El Gobierno Nacional logró este martes que la comisión de Diputados firmara el dictamen de mayoría para el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, diversos sectores salieron a manifestarse en contra, ya que se plantea en uno de sus artículos la derogación del Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad. 

Al respecto, Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, declaró en diálogo con El Marplatense que “estas leyes habían pasado por todas las instancias democráticas para su aprobación, inclusive la Ley de Emergencia en Discapacidad pasó dos veces por la cámara de Diputados y Senadores, ya que fue sancionada, vetada y finalmente revocado el veto”. 

Es decir que “esta noticia nos sorprende ampliamente a todos los que somos parte del sector. El artículo 75 dice derogar la ley sin explicar cuáles son los factores que impiden generar un presupuesto para el 2026 que permita la aplicación inmediata de estas leyes. Actualmente se encuentran sancionadas, pero sin aplicación por un decreto que las frenó hasta que la comisión explicara de dónde se iban a extraer los fondos”, remarcó. 

De modo que , desde Prestadores Unidos Mar del Plata, “decimos que esto es otra medida del gobierno para ajustar a un sector que ha sido vulnerado durante todo el año, que no solo está en emergencia, sino que se encuentra en urgencia. Actualmente han cerrado más de 700 centros categorizados, escuelas especiales, prestadores han migrado hacia otros sectores que le permitan sostener su economía. Esto afecta directamente la calidad de vida, y en ocasiones la vida, de la personas con discapacidad”, enfatizó. 

“Es el gobierno quien debe articular los medios para que el presupuesto permita la aplicación de estas leyes. No se puede derogar simplemente considerando que no existen los fondos cuando se han destinado a otros proyectos que nada tienen que ver”, agregó. 

Por consiguiente, “nosotros decimos claramente que las personas con discapacidad no se pueden considerar un número, un gasto para el Estado. Deben ser consideradas personas de derechos por las cuales se tienen que articular todos los medios para que tengan todo lo que se necesita para su real inclusión. Estamos hablando de rehabilitación, tratamientos, escolaridad, transporte, un gran sector que hoy se encuentra totalmente en emergencia”. 

“Así que pedimos a los señores diputados y senadores, que votaron en contra del veto, que no cambien su voto, sigan sosteniendo su postura a favor de la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario porque detrás hay un gran sector que necesita coherencia", concluyó.

A casi un año de haberse decretado la Emergencia en Discapacidad y a más de dos meses de la promulgación de la Ley 27.793, el Gobierno nacional continúa sin aplicar las medidas que dicha norma establece. Diversas entidades del sector denunciaron a través de un comunicado titulado “no somos cómplices” que el Estado argentino “incumple un mandato legal y social” que exigía “respuestas urgentes” para un sistema que atraviesa una “crisis estructural”.

La ley, sancionada por el Congreso tras un amplio proceso, ordenaba corregir un desfasaje arancelario del 70%. Sin embargo, el aumento recientemente anunciado alcanza solo el 35% y se terminará de cobrar entre marzo y abril de 2026. “Lo que debía ser una reparación se convirtió en una nueva forma de ajuste”, señalan desde el colectivo de prestadores.

El incremento, además de insuficiente, se considera tardío y ajeno a la gravedad del contexto. No contempla compensación retroactiva por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que equivale a tres meses de facturación perdida. Mientras tanto, “los prestadores continúan endeudándose, las instituciones se sostienen con recursos mínimos y las familias asumen costos que el Estado debería garantizar”.

“El aumento correspondiente a octubre se hará efectivo recién entre enero y febrero de 2026”, advirtieron. A esto se suma el atraso arancelario acumulado, que obliga a las instituciones a afrontar gastos ordinarios, incrementos salariales, aguinaldos, combustible y servicios básicos con valores desactualizados.

Desde el sector afirman que el discurso oficial habla de avances, pero la realidad es otra. “El aumento no representa una mejora: representa el desconocimiento de una ley vigente, un acto de desobediencia institucional que precariza la atención, debilita a las instituciones y condena al colectivo de la discapacidad a seguir sosteniendo, con esfuerzo y deuda, lo que el Estado elige desfinanciar”.

Con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad en todo el país, el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador nacional de prestaciones. El incremento será escalonado y se aplicará en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, con aumentos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. Sin embargo, desde la ONG Prestadores Unidos MDP los calificaron como “insuficientes”.

“El Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, después de más de un año de silencio, se reunió para anunciar aumentos escalonados e insuficientes, que lejos están de representar la verdadera aplicación de la Ley de Emergencia. Esos incrementos, además de contradictorios con la propia norma, recién impactarán en la economía de los prestadores hacia 2026, perpetuando un modelo de precarización y abandono. No se trata de una mejora: se trata de una limosna disfrazada de decisión técnica”, señalaron a través de un comunicado.

Como se indicó, el aumento fue definido tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La decisión fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional otorgada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para afrontar los aumentos previstos en el último trimestre del año.

Desde ANDIS y el Ministerio de Salud -que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema- señalaron que “se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.

De todos modos, para los prestadores “la emergencia en discapacidad no se resuelve con porcentajes diferidos ni con parches administrativos. Se resuelve con la aplicación efectiva de la ley, con el cumplimiento inmediato de sus artículos y con una mirada integral que respete la dignidad de las personas y la sustentabilidad del sistema”.

Y consideraron que la ley “no se reduce a un aumento del nomenclador: abarca la continuidad de los tratamientos, la accesibilidad, la cobertura del transporte y el reconocimiento justo a quienes sostienen las prestaciones”.

Desde el Gobierno indicaron que el nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los rubros beneficiados se encuentran internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

La actualización llega tras un largo período sin aumentos: el último había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso generó cortes en servicios, cierre de centros de atención y demoras en el pago de prestaciones. En ese contexto, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones realizaron movilizaciones frente al Congreso y al Ministerio de Salud, exigiendo que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece un aumento del 70%, superior al 35% concedido por las autoridades.

Desde Prestadores Unidos MDP lamentaron igualmente el no cumplimiento de la Ley de Emergencia al señalar que “en un país democrático, las leyes no se discuten: se cumplen”. Y cuestionaron el reciente decreto que detuvo su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos: “Constituye un retroceso institucional y una vulneración directa de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes garantizan sus apoyos cotidianos”.

“La ley no puede quedar suspendida por decisiones administrativas. No hay democracia posible cuando lo sancionado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo se frena por conveniencia política o por falta de voluntad presupuestaria”, manifestaron los prestadores.

Tras una reunión caliente en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre representantes de diversos sectores vinculados a la discapacidad y el interventor del organismo, Alejandro Vilches, desde Prestadores Unidos MDP exigieron a través de un comunicado “la puesta en marcha inmediata y efectiva de la Ley 27.793, con ejecución presupuestaria real y verificable”.

La suspensión imprevista de una reunión programada para esta jornada, llevó a que los delegados ingresaran al edificio y forzaran un encuentro con Vilches. Según indicaron los prestadores “en el diálogo mantenido, el interventor no garantizó la realización de la reunión del directorio en el corto plazo y sugirió que la convocatoria podría posponerse hasta después de las elecciones”.

“Esta postergación provocó una reacción inmediata entre las organizaciones presentes, que interpretaron la respuesta como una amenaza implícita a los derechos fundamentales”, señalaron en el comunicado. Por eso, además del cumplimiento de la ley piden “la convocatoria inmediata del Directorio de ANDIS para resolver, sin más dilaciones, los puntos pendientes” y “garantías de pago inmediato a prestaciones adeudadas, actualización del nomenclador y mecanismos de transparencia en la gestión”.

Sobre la dilación a cumplir con la reunión y los pagos pendientes, Prestadores Unidos MDP señaló que es una postura que “debe ser denunciada con firmeza, pues votar no puede convertirse en moneda de cambio para garantizar prestaciones básicas que sostienen la vida diaria de miles de personas”.

“La gravedad de la situación es tangible y cuantificable -señalan y enumeran- centros de día, escuelas especiales y espacios terapéuticos cierran u operan con pérdidas; tratamientos vitales se interrumpen por falta de fondos; y profesionales e instituciones abandonan el sector o no logran mantener la atención adecuada. La postergación agrava esta realidad, que hoy se manifestó en las calles con protestas y reclamos urgentes”.

Además, recordaron que la no implementación de la Ley 27.793 “expone a personas con discapacidad, sus familias y prestadores a una vulnerabilidad extrema. Lejos de ser un retraso técnico, se trata de un vaciamiento sistemático del sistema de discapacidad, reflejo de una decisión política que desfinancia y elude responsabilidades estatales, recayendo el peso sobre este sector olvidado”.

En el comunicado, los representantes de Prestadores Unidos MDP indicaron que rechazan “cualquier forma de extorsión institucional que condicione derechos a un calendario electoral; el silencio y la dilación como instrumentos de gobierno; el vaciamiento por omisión”.

“La discapacidad no puede esperar. No toleraremos que la vida y el sustento de personas y familias queden como rehenes de decisiones políticas. Seguiremos visibilizando, acompañando y movilizando hasta que el Estado cumpla su obligación primordial: garantizar derechos, no negociarlos”, concluyeron.

Este miércoles por la mañana, la agrupación Prestadores Unidos, junto a personas con discapacidad, familias, instituciones y trabajadores del transporte, se movilizaron frente al Palacio Municipal de General Pueyrredon para rechazar el decreto 681/2025, que frenó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante la manifestación, referentes de Prestadores Unidos denunciaron la presencia de un fuerte operativo policial en el edificio comunal, algo que, según remarcaron, no se había registrado en movilizaciones anteriores por discapacidad.

“Nos encontramos con un fuerte dispositivo policial de la Provincia tanto afuera como adentro del Palacio Municipal. Nos dijeron que habían sido convocados por el Ejecutivo municipal para evitar desmanes o ingresos al edificio. Pero lo consideramos una acción intimidatoria, porque en ninguna de las marchas desde 2022 hubo incidentes”, señaló Jesica Machado, integrante de la agrupación.

Machado remarcó que incluso en ocasiones previas, cuando ingresaron al Municipio, lo hicieron “de forma pacífica y por cuestiones climáticas, ya que muchas personas con discapacidad, en sillas de ruedas o con baja visión, no podían permanecer bajo la lluvia”. Y agregó: “Creemos que se buscó generar miedo para desalentar futuras manifestaciones”.

La referente confirmó que, pese al operativo, continuarán con las marchas: “No hemos infringido ninguna norma. Vamos a seguir manifestándonos pacíficamente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es ridículo que se destine semejante cantidad de policías a una protesta pacífica cuando la ciudad atraviesa una crisis de seguridad”.

Desde las instituciones anticiparon que presentarán un repudio formal a lo sucedido, junto al Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS), y solicitaron a los concejales que se pronuncien sobre lo que consideran una medida de disciplinamiento y un intento de limitar el derecho a la protesta.

Este miércoles por la mañana, la agrupación Prestadores Unidos, junto a personas con discapacidad, familias, instituciones y trabajadores del transporte, se manifestaron frente al Municipio de General Pueyrredon en rechazo al decreto 681/2025, que frenó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La concentración comenzó a las 11 en las puertas del Palacio Municipal y contó con la presencia del diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, quien se sumó al reclamo y apuntó contra el Gobierno nacional por la suspensión de la norma.

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“El nomenclador lleva congelado un año y con lo que hoy se paga los prestadores no pueden subsistir. Las personas con discapacidad necesitan terapias y acompañamiento, y es fundamental que se garantice el pago justo. La situación es crítica y requiere una respuesta urgente”, señaló Del Caño en diálogo con El Marplatense.

El legislador también cuestionó el argumento oficial sobre la falta de recursos: “Es falso lo que dice el Gobierno de que no hay plata. Ya se demostró que para los especuladores amigos de Caputo hay fondos, para las cerealeras a las que se les dio una quita de retenciones por tres días también. Con esos recursos se podría haber financiado la ley de emergencia”.

Las organizaciones convocantes advirtieron que, de no revertirse el decreto, continuarán las medidas de visibilización en distintos puntos de la Provincia.

En el marco de la compleja situación que atraviesa el sector, la organización Prestadores Unidos Mar del Plata convocó a una nueva movilización este jueves 4 desde las 11:00 frente a la Municipalidad, en Luro e Yrigoyen. Allí esperan reunirse junto a instituciones, personas con discapacidad y sus familias con el objetivo de manifestar un “no al veto” y exigir a los senadores que aprueben definitivamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Jessica Machado, integrante de la entidad, aseguró en diálogo con El Marplatense sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad que “no soluciona toda la problemática del sector, pero viene a poner un aire fresco en una situación totalmente de emergencia y crítica”. Y agregó que la convocatoria es “para visibilizar claramente todo aquello que el Estado quiere ocultar”.

“Plata había, lo que no hay es decisión política para que ese dinero llegue a quienes tiene que llegar”, manifestó Machado. Y denunció que llevan meses sin aumentos en sus honorarios profesionales, cobrando las prestaciones con demoras de 60 o 90 días y en condiciones de absoluta precarización “frente a un sistema que nos recorta y vulnera nuestros derechos”.

Por último, la mujer señaló que las personas con discapacidad enfrentan una situación en la que “ven cada vez recortadas más sus prestaciones, con menos acceso a lo que requieren para mejorar su calidad de vida”.

La medida vetada no implica un incremento presupuestario, pero sí determina la continuidad de tratamientos y servicios esenciales que impactan directamente en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.

La convocatoria fue anunciada por Jesica Machado, quien subrayó que la norma “no es un privilegio ni una ayuda, sino la garantía de derechos ya adquiridos”. 

La protesta reunirá a asociaciones civiles, agrupaciones de familias, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales y prestadores de transporte adaptado. “Pedimos a los diputados y diputadas que estén a la altura de las circunstancias”, remarcó Machado en diálogo con El Marplatense.

En Mar del Plata, Lucía Fraternali, referente de Prestadores Unidos con 17 años de trayectoria, ya había alertado sobre la gravedad de la situación “Miles de trabajadores y personas con discapacidad quedan a la deriva. La incertidumbre es enorme y la necesidad de una respuesta legislativa es urgente”.

La concentración busca visibilizar un reclamo que se replica en distintas ciudades de Argentina, en defensa de la atención, la inclusión y los derechos de un sector que advierte que, sin esta ley, su futuro inmediato queda en riesgo.

El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. En el fallo, el juez Adrián González Charvay sostuvo que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.

Esta decisión se enmarca en un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad, quienes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”, tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.

La sentencia consideró que la decisión del Gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.

El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.

En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.

La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.

Fuente: TN