El sector de discapacidad de Mar del Plata, integrado por prestadores, instituciones, transportistas, personas con discapacidad y sus familias, elevó un nuevo reclamo con el objetivo de visibilizar la situación crítica que atraviesa y exigir respuestas urgentes al Estado. Describieron un escenario de colapso, marcado por atraso y falta de actualización de aranceles, demoras en los pagos, recortes en prestaciones y riesgo en la continuidad de tratamientos y apoyos esenciales: “La situación ya es más que de emergencia y de crisis”, aseguró Jesica Machado, integrante de Prestadores Unidos.

Machado advirtió, en diálogo con El Marplatense, que “la situación ya es más que de emergencia y de crisis” y la definió como “un escenario límite que afecta a todos los actores del sistema y, principalmente, a las personas con discapacidad”.

Asimismo, cuestionó el nuevo proyecto de ley enviado al Congreso bajo el título de Fraude en las pensiones por invalidez, al señalar que incluye medidas que “siguen vulnerando derechos”. En particular, hizo foco en la posibilidad de nuevas auditorías sobre las pensiones, al remarcar que “es muy complejo” debido a que las personas con discapacidad “dependiendo del lugar donde viven, tienen o no accesibilidad para recibir notificaciones”. Eso, explicó, profundiza desigualdades y pone en riesgo el acceso a un derecho básico.

En la misma línea, Machado expresó preocupación por el criterio que vincula las pensiones por invalidez con la imposibilidad de trabajar. Según sostuvo, uno de los puntos más críticos es que se plantea que ambas condiciones son incompatibles, cuando desde el modelo social de la discapacidad se promueve que las personas puedan “recibir su pensión y, al mismo tiempo, tener un empleo” que favorezca su inclusión en la vida social.

Por otro lado, advirtió sobre las consecuencias de la desregulación del nomenclador, al que definió como una herramienta clave para garantizar equidad en el sistema. En ese sentido, explicó que fija los pisos de valores para cada prestación, independientemente de la cobertura de cada usuario, y alertó que su modificación implicaría que “se rompe ese piso de igualdad y se profundizan las desigualdades en el acceso a las prestaciones”.

En ese contexto, los distintos actores reclamaron la efectiva aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad como medida indispensable para garantizar el sostenimiento del sistema y el acceso a derechos fundamentales, en un escenario que -según remarcaron- impacta directamente en la calidad de vida de miles de personas.

Finalmente, Machado transmitió el posicionamiento del colectivo, al expresar “preocupación y rechazo a la vulneración de derechos” y convocar a la comunidad a acompañar el reclamo, al advertir que “la situación es tan grave que no puede esperar un día más”.