Desde el oficialismo busca alcanzar un acuerdo con las universidades para resolver el conflicto por el financiamiento del sistema y avanzar con el Presupuesto 2027. Tras las tensiones por la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Casa Rosada analiza alternativas para acercar posiciones con los rectores y reducir la disputa judicial.

Una de las opciones es incrementar las partidas destinadas a las instituciones universitarias. El proyecto presupuestario contempla alrededor de $7,7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama cerca de $11 billones. La diferencia entre ambas cifras asciende a unos $3,3 billones.

Otra alternativa consiste en modificar el régimen de contribuciones patronales que pagan determinadas universidades nacionales, con el objetivo de aliviar sus costos sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias presupuestarias. Por el momento, el Ejecutivo no definió qué mecanismo priorizará ni descartó combinar ambas propuestas.

La negociación también apunta a modificar la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de recomposición salarial y actualización de recursos. El Gobierno cuestiona su impacto fiscal y busca reemplazar parte del esquema vigente por un acuerdo que cuente con respaldo legislativo.

Fuente: TN

El bloque de concejales del Frente Renovador presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo información sobre el futuro de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” (EMAD), que actualmente funciona en un inmueble ubicado en Necochea 3672.

La iniciativa busca conocer cuál es la situación del contrato de locación del edificio y qué medidas prevé implementar el Municipio para garantizar la continuidad de las actividades de la institución después del 31 de diciembre de 2026, fecha en la que finalizará la prórroga vigente.

Según se detalló en el expediente, el contrato de alquiler original había sido celebrado por la Municipalidad con vigencia desde el 1° de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2026. Posteriormente, mediante el Decreto N° 1845/2026, el Departamento Ejecutivo autorizó una prórroga por cuatro meses, desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año, con un canon mensual de $8.000.000.

Los concejales solicitaron que se informe si actualmente existen gestiones para garantizar que la EMAD continué funcionando en el mismo inmueble una vez finalizada la prórroga. En caso de que esas gestiones estén en marcha, pidieron conocer su estado, las condiciones previstas y el plazo estimado para una eventual nueva contratación. Además, solicitaron saber si el Gobierno municipal analiza alternativas para trasladar la institución y, en ese caso, cuáles son los inmuebles considerados para asegurar la continuidad de las actividades educativas y artísticas.

El proyecto también plantea que se incorpore al Presupuesto Municipal 2027 una partida específica destinada a avanzar en la adquisición, construcción o adecuación de un inmueble propio para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Arte Dramático. En paralelo, los ediles reclamaron que el Municipio realice un relevamiento de inmuebles de propiedad municipal, provincial o nacional ubicados en el Partido de General Pueyrredon que puedan ser utilizados como una eventual sede de la institución.

El relevamiento solicitado debería incluir la ubicación y titularidad de cada inmueble, su situación actual de uso u ocupación, la superficie disponible, el estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y servicios, las obras necesarias para adaptarlo como establecimiento educativo y artístico y la factibilidad administrativa para destinarlo al funcionamiento de la EMAD.

Entre los fundamentos de la iniciativa, los concejales señalaron que la institución tiene una matrícula superior a los 300 estudiantes y que, desde su creación, no cuenta con un edificio propio. También remarcaron que la formación artística requiere espacios específicos, como salas de ensayo, lugares de práctica y vestuarios. Según se indicó en el expediente, las condiciones actuales hacen que algunas actividades académicas y artísticas deban desarrollarse en otros espacios de la ciudad, lo que genera dificultades para la organización institucional.

Desde el bloque impulsor consideraron necesario contar con una solución de carácter permanente que permita dar previsibilidad a estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de la escuela. En ese sentido, plantearon que el Presupuesto Municipal 2027 contemple recursos para avanzar en una sede propia y que, mientras tanto, se analicen inmuebles estatales que puedan resultar aptos para albergar a la institución.

Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro de 72 horas entre el miércoles y el viernes de esta semana, en reclamo por una recomposición salarial y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la medida afectará el dictado de clases en distintas universidades públicas y en colegios dependientes de esas instituciones.

La protesta fue convocada luego de un nuevo fracaso en las negociaciones salariales entre el Gobierno nacional y los gremios docentes. Entre las organizaciones que participarán se encuentran Conadu y Conadu Histórica, que mantienen el reclamo por una actualización de los salarios y por el cumplimiento de lo establecido en la ley de financiamiento.

Con esta nueva medida de fuerza, los gremios estiman que durante 2026 se perderán alrededor de 35 días de clases debido a los distintos paros realizados a lo largo del año. La situación afecta tanto a las facultades como a los colegios preuniversitarios y genera dificultades para completar los contenidos previstos en los calendarios académicos. Uno de los principales puntos de la protesta es la recomposición de los salarios docentes y no docentes, desde los gremios sostienen que el Gobierno debe aplicar el aumento previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, que implica una recomposición del 33,4%.

El reclamo se produce después de que el Gobierno ofreciera un aumento del 3% en septiembre y otro 3% en octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales, la oferta había sido presentada nuevamente en la última reunión paritaria, sin modificaciones respecto de la propuesta anterior.

El conflicto también tiene un componente judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena aplicar los artículos referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles.

La nueva medida de fuerza forma parte de un plan de lucha que también contempla una Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. Según Conadu, durante los días previos al paro se realizarán distintas actividades para visibilizar el reclamo y el conflicto por el financiamiento de las universidades. El sector universitario atraviesa así una disputa que combina las negociaciones salariales, el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y una resolución judicial que ordenó al Gobierno avanzar con determinados puntos de la normativa.

El reclamo también está relacionado con el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que los rectores de las 60 universidades nacionales estimaron que necesitan alrededor de $11 billones para afrontar salarios, infraestructura, investigación, becas, hospitales y otros gastos.

De acuerdo con las autoridades universitarias, cerca del 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. La diferencia entre los fondos previstos y los reclamados forma parte de la discusión que se mantiene entre las universidades, los gremios y el Gobierno nacional. Mientras continúan las negociaciones y el conflicto judicial, los docentes avanzarán con el nuevo paro de tres días, que afectará las actividades académicas entre el miércoles y el viernes en distintas instituciones universitarias del país.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso propone modificar el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares. El artículo 17 de la iniciativa plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, que establece la movilidad de estas prestaciones y las vincula con el sistema de actualización de las jubilaciones.

Si la propuesta es aprobada tal como fue presentada, la AUH dejaría de actualizarse automáticamente mediante la fórmula vigente, que actualmente toma como referencia la movilidad jubilatoria. Lo mismo ocurriría con otras prestaciones alcanzadas por la norma, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo y por discapacidad, las prestaciones prenatales, de nacimiento, adopción y matrimonio, además de la ayuda escolar.

El proyecto tampoco establece una nueva fórmula de actualización, de esta manera si el Congreso aprueba la modificación, quedaría en manos del Poder Ejecutivo definir cuánto y cuándo aumentar las asignaciones. Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que esto no implicaría dejar de actualizar las prestaciones y que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

La CBA representa el conjunto de alimentos y bebidas necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos y su valor también se utiliza para establecer la línea de indigencia. Según el último dato oficial mencionado en el artículo, correspondiente a agosto, la CBA para una familia tipo de cuatro integrantes alcanzó los $726.469,38, mientras que para un adulto equivalente fue de $235.103,36. Para 2027, el proyecto de Presupuesto contempla un total de 4.143.930 beneficiarios de la AUH, por lo que la modificación tendría impacto sobre un universo amplio de personas que reciben esta prestación.

La Ley 27.160, sancionada en 2015, estableció la movilidad de las asignaciones familiares y determinó que distintas prestaciones se actualizaran de acuerdo con el mecanismo utilizado para las jubilaciones. En 2024, el Gobierno modificó el sistema previsional y estableció que las jubilaciones se actualizaran mensualmente de acuerdo con la inflación, utilizando un rezago de dos meses. Actualmente el artículo 17 del nuevo proyecto busca eliminar esa relación y en consecuencia, la AUH y las demás prestaciones alcanzadas dejarían de estar atadas automáticamente a la evolución de la inflación a través de la movilidad jubilatoria.

El Gobierno sostiene que la AUH aumentó casi un 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, sumada a la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de las necesidades básicas de alimentación. Esa afirmación forma parte de los argumentos oficiales para sostener el nuevo esquema.

Es el tercer intento de modificar el sistema, la eliminación del mecanismo automático ya había sido incluida por el Gobierno en los dos presupuestos anteriores. En el proyecto de Presupuesto 2025, la derogación de los artículos de la Ley 27.160 había sido incorporada en el artículo 68. Sin embargo, ese Presupuesto no fue aprobado por el Congreso. La misma modificación volvió a aparecer en el Presupuesto 2026, esta vez en el artículo 73 y el Congreso finalmente aprobó el Presupuesto, pero durante el tratamiento legislativo ese artículo quedó excluido del texto definitivo.

Ahora, el Ejecutivo volvió a incorporar la propuesta en el artículo 17 del Presupuesto 2027. La iniciativa deberá ser debatida y modificada, en caso de que corresponda, durante el tratamiento parlamentario.

Javier Milei reunió este lunes a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza en  Casa Rosada, en la previa de una semana marcada por la presentación del Presupuesto 2027 y otros proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y contó con la participación de diputados y senadores del oficialismo. Entre los principales temas estuvo el proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso para comenzar su tratamiento.

La iniciativa contempla las proyecciones económicas del Gobierno para el próximo año, entre ellas la evolución de la inflación, la recaudación, el empleo y otras variables centrales. Su discusión también abrirá una etapa de negociaciones con gobernadores y bloques aliados por la distribución de recursos y las distintas partidas.

Además del Presupuesto, durante la reunión se analizaron otros temas de la agenda parlamentaria que el oficialismo pretende impulsar en los próximos meses.

Entre ellos aparece un proyecto vinculado con la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que busca endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en el archipiélago.

También figura en la agenda la reforma electoral, cuyo tratamiento genera diferencias entre el oficialismo y algunos sectores aliados, principalmente en torno al futuro de las PASO.

De esta manera, Milei buscó ordenar posiciones dentro de La Libertad Avanza antes de una serie de debates legislativos clave para el Gobierno.