otro extremo, únicamente un 8% de la población mundial está en países donde la situación es “buena” o “satisfactoria”, esencialmente en Europa, aunque también hay algunos en América (Canadá, República Dominicana, Jamaica o Costa Rica), en Oceanía (Australia, Nueva Zelanda), Asia (Taiwán) y África (Sudáfrica, Namibia o Mauritania).

En Rusia, en la posición 162, en previsión de las elecciones presidenciales, que han vuelto a confirmar en el Kremlin a Vladimir Putin, se adoptaron nuevas leyes para regular internet con el objetivo de “silenciar las voces disidentes y limitar el acceso a más de 140 millones de habitantes a informaciones fiables”.

Sobre Bangladesh (165), denuncia que el año previo a la reelección “sin sorpresa” de la primera ministra para un cuarto mandato consecutivo fue “de una gran violencia contra los periodistas, en particular durante manifestaciones que favorecían un clima de terror” del que se ha aprovechado el régimen.

En Pakistán (152), afirma que “se ha reforzado la censura oficial de los medios por los servicios secretos”, acusados de asesinar periodistas, con el objetivo de “borrar el partido del antiguo primer ministro Imran Khan del espacio mediático de la campaña electoral de febrero de este año.

Sobre India, se queja de que en un momento en que el actual primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi, es candidato para un tercer mandato después de diez años en el poder, “la plaga de las campañas de desinformación y de acoso contra periodistas aumenta todavía más, así como las restricciones de acceso para los periodistas extranjeros”.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras advirtió que las autoridades políticas se han tornado en una de las principales amenazas a la libertad de prensa en todo el mundo debido al aumento de gobiernos y autoridades que “fallan en su papel de garantizar un marco ejemplar para el ejercicio del periodismo” y el acceso a una información fiable. Así se desprende de la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por la organización, que destaca que el aspecto político, uno de los cinco indicadores que entran en juego en su informe, es el que más desciende a nivel mundial en el último año.

“RSF observa un deterioro preocupante del apoyo y el respeto a la autonomía de los medios, así como un aumento de las presiones que ejercen los Estados u otros actores políticos sobre ellos”, reza el documento publicado este viernes por RSF, que denuncia que este año “se caracteriza por la ausencia manifiesta de voluntad política” para proteger a los periodistas.

Personas privadas de libertad en la cárcel de Dolores participaron en el proceso de elaboración de 270 lápices ecológicos que fueron donados a una escuela primaria de esa localidad, en el marco de una experiencia solidaria con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

En la iniciativa, desarrollada en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), se contó con la participación y coordinación de la ONG Sumando Eco y el personal penitenciario, y la colaboración de entidades de la localidad.

La producción de 270 lápices plantables ecológicos fueron entregados a la Escuela de Educación Primaria N°15 “Juan Bautista Alberdi”, institución educativa que seleccionó la ONG. 

Los internos que participaron del proyecto se capacitaron en la producción de los lápices en un curso de tres meses dictado por la ONG. La escuela beneficiada posee una matrícula de 106 alumnos, de jornada completa, y recibió la contribución para los estudiantes de primer a sexto año.

Al acto de entrega, la ONG invitó a participar a las autoridades de la Unidad 6 y contó con la presencia de la directora de la Escuela, Valeria Balmartino, acompañada por su equipo docente. En representación de la Unidad Penitenciaria, estuvieron presentes el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Adrián Eduard, el coordinador de técnicas y oficios, José Passone, junto a Inés Fernández, integrante de la ONG Sumando Eco.

Este proyecto, que comenzó hace tres meses, ha sido posible gracias a la colaboración con diversas instituciones, incluido un diario local desde donde se facilitó el papel necesario para la fabricación de los lápices. Además, varias instituciones han contribuido con el aporte de minas, primordiales para completar el proceso de fabricación.

El reciclado de materiales ha sido fundamental en este proyecto, que busca promover la sustentabilidad y la educación ambiental. Los niños de tercer grado recibieron los primeros lápices durante la visita a la escuela.

Cuatro detenidos alojados en la Comisaría Comunal 6, ubicada en la avenida Avellaneda al 1500, en el barrio porteño de Caballito, se fugaron en la noche del domingo, de acuerdo confirmaron fuentes policiales. Dos de ellos fueron recapturados, en medio de un enfrentamiento donde cuatro efectivos policiales resultaron heridos.

Según se informó, los hombres que lograron huir (Jonathan Coma, de 32 años, y Nelson Nicolás Riquelme Pichun, de 29 años) lo hicieron a bordo de una Camioneta Ecosport color roja que estaba estacionada en las inmediaciones.

A principios de este mes, otro episodio similar ocurrió en una comisaría de San Telmo, donde nueve detenidos se dieron a la fuga, aunque rápidamente se logró recapturar a dos de ellos.

A raíz de este último incidente, se desplegó un intenso operativo de seguridad para dar con el paradero de los dos fugados. Según informaron las autoridades, los cuatro detenidos comenzaron su fuga cerca de la medianoche, cuando empiezan a correr por los pasillos, entran al despacho del jefe del servicio, rompen la ventana, saltan al playón y de ahí directamente a la calle.

La secuencia continúa en la calle Bogotá, donde se produce el enfrentamiento con efectivos policiales y la recaptura de dos delincuentes. Hubo heridos con politraumatismos que debieron ser asistidos por personal médico.

Esta situación pone nuevamente en foco de la discusión la situación carcelaria en la ciudad de Buenos Aires. Luego de la mencionada fuga en la comisaría de San Telmo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que “en las comisarías porteñas hay más gente detenida de la que debería haber” y advirtió: “Necesitamos que se vayan al Servicio Penitenciario Federal”.

“Hay que entender que el 94% de los detenidos son de la justicia nacional o federal. No son competencia de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos tienen pena firme. Están condenados”, afirmó en declaraciones a radio Continental.

Y siguió: “Una comisaría es un lugar preparado para que alguien esté detenido unas pocas horas. Cuando alguien está detenido muchos días, eso provoca varias complicaciones. Primero, no tienen un lugar donde, por ejemplo, ducharse. O hay que acercarles la comida, o vienen los familiares a visitarlos. Todo ese operativo que tiene que ver con que alguien esté detenido, la comisaría no lo tiene”.

En sintonía, el secretario de Seguridad porteño y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, también se refirió en aquel momento a la superpoblación de presos en CABA. Según detalló el funcionario a Infobae, la Ciudad tiene 70 comisarías y 34 alcaidías, de las cuales 13 son anexos. Allí, con base en cifras oficiales, hay alojados 2005 presos, entre condenados, procesados y recientemente aprehendidos; cuando el sistema tiene capacidad para 1041 plazas. O sea, una superpoblación del doble que se comenzó a gestar en 2020, con la por entonces interventora del SPF Garrigós.

“Cuando Garrigós no aceptó más presos, la Ciudad tuvo que reinventar un servicio penitenciario sui generis con policías para cuidar a los detenidos. La mayoría están con condenas o procesados, sin la posibilidad de estar en un pabellón ya instalados, con un régimen de visitas, posibilidades de estudios y un plan de alimentación”, describió Kravetz.

También este mes se conoció que en Balvanera se escaparon otros dos presos. “Habían violentado una reja del calabozo, el cual funcionaba anteriormente como vestuario de dependencia”, explicaron las fuentes consultadas sobre las condiciones en las que están los detenidos.

Fuente: Infobae. 

En el marco de las actividades laborales que se desarrollan en las cárceles bonaerenses privados de la libertad de la Alcaidía de Batán, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, restauraron un vehículo oficial del municipio de General Pueyrredón.

Se trata de una trafic del departamento de Bromatología a la que los internos le hicieron trabajos de chapa y pintura y mecánica. Y hoy, en un breve acto, se entregó el rodado a las autoridades municipales.

Para la ocasión se invitó al jefe del Departamento de Bromatología municipal, Pablo Finkelstein quien recibió el vehículo restaurado por parte del director del establecimiento penitenciario, Roberto Astete.

“Los arreglos de reparación que se efectuaron fueron de chapa, pintura y algunos arreglos mecánicos que fueron necesarios para reparar este vehículo que no contaba con funcionamiento debido a su estado”, explicó Astete.

“Me enorgullece que podamos colaborar con  la puesta en valor de un vehículo de trabajo sobre todo en estos tiempos que atravesamos que para el departamento de Bromatología es muy importante contar con otra unidad para garantizar los controles, la prevención y la promoción de la salud para nuestra comunidad “, agregó Astete.

Los arreglos los realizaron internos que trabajan en la sección Talleres, a cargo de Ramiro Schmal y Hernán Núñez.

El acta de entrega fue realizada por el  Jefe del Departamento Regional de Cultura Laboral Zona Este, David Villarreal, acompañado por el subdirector Edgardo Flores.