A casi un año de haberse decretado la Emergencia en Discapacidad y a más de dos meses de la promulgación de la Ley 27.793, el Gobierno nacional continúa sin aplicar las medidas que dicha norma establece. Diversas entidades del sector denunciaron a través de un comunicado titulado “no somos cómplices” que el Estado argentino “incumple un mandato legal y social” que exigía “respuestas urgentes” para un sistema que atraviesa una “crisis estructural”.

La ley, sancionada por el Congreso tras un amplio proceso, ordenaba corregir un desfasaje arancelario del 70%. Sin embargo, el aumento recientemente anunciado alcanza solo el 35% y se terminará de cobrar entre marzo y abril de 2026. “Lo que debía ser una reparación se convirtió en una nueva forma de ajuste”, señalan desde el colectivo de prestadores.

El incremento, además de insuficiente, se considera tardío y ajeno a la gravedad del contexto. No contempla compensación retroactiva por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que equivale a tres meses de facturación perdida. Mientras tanto, “los prestadores continúan endeudándose, las instituciones se sostienen con recursos mínimos y las familias asumen costos que el Estado debería garantizar”.

“El aumento correspondiente a octubre se hará efectivo recién entre enero y febrero de 2026”, advirtieron. A esto se suma el atraso arancelario acumulado, que obliga a las instituciones a afrontar gastos ordinarios, incrementos salariales, aguinaldos, combustible y servicios básicos con valores desactualizados.

Desde el sector afirman que el discurso oficial habla de avances, pero la realidad es otra. “El aumento no representa una mejora: representa el desconocimiento de una ley vigente, un acto de desobediencia institucional que precariza la atención, debilita a las instituciones y condena al colectivo de la discapacidad a seguir sosteniendo, con esfuerzo y deuda, lo que el Estado elige desfinanciar”.

Julián asiste a primer grado en la Escuela Nº 55 de Mar del Plata en un contexto muy particular. Cuenta con un Certificado Único de Discapacidad, ya que hace un tiempo fue diagnosticado con el síndrome de Padre Willi, una afección genética poco frecuente que conlleva complicaciones físicas, mentales y conductuales. 

Desde comienzos del ciclo lectivo necesita el acompañamiento de Candelaria, profesional lo conoce porque ya trabajó con él previamente y cuya continuidad fue indicada por médicos y psicólogos.

Sin embargo, en lo que va de 2025, Obra Social de Petroleros (OSPE) no abonó ni un mes de la prestación. Según la madre del niño, la entidad terceriza el servicio en la empresa Feluma, que se negó a tomar el caso por estar judicializado, y ahora ambas partes se “pasan la pelota”.

“La prestación está aprobada por OSPE, pero no pagan. Llegamos a septiembre, Candelaria no pudo cobrar nada y la situación no da para más. Julián puede quedarse sin acompañante, y él no está preparado para asistir a primer grado solo”, advirtió la madre en diálogo con El Marplatense.

“Cada vez que envío un reclamo a OSPE, ellos me dicen que me falta tal papel, el cual ya subí a la web y tengo comprobante de cada cosa que mandé. Ya agoté todos los recursos desde mi lado como mamá, mandé carta documento, hice reclamos de manera presencial, llamé al 0810 e inicié el amparo”, continuó. 

El conflicto persiste a pesar de que en julio la Justicia dictó medidas cautelares que habilitan a la prestadora a facturar al valor solicitado. “Ya agoté todos los recursos: carta documento, reclamos presenciales, llamados, un amparo. Pero no hay respuesta”, explicó.

Desde la escuela destacan la contención brindada por maestras y directivos, asiste a una colegio común y articula con la escuela N° 501, pero el acompañamiento resulta indispensable por el leve retraso madurativo de Julián y su condición física: “hace dos años fue operado de la columna y no puede exponerse a golpes o caídas”.

En el marco del tratamiento en el Senado de la ley de emergencia en discapacidad, integrantes del colectivo Prestadores Unidos Mar del Plata realizaron una vigilia frente al Municipio. Jessica Machado, una de las referentes del espacio, alertó: “Si hoy no se aprueba la ley, el sistema como lo conocemos va a desaparecer”.

La protesta reunió a transportistas, profesionales, familias y personas con discapacidad, quienes expresaron su preocupación por el deterioro de las prestaciones, los atrasos en los pagos y la falta de actualización en los honorarios.

Desde el sector reclaman que se garanticen derechos ya existentes, no nuevas conquistas. “Se están vulnerando derechos adquiridos. Ni siquiera estamos pidiendo leyes nuevas, sino que se cumplan las que ya existen”, explicó en diálogo con El Marplatense.

Machado también cuestionó el silencio de los organismos oficiales y la falta de respuestas de los concejales marplatenses, a pesar de los reiterados pedidos de reunión. “Hace más de un año y medio que no nos convocan. Es vergonzoso”, afirmó.

La ley que se discute hoy no solucionaría todos los problemas, pero sería un paliativo. “Es una gran curita para un sistema en estado crítico. Sin eso, directamente se muere”, concluyó la vocera.

Frente a las puertas del Palacio Municipal de Mar del Plata, la organización Prestadores Unidos MDP encabezó una manifestación para exigir la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. La movilización fue acompañada por transportistas, terapeutas, familiares y personas con discapacidad, quienes reclamaron políticas públicas integrales y urgentes frente a una situación que califican como insostenible.

“Acá no hay partes, somos una gran comunidad que apoya a las personas con discapacidad y a sus familias. Por eso el reclamo es mancomunado. Logramos unirnos para visibilizar lo que está pasando y decir basta”, expresó Jessica Machado, una de las referentes del colectivo. “Queremos que se trate la ley de emergencia porque parece que no somos oíbles” manifestó en dialogo con El Marplatense.

La protesta denunció múltiples problemáticas: recortes en terapias, demoras de más de cinco meses en los pagos a prestadores, falta de aumentos en los honorarios y abandono por parte de las obras sociales. “Reclamamos también pensiones no contributivas que no se están pagando, y una auditoría real sobre el funcionamiento de las obras sociales. No se está cumpliendo la ley”, agregó Érica, otra de las voceras.

La situación, según los manifestantes, no solo afecta a los trabajadores del sector sino directamente a quienes necesitan estas prestaciones. “Hace 13 años que mi hijo tiene certificado de discapacidad y esto fue de mal en peor. Los más chicos necesitan muchas prestaciones para poder evolucionar y ser parte de esta sociedad”, expresó Érica con angustia.

El testimonio más contundente fue el de Santiago Navone, quien denunció directamente la mirada discriminadora del Estado: “Lo que dijo el director nacional de Discapacidad es una vuelta a una concepción totalmente discriminativa. El problema de la discapacidad es social. Nos puede pasar a cualquiera”.

Navone apuntó también a la falta de transporte público accesible y a la precariedad de los apoyos básicos: “Si me quedo sin acompañante terapéutico no puedo llegar a trabajar. No tenemos un sistema de transporte adaptado. Necesitamos vivir como cualquier otra persona: ir al cine, hacer kinesiología, tener calidad de vida”.

Y cerró con una definición que atraviesa el reclamo: “Estamos viendo una violación sistemática de nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Nos están condenando a volver al siglo XIX, y estamos en el siglo XXI”.

Desde la agrupación Prestadores Unidos MDP, que asiste a personas con discapacidad, manifestaron su postura contraria a un reciente comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) respecto del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaron retrasos en el aumento de los servicios que prestan, así como demoras en el pago. “Es muy cruel que haya un recorte en uno de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad”, señalaron.

Los integrantes de la agrupación consideraron que el documentado presentado por este organismo “no sólo niega la crítica situación del sector, sino que incurre en contradicciones, omisiones y datos inexactos que atentan contra la verdad y la dignidad de las personas con discapacidad”. Además, remarcaron que el comunicado oficial habla de una “mejora sostenida de los valores prestacionales” cuando el “desfasaje está por encima del 300%”.

Lucía, integrante de Prestadores Unidos MDP, indicó a El Marplatense que la situación de los trabajadores es “muy irregular, no sólo con respecto a los pagos, que en este momento superan los 90 días, sino también por autorizaciones que vienen con recortes, porque no hay un sector a donde reclamar, porque cada vez los papeles y los requisitos administrativos son mayores”.

Según explicó, los honorarios de los prestadores está actualmente en los 12.000 pesos, cuando para el sistema el monto mínimo ético de los colegios supera los 22.000 pesos: “Esto quiere decir que estamos cobrando, incluso colegas que hace 25 años que están en el área, la mitad de lo que nos corresponde como monto mínimo”.

En ese sentido remarcó que “todo esto es histórico para nuestro colectivo” y recordó que “venimos denunciando en distintas áreas, hace desde mucho tiempo, esto no es actual”. Para Lucía “esto habla de la deuda que tienen los diferentes gobiernos, es acumulativo, no es del actual gobierno aunque también estamos en desacuerdo con las políticas de salud o con los recortes que hay”.

La trabajadora señaló sobre la Ley de Emergencia que “intenta proteger y cubrir los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores”. Y confió que se trata de personas “formadas específicamente en el área. Somos especialistas en lo que hacemos. Con lo cual, nuestros honorarios tendrían que ser superiores a un monto mínimo, porque el monto mínimo que sugiere que recién se ingresa al sistema de salud”.

Sobre el desfasaje salarial, desde Prestadores Unidos MDP indicaron que con una inflación del 211,4% en 2023 la recomposición fue del 114%, en 2024 la recomposición fue del 74,9% con una inflación del 117,8%, y en lo que va de este año no hubo aumentos con una inflación del 8.4%. De ahí, que determinan que el desfasajes es superior al 300%.

“Lo que está pasando ahora es que la Superintendencia de Salud que responde al Gobierno actual está en desacuerdo porque considera que no tiene los medios para arbitrar estas decisiones. Por ejemplo, que no tiene los fondos necesarios para poder hacer frente a esta necesidad, que no es ni nada más ni nada menos que los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad”, consideró Lucía.

Ante este panorama, para la trabajadora se pone “en riesgo” todo lo que es la atención de las personas. Y calificó a la atención ante la Superintendencia de Salud “como hablar con una pared o peor, porque muchas veces el maltrato es tal que las personas dejan de hacer tratamientos o de luchar por sus derechos. Y ante la negativa, las personas con discapacidad o sus familiares tienen que recurrir un recurso de amparo que es algo costoso”.

La crisis en el sector es tal, que según indicó la prestadora de salud “muchos profesionales ya no se dedican a atender a personas con discapacidad, no se atienden ciertas obras sociales porque se sabe que no se cobra, hay consultorios cerrados. Es muy cruel que haya un recorte en uno de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad”.