A casi dos meses de que Felicitas Alvite, la influencer de La Plata apodada como “La Toretto”, fuera detenida por matar a un motociclista en abril de este año, la Cámara Penal confirmó la prisión preventiva. No obstante, la jueza planteó la posibilidad de que la joven pudiera ser beneficiada con la prisión domiciliaria en el futuro.

Por medio de una resolución dictada por la Sala III, se determinó que Alvite continúe alojada en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero hasta que finalice el proceso judicial, debido a que sobre la joven recae una acusación por homicidio doloso. Asimismo, la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, destacó la buena conducta que ha tenido la detenida.

Acerca de la posibilidad de que la influencer fuera beneficiada con la prisión domiciliaria, la magistrada señaló que la decisión dependerá de los resultados de una serie de pericias que ordenó para establecer las condiciones en las que se encuentra. Incluso, la jueza solicitó un informe socioambiental que son de rigor.

De acuerdo a la información publicada por la Agencia DIB, no se estableció un plazo para definir la medida. Sin embargo, las autoridades reconocieron que la joven colaboró con la investigación desde el primer momento, a la vez que accedió a entregarse el pasado 2 de mayo cuando ordenaron su captura.

El fiscal a cargo de la instrucción, Fernando Padovan, imputó a Alvite por el delito de homicidio con dolo eventual por correr una picada, en perjuicio del motociclista Walter Armand. Por su parte, el abogado de la acusada, Flavio Giemmo, negó la figura que le otorgaron a su clienta al argumentar que no había participado de una carrera callejera.

De hecho, las pericias realizadas al Gol Trend que manejaba la influencer la noche del crimen revelaron que este iba a unos 83 km/h. “Eso no se puede considerar como velocidad de la picada”, argumentó, sin embargo, la Fiscalía se apoyó en las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la zona, en donde se observó como la imputada y otro auto más cruzaron varios semáforos en rojo.

Por su parte, la influencer también negó haber participado de una picada durante su declaración indagatoria. Según trascendió, la joven relató que estaba siguiendo a otra amiga que iba en el segundo vehículo, debido a que no conocía el centro de La Plata y no sabía cómo regresar a City Bell, la localidad en la que residía. “No quería perderme y pasé semáforos en rojo. Hacía luces y pasaba siguiendo a mi amiga”, afirmó.

Otra de las cuestiones que desmintió en su testimonio es que el auto fuera suyo al indicar que era pertenencia de un amigo, pero este no se encontraba en condiciones de manejar por las bebidas alcohólicas que había consumido en la fiesta a la que asistieron. Incluso, se reconoció cómo culpable del hecho y aseguró haber sufrido ataques de pánico por lo ocurrido.

El accidente vial que provocó la muerte de Armand ocurrió en la madrugada del 12 de abril sobre la avenida 13, entre 531 y 532, cuando Alvite atropelló a la víctima que atravesaba 532 en su moto. Producto del impacto, el hombre salió despedido a gran velocidad y quedó tumbado en el asfalto, sufriendo así una muerte instantánea.

No obstante, el caso cobró mayor relevancia mediática luego de que se difundiera que la joven era una influencer reconocida en la región por los vídeos que subía en TikTok. De hecho, uno de ellos generó revuelo porque la misma aseguraba que era la reencarnación de Toretto -el personaje de la saga de Rápido y Furioso- , cuando estaba frente al volante.

“¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la ‘Toretto’”, expresaba la joven. Actualmente, la cuenta fue eliminada, pero se registró que en ella contaba con más de 40 mil seguidores.Fuente: Infobae.

El ex funcionario kirchnerista Julio De Vido pidió  ser excarcelado ante distintos tribunales que procesan causas en su contra, tras la publicación en el Boletín Oficial este martes de la resolución que pone límites a las prisiones preventivas. Asegura que no existen riesgos procesales que impidan su libertad.

Esta mañana, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal ordenó la entrada en vigencia los artículos del nuevo Código que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces. Aunque cada magistrado analizará sus expedientes, sólo podrán detener a sus acusados cuando se hayan agotado otras nueve medidas previas.

Como explicó Clarín, esta decisión se implementará en todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, así como en las causas iniciadas en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Ante estas modificaciones, el primero en utilizar dichos argumentos para exigir su excarcelación fue Julio De Vido, quien a través de su abogado, Maximiliano Rusconi, planteó en un extenso escrito se le debe conceder la libertad "por ausencia de riesgos procesales".

El ex ministro de Planificación Federal se encuentra detenido desde noviembre de 2017, en la causa por supuesta administración fraudulenta y malversación de 176 millones de pesos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio.

Este expediente ya fue elevado a juicio oral y quedó radicado en el TOF 1, por eso uno de los pedidos de Rusconi fue presentado allí, justificado bajo "la nueva normativa procesal" que entrará en vigencia el viernes. En tanto, el TOF 7 que tiene la causa cuadernos también recibió un escrito de contenido similar. Sobre este requerimiento ya se expidió la fiscal Fabiana León, quien entendió que esa queja "es atendible", pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

Según los nuevos límites, y al margen de que le concedan el pedido de excarcelación presentado este martes, De Vido podría solicitar antes de lo previsto su libertad condicional, si se confirma la condena en su contra por el siniestro por el que se lo acusó de administración fraudulenta.

El artículo 221 del decreto publicado y citado por el ex ministro indica qué se debe considerar a la hora de definir el "peligro de fuga". Entre otras razones, se considerarán el arraigo y las facilidades para abandonar el país; la naturaleza del hecho y la constatación de detenciones previas; el comportamiento del imputado, "en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio".

En tanto, el artículo 222 -crucial para los casos en cuestión- trata el "peligro de entorpecimiento" en la averiguación de la verdad.

El artículo señala que se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado: "Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución; hostigará o amenazará a la víctima o a testigos; influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren".

Además, el artículo 210 enumera nueve medidas de coerción (desde la promesa del imputado de no obstaculizar la investigación hasta el arresto domiciliario y la vigilancia con dispositivos electrónicos) anteriores a que se pueda dictar la prisión preventiva.

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado por el Congreso a fines de 2018 y su aplicación, prevista en etapas, comenzó a regir en junio.

La comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal decidió este martes avanzar en la aplicación de esa norma en todo el país, en donde regirá a partir del viernes próximo, y que, entre otras puntos, plantea límites a las prisiones preventivas de los acusados.

La Bicameral tomó esa decisión al publicar la resolución 2/2019 en el Boletín Oficial y, de esa forma, oficializó el anuncio formulado la semana pasada por el juez de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, de que en adelante se deberán aplicar varios artículos antes de detener a un acusado.

En los considerandos se recuerda que el nuevo código empezó a regir el 10 de junio pasado para "todas las causas que se inicien en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta", que abarca a esa provincia y a Jujuy.

En ese punto, precisa que "desde el comienzo de esa implementación se han verificado numerosos planteos judiciales en diversas jurisdicciones del país, tendientes a la aplicación a los procesos en trámite bajo la Ley N° 23.984 de diversos institutos previstos en el Código Procesal Penal Federal, que permiten un mayor resguardo de las garantías constitucionales que protegen los derechos de los justiciables en el marco del proceso penal".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner en la investigación por la firma del memorándum con Irán vinculado a la causa AMIA , denunciado por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

Por unanimidad y sin analizar el fondo de la cuestión, el máximo tribunal desestimó los recursos de queja presentados por la senadora y su ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

La Sala II de la Cámara Federal había confirmado los procesamientos de Cristina y Parrilli y había considerado el hecho como el delito de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. En esa decisión, los camaristas federales habían confirmado la prisión preventiva de Cristina, cuya ejecución quedó en suspenso hasta ver qué sucede con el proceso de desafuero que el juez Claudio Bonadio pidió al Senado.

Contra ese fallo de la Cámara Federal, la ex presidenta apeló, pero la Sala IV de la Cámara de Casación consideró inadmisibles esos recursos porque se orienta a cuestionar un fallo que no es una sentencia definitiva o equiparable a ella. A pesar de ello, la ex Presidenta interpuso entonces un recurso extraordinario que fue rechazado por la Casación por lo que insistió con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para barrer con su prisión preventiva.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, también desestimó los recursos de queja porque consideró que no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable, según informó La Nación.

Con ello se agotó la vía de la expresidenta para cuestionar esta resolución. En paralelo, la causa por la firma del Memorándum con Irán está elevada a juicio oral y el Tribunal Federal N° 8 aún no fijó fecha al proceso. Los jueces José Michilini y María Gabriela López Iñiguez deberán sortear a un nuevo juez que los acompañe, pues el fin de semana pasado falleció el camarista Carlos Tassara, que iba a integrar este tribunal.