El Tribunal Penal Colegiado N°2 condenó al ex juez mendocino, Hugo Leonardo Torino, a 14 años de prisión luego de declararlo culpable de haber abusado sexualmente de su ex pareja durante más de dos años. Además de otros delitos enmarcados en hechos en contexto de violencia de género, la Justicia lo sentenció por tenencia de pornografía infantil.

El ex titular del Juzgado de Paz de Santa Rosa fue denunciado en 2017 por su ex pareja, una mujer de nacionalidad haitiana a la que sometió sexual, psicológica y económicamente entre 2015 y 2017. Durante el proceso judicial, la fiscalía demostró que el exmagistrado abusó de la mujer al menos dos veces por semana, aprovechándose de su situación de dependencia económica.

Testigos declararon que Torino la obligaba a realizar tareas domésticas, no le permitía salir o manejarse por sus propios medios y la obligaba a mantener relaciones sexuales. En ese período que duró el sometimiento, la pareja tuvo una hija.

La mujer oriunda de Haití reveló que el hombre la había contactado mediante la red social Facebook cuando ella tenía 27 años. Luego de iniciar una relación “online”, él la ayudó a viajar a Mendoza y la alojó en un departamento ubicado en la parte de atrás de su casa en la localidad de Guaymallén.

La mujer se describió a sí misma como “una rehén”. Durante el comienzo de la relación estaba haciendo un curso para poder ejercer como maestra en Mendoza, pero solo asistía si el ex juez la llevaba y la iba a buscar. “Si me desmayaba en el instituto o me pasaba algo por el embarazo, él llegaba antes que la ambulancia y me llevaba. No quería que llamaran a nadie más”, declaró la denunciante al medio.

En 2018 Torino fue imputado. Al año siguiente, durante un allanamiento en su domicilio se le incautaron teléfonos celulares, una computadora, un pendrive y un disco rígido, entre otros dispositivos electrónicos. Al realizarse los peritajes, los investigadores hallaron más de 1.300 archivos de pornografía infantil, lo que derivó en una nueva causa en su contra.

Las fiscales Daniela Chaler y Belén Sanz habían solicitado durante los alegatos 15 años de cárcel para el ex juez de 66 años, mientras que la querella, representada por Lucas Lecour y Silvina Bustos, entendió que correspondían 20. Torino en todo momento insistió con su inocencia y aseguró haber sido víctima de “lawfare”, señalando que las denuncias eran falsas.

El ex juez se defendió a sí mismo con asistencia del abogado Maximiliano Legrand. Durante el proceso insistieron que las acusaciones eran infundadas. La estrategia consistió en intentar demostrar que no había existido privación de la libertad ni abusos sexuales contra la mujer.

Incluso negaron el Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Masnna). “Torino no tenía Masnna consigo. Lo que ocurre es que en uno de los pendrive que tenía consigo había habido Masnna, pero estaba borrado. Aparentemente había bajado por error una carpeta con muchas fotos y la borró después”, argumentó Legrand al inicio del juicio, según reveló el portal Los Andes.

Finalmente, este miércoles, el Tribunal Penal Colegiado N°2 resolvió condenarlo a 14 años de cárcel.

Según informó el portal El Sol, la víctima no estuvo presente en la sala al momento de conocerse la sentencia. La mujer fue notificada por sus abogados sobre la decisión de la Justicia. Aseguran que se mostró “conforme y aliviada”.

Si bien la condena es de complimiento efectivo, Torino continuará con detención domiciliaria porque el fallo no se encuentra firme. Incluso, presentaría un recurso de casación para que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia.

Fuente: Infobae

Un militar chileno fue enviado este lunes a prisión luego de que un tribunal sentenciara que utilizó exceso de fuerza en la represión de una protesta en la región de Biobío, al sur del país. El uniformado fue grabado mientras disparaba a quemarropa contra un civil.

El apresado es el sargento del Ejército Héctor Herrera, quien según las fuentes judiciales sería el protagonista de un video que se viralizó durante las protestas. En él, se puede ver como el militar detiene a otro hombre de 50 años, por no haber respetado el toque de queda. Entonces, sin mediar palabra, le dispara en la pierna.

Pese a que Herrera fue imputado por los delitos de apremios ilegítimos y trato degradante ante el Juzgado de Garantía, en primera instancia había quedado en libertad y sin medidas cautelares en su contra, informó la Radio Cooperativa.

El tribunal de alzada ordenó, tras una investigación, que el militar sea puesto bajo prisión preventiva. Podría recibir una condena de al menos cinco años en la cárcel. 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 condenó a Alberto Samid a cuatro años de prisión por haber creado una asociación ilícita, montada para evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su cadena de frigoríficos.

Hoy al mediodía, los jueces que integran el tribunal, José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari, habían desestimado planteos de prescripción de la acusación contra el empresario de la carne.

Samid fue detenido en Belice el sábado seis de abril. El empresario se había fugado del país luego de que el tribunal reactivara la causa por asociación ilícita para que no prescriba. "Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la justicia, deben presentarse", había declarado entonces la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El empresario está acusado de integrar una asociación ilícita a través de la cuál se evadían impuestos de la comercialización de carne y se le exigió una condena de seis años y medio de prisión. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió condena para Samid y el resto de los acusados.

Fuente: La Nación

Un joven fue condenado a siete años y diez meses de prisión tras ser encontrado responsable de una entradera que ocurrió a mediados de septiembre pasado en una casa ubicada en Bragado al 1400.

Fue el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata el encargado de resolver la condena contra Uriel Porto, de 21 años, tras hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado al que se había arribado con el Ministerio Público Fiscal, representado por Mariano Moyano.

La investigación que permitió encontrar los elementos como para ratificar la culpabilidad del sospechoso estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), donde se acreditó su intervención junto a otro joven.

Una vez dentro de la casa, con un arma de fuego y un arma blanca, los delincuentes redujeron a sus moradores y les exigieron la entrega de dinero y elementos de valor sustrayéndoles un televisor de 21 pulgadas, quinientos pesos, un teléfono celular y una garrafa, según permitieron reconstruir fuentes policiales.

Ante ello, los magistrados lo condenaron a siete años y diez meses de prisión. Fuentes oficiales precisaron al respecto que el vencimiento de la pena comenzará a operar desde el 15 de julio de 2025.

Federico Sasso, el joven que atropelló y mató a Lucía Bernaola en junio de 2017 en Alberti y la Costa, fue condenado este viernes al mediodía a 6 años de prisión por el Tribunal Criminal Oral N°1 de Mar del Plata, quien lo encontró culpable del delito de homicidio culposo calificado por conducción temeraria.

El fiscal Rodolfo Moure, representante del Ministerio Público Fiscal, habló luego de que se leyera la sentencia y manifestó que "fue un fallo ejemplar. Es la primera vez en la historia que se condena a la pena máxima por homicidio culposo 6 años de prisión. En este caso son 6 años con efectivo cumplimiento y el Sr. Sasso, una vez que se confirme la sentencia, deberá cumplir pena en la cárcel".   

En este sentido, Moure explicó que hasta que no quede firme la sentencia Sasso no irá a la cárcel porque los jueces Viñas y Sueyro "dicen que hay que esperar que quede firme. El juez Urso entendió que Sasso tendría que ir a la cárcel en este momento. Lo importante es que es una condena ejemplar donde se ha aplicado el máximo", contó.

Además detalló que se decomisó el vehículo del imputado para ser entregado a las víctimas y "se ha hecho una advertencia a la división de tránsito del municipio".

Por último adelantó que recurrirán a la Cámara de Casación para pedir el dolo eventual, "lo seguiremos sosteniendo entendiendo que estaban las condiciones dadas para esa pena", concluyó.

El fiscal había solicitado una pena de 10 años de prisión para Federico Sasso, además de exigir que se le revoque la prisión domiciliaria y que se le imponga una sanción especial para que se lo inhabilite para la conducción de cualquier tipo de vehículos durante una década. Al brindar su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó su requisitoria al considerarlo responsable por el delito de homicidio simple con dolo eventual, tal como lo había anticipado a El Marplatense.

El fiscal Rodolfo Moure pidió este martes que la Justicia dicte una condena de 10 años de prisión para Federico Sasso, el joven que atropelló y mató a Lucía Bernaola el 4 de junio de 2016 en Alberi y la Costa.

Al brindar su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó su requisitoria al considerarlo responsable por el delito de homicidio simple con dolo eventual, tal como lo había anticipado a El Marplatense.

Además, el funcionario judicial solicitó al  Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, integrado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Juan Manuel Sueyro, que le imponga una "sanción especial" que contemple la inhabilitación de 10 años para conducir todo tipo de vehículos.

Moure, por último, requirió que se "agraven" las condiciones de detención de Sasso para que se revoque su arresto domiciliario y se lo conduzca a una Unidad Carcelaria del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires al sostener la necesidad de "acentuar las medidas de seguridad para neutralizar cualquier intento de fuga" por estar más cerca de cumplir con una eventual condena.

En el transcurso de la investigación, se impulsó otra pesquisa paralela, a partir de las denuncias de la madre de la menor, Verónica Borelli, por preguntas irregularidades en la comisaría de Balcarce, donde se alojaba el acusado. En noviembre, la mamá aseguró que Sasso hacía salidas “esporádicas”, bajo la autorización de las autoridades policiales que estaban a cargo de esa dependencia.

Tras finalizar la etapa de debate, este martes se desarrolla la jornada de los alegatos que corresponden a la fiscalía y las distintas querellas que están involucradas en el caso. El miércoles será el turno de Facundo Capparelli, quien defiende a Sasso. Al concluir los alegatos, el imputado también podría declarar ante los magistrados utilizando su derecho de “última palabra”.

Tres testigos, entre ellos un perito, propuestos por la defensa cerraron el lunes la última jornada de testimoniales en el juicio oral. El primero en declarar fue el perito Luis Alberto Martínez, que representó la familia del imputado y cuyas conclusiones se diferenciaron totalmente de las que en audiencias anteriores expusieron los peritos oficiales.

Martínez puso en duda la velocidad a la que se desplazaba el rodado al momento del impacto dada por los otros peritos y atribuyó a la maniobra que dio muerte a Bernaola a la humedad que presentaba el asfalto en la madrugada del 4 de junio de 2017.

Los dichos del perito fueron duramente cuestionados por los abogados de los padres de la adolescente y por el Ministerio Público, que cuestionaron su profesionalismo.

“Lo sentimos muchísimo”, dijo a su turno la madre de Sasso al referirse a la muerte de Bernaola y señaló que su hijo es “un joven tranquilo, alegre, amigable y que nunca tuvo problemas de conducta”.

“Hoy mi hijo esta destruido”, afirmó la mujer y agregó que tras el episodio que le costo la vida a la adolescente “jamás volvió a ser el chico de antes ni lo va a ser”.

Ante una pregunta del defensor, la madre del imputado dijo que sentía “angustia y dolor” por lo sucedido. “Lamento todo lo que ocurrió y ya nada volverá a ser como antes”, manifestó.

La última en declarar fue una amiga de la familia Sasso, quien dijo que el joven “siempre manejaba despacio, era prudente y siempre respetaba todas las normas de tránsito”.

También contó que lo conoce desde que era niño y que “siempre fue muy educado, muy correcto y muy respetuoso de las normas”, según lo que consignó la agencia Télam.

Tres jóvenes que iban con Sasso en el auto que atropelló a adolescente declararon el 14 de este mes que antes habían hecho una “previa” en la casa de uno de ellos, donde habían tomado alcohol, y que circulaban “rápido”.

Sasso llegó a esta instancia imputado por el delito de “homicidio culposo agravado y lesiones”, pero el fiscal y los abogados de la familia Bernaola procuran que sea juzgado por “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Por su parte, la defensa busca avanzar con la acusación por “homicidio culposo imprudente o agravado”, cuya escala penal va de los 3 a 6 años de prisión.

El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de junio de 2017, cuando Sasso conducía por la costa su vehículo Renault Clío, a alta velocidad y al llegar a la curva de Alberti y la Costa perdió el control del rodado, invadió la mano contraria, siguió su recorrido sobre la vereda y atropelló a Lucía Bernaola, quien murió en el acto, e hirió a otros ocho jóvenes que caminaban con ella.

Maximiliano Orsini, el abogado que representa a la mamá de Lucía Bernaola, consideró que se podría lograr "justicia" si los magistrados resuelven una condena de 12 años de cárcel contra Federico Sasso por el accidente que provocó en la costa en 2017 y que derivó en la muerte de la menor.

En diálogo con El Marplatense, el letrado ya anticipó algunos de los principales lineamientos que tendrá el alegato que presentará este martes frente al Tribunal Criminal Oral N°1, junto a Rodolfo Moure, quien representa al Ministerio Público Fiscal. El miércoles, en tanto, será el turno de la defensa del conductor, quien es patrocinado por Facundo Capparelli.

"Para las familias nunca va a haber Justicia. Pero desde el punto de vista jurídico, Justicia se entendería entre el rango de los 10 y 12 años de prisión", consideró, una de las querellas que tiene la causa.

Orsini, además, confió en lograr una pena de estas características al asegurar que ya hubo casos que sentaron un precedente similar. El más reciente y con el mismo tribunal fue el que protagonizó Lucas Carnero, quien en 2015 atropelló y mató al policía Fabián Mendiola.

El abogado trazó un balance positivo del desarrollo del juicio contra Federico Sasso y consideró que los distintos testimonios y pruebas aportadas permitieron "acreditar" la acusación que sostiene por el delito de "homicidio simple con dolo eventual".

"Tdo va a quedar sujeto a lo que entienda el tribunal. Pero todos los testigos fueron de mucha ayuda; principalmente, los tres ocupantes que iban con Sasso en el auto creo que fueron los de más trascendencia procesal", analizó.

En el debate, las distintas partes plantean dos posturas fuertemente contrapuestas: tanto el particular damnificado como el fiscal Rodolfo Moure buscan que Sasso sea juzgado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, mientras que la defensa busca avanzar con la acusación por “homicidio culposo imprudente o agravado”, cuya escala penal va de los 3 a 6 años de prisión.

El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de junio de 2017, cuando Sasso conducía por la costa su vehículo Renault Clío, a alta velocidad y al llegar a la curva de Alberti y la Costa no pudo controlar el rodado, invadió la mano contraria, siguió su recorrido sobre la vereda y atropelló a Lucia Bernaola, quien murió en el acto, e hirió a otros ocho jóvenes que caminaban con la víctima.

El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita, cohecho pasivo y administración fraudulenta en la causa donde se investigó la compra de busques de Gas Licuado.

En esta decisión, que se vincula con una de las pesquisas que se desprenden de la caso conocido como "cuadernos de las coimas", el magistrado mantuvo el pedido de prisión preventiva.  También fueron procesados los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, bajo la misma modalidad.

En su última resolución, Bonadío dispuso embargos por importantes montos, que ascenderían desde los 200 hasta los 300 millones de pesos dependiendo de los imputados, según lo que pudo confirmar Clarín. 

La máxima referente de Unidad Ciudadana sumó así un nuevo procesamiento vinculado a la causa de corrupción más relevante de la historia, donde ya está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban empresarios contratistas del Estado.

En esta oportunidad, como una ampliación de la asociación ilícita y nuevos hechos de cohecho pasivo, más una acusación por administración fraudulenta, el juez Bonadio la encontró responsable y la procesó manteniendo el pedido de prisión preventiva del expediente principal.

En esta causa se incorporó un nuevo peritaje, ya que el primero que había sido utilizado para procesar y detener a Baratta y De Vido fue desestimado por la Cámara Federal porteña.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación rechazó una nueva presentación de la defensa del piquetero K Luis D'Elía y ordenó al Tribunal Oral Federal 6(TOF 6) que se cumpla la condena de inmediato.

Así lo resolvió esta Cámara, después de confirmar la condena contra Luis D'Elía por la toma de una comisaría en 2004 y así quedó a un paso de ir a prisión.

Si bien en la anterior resolución la Cámara de Casación redujo la condena que recibió el piquetero (prisión fijada a tres años y nueve meses de prisión), la Sala III del Máximo tribunal Penal rechazó un nuevo reclamó de la defensa y ordenó al TOF 6 que haga cumplir la condena.

La condena dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) incluyó además una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años y una prohibición de salir del país sin autorización del tribunal, detalló Clarín.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata resolvió este jueves condenar a 14 años de prisión a  Alejandro Mendoza, quien a principios de octubre de 2016 realizó una violación salvaje contra su pareja y hasta intentó que un perro abusara de ella.

En la última audiencia del juicio, los jueces Facundo Gómez Urso, Mariana Iriani y Aldo Carnevale dictaminaron la sentencia contar el hombre, después de considerar que había diferentes elementos presentados por la fiscalía que permitían acreditar su absoluta responsabilidad en el aberrante hecho.

A Mendoza se lo encontró culpable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante", "privación ilegal de la libertad", a partir del ataque sexual que ocurrió en Estación Chapadmalal en perjuicio de Paola Campos, de 37 años.

En principio, la fiscal María Isabel Sánchez se puso al frente de la pesquisa pero en el desarrollo del juicio estuvo Fernando Berlingeri, como representante del Ministerio Público Fiscal, sin modificar ningún aspecto de los elementos que se consideraron para sostener la grave acusación.

El aberrante hecho tuvo lugar el 2 de octubre de 2016. Paola había pactado encontrarse con Mendoza en un campo de Estación Chapadmalal. Pese a su negativa, el agresor golpeó a su pareja, la amenazó y luego abusó sexualmente de ella; incluso, según consta en la denuncia, intentó que tuviera relaciones con un perro.

Finalmente, la víctima logró escapar durante la mañana del lugar, cuando el atacante pernoctaba, y se dirigió directamente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para poder ser intervenida por las lesiones sufridas.

Por tercera vez, Amado Boudou ingresará a prisión. La decisión la tomó la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que revocó la excarcelación que obtuvo el ex vicepresidente en diciembre pasado después de haber sido condenado con detención inmediata en el caso de la compra venta de la ex calcográfica Ciccone. Acusado de cohecho y negociaciones incompatibles, este lunes se ordenó nuevamente su prisión preventiva.

El último miércoles se había realizado la audiencia donde los organismos del Gobierno, Oficina Anticorrupción (OA) y Unidad de Información Financiera (UIF), se pronunciaron en contra de la acotada libertad que había obtenido Boudou: tobillera electrónica, prohibición de salida del país y una restricción para permanecer en un radio de cien kilómetros de su domicilio.

El 11 de diciembre había sido excarcelado con un voto dividido y polémico del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), el mismo que el 7 de agosto lo había condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa por la ex Ciccone Calcográfica. Según Clarín, fue clave que uno de los jueces del TOF que había fallado en contra de Boudou fue ascendido a camarista y la jueza que lo reemplazó se definió por la libertad del ex funcionario.

El juez de Garantías Saúl Errandonea dictó en las últimas horas la prisión preventiva para los tres jóvenes que estaban detenidos en la investigación que lleva adelante la fiscal Florencia Salas por la denuncia de violación que hizo una adolescente de 14 años durante la madrugada de Año Nuevo en el camping El Durazno, de Miramar.

La agente le confirmó a El Marplatense la resolución, que había sido solicitada para que los sospechosos permanezcan en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta tanto se conozcan los resultados de los cotejos de ADN que se mandaron a peritar a los laboratorios forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Semanas atrás, la Justicia excarceló a 2 de los cinco acusados de abusar sexualmente de la adolescente dentro de una carpa en el camping El Durazno, donde el grupo de amigos y la familia de la víctima había coincidido. Salas pidió la excarcelación luego de que la víctima no reconoció a estos dos acusados en la rueda de reconocimiento fotográfico.

Sin embargo, Maximiliano Orsini, el abogado que representa a la familia de la víctima, confirmó a este medio que, en esta instancia, la adolescente pudo “reconocer en forma inmediata al tercer implicado cuando se lo exhibieron”.

La prueba se realizó en base a los tres jóvenes que, en la declaración que habían brindado a la fiscal Salas, aseguraron que no habían tenido participación alguna en el ataque sexual contra la joven, mientras que los dos restantes admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la menor.

La fiscal Florencia Salas que investiga el abuso de una adolescente marplatense de 14 años en un camping de Miramar durante la madrugada de Año Nuevo solicitó este miércoles la prisión preventiva de los tres jóvenes detenidos por el ataque sexual.

Tal como estaba previsto, fuentes judiciales consultadas por El Marplatense confirmaron que la agente elevó la requisitoria al juez de garantías Saúl Errandonea para que mantenga en prisión a los tres jóvenes marplatenses que aún están alojados en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán.

La medida busca extender la prisión preventiva hasta tanto se conozcan los resultados de los cotejos de ADN que se mandaron a peritar a los laboratorios forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El martes pasado la Justicia excarceló a 2 de los cinco acusados de abusar sexualmente de la adolescente dentro de una carpa en el camping El Durazno, donde el grupo de amigos y la familia de la víctima había coincidido. Salas pidió la excarcelación luego de que la víctima no reconoció a estos dos acusados en la rueda de reconocimiento fotográfico.

Sin embargo, Maximiliano Orsini, el abogado que representa a la familia de la víctima, confirmó a este medio que, en esta instancia, la adolescente pudo “reconocer en forma inmediata al tercer implicado cuando se lo exhibieron”.

La prueba se realizó en base a los tres jóvenes que, en la declaración que habían brindado a la fiscal Salas, aseguraron que no habían tenido participación alguna en el ataque sexual contra la joven, mientras que los dos restantes admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la menor.