La fiscal Betina Lacki solicitó hoy la prisión preventiva para los dos empleados del Senado de la provincia de Buenos Aires acusados de liderar una secta que abusaba de mujeres en La Plata. El pedido fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien tiene un plazo de cinco días para resolver la situación procesal de los imputados.

Se trata de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz, procesados por abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por el grave daño en la salud psicofísica de las víctimas, en concurso real con privación ilegal de la libertad. La acusación comprende al menos ocho hechos, algunos de los cuales habrían ocurrido dentro de oficinas de la Legislatura bonaerense.

Antes de definir sobre la prisión preventiva, el magistrado deberá convocar dentro de las próximas 48 horas a una audiencia prevista en el artículo 168 bis, a pedido de la defensa. En ese ámbito, los abogados podrían solicitar la morigeración de la medida, como el arresto domiciliario, además de plantear nulidades o cuestionar la prueba reunida.

La fiscal fundamentó su solicitud en la pena en expectativa -que podría alcanzar hasta 15 años de prisión-, el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que los acusados habrían acosado a las víctimas e interferido en el desarrollo de la causa.

Asimismo, Lacki unificó denuncias que habían sido radicadas en la UFI N°2 pero tramitaban por separado. No obstante, esa cuestión aún debe resolverse, ya que uno de los expedientes se encuentra en el juzgado de Juan Pablo Masi y el otro en el de Pablo Raele, por lo que pidió que se decline la competencia a favor de este último.

Fuentes judiciales indicaron que también se investiga el posible rol de funcionarios que conocían los hechos o estaban al tanto de lo que ocurría en el Senado y no realizaron denuncias, aun cuando se tratara de delitos de instancia privada.

Según la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal y habría funcionado entre 2015 y 2019. Rodríguez era el líder máximo, identificado como el “Dios Kiei”, a quien se presentaba como un “semidiós reencarnado” con supuestos poderes, y exigía a las víctimas que lo sirvieran y satisficieran como parte de su propósito espiritual.

Daniela Silva Muñóz cumplía el rol de “Sensei” o maestra espiritual y actuaba como facilitadora. Utilizaba su posición de “confidente” para persuadir a las víctimas de mantener relaciones sexuales con Rodríguez, argumentando que no se podía romper la “trieja”, una relación de tres personas basada en supuestos principios espirituales.

De acuerdo con los testimonios, las víctimas eran captadas en distintos ámbitos, entre ellos la militancia política, espacios universitarios y encuentros de mujeres. La pareja era referente del Movimiento Ciudadano “La Capitana” de La Plata, vinculado a Unión por la Patria. En algunos casos, Rodríguez habría generado dependencia económica al pagar estudios y ejercer presiones y amenazas para mantener el control sobre las denunciantes.

En el documento fiscal se señala que, “en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, Silva Muñóz persuadía a las víctimas para concurrir a su domicilio o incluso a oficinas del Senado, donde las dejaba encerradas con Rodríguez para que este abusara de ellas.

Fuente: con información de TN

La Justicia de Garantías resolvió dictar la prisión preventiva contra Verónica González, quien está acusada de haber asesinado a su marido Carlos Bustamante en su casa de Miramar donde también se produjo años atrás la muerte impune de su hijo Gastón, de apenas 12 años.

Fuentes judiciales que consultó El Marplatense confirmaron que Daniel De Marco, el magistrado interviniente, hizo lugar al pedido que había elevado la fiscal Florencia Salas en donde expuso distintas pruebas que incriminan a la mujer sobre su presunta autoría en el salvaje hecho.

En principio, la funcionaria judicial había señalado a este medio que las distintas declaraciones testimoniales que se recopilaron en la causa por el homicidio de Bustamante ubican a la única imputada “en el escenario del crimen en un horario crucial”.

“Esto es alrededor de las 11.30 y 12 del mediodía; hay dos vecinas que la ven saliendo desde ese horario y unos repartidores que le llevaron un pedido y que escucharon una voz dentro de la vivienda y vieron una moto 11.25, con lo cual indica que ella ya estaría dentro de la vivienda y que Carlos Bustamante ya estaría gravemente herido“, reconstruyó la fiscal.

En este sentido, Salas agregó que los mismos testigos insistieron en el aspecto “llamativo” de que “los perros olían detrás de la puerta”. “Lo que les llamaba la atención a los perros era el olor a sangre y eso lo tomamos como uno de los indicios más graves de sospechabilidad”, aseveró.

Otra de las pruebas a las que hizo referencia la representante del Ministerio Público Fiscal está ligada con el resultado de las pruebas químicas y el hallazgo de manchas de sangre en las prendas que llevaba González al momento de la detención.

“Tenía manchas en zapatillas, jeans, campera, y lo más significativo son las que estaban en musculosa y remera, siendo que encima ella ya tenía un buzo colocado y una campera”, detalló, y consideró: “No se explica la llegada de sangre a esas dos prendas siendo que tampoco había asistido a Bustamante luego de ser atacado”.

Además, Salas dijo que las marcas de uñas que tenía la víctima en el dorso de su mano son “compatibles” con las de su esposa. “Todo esto conformó el pedido que solicitamos al juez”, aseguró, y recordó que todavía está a la espera de recepcionar los resultados que arrojen las pericias psicológicas y psiquiátricas.

El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita, cohecho pasivo y administración fraudulenta en la causa donde se investigó la compra de busques de Gas Licuado.

En esta decisión, que se vincula con una de las pesquisas que se desprenden de la caso conocido como "cuadernos de las coimas", el magistrado mantuvo el pedido de prisión preventiva.  También fueron procesados los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, bajo la misma modalidad.

En su última resolución, Bonadío dispuso embargos por importantes montos, que ascenderían desde los 200 hasta los 300 millones de pesos dependiendo de los imputados, según lo que pudo confirmar Clarín. 

La máxima referente de Unidad Ciudadana sumó así un nuevo procesamiento vinculado a la causa de corrupción más relevante de la historia, donde ya está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban empresarios contratistas del Estado.

En esta oportunidad, como una ampliación de la asociación ilícita y nuevos hechos de cohecho pasivo, más una acusación por administración fraudulenta, el juez Bonadio la encontró responsable y la procesó manteniendo el pedido de prisión preventiva del expediente principal.

En esta causa se incorporó un nuevo peritaje, ya que el primero que había sido utilizado para procesar y detener a Baratta y De Vido fue desestimado por la Cámara Federal porteña.

El juez de Garantías Saúl Errandonea dictó en las últimas horas la prisión preventiva para los tres jóvenes que estaban detenidos en la investigación que lleva adelante la fiscal Florencia Salas por la denuncia de violación que hizo una adolescente de 14 años durante la madrugada de Año Nuevo en el camping El Durazno, de Miramar.

La agente le confirmó a El Marplatense la resolución, que había sido solicitada para que los sospechosos permanezcan en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta tanto se conozcan los resultados de los cotejos de ADN que se mandaron a peritar a los laboratorios forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Semanas atrás, la Justicia excarceló a 2 de los cinco acusados de abusar sexualmente de la adolescente dentro de una carpa en el camping El Durazno, donde el grupo de amigos y la familia de la víctima había coincidido. Salas pidió la excarcelación luego de que la víctima no reconoció a estos dos acusados en la rueda de reconocimiento fotográfico.

Sin embargo, Maximiliano Orsini, el abogado que representa a la familia de la víctima, confirmó a este medio que, en esta instancia, la adolescente pudo “reconocer en forma inmediata al tercer implicado cuando se lo exhibieron”.

La prueba se realizó en base a los tres jóvenes que, en la declaración que habían brindado a la fiscal Salas, aseguraron que no habían tenido participación alguna en el ataque sexual contra la joven, mientras que los dos restantes admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la menor.

La fiscal Florencia Salas que investiga el abuso de una adolescente marplatense de 14 años en un camping de Miramar durante la madrugada de Año Nuevo solicitó este miércoles la prisión preventiva de los tres jóvenes detenidos por el ataque sexual.

Tal como estaba previsto, fuentes judiciales consultadas por El Marplatense confirmaron que la agente elevó la requisitoria al juez de garantías Saúl Errandonea para que mantenga en prisión a los tres jóvenes marplatenses que aún están alojados en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán.

La medida busca extender la prisión preventiva hasta tanto se conozcan los resultados de los cotejos de ADN que se mandaron a peritar a los laboratorios forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El martes pasado la Justicia excarceló a 2 de los cinco acusados de abusar sexualmente de la adolescente dentro de una carpa en el camping El Durazno, donde el grupo de amigos y la familia de la víctima había coincidido. Salas pidió la excarcelación luego de que la víctima no reconoció a estos dos acusados en la rueda de reconocimiento fotográfico.

Sin embargo, Maximiliano Orsini, el abogado que representa a la familia de la víctima, confirmó a este medio que, en esta instancia, la adolescente pudo “reconocer en forma inmediata al tercer implicado cuando se lo exhibieron”.

La prueba se realizó en base a los tres jóvenes que, en la declaración que habían brindado a la fiscal Salas, aseguraron que no habían tenido participación alguna en el ataque sexual contra la joven, mientras que los dos restantes admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la menor.