El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, dispuso nuevas medidas con relación al régimen de arresto domiciliario que cumple la ex presidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. La resolución establece restricciones específicas sobre las visitas que recibe en su domicilio, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en la modificación o revocación del beneficio.

Entre las disposiciones, se prohíbe la visita simultánea de personas ajenas a su núcleo cercano, como ocurrió recientemente con un grupo de nueve economistas.

A partir de ahora, cada ingreso deberá contar con autorización individual, expresa y previa, acompañada de una justificación concreta que detalle la necesidad, fecha y hora de la visita. Además, se fijó un límite de dos horas para este tipo de encuentros.

La medida busca reforzar el control sobre el cumplimiento del arresto domiciliario, que incluye el uso de tobillera electrónica, y se enmarca en el seguimiento judicial de las condiciones impuestas por la condena.

Fuente: con información de Infobae

La Cámara de Casación Penal resolvió que la ex presidenta Cristina Fernández deberá continuar utilizando una tobillera electrónica en su lugar de detención, el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. 

La decisión, tomada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, fue en respuesta a un pedido de la defensa de la ex mandataria para retirar el dispositivo de monitoreo.

La medida judicial desestimó la solicitud de la defensa de Fernández, quien argumentó que, por su condición de ex presidente con custodia permanente obligatoria, el uso de la tobillera no era necesario. Los magistrados ratificaron que la ex mandataria y presidente del Partido Justicialista debe cumplir con las condiciones establecidas para su prisión domiciliaria, que incluyen el uso del dispositivo de monitoreo electrónico y un régimen de visitas limitado.

Por otro lado, la Cámara analizó una solicitud del Ministerio Público Fiscal para que Fernández cumpla su prisión domiciliaria en otro domicilio. Los jueces decidieron de manera unánime que el lugar de detención seguirá siendo el departamento de San José 1111. Sin embargo, advirtieron que la modalidad de cumplimiento de la condena o el domicilio fijado podrían revisarse en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas o ante cambios en las “circunstancias fácticas”.

En relación con la tobillera electrónica, los jueces Hornos y Barroetaveña sostuvieron que la presencia de custodia policial “no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial”. Además, afirmaron que “renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”. Por ello, respaldaron la continuidad de las restricciones de visitas.

En disidencia, el juez Borinsky propuso dejar sin efecto la colocación del dispositivo, argumentando que la “custodia permanente y especializada” de la policía “garantiza un control suficiente sobre su situación”. Asimismo, señaló que “no existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga, en tanto se trata de una figura pública ampliamente conocida, sometida a una exposición constante que hace inviable cualquier intento de evasión”. 

Borinsky también abogó por eliminar la limitación en el ingreso de visitas al departamento, considerando que la exigencia de autorización judicial previa “configura una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada”.

Fuente: con información de DIB

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó a la ex presidente argentina Cristina Fernández en su departamento en el barrio de Constitución. El encuentro, que duró una hora, se realizó en el marco de la prisión domiciliaria que cumple la dirigente por la causa Vialidad. 

Lula fue el primer líder político extranjero en visitarla en estas circunstancias, en un gesto que generó tensiones con la Casa Rosada y se enmarcó en la estrategia del mandatario brasileño de cara a las elecciones de 2026.

La visita de Lula a Fernández fue seguida de cerca por el gobierno argentino, que evaluaba si el encuentro se produciría antes de la cumbre de líderes del Mercosur, lo que habría significado un fuerte desaire político al presidente Javier Milei. Finalmente, la reunión tuvo lugar después de la cumbre, y al concluir, Lula se retiró sin realizar declaraciones a la prensa.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) autorizó el miércoles la visita, mediante un documento firmado por el juez Jorge Gorini, que permitió a Cristina recibir al presidente brasileño en su domicilio. Este hecho marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambos líderes, en un contexto de alta sensibilidad política.

Lula llegó a Buenos Aires el miércoles para participar en la LXVI Cumbre de Líderes del Mercosur, encabezada por el presidente Milei en el Palacio San Martín. Esta fue la primera visita del mandatario brasileño a Argentina desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, aunque ambos ya se habían encontrado en noviembre de 2024 durante el G20 en Río de Janeiro.

Fuente: con información de TN

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini rechazó hoy el pedido de “detención inmediata” para la ex presidente Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad que presentaron ayer los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes todas las condenas.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado respondió al planteo de los fiscales con un “estese a lo dispuesto en el día de ayer“, en referencia a la orden para que todos los condenados se presenten en cinco días hábiles -plazo que vence el jueves de la semana que viene a las 9:30- en la sede del tribunal en Comodoro Py para quedar detenidos

Otros condenados pidieron notificarse sin tener que presentarse en Comodoro Py, pero Gorini respondió que “sin excepción, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral”.

Tras el fallo de la Corte, la Fiscalía pidió la detención inmediata de la ex jefe de Estado y los otro ocho condenadas para que empiecen a cumplir la pena. “El tribunal debe ordenar inmediatamente la detención de los culpables para que cumplan su pena y procurar, de manera urgente, la devolución del monto defraudado”, habían planteado Luciani y Mola en su presentación.

Pero previamente al pedido, el Tribunal Oral ya le había ordenado a los condenados que tenían que presentarse en el término de cinco días hábiles en Comodoro Py para quedar detenidos. Se entendía que así el tribunal ya había fijado postura sobre la modalidad de detención. Y eso ocurrió hoy cuando en una resolución, Gorini ratificó su decisión ante el planteo de la Fiscalía.

Sobre la presentación personal en el tribunal, las defensas de tres acusados plantearon alternativas para cumplirla. Fueron las del ex secretario de Obras Públicas José López y de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe. Los tres viven en Santa Cruz y pidieron otra modalidad para no tener que viajar a la ciudad de Buenos Aires.

“Sin excepción, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral dentro del quinto día hábil de notificados a través de sus defensas letradas, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones; oportunidad en la que, además, se formalizarán las notificaciones personales de rigor”, resolvió Gorini. Si bien esa decisión no fue ante un planteo de Cristina Kirchner se entiende que se puede aplicar para todos los condenados.

La ex mandataria pidió ayer cumplir la condena de seis años de prisión en la modalidad de domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La defensa de Cristina alegó tres motivos principales: su rol como ex presidente que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados de la ex presidente, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, quienes también pidieron que no use una tobillera electrónica.

El tribunal oral ya formó el legajo particular para tratar ese pedido y le pidió opinión a la Fiscalía antes de resolver. Un punto central para ese planteo será la respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre los posibles lugares de detención para los condenados.

El juez Gorini le requirió ayer que le asigne “una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas”. Esas son los nueve condenados en la causa. Para el caso de Cristina Kirchner, el magistrado le solicitó a la funcionaria que tenga en cuenta su edad, las cuestiones de seguridad por haber sido presidente y vicepresidente y el intento de homicidio que sufrió en 2022.

En su pedido de detención domiciliaria, la defensa de CFK requirió que si antes de los cinco días en los que tiene que presentarse no se resuelve su planteo, no quede presa en una dependencia de las fuerzas de seguridad sino en su departamento.

Fuente: Infobae

Un hombre de 24 años que tenía prisión domiciliaria, y que circulaba por las calles del barrio Regional, fue capturado por la Policía y derivado a la Unidad Penal N°15 de Batán.

En la detención trabajó personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual perteneciente a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), que están trabajando en el marco del Operativo de Sol a Sol.

El sujeto, que fue capturado en Bahía Blanca al 3200, se encuentra detenido por un delito de índole sexual, informó la DDI.

La causa contó con la intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 a cargo de Ricardo Perdichizzi.

En el marco de la investigación por abusos sexuales y violencia de género contra su ex esposa, Verónica Macías, la Justicia le concedió a Juan Antonio “Cacho” Garay la prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud.

La disposición judicial fue dictada ayer y se hará efectiva este miércoles, luego que la defensa del humorista rinda una fianza de $5.000.000. No obstante, continúa la prohibición de salir del país y de la provincia de Mendoza.

Semanas atrás la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, solicitó el beneficio procesal para que “Cacho” Garay continúe la prisión preventiva en modalidad domiciliaria luego de verse desmejorado su estado de salud desde su estadía en el penal. Si bien el Servicio Penitenciario ratificó que el humorista podía ser tratado dentro de la cárcel, fuentes judiciales precisaron que requiere de la asistencia de un médico más de una vez por día.

Considerando que Macías ya no está viviendo en Mendoza, por lo tanto se eliminó el riesgo de que Garay intente entorpecer la investigación, los abogados querellantes, Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, dieron el visto bueno a la postura de la Fiscalía y el juez Federico Martínez resolvió en la audiencia de ayer por la tarde conceder la domiciliaria.

No obstante, un portal de noticias informó que el representante del imputado, Daniel Romero, no terminó del todo conforme, ya que pretendía el cese de la prisión preventiva y la libertad de su defendido. En este marco, no se descarta que la resolución de este martes sea apelada en las próximas horas. Por lo pronto, hoy el comediante dejará el penal de San Felipe.

El abogado de Garay había argumentado la solicitud de que sea liberado en base a la última pericia psicológica que se incorporó en el expediente, la cual le quitó grado de credibilidad al testimonio de la denunciante.

“Vamos a efectuar una apelación al juzgado penal colegiado al solo efecto de que revea la situación y se expida al respecto del cese”, adelantó Romero en declaraciones.

El hombre de 68 años tendría cáncer de próstata, problemas cardíacos, neurológicos, motrices y visuales ya que habría perdido el 80% de la visión de uno de sus ojos, indicó la defensa.

El estado de salud de Garay fue clave para que la justicia resolviera concederle la domiciliaria a casi un año de estar detenido. La última información que había trascendido al respecto señalaba que el comediante había perdido más de 20 kilos. Además, al ser insulinodependiente y como consecuencia tener los picos de baja y alta azúcar en sangre, se le produce un desequilibrio al caminar.

A todo esto hay que agregarle un cuadro de depresión como consecuencia de las acusaciones que pesan sobre él. Trascendió que dentro del penal no habla con nadie y “llora todo el tiempo”.

La denuncia de Macías fue realizada en abril del año pasado, en paralelo a un crudo relato que hizo en los medios de comunicación al destapar la horrorosa historia que le tocó vivir al lado de Garay, entre manipulaciones, engaños y hasta ser obligada a mantener relaciones sexuales.

“Empezó la relación hace muchos años. Yo siempre soñé con cantar pero, no por la fama o ese tipo de cosas que dice la gente. Cantar, simplemente. Y él, cuando lo conocí, era otra persona. Como que me encantó, era una persona que se le veía buena, noble y, de a poco, me fue llevando. Me hacía creer que la única posibilidad de llegar al escenario era con él. Que él tenía todo el poder”, comenzó narrando la cantante.

La cantante contó que Garay tardó tres años en hacerla subir a un escenario y que en ese tiempo sufrió todo tipo de torturas. “Él me hacía participar de encuentros con otras mujeres, todo era sexo. Yo pensaba que ya me había acostumbrado y lo empecé a naturalizar. A mí él no me quiso nunca y yo siempre le tuve miedo. Me hizo creer que tiene mucho poder. Un día quise escaparme y entré en shock, quise llamar a mis hermanas y él decía ‘hay que calmarla, hay que matarla a esta pendeja porque me va a arruinar la carrera’ y sacó un arma”, detalló.

Fuente: Infobae 

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la aprehensión y solicitó al Juzgado de Garantía la detención en la madrugada de este viernes de un hombre que le robo y amenazó con arma de fuego a un remisero, mientras debía cumplir arresto domiciliario en el marco de la situación por la pandemia de coronavirus.

El sujeto había sido condenado en una causa por portación ilegal de arma de fuego y atentado, sin embargo, le habían otorgado el beneficio de arresto domiciliario por la resolucion del Juzgado de Ejecución Nro 2 desde el día 24 de abril de este año.

Por esta razón, le revocaron la prisión domiciliaria y fue alojado nuevamente en la Unidad Penal de Batán.

En el marco de la liberación de presos a raíz de la pandemia del coronavirus, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata dictó una resolución en la que resolvió conceder a Héctor Daniel Boglione la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Boglione, se encuentra procesado por el intento de femicidio hacia su esposa, María Julia Moldes, hecho ocurrido el día 5 enero de 2019 en la ciudad de Mar del Plata. La caratula es “Homicidio agravado por el vínculo en tentativa”.

Desde la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, emitieron un comunicado en el que repudian la resolución dictada. Sostienen que el delito que se le imputa es “grave” y que se debe tener en cuenta “que la violencia de género debe ser analizada de manera diferente que otros tipos de delitos, porque se trata de delitos donde los varones consideran a la mujer de su propiedad".

Además, explicaron que a pesar de entender la situación sanitaria que se vive actualmente, “en esta clase de delitos no debe morigerarse la prisión a través del arresto domiciliario, y en el caso de que el imputado se encuentre dentro de la población de riesgo deberá asegurarse el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde se encuentra alojado”.

Por último, reclamaron que en el fallo “no se han tomado las medidas necesarias para el resguardo de la integridad psicofísica de la víctima”. Así, solicitaron que “se trabaje a los efectos de garantizar que la víctima viva una vida libre de violencias y que no se vea afectada por la decisión irresponsable del Tribunal”.

La Cámara Federal de Casación Penal firmó acordada extraordinaria en la que recomendó a los tribunales federales y nacionales que de ella dependen que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos, condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas o en los grupos de riesgo a raíz del coronavirus.

El objetivo es descomprimir cárceles federales ante riesgo de foco infeccioso. Restringe su aplicación a delitos violentos, de lesa humanidad y de corrupción. Además, tendrán prioridad aquellos que estén a punto de cumplir la pena o quienes superen los plazos de la preventiva.

La decisión fue firmada por la presidenta de la Cámara de Casación Angela Ledesma, los jueces Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa (según su voto), Guillermo J. Yacobucci, Eduardo Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci (en disidencia) y Javier Carbajo.

El tribunal recomendó que se adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo.

Los jueces encomendaron analizar "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves".

También recomendaron a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con Covid-19 de modo de aislar a los presos dentro del penal y atenderlos.

La medida no es una obligación para los jueces inferiores, pero permite a los abogados defensores a que articulen sus pedidos de libertad domiciliaria.

En los considerandos de la acordada se aclara que "las medidas recomendadas se motivan exclusivamente en la pandemia Covid-19, motivo por el cual, una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo examen".

¿Cuántos años tiene uno realmente: los que cumple o los que "transita"? Esa incertidumbre disparó en tribunales Julio De Vido, el ex ministro de Planificación que ya cumplió más de 600 días preso. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, De Vido, precandidato a diputado nacional, solicitó salir de la cárcel de Marcos Paz y que le concedan la prisión domiciliaria. Reclama irse detenido a su chacra de Zárate, bajo palabra o con una tobillera electrónica con GPS que le permita moverse en un radio de 100 kilómetros.

De Vido cumplirá 70 años el próximo 26 de diciembre, pero su defensa sostiene ya está transitado esta edad. "Este razonamiento, tan lógico como comprobable, remite a que cumplidos los 69 años, es decir, el traspaso de un total de 25.185 días aproximadamente, comienza el recuento del año 70 de vida, momento en el cual nos encontramos", sostuvo la defensa en un escrito al que accedió Infobae. Por ende, advierten que le corresponde el beneficio que le concede la ley a los reclusos de esa edad.

Pero si ese argumento no fuese de por sí suficiente, sostiene el ex ministro que debería concederse la prisión domiciliaria por razones humanitarias: es insulinodependiente, padece hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en el pulmón y en prisión -se asegura- su cuadro se ha deteriorado.

El artículo 32 de la ley 24660 establece que el juez "podrá disponer" la domiciliaria, en ciertos casos, entre los que aparecen los enfermos que no puedan ser tratados debidamente o los que tengan más de 70 años. Entre la batería de argumentos de la defensa de De Vido apareció incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema que le otorgó la prisión domiciliara a un preso de lesa humanidad en 2017 porque más allá de la "barbarie" que se cometió en la dictadura el Estado se debe garantizar "la imparcialidad en la aplicación de las leyes". El planteo de De Vido se hizo en la causa de los cuadernos, justo cuando el jueves próximo se cumplirá un año las órdenes de detención para ex funcionarios y empresarios en el escándalo mediático de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, son los únicos que permanecen presos en la cárcel por ese expediente tras el aluvión de acusados arrepentidos, el verdadero motor de la investigación. Cristina Kirchner -hoy aspirante a la vicepresidenta- está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita pero está libre porque mantiene sus fueros como senadora. Además, la Cámara Federal modificó criterios del juez que instruye el caso, Claudio Bonadio, como quitar de la banda a casi todos los empresarios, desprocesar por falta de pruebas a ex secretarios presidenciales, excarcelar a ex funcionarios de menor rango que pasaron seis meses u ocho meses en prisión y conceder prisión domiciliaria a aquellos que presentaban problemas de salud.

Es ahí donde apuntó del ex ministro de Planificación: si hubo prisión domiciliaria para otros, incluso para el ex director de Yacyretá Oscar Thomas ("48 días prófugo de la justicia y no cumple con ninguno de los requisitos de edad evaluados previamente") o para el abogado Miguel Pló y su joven yerno –procesados por lavado de dinero y cuando aún se buscan los 70 millones de dólares que el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz sacó del país-, ¿por qué no lo habría para De Vido?, se pregunta la defensa.

Casi como una chicana, la defensa buscó en los archivos un expediente en donde el juez Bonadio habilitó prisiones domiciliarias para personas menores de 70 años y "sin informe oficial alguno": fue para los hermanos Hugo y Mariano Jinkins, implicados en el caso de corrupción que envuelve a la FIFA a través de su empresa de marketing y requeridos por la justicia de Estados Unidos para su extradición.

La defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, habló de un daño irreparable de derechos y vulneración a los principios de inocencia, de humanidad en las penas, de proporcionalidad y de igualdad ante la ley. También sostuvo que están en juego "el derecho a la salud y a la dignidad humana". Sobre el debate de la edad, no solo defendió que De Vido transita sus 70 años pese a que los cumpla el 26 de diciembre, sino que afirmó que el Estado suscribió la Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores, en donde se habla de mayores de 60 y/o de 65 años –en donde encuadraría el hoy precandidato a diputado-.

Tras subrayar que De Vido "jamás ha evidenciado riesgo alguno e incluso, se ha presentado voluntariamente a someterse a la detención de la cual hoy es víctima", la defensa aseguró que con la prisión domiciliara "lo único que variará es la posible ingesta de dietas alimenticias ajustadas a sus necesidades, la realización de rutinas de ejercicio físico prescriptas médicamente, la contención familiar y médica necesaria". "No hablamos aquí de libertad, mucho menos de los riesgos que deben ser analizados frente a la posible excarcelación del imputado, sino de la posibilidad de sostener dicha detención bajo criterios menos gravosos para su salud, que aseguren la dignidad de la persona y la ausencia de tratos inhumanos que generen un gravamen concreto al individuo por parte del Estado que debe, frente a toda arbitrariedad, defenderlo". Según pudo saber Infobae, Bonadio ya rechazó el pedido de prisión domiciliaria para De Vido, pero ahora el tema será debatido en la Cámara Federal. Aquí se abre entonces un interrogante en medio de la feria judicial de invierno: uno de los jueces que se encuentra ahora en ese tribunal es Martín Irurzun, el camarista que dio el voto clave para que De Vido fuera encarcelado en octubre de 2017 tras perder los fueros parlamentarios.

En julio de 2017, el fiscal Carlos Stornelli -también interviene en la causa de los cuadernos- reclamaba su detención en la causa por una malversación de fondos en la causa Río Turbio y, aunque el juez Luis Rodríguez la había rechazado, el fallo de la Cámara Federal que se dio en llamar "la doctrina Irurzun" avaló el arresto en base a la peligrosidad que podían implicar los vínculos residuales de poder en la comisión de Energía de la Cámara baja.

De Vido sigue preso por esta causa, a raíz de lo cual su aspiración de prisión domiciliaria también debería tener el "okey" de Rodríguez –que todavía no la elevó a juicio oral-. Vale aclarar que la condena por la tragedia de Once -en la que recibió cinco años y ocho meses por administración fraudulenta de los ferrocarriles (no por las muertes)- no está firme y ahí el ex funcionario no tiene prisión preventiva. Esta semana, la última de la feria de invierno, intervienen en la Cámara Federal Irurzun y el juez Mariano Llorens. Ninguno de los dos son los que suelen analizar las decisiones que toma Bonadio. Pero además Llorens está excusado de intervenir porque su primo, ex funcionario de Planificación, está procesado en el expediente.

Así las cosas, si el tema se debatiera en feria, habría que salir a buscar un camarista del fuero penal económico de feria parar que analice junto a Irurzun la petición de la defensa de De Vido. En diálogo con Infobae, algunos se preguntaban si buscaba la suerte momentánea que tuvo el ex vicepresidente Amado Boudou en enero de 2018 cuando consiguió que salir de prisión, con el voto de un juez externo a Py por el receso de verano.

Sin embargo, es probable que el debate quede para cuando se reanude la actividad en tribunales y el tema quede en análisis de los camaristas originales del caso: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que estuvieron durante la primer semana de la feria. Aún no está claro si el planteo tendrá una decisión inminente o puede demorarse. Pero cada día que pasa, De Vido se acerca más a cumplir los 70 años que, para su defensa, ya está transitando.

Tomás Jaime, Lucas Pitman  y Juan Cruz Villalba, los tres acusados por el abuso de una menor en el camping “El Durazno”, de Miramar, dejaron la cárcel y ya están cumpliendo con la prisión domiciliaria otorgada por el Juez de Garantías Saúl Errandonea.

Si bien Errandonea, les había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a los acusados, no se había podido cumplir ya que existía un faltante de pulseras electrónicas en la Provincia de Buenos Aires. 

Martin Bernat, abogado de Tomás Jaime, dialogó con El Marplatense y confirmó que los detenidos cumplen con la prisión, pero desde sus domicilios. "La situación procesal siguen siendo la misma con la diferencia de que en lugar de cumplir con el arresto en la Unidad Penitenciaria de Batán, están en sus casas"

En este sentido, Bernat aclaró que "al estar con pulseras no podrán salir del perímetro de la casa, es todo lo mismo pero en otro lugar". Pitman, Villalba y Jaimen están imputados abuso sexual con acceso carnal agravado.

LA DENUNCIA

Según lo que pudo reconstruir este medio de las primeras informaciones oficiales, la menor habría sido forzada a ingresar a una carpa instalada del camping por uno de los 5 imputados, de 21 años. Luego, él y otros cuatro hombres habrían abusado sexualmente de la joven.

La víctima se alojaba en un bungalow del mismo lugar junto a su familia, a unos 40 metros de la carpa en la que se habría cometido el delito. La madre de la menor la habría encontrado luego del abuso y en la mañana de este martes la acompañó hasta la Comisaría de la Mujer de Miramar para radicar la denuncia.

Tanto la víctima como los victimarios son oriundos de Mar del Plata, según confirmó la fiscal. La carátula de la causa es por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado”, que tiene una expectativa de 20 años de prisión.

Con una pulsera electrónica y acompañado de su familia, Sasso ya está en Balcarce. Los vecinos, se agruparon en la plaza Libertad y se mostraron en contra de que el joven pase su arresto domiciliario en la ciudad. Luego, se manifestaron frente al edificio donde cumple la condena.

Sasso que atropelló con su auto a Lucía Bernaola y ocho personas más seguirá con arresto domiciliario hasta que quede firme la sentencia. En dos años su defensa podrá pedir la libertad condiciones. Custodiado y en una camioneta, Federico Sasso emprendió su regreso a Balcarce apenas algunos minutos después de haber escuchado el fallo que lo condenó a seis años de prisión tras la muerte de Lucía Bernaola.

El joven, que tiene una pulsera electrónica en el tobillo que monitorea sus movimientos, pasó la noche en el mismo edificio donde cumplió dos años de su condena.

Esa misma prisión domiciliaria bajo la que está Sasso hace más de 700 días, será computada como parte de su sentencia y en dos años (cuando se cumplan 2/3) podrá pedir que le otorguen la libertad condicional.

Según confirmó su abogado a El Marplatense, Sasso “sabía que lo iban a condenar porque nunca se planteó la absolución".  El fiscal Rodolfo Moure, representante del Ministerio Público Fiscal, habló luego de que se leyera la sentencia y manifestó que “fue un fallo ejemplar. Es la primera vez en la historia que se condena a la pena máxima por homicidio culposo 6 años de prisión. En este caso son 6 años con efectivo cumplimiento y el Sr. Sasso, una vez que se confirme la sentencia, deberá cumplir pena en la cárcel”.   

Con información de MinutoBalcarce.

Juan Carlos Belmonte, el ex funcionario pultista que la Justicia condenó a 14 años de prisión en julio pasado por ser el jefe de la asociación ilícita que comercializaba licencias de conducir apócrifas en Mar del Plata desde 2014, salió del Penal de Batán este martes y cumplirá su pena bajo el beneficio de arresto domiciliario.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 le había concedido a fines de noviembre, de manera transitoria, la prisión domiciliaria por razones de salud, ya que Belmonte padece hipertensión arterial, pólipos vesicales y dislipidemia, cuadro que se agravó por las condiciones de encierro "intramuros" y por el que debió ser atendido en reiteradas oportunidades, en los últimos meses, por personal médico del Servicio Penitenciario y del Hospital Interzonal General de Agudos.

El beneficio fue efectivizado recién este martes porque no había disponibilidad de tobilleras electrónicas, cuyo uso obligatorio es un requisito ineludible para que el beneficio de la prisión domiciliaria sea otorgado por la Justicia.

Según aseguró su abogado defensor, Sergio Sosa Ortega, a El Marplatense, luego de los informes médicos que dictaminaron los peritos médicos, tanto los representantes del Ministerio Fiscal como los del Municipio, los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone dieron por acreditado el complicado contexto de salud del ex jefe del Distrito Descentralizado de El Gaucho, por lo que no se opusieron al beneficio solicitado por su defendido.

Sosa Ortega agregó que el cuadro médico que sufre Belmonte requiere atención médica diaria, así como también un régimen alimentario especial y el consumo de agua baja en sodio, entre otros condiciones necesarias para que su salud no siga deteriorándose.

Por otro lado, Belmonte apeló ante la Cámara de Casación, en agosto pasado, la condena al entender que hubieron “nulidades de la investigación, nulidades del debate y de la acusación por falta de inscripción de las conductas”. “La fiscalía hizo una remisión a la requisitoria de la elevación a juicio y entendemos que eso no es posible”, aclaró su defensor en aquel entonces, y agregó: “Pedimos que se eleve toda la investigación por las irregularidades que observamos”.