El Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio luz verde al Presupuesto 2026 en una sesión que reflejó la división política dentro del recinto. La ordenanza fue aprobada con 14 votos positivos, correspondientes a los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

En tanto, 9 concejales votaron en contra del proyecto, entre ellos los representantes de Unión por la Patria, Acción Marplatense – Frente Renovador y el Frente Renovador. De esta manera, el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios para sancionar la herramienta clave de gestión para el próximo ejercicio.

La votación arrojó un total de 23 sufragios debido a la ausencia del concejal Gustavo Pulti al momento de la definición. Su banca no estuvo presente en el recinto cuando se realizó el conteo final.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal contará con el marco financiero para planificar y ejecutar las políticas públicas del próximo año en el distrito de General Pueyrredon.

El secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, junto al titular de Obras Sanitarias (OSSE), Tomás Amato, concurrieron este miércoles al Concejo Deliberante para participar de la audiencia pública informativa vinculada al tratamiento del presupuesto y la actualización de tasas municipales.

El encuentro, previsto para las 10 de la mañana, se desarrolló en cumplimiento de lo establecido por la ordenanza 12.336. La instancia se concretó en un contexto en el que el Ejecutivo aún no había brindado precisiones ni exposiciones detalladas sobre el cálculo de recursos y gastos de la administración central, los entes descentralizados, el presupuesto de OSSE ni el Reglamento General del Servicio Sanitario.

En total, se registraron 19 personas para formular preguntas respecto de los expedientes en análisis. En años anteriores, esta audiencia había representado una oportunidad para escuchar explicaciones directas de los funcionarios, quienes también asistían a la Comisión de Hacienda para responder consultas de los concejales.

Sin embargo, en esta oportunidad el oficialismo modificó la dinámica legislativa habitual y, en lugar de requerir la presencia de los funcionarios en comisión, dispuso que las respuestas se enviaran por escrito. Hasta ese momento, los planteos realizados por los bloques de Unión por la Patria y el Frente Renovador no habían sido contestados.

La audiencia se llevó adelante en la antesala de la votación de los expedientes. Desde el oficialismo ya se había convocado a una asamblea de concejales y mayores contribuyentes para tratar las ordenanzas fiscal e impositiva, y se anticipó la convocatoria a una sesión extraordinaria para convalidar los presupuestos.

En paralelo al debate técnico, en distintos barrios se repitieron reclamos que parecieron detenidos en el tiempo. En zonas como  el 2 de Abril, Camet, El Grosellar, UCIP, entre otras barriadas, los vecinos señalaron que las prioridades continuaban siendo las mismas que hace dos décadas: calles con baches, luminarias fuera de servicio, problemas de seguridad y deficiencias en la recolección de residuos.

Desde sectores comerciales y vecinales advirtieron que la planificación presupuestaria no logró reflejar soluciones concretas a esas demandas estructurales, que impactaron directamente en la calidad de vida y en la actividad económica cotidiana.

En varios puntos de la ciudad se describió la proliferación de microbasurales como consecuencia de la falta de limpieza sostenida y de controles eficaces. La acumulación de residuos, sumada a la escasa iluminación en determinadas cuadras, configuró escenarios que los propios vecinos definieron como “bocas de lobo”.

Las críticas también apuntaron a que todavía no se han logrado garantizar servicios esenciales básicos. La discusión presupuestaria avanza así con un telón de fondo repetido: en 2026, las demandas elementales para el desarrollo de cualquier comunidad siguen sin resolverse.

El gobierno municipal solicitó por cuarta vez una extensión del plazo para elevar el proyecto de Presupuesto ante el Concejo Deliberante. En esta oportunidad, el Ejecutivo pidió tiempo hasta el próximo 29 de enero, luego de no cumplir con los plazos originalmente establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El vencimiento inicial para la presentación del Presupuesto era el 31 de octubre. El intendente Guillermo Montenegro, antes de asumir su banca como senador provincial y tomar licencia, había requerido dos prórrogas consecutivas, primero hasta el 30 de noviembre y luego hasta el 31 de diciembre. Su reemplazante, Agustín Neme, continuó con la misma dinámica y volvió a solicitar una extensión.

Desde el Ejecutivo sostienen que el retraso responde a la necesidad de encontrar alternativas que permitan elaborar un Presupuesto sin déficit, en un escenario económico complejo que golpea las finanzas municipales. A esto se suma la postura de La Libertad Avanza, socio clave del PRO en el gobierno local, que anticipó que no acompañará un proyecto con desequilibrio fiscal ni con fuertes aumentos de tasas.

La falta de consenso político mantiene al municipio funcionando con el Presupuesto 2025 prorrogado, situación que obliga a utilizar fondos afectados para afrontar gastos corrientes, como el pago de salarios. De hecho, la semana pasada los haberes volvieron a abonarse de manera escalonada, con un tope inicial de dos millones de pesos por trabajador.

La nueva prórroga se conoció pocos días después de la oficialización del acuerdo salarial con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que incluye recomposiciones por inflación, adicionales trimestrales y el reencasillamiento de mil empleados. En paralelo, Obras Sanitarias también solicitó plazo hasta el 29 de enero para presentar su propio presupuesto.

A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La oficialización se da luego de que el Senado las sancionara el 26 de diciembre, con 46 votos a favor, 25 votos en contra y una abstención.

La normativa contempla gastos totales por $148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para todo el año, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, también promulgada este viernes 2, busca incentivar el uso de los dólares del colchón mediante el depósito en los bancos de divisas que están fuera del sistema formal.

El Presupuesto 2026 que promulgó el Gobierno este viernes establece que la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones).

El texto además establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo excepciones para áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

El Presupuesto 2026, el primero que Javier Milei logró se aprobara en el Congreso tras dos años de gestión, los siguientes puntos claves:

En paralelo, el Gobierno oficializó el Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario

La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario. Además, no elimina impuestos ni borra antecedentes fiscales, ni tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La ley permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.

Fuente: TN

El Ejecutivo municipal le solicitó al Concejo Deliberante una nueva prórroga hasta el 16 de enero para presentar el Presupuesto 2026.

La solicitud incluye al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2026 de la Administración Central, los Entes Descentralizados y Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), así como a las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

“Fundamos el pedido realizado en la necesidad de incorporar el impacto presupuestario de las recientes negociaciones paritarias celebradas con el Sindicato de Trabajadores Municipales que tendrán vigencia hasta enero de 2027, el análisis de las propuestas de adecuación de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto realizado por la Comisión Técnica de Investigación y Redacción para el Estudio, Análisis y Formulación de Propuestas a la Ordenanza Complementaria de Presupuesto”, indicaron desde el gobierno comunal en la documentación presentada ante el HCD, a la cual El Marplatense tuvo acceso.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el presupuesto debe presentarse antes del 30 de octubre de cada año. No obstante, el gobierno local ya pidió otras prórrogas.

La primera iba a vencer el pasado 30 de noviembre, y también solicitó una autorización al Legislativo para extender el plazo hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó en las últimas horas el proyecto de Presupuesto 2026 aprobado por el Senado nacional, al advertir que la iniciativa implica un desfinanciamiento estructural de la educación y la ciencia, además de comprometer el derecho social al aprendizaje. La postura fue expresada por la titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, tras la aprobación general del proyecto y el respaldo al artículo 30, que deroga normas que fijaban mínimos obligatorios de inversión en áreas estratégicas.

Desde la cartera educativa señalaron que el Presupuesto 2026 encendió fuertes alarmas en el sistema educativo y científico, ya que su aprobación sin modificaciones afectará de manera directa el financiamiento de sectores clave, en contradicción con leyes vigentes que obligan al Estado nacional a garantizar niveles mínimos de inversión.

En ese sentido, el área conducida por Terigi remarcó que el financiamiento de la escuela y la universidad pública “no puede quedar subordinado a decisiones discrecionales ni a una lógica de ajuste que desconoce su carácter de derecho social y su rol central en el desarrollo del país”.

Uno de los puntos más cuestionados por la Provincia es la derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional Nº26.206, que establece el compromiso indelegable del Estado de asegurar los recursos necesarios para garantizar una educación gratuita, equitativa y de calidad en todo el territorio argentino. Según la Dirección General de Cultura y Educación, eliminar ese artículo supone un retiro explícito de la responsabilidad estatal, dejando a las provincias sin una garantía legal de financiamiento sostenido.

El Presupuesto 2026 también elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, herramienta clave para el equipamiento y la actualización tecnológica de escuelas técnicas y agrarias. Desde la Provincia advirtieron que este recorte afectará la formación de trabajadores del sector, además de debilitar la capacidad del sistema educativo para acompañar el desarrollo productivo y tecnológico del país.

A esto se suma el impacto sobre el sistema científico y tecnológico nacional, ya que el proyecto deroga artículos centrales de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecían la meta de alcanzar una inversión mínima equivalente al 1% del PBI.

Finalmente, el Gobierno nacional eliminó la garantía de que los recursos asignados no sean inferiores, en términos reales, a los del año anterior, una cláusula que funcionaba como resguardo frente a recortes abruptos y que resulta clave para organismos como el CONICET y para el sostenimiento de las universidades nacionales.

Fuente: con información de Diputadosbsas.com.ar

El presidente Javier Milei calificó como un “hito histórico” la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, iniciativas que obtuvieron el respaldo del Senado tras ocho horas de debate. En declaraciones radiales, el mandatario sostuvo que “se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien” y destacó que el nuevo presupuesto establece el déficit cero como una regla inquebrantable.

El proyecto fue aprobado con 46 votos a favor y 25 en contra, incluso en artículos considerados sensibles, como los vinculados a partidas educativas. Según el Gobierno, el resultado envía una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal al mercado.

Milei afirmó que la Ley de Inocencia Fiscal “restaura un principio constitucional básico”, al señalar que el sistema anterior trataba a los contribuyentes como “culpables hasta que demostraran lo contrario”. Según explicó, la norma busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa del Impuesto a las Ganancias y redefinir la relación entre el Estado y el sector privado.

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia. Por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, expresó el presidente.

El oficialismo logró articular una mayoría que superó los pronósticos iniciales, sumando apoyos de sectores dialoguistas y dejando a la oposición más dura en minoría. Con la aprobación del presupuesto, el equipo económico encabezado por Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo consolida el plan de gastos e ingresos para 2026, enviando un mensaje de fortaleza política tanto hacia el interior del país como hacia los organismos internacionales de crédito.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Gobierno nacional envió al Congreso al funcionario Diego Santilli para seguir de cerca la sesión en la que el Senado debate el Presupuesto 2026, mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabeza las reuniones con representantes del oficialismo, que asegura contar con los votos necesarios para la aprobación en general. Sin embargo, persisten dudas respecto de los artículos 30 y 12, vinculados a inversiones en ciencia, defensa y educación. En la misma sesión también se tratará el proyecto de ley de Inocencia Fiscal.

Las iniciativas ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, pero el clima político se tensó en las últimas horas debido a los cuestionamientos de sectores de la oposición dialoguista sobre dos artículos considerados sensibles.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich expresó en redes sociales que el oficialismo busca aprobar “el primer Presupuesto con déficit cero de la historia”, en referencia a la meta fiscal planteada por el Gobierno.

Desde la oposición, el senador Eduardo “Wado” de Pedro criticó con dureza el proyecto y cuestionó el impacto del artículo 30. Señaló que el Presupuesto “castiga el derecho a la educación, el acceso a la salud y a la vivienda”, y sostuvo que la propuesta “profundiza un modelo que ya fracasó”.

En defensa del proyecto, la senadora Carmen Alvarez Rivero, del bloque de La Libertad Avanza, apuntó contra los fondos fiduciarios y afirmó que el Estado no debe gastar por encima de sus ingresos. “En un país normal no se gasta lo que no se tiene: ni las familias, ni las provincias, ni la Nación”, expresó.

Por su parte, la senadora Alicia Kirchner anunció que votará en contra del Presupuesto y reclamó un debate más profundo. Acusó al Gobierno de actuar con “un dejo de crueldad” y advirtió sobre riesgos para la soberanía “política, social, económica, cultural y cognitiva”.

El senador Flavio Fama, de la UCR, también manifestó objeciones y adelantó que no acompañará el capítulo 2 del proyecto, en línea con la postura de Maximiliano Abad. Cuestionó especialmente el artículo 12, al considerar que otorga discrecionalidad al Ministerio para interrumpir transferencias de fondos ante supuestos incumplimientos en el envío de información. Recordó que la Ley de Administración Financiera ya establece los mecanismos de rendición de cuentas.

Fuente: con información de TN

A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria manifestó que su preocupación por la posible inclusión, nuevamente, en el Proyecto de Presupuesto Nacional, de un artículo disponiendo la derogación de las leyes 27.793 y 27.795.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada K se indicó que “el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, en tratamiento actualmente dentro del Congreso de la Nación Argentina, en su art.75 contiene una disposición según la cual: ‘Se derogan las leyes Nros. 27.793 y 27.795’”.

En ese sentido, los ediles kirchneristas afirmaron que “insólitamente el gobierno del presidente Milei incluyó dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026, en su artículo 75, la derogación de dos leyes nacionales que se resiste a aplicar luego de que fueran legalmente sancionadas por el Congreso de la Nación. Se trata, dado que el proyecto de ley no lo explicita, de las leyes 27.793 de Emergencia en Discapacidad y 27.795 de Financiamiento Universitario. La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene por objeto adoptar medidas para asegurar, entre otros, los derechos a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a la salud y al trabajo de las personas con discapacidad”.

“La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, busca declarar la emergencia presupuestaria, recomponer salarios de docentes y no docentes, según inflación, y actualizar gastos de funcionamiento, estableciendo una distribución del 85% para salarios y 15% para gastos generales, además de crear fondos para ciencia y becas. Esas dos leyes fueron objeto de sanción por ambas Cámaras del Congreso, de veto presidencial, de insistencia por el Congreso con las correspondientes mayorías agravadas, y finalmente, y porque así lo obliga la Constitución Nacional, promulgadas por el Presidente con el anuncio de que no las iba a implementar, como actualmente está ocurriendo”, se añadió.

Y se agregó: “El presidente Milei en su habitual displicente trato hacia el Congreso, no sólo se niega a aplicar las leyes vigentes sino que se anima a pretender derogarlas, escondiendo su derogación dentro del proyecto de ley de Presupuesto. Además, en su intento de forzar límites el Gobierno no teme caer en la ilegalidad, dado que esta pretendida derogación está expresamente prohibida por la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) que en su art. 20 y dentro de la Sección 1 del Capítulo 2 (Estructura del Presupuesto General) dispone que ‘Las disposiciones generales del presupuesto no podrán reformar o derogar leyes vigentes’”.

“Por todo este insólito y desprolijo intento de dejar de lado la voluntad popular expresada en esas leyes es que resulta importante que este Honorable Cuerpo, pueda expresar su máxima preocupación y rechazo a este peligroso accionar del Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de haber sido votado negativamente el Capítulo 11 en la Cámara de Diputados se haría un nuevo intento por parte del Gobierno para incluir su tratamiento en la Cámara de Senadores, insistiendo con esta maniobra legislativa de cuestionable legitimidad”, finalizó el texto.

El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.

La reunión en el recinto de la Cámara alta está citada para las 12 y forma parte del período extraordinario que convocó Javier Milei hasta el martes 30 de diciembre. Para el convite de hoy se previsualizan otros dos momentos que concentrarán atención. En primer término, el oficialista libertario Enzo Fullone tendrá que jurar en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca pudo sentarse en su banca por su historial judicial.

Además, durante el inicio de la sesión habría fuertes quejas del renovado interbloque kirchnerista, que ahora se llama “Popular”, por el reparto de comisiones acordado por el oficialismo y la oposición dialoguista. De hecho, la Libertad Avanza aguarda esa instancia con todos los antecedentes realizados durante largos años por el cristinismo en el Senado. Algunos son muy recordados y, en comparación, la protesta que concretaría el justicialismo se convertiría en un canapé, en caso de querer exponer todo en el recinto.

Una vez consumados los rounds “Fullone” y “comisiones” -quizá algún homenaje y cuestiones de privilegio extra por cualquier cosa, menos lo que dicta el reglamento-, se podrá ingresar a la discusión de las iniciativas. El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

El rionegrino Enzo Fullone debe jurar en reemplazo de Lorena Villaverde (Instagram)

En los últimos días, el debate más jugoso pasó por qué ocurrirá con el artículo 30, que elimina pisos sobre el financiamiento de los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. De hecho, este medio informó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Otro artículo es el 12, que establece: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

La cuenta de la que parte el oficialismo para la jornada de hoy implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -Fullone adentro-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar a libro cerrado. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Más aún, con el refuerzo que vendría de algunos peronistas por orden de sus gobernadores. No obstante, en el terreno de la verdad es donde tendrá que estar con todos sus sentidos prendidos la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Detrás de todo esto corre el deseo del mercado de ver a un Ejecutivo libertario en control del Congreso, más allá de haber pospuesto la reforma laboral -de mínima, aunque se prevé más- a febrero próximo, si es que la Casa Rosada vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Si no, quedará para marzo. Lo que se juega hoy es conocido por los bloques, gobernadores y actores centrales del círculo rojo. Es decir: las trampas y picardías de último minuto emergerán rápido a la superficie, ya sea para mostrar leyes sancionadas o un clima de conflicto eterno que, en el fondo, ya nadie sabe a quién le conviene.

La Justicia Federal ordenó el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, mediante una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La resolución dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y del monto de las becas estudiantiles, conforme lo establece la normativa vigente.

La causa se inició a fines de octubre, cuando el CIN promovió un proceso colectivo para exigir la aplicación efectiva de la ley, luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera su implementación mediante el Decreto 795/2025. El Gobierno había argumentado que la norma no definía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para su ejecución.

En su presentación, el CIN reclamó la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el cumplimiento inmediato de la ley, con especial énfasis en la actualización salarial y de becas según el índice inflacionario. El organismo advirtió que la suspensión generaba una afectación colectiva y urgente, deterioraba el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, comprometía el funcionamiento del sistema y vulneraba derechos constitucionales vinculados a la educación superior y a la autonomía universitaria.

Al resolver, el juez Martín Cormick dispuso “admitir la cautelar solicitada por la actora, declarando inaplicable a su respecto lo dispuesto en el decreto 795/2023”, particularmente en lo referido a la suspensión de la Ley 27.795 hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El magistrado sostuvo que en el caso “se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, dado que la lesión de los derechos invocados surge de manera clara e inequívoca del accionar de la autoridad pública, sin requerir un análisis exhaustivo de los hechos.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar

El oficialismo se encamina a sancionar el Presupuesto 2026 el próximo viernes a las 12, en una sesión especial convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El proyecto llega al recinto con dictamen desde el 19 de diciembre, impulsado por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, luego de ratificar la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, distintos sectores de la oposición cuestionan con dureza los alcances del artículo 30 del proyecto, que introduce cambios de fondo en el financiamiento de la educación, la ciencia y la defensa.

La norma aprobada por Diputados establece la derogación de puntos clave de la Ley de Educación Nacional y de la Ley de Financiamiento Educativo. En concreto, elimina la meta de inversión del 6% del PBI en educación, recorta fondos destinados a la educación técnica y avanza sobre partidas vinculadas al sistema científico.

Además, el artículo 30 deroga tres disposiciones de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaban un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar en 2032 el 1% del PBI destinado al área. También deja sin efecto el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba el financiamiento del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP) con un piso del 0,2% de los Ingresos Corrientes del Presupuesto Nacional.

En el mismo sentido, se elimina el inciso 1 del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que establecía un financiamiento equivalente al 0,35% de los Ingresos Corrientes. El proyecto dispone que todas estas derogaciones entren en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026.

Las críticas llegaron desde distintos sectores del peronismo. Durante el debate en comisión, el senador Eduardo “Wado” de Pedro expresó la posición del bloque que conduce José Mayans y advirtió que “el Presupuesto 2026 del Gobierno de Javier Milei significa un ajuste brutal para la educación”. En un posteo en redes sociales, agregó: “Mienten cuando hablan de una Argentina potente. Sin educación no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay futuro”.

Senadores de UxP se reunieron con estudiantes de secundarios de escuelas técnicas y agro-técnicas. (Foto: Prensa UxP).

Este lunes, senadores de Unión por la Patria recibieron en el Congreso a estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Allí reclamaron la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que —según advirtieron— sufriría un recorte significativo si el Presupuesto se aprueba sin modificaciones.

Legisladores y estudiantes coincidieron en rechazar el artículo 30 y, en particular, la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. También insistieron en la necesidad de sostener y ampliar los recursos para la formación de jóvenes especializados destinados a sectores productivos, industriales y agropecuarios.

En ese marco, el senador Jorge Capitanich recordó que la ley cumplió veinte años de aplicación y destacó que, durante una década, “se cumplieron casi a rajatabla las metas de financiamiento, con una inversión cercana a los 1900 millones de dólares”. Señaló que esos fondos permitieron construir y remodelar escuelas, adquirir equipamiento y fortalecer la formación técnica, con interrupciones únicamente durante la pandemia y el gobierno de Mauricio Macri.

Bloque de senadores de Convicción Federal. (Foto: Prensa Convicción Federal).

Desde otro sector del peronismo, el espacio Convicción Federal, que lidera Fernando Salino e integran Carolina Moisés, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, adelantaron que no acompañarán la derogación de las normas que financian la educación y la ciencia.

La UCR también atraviesa un debate interno. El presidente del bloque, Eduardo Vischi, le adelantó a Patricia Bullrich que la mayoría de los senadores radicales acompañará el proyecto tal como llegó desde Diputados. No obstante, Maximiliano Abad y Flavio Fama expresaron su rechazo a los recortes en educación y ciencia.

En el oficialismo hacen números y confían en alcanzar las mayorías necesarias para sancionar el Presupuesto. El quórum se alcanza con 37 senadores y la aprobación requiere mayoría simple.

Para asegurar su bloque propio de 21 senadores, Villarruel tomará juramento al inicio de la sesión al electo senador por Río Negro, Enzo Fullone, quien reemplaza a Lorena Villaverde, luego de que su pliego no fuera aprobado por la Comisión de Acuerdos debido a presuntos vínculos con Federico Fred Machado, empresario argentino procesado y detenido por narcotráfico en Estados Unidos.

A los votos propios, Bullrich sumará el respaldo mayoritario del bloque de la UCR, el PRO y varias fuerzas provinciales.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CETERA) vienen advirtiendo desde septiembre que el artículo 30 “profundiza el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología” y lo consideran “una nueva vuelta de tuerca en la política de ajuste iniciada en diciembre de 2023”.

En contraste, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, defendió el contenido del artículo cuando expuso en Diputados. Allí sostuvo que “durante décadas se creyó que aumentar el gasto estatal en educación, salud o trabajo era suficiente”, y afirmó que esa lógica derivó en “un gasto público descontrolado, sostenido por una retórica de ampliación de derechos que terminó profundizando la dependencia del Estado”.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei confirmó que no va a vetar el Presupuesto 2026 si el Senado lo convierte en ley, pero advirtió que va a “acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero”.

“En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas, la primera fue lograr el quórum y segundo que se vote por capítulos. Hoy tenemos media sanción del Presupuesto y eso es importante y está construido sobre la base de déficit cero”, remarcó el Presidente.

Y agregó: “Lo más importante es el déficit cero sin subir impuestos. No es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal”.

De esta manera, el Presidente despejó las dudas sobre un posible veto a la ley, pero advirtió: “Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”.

Milei también se refirió al malestar que generó en el PRO la distribución de los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN), que derivó en un amparo presentado por Cristian Ritondo.

“Vienen molestando con eso. No creo que fue una traición a (Mauricio) Macri, es parte de cómo se maneja la lógica de la política y no tiene que ver ningún pacto con (Sergio) Massa. Vienen endosándome pactos con Massa, con el kirchnerismo, con Cristina (Kirchner) y Cristina terminó presa en este Gobierno”, remarcó.

Respecto de la denuncia contra la AFA, dijo que “si una persona comete un delito, tiene que pagar”. “La Justicia se tiene que ocupar y si encuentra que ha cometido delito deberán pagar, como cualquier argentino”.

“A todo el mundo se les exige balance. La igualdad ante la ley. No pueden pretender estar afuera de la ley. Si Arca no hiciera eso estaría incumpliendo los deberes de funcionario público“, completó en relación con la presentación que hizo la agencia de recaudación nacional. También dijo que ”Chiqui" Tapia “está destruyendo el fútbol argentino”.

En cuanto a su propuesta de completar la Corte Suprema de Justicia con dos miembros más, dijo que “no es el momento”, porque primero tiene que “lograr tener los dos tercios” y que va a ser “tensar de manera innecesaria”. “No estoy dispuesto a darle concesiones al kirchnerismo. Cuando logremos contar con los dos tercios sin golpear la puerta del kirchnerismo, lo haremos”, confirmó.

Respecto del pago de la deuda por US$4300 millones que debe afrontar la Argentina en enero, Milei confirmó que se va a pagar, porque “hay distintas alternativas” para hacerlo. “Tenemos el cash y ofertas de financiamiento, solamente de repo recibimos US$7000 millones”, detalló.

El Presidente también se refirió al nuevo esquema de bandas de flotación del dólar, dijo que están para administrar la volatilidad. “Están alineadas con la inflación, porque se va a inflación cero y va a un esquema más flexible”.

También remarcó que “entre junio y agosto del año que viene la inflación va a empezar con cero”. “Somos el Gobierno que más dólares compró, US$30.000 millones, y que más deuda pagó, US$50.000 millones”, afirmó.

“Si crecemos al 5% y se mantiene la base monetaria en términos de PBI, vamos a tener que comprar US$10.000 millones; si la demanda de dinero sube unas décimas, habría que comprar US$17.000 millones”, detalló y confirmó que el Gobierno “no va a tomar nueva deuda”.

En cuanto a la contracción de las ventas, Milei dijo “está cambiando la matriz de consumo”. “Estamos en máximos históricos de consumo”, aseguró y apuntó al comportamiento creciente del canal del e-commerce. Y en ese sentido, remarcó que se necesita la reforma laboral. “La modernización laboral no quita derechos a nadie, al contrario, da más derechos”, afirmó y aseguró que “no es antisindical”.

En relación con el caso de la criptomoneda Libra que promocionó por redes sociales, dijo que “en Estados Unidos le acaban de liberar el embargo a (Hayden) Davis”. “No hubo estafa. Era un mercado muy particular y los que entraron sabían a dónde entraban. No hubo estafa porque a la gente entró voluntariamente”, afirmó y remarcó que la Justicia norteamericana ya se expidió y solo falta que haga lo mismo la de la Argentina.

Javier Milei negó que la designación de los cargos en la AGN haya sido una traición a Mauricio acri (Foto: NA)

Otra causa que salpicó al Gobierno libertario es la que investiga irregularidades en la Andis. “El propio Spagnuolo dice que los audios son falsos y hay un problema que es que no tienen los crudos”, advirtió al respecto y recordó que “ocurrió justo tres semanas antes de una elección”.

En ese sentido, reconoció que tras la derrota en la elección bonaerense del 7 de septiembre pasó de ocuparse de temas de gestión a involucrarse personalmente en temas de la política.

“Mi vida política son cuatro años u ocho años. Una vez que termine, la política, no me ven más. Podré ser reelecto en la medida en que la gente quiera”, afirmó Milei. Como ya cumplimos con otras las promesas que hicimos ahora vamos por las de segunda generación".

Milei también lanzó duras críticas a Axel Kicillof: “No quiero ofender a los asnos y a los simios; tendría una categoría más baja”.

Al ser consultado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo calificó como un “narcoterrorista dictador que infecta a toda América Latina”. “Ojalá caiga y se sepa todo lo que hizo”, enfatizó.

En cuanto a otros presidentes de la región, Milei sostuvo que el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, es un “gran amigo”, pero eligió no responder cuando fue el turno de opinar sobre el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

Sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó: “Comunista y con algunas cosas bastante oscuras en su pasado”.

Fuente: TN

El Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, impulsado por la gestión de Axel Kicillof, proyecta una fuerte inversión en obra pública y servicios esenciales, con impacto directo en ciudades estratégicas como Mar del Plata, que vuelve a posicionarse como uno de los puntos centrales dentro del esquema de desarrollo provincial.

Dentro del plan de inversiones, la Provincia destinará más de $3,2 billones a obra pública, y una parte significativa de esos recursos tendrá llegada al distrito de General Pueyrredon. Entre las obras más relevantes previstas para Mar del Plata se destaca la continuidad del plan de puesta en valor integral de la Rambla, con una inversión estimada superior a los $4.600 millones, orientada a la restauración del paseo costero, mejoras estructurales, renovación del espacio público, iluminación y accesibilidad. Se trata de una intervención clave tanto para los vecinos como para el turismo, uno de los motores económicos de la ciudad.

Además, el presupuesto contempla partidas para infraestructura urbana, mantenimiento vial, mejoras en espacios públicos y obras vinculadas a servicios básicos, que impactan de manera directa en barrios de la ciudad. En paralelo, se prevén fondos para el sostenimiento y ampliación de obras educativas y sanitarias en el distrito, en línea con los programas provinciales de refacción y ampliación de escuelas y fortalecimiento del sistema de salud.

En segundo plano, el Presupuesto 2026 asigna recursos a áreas estratégicas a nivel provincial, como educación, con más de $1,3 billones, salud, con alrededor de $1,7 billones, y seguridad, que contará con una inversión cercana a los $1,4 billones. Si bien estas partidas tienen alcance provincial, también se traducen en mejoras operativas y estructurales en Mar del Plata, tanto en establecimientos educativos y hospitales como en equipamiento y logística para las fuerzas de seguridad.

El esquema presupuestario también incluye fondos para políticas sociales y programas productivos, destinados a sostener la actividad económica, el empleo y la asistencia a los sectores más vulnerables, en un contexto económico complejo.

Con este presupuesto, la Provincia apuesta a consolidar a Mar del Plata como un eje clave de inversión pública, combinando obras emblemáticas, infraestructura barrial y fortalecimiento de servicios esenciales, mientras el resto de los rubros acompañan en segundo plano una estrategia integral de desarrollo para todo el territorio bonaerense.

El Gobierno nacional confirmó que no insistirá en el Senado con la derogación de las leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la discapacidad, luego de que La Libertad Avanza obtuviera el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 con el acompañamiento del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. La decisión respeta lo votado previamente por la Cámara de Diputados y despeja uno de los puntos más sensibles del debate legislativo.

El dictamen fue firmado en la Comisión de Presupuesto tras una reunión en la que participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según señalaron fuentes parlamentarias, la postura ya estaba definida desde la última reunión de la mesa política en Casa Rosada, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Incluso hoy, Patricia Bullrich y Caputo volvieron a comunicarse para remarcar la necesidad de avanzar con la aprobación del Presupuesto.

“No hay cambios previstos, es el primer Presupuesto que se vota en la era de (Javier) Milei. Para nosotros es muy importante y fundamental poder darles certeza a todos los sectores y por lo tanto seguiremos adelante con este dictamen”, afirmó la senadora Patricia Bullrich al término del encuentro. Agregó que “la regla de oro es el superávit fiscal” y que eventuales ajustes se resolverán por otras vías.

El senador Bartolomé Abdala sostuvo que el país “necesita tener el Presupuesto” y expresó su expectativa de aprobarlo antes de fin de año. Ezequiel Atauche, presidente de la comisión, celebró haber reunido once firmas y destacó que es la primera vez que un proyecto de Presupuesto llega al Senado desde el inicio de la gestión.

El oficialismo valoró especialmente que el dictamen se aprobara sin modificaciones, ya que cualquier cambio obligaría a devolver el proyecto a Diputados y reabrir negociaciones con gobernadores y bloques aliados. También evitaron tensiones internas con el PRO, luego del malestar generado por la votación de los auditores de la AGN en la Cámara baja.

El capítulo XI, rechazado previamente por Diputados, incluía la derogación de las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario, además de restricciones al régimen de zona fría y la eliminación de la actualización automática de la AUH, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares. También contemplaba compromisos financieros con la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Judicial.

Durante el debate en comisión se produjo un cruce entre el senador Eduardo “Wado” de Pedro y el secretario Guberman. De Pedro denunció que el Presupuesto “discrimina a la Provincia de Buenos Aires” y cuestionó recortes en obras públicas, programas y educación. Guberman respondió que “hay que hacer un plan de alfabetización por el desastroso estado de la calidad educativa” y aseguró que el Presupuesto 2026 prevé un aumento del 7,8%. El senador replicó que se trata de “una falta de respeto a la inteligencia del Cuerpo”, al señalar una caída del 45% en términos reales desde el inicio del actual Gobierno.

En paralelo, la Comisión de Justicia dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, también sin modificaciones respecto de la media sanción de Diputados. Algunos senadores, como Maximiliano Abad y Andrea Cristina, expresaron preocupación por el fuerte incremento de las multas impositivas que afectan a Pymes y pequeños comercios. Bullrich se comprometió a impulsar una ley específica el próximo año para atender esa situación.

Con el dictamen aprobado y sin cambios, el oficialismo confía en sancionar el Presupuesto el viernes 26, para que luego sea promulgado e implementado por el Poder Ejecutivo.

Fuente: con información de TN

El Senado se prepara este viernes para una jornada clave. En las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, el oficialismo buscará conseguir dictamen para el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, dos proyectos que ya cuentan con la media sanción de Diputados.

La discusión comenzará a las 9, cuando se constituya la comisión de Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el dictamen de la iniciativa conocida como “Inocencia Fiscal”. Una hora más tarde, a las 10, será el turno de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que buscará emitir dictamen del Presupuesto 2026, con la intención de llevar ambos temas al recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

El Gobierno logró la media sanción de los dos proyectos en la Cámara Baja, pero en medio de un clima de fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques aliados. En particular, el texto del Presupuesto que llegó al Senado no incluye la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos puntos que el Ejecutivo considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

La Libertad Avanza logró mostrar capacidad para construir mayorías, pero también quedó expuesta la fragilidad de algunos acuerdos con gobernadores y bloques aliados, especialmente en los artículos más sensibles del Presupuesto.

En la Cámara Alta, el panorama aparece aún más complejo. El oficialismo buscará acelerar los tiempos para cumplir con el calendario que impulsa la Casa Rosada, aunque admite en privado que reunir los votos necesarios no será sencillo.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Ezequiel Atauche, escuchará este viernes a funcionarios del equipo económico. Expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; las subsecretarias de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Cabado.

Si bien en el Congreso aseguran que el dictamen respetará el texto aprobado en Diputados, para que luego el presidente Javier Milei decida si lo veta o veta algunos artículos, en Casa Rosada evalúan incorporar los cambios en el Senado, aunque eso signifique que el proyecto deba regresar a la Cámara Baja para ser aprobado.

La mesa política libertaria también analiza la posibilidad de reintroducir los artículos rechazados por la Cámara Baja, que incluían no solo las derogaciones de las leyes de universidades y discapacidad, sino también cambios vinculados a deudas del sector energético, zonas frías y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay un debate legal que debe ser saldado respecto de si puede hacerlo.

Diputados aprobó el Presupuesto 2026: 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. (Foto: X/@DiputadosAR).

Si el Senado aprueba el proyecto tal como está, el Presupuesto se convertirá en ley y el Gobierno deberá resolver cómo instrumenta normas que hoy están vigentes y que, según su mirada, no cuentan con financiamiento definido. En el Ejecutivo sostienen que el texto aprobado no refleja la hoja de ruta fiscal que impulsan desde el inicio de la gestión.

Antes del debate presupuestario, la comisión de Justicia y Asuntos Penales buscará emitir dictamen sobre la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados, propone un cambio profundo en los criterios para configurar delitos de evasión y en los mecanismos de fiscalización.

La iniciativa eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se considera que existe evasión. El piso para la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión calificada se fija en $1000 millones. Además, incorpora un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas con patrimonios de hasta $10.000 millones, que limita la capacidad del Estado de investigar variaciones patrimoniales dentro de ese umbral.

Desde el oficialismo, el proyecto es presentado como una herramienta para formalizar ahorros -es decir, para que los argentinos saquen los dólares de abajo del colchón-, incentivar la remonetización de la economía y reducir la conflictividad tributaria. La oposición, en cambio, cuestionó con dureza el alcance de la reforma y advirtió sobre sus efectos en el control fiscal.

Fuente: TN

El Gobierno Nacional logró este martes que la comisión de Diputados firmara el dictamen de mayoría para el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, diversos sectores salieron a manifestarse en contra, ya que se plantea en uno de sus artículos la derogación del Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad. 

Al respecto, Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, declaró en diálogo con El Marplatense que “estas leyes habían pasado por todas las instancias democráticas para su aprobación, inclusive la Ley de Emergencia en Discapacidad pasó dos veces por la cámara de Diputados y Senadores, ya que fue sancionada, vetada y finalmente revocado el veto”. 

Es decir que “esta noticia nos sorprende ampliamente a todos los que somos parte del sector. El artículo 75 dice derogar la ley sin explicar cuáles son los factores que impiden generar un presupuesto para el 2026 que permita la aplicación inmediata de estas leyes. Actualmente se encuentran sancionadas, pero sin aplicación por un decreto que las frenó hasta que la comisión explicara de dónde se iban a extraer los fondos”, remarcó. 

De modo que , desde Prestadores Unidos Mar del Plata, “decimos que esto es otra medida del gobierno para ajustar a un sector que ha sido vulnerado durante todo el año, que no solo está en emergencia, sino que se encuentra en urgencia. Actualmente han cerrado más de 700 centros categorizados, escuelas especiales, prestadores han migrado hacia otros sectores que le permitan sostener su economía. Esto afecta directamente la calidad de vida, y en ocasiones la vida, de la personas con discapacidad”, enfatizó. 

“Es el gobierno quien debe articular los medios para que el presupuesto permita la aplicación de estas leyes. No se puede derogar simplemente considerando que no existen los fondos cuando se han destinado a otros proyectos que nada tienen que ver”, agregó. 

Por consiguiente, “nosotros decimos claramente que las personas con discapacidad no se pueden considerar un número, un gasto para el Estado. Deben ser consideradas personas de derechos por las cuales se tienen que articular todos los medios para que tengan todo lo que se necesita para su real inclusión. Estamos hablando de rehabilitación, tratamientos, escolaridad, transporte, un gran sector que hoy se encuentra totalmente en emergencia”. 

“Así que pedimos a los señores diputados y senadores, que votaron en contra del veto, que no cambien su voto, sigan sosteniendo su postura a favor de la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario porque detrás hay un gran sector que necesita coherencia", concluyó.

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”.

"Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75".

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. 

“¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino.

Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche!”

“Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa", agregó.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Con mordacidad, definió al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, como el “campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarse en la gente”.

“Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense, chicana mediante hacia la legisladora bullrichista.

“Hay crisis de representación porque hay diputados que votaron una cosa hace unos meses y ahora cambiaron el voto”, le enrostró Martínez a los legisladores que “borocotizaron” su voto entregando a jubilados y discapacitados a cambio de distintas concesiones menores.

Momentos después, a la hora de explicar su voto, el diputado santacruceño José Luis Garrido le daría la razón involuntariamente al jefe del bloque peronista.

Garrido aclaró que votaría a favor del capítulo con la salvedad de que no estaba a favor de los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y financiamiento universitario, ni con quitar el régimen de zona fría, pero entre la espada y la pared obraría en ese sentido.

“Las salvedades no te salvan”, se escuchó decirle Cecilia Moreau al santacruceño para que reconsiderara su postura.

Ni lento ni perezoso, Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió lo anormal de la situación.

“Hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo”, apuntó.

“Hay algunos que se lavan las consciencias que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto”, lamentó.

Hasta la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), habitual acompañante del Gobierno, se diferenció en este aspecto.

“No pueden obligar a ningún legislador a votar a favor de algo que no quiere. Y sino nos obliga a votar todo en contra. Esto es extorsivo”, denunció.

Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés. 

Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit”.

“Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

Fuente: NA

Mientras se debate en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2026, manifestantes se enfrentaron con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería en las inmediaciones del Congreso Nacional. Un megaoperativo se desplegó en la zona para impedir que la movilización avanzara sobre las calles que rodean el Parlamento.

Los manifestantes derribaron vallas y se produjeron forcejeos con las fuerzas de seguridad, que actuaban bajo el protocolo antipiquetes. Para desalentar la protesta, se utilizó un camión hidrante. La tensión se mantiene en el perímetro del Congreso.

Mientras tanto, en el recinto el oficialismo consiguió un triunfo al lograr que el Presupuesto 2026 se vote capítulo por capítulo y no artículo por artículo. La Libertad Avanza impulsó el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO y la UCR. Además, se debatieron proyectos vinculados al incentivo del uso de los llamados “dólares del colchón” y a sanciones por desequilibrio fiscal.

Durante la sesión, el diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) reclamó mejoras salariales para los trabajadores de la Cámara de Diputados y señaló: “En esta casa los salarios de los trabajadores son muy pobres, también el de los legisladores”. Agregó que las políticas de libre mercado “están destruyendo el empleo y la economía”.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió: “El Gobierno está acelerado porque sabe que el crédito en términos sociales se termina en poco tiempo. Milei está apurado para aprobar leyes porque le queda poco tiempo”. La legisladora adelantó que su bloque rechazará el presupuesto al que calificó como “de ajuste”.

Fuente: con información de TN

El Gobierno nacional logró hoy imponer en el Congreso su dictamen del proyecto de Presupuesto para el año próximo, que prevé una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%. El avance se produjo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Benegas Lynch, tras negociaciones con gobernadores dialoguistas y con dos modificaciones de último momento: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. El objetivo del oficialismo es llevar el texto al recinto mañana y convertirlo en ley antes de fin de año.

El dictamen reunió 28 firmas y habilita al Poder Ejecutivo a tratar el proyecto en una sesión clave. De aprobarse, 2026 sería el primer año en el que el presidente Javier Milei contaría con una pauta de gastos e ingresos sancionada por el Congreso desde su asunción, en diciembre de 2023.

La mayoría que permitió a La Libertad Avanza alcanzar el dictamen se conformó con votos del oficialismo, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal -espacio que representa a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, alineado con Raúl Jalil, Producción y Trabajo, que responde al sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, vinculado al tucumano Osvaldo Jaldo.

En el marco de la negociación, el Ejecutivo utilizó Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se asignan de manera discrecional a las provincias para situaciones excepcionales. En ese esquema, se destinaron 43 mil millones de pesos a Tucumán, Misiones y Chaco. Además, el Gobierno incorporó al temario el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo impulsado por las provincias mineras.

A última hora, el oficialismo incluyó en el artículo 75 del proyecto la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, normas que se encuentran vigentes pero que el Ejecutivo no ejecuta bajo el argumento de que no cuentan con partidas presupuestarias específicas. La decisión generó reclamos judiciales, uno de los cuales derivó en un fallo que obliga a aplicar la emergencia en discapacidad, aunque el Gobierno lo apeló. Si el Presupuesto se aprueba en estos términos, el ajuste sobre ambos sectores quedará ratificado por ley.

Durante el debate en comisión se presentaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria y otro del espacio Provincias Unidas. El PRO y la UCR, por su parte, expresaron una disidencia parcial, ya que habían votado a favor de las leyes que ahora se proponen derogar. El resto de los bloques de la oposición dialoguista, que también había acompañado esas normas, no formalizó objeciones.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin calificó la decisión oficial como una “falta de respeto institucional”. El dictamen de minoría de ese espacio propone garantizar el financiamiento universitario, mantener la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y asignar fondos para la emergencia pediátrica. También contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de los ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.

La disidencia presentada por el PRO incluyó, además, un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, cuyo pago fue acordado con el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un fallo judicial. No hubo, en cambio, una acción similar del peronismo para exigir la restitución de los fondos que la Nación dejó de transferir a la provincia de Buenos Aires, un monto que el gobernador Axel Kicillof estimó en unos 9 mil millones de dólares.

En cuanto al contenido central del proyecto, el Presupuesto prevé para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar en diciembre. También proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -incluidos los intereses de la deuda- del 0,2%.

Al mismo tiempo, el texto contempla incrementos en partidas sociales muy por debajo de la inflación proyectada: un 5% en jubilaciones, un 17% en salud y un 8% en educación, y deja sin resolver el reclamo de las provincias por las cajas previsionales.

Fuente: con información de DIB