El Gobierno nacional decidió postergar hasta después de las elecciones presidenciales la licitación para privatizar cuatro represas hidroeléctricas clave de la cuenca del Comahue, que juntas representan el 15% de la generación eléctrica del país. La apertura de ofertas, prevista originalmente para este jueves, se reprogramó para el 7 de noviembre, según una resolución oficial.

La postergación, explicaron desde el Ejecutivo, apunta a “promover una mayor participación de oferentes y garantizar propuestas más convenientes que maximicen los ingresos del Estado nacional”. Se trata de la segunda licitación internacional del plan de privatizaciones de Javier Milei, luego del llamado a concesión de la Ruta del Mercosur.

Las represas involucradas son Alicurá (operada por AES Argentina), El Chocón y Arroyito (Enel), Piedra del Águila (Central Puerto) y Cerros Colorados (Orazul). Las concesiones originales finalizaron en agosto de 2023, tras 30 años de explotación, y desde entonces se fueron prorrogando mediante decretos. La última extensión garantiza que las empresas seguirán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se concrete el traspaso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que el Estado podría recaudar unos US$500 millones con la adjudicación de estas centrales, aunque en el sector energético creen que ese monto podría superarse, dado el valor estratégico de las instalaciones.

La decisión de aplazar la licitación hasta después de los comicios también tiene una lectura política: evitar ruido electoral y dar tiempo a más competidores internacionales para evaluar su participación. Con esta jugada, el oficialismo busca reforzar su narrativa de desregulación y apertura del mercado, sin arriesgar el proceso en medio de la campaña.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei firmó el decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que autoriza el procedimiento para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

La medida establece la venta del 44% de las acciones a través de licitación pública nacional e internacional y un programa de propiedad participada del 5%, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario.

La central nuclear Atucha I está en obra para extender su vida útil por otros 20 años. (Foto: NA-SA)

Según el decreto que autoriza la privatización de la empresa que opera las centrales nucleares, la operación se implementará en dos pasos:

De esta manera, el Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, mantendrá el control con el 51% del capital social.

Además, el Gobierno dispuso que Nucleoeléctrica transfiera el 0,01% de las acciones de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y que esta última traspase el 1% de NASA al Estado, como paso previo al proceso de privatización.

En los considerandos del decreto que autoriza la privatización de Nucleoeléctrica, el Ejecutivo sostuvo que la intervención estatal en actividades que puede realizar el sector privado “no ha dado los resultados esperados” y que la medida busca reducir el déficit fiscal y garantizar la eficiencia en la gestión.

El texto destacó que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord de generación con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, pero subraya la necesidad de financiamiento privado para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II.

La iniciativa se enmarca en la Ley de Bases, que habilitó la privatización de ocho empresas públicas, entre ellas la que opera las centrales nucleares.

Fuente: TN

El Gobierno nacional anunció la suspensión de la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y la asignación de $52.798 millones para obras y adquisición de maquinaria en 2025. Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Economía, se formalizó tras la conversión de la empresa en sociedad anónima el 10 de junio de 2024 ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

El Ejecutivo descartó la venta de activos o la concesión de tramos en el corto plazo, argumentando que SOFSE “no es rentable para el sector privado”. Según datos oficiales, la tarifa cubre solo el 7,8% del costo operativo, mientras que el 92% de los ingresos proviene de transferencias estatales. Para 2025, se proyectan ingresos por $83.801 millones frente a gastos operativos de $1.062 billones, generando una pérdida de $978.773 millones. El 74,3% del gasto se destina a sueldos de una planta de 23.271 empleados, incluyendo 46 directivos, 2738 técnicos, 3296 administrativos y 17.160 obreros.

“La única forma de hacerla rentable es echando más de 10.000 personas y subiendo la tarifa. Pero por el momento no está previsto”, indicaron fuentes del oficialismo. En este contexto, el Gobierno priorizará la privatización de Belgrano Cargas, mientras avanza con un “plan ferroviario” para mejorar la rentabilidad de SOFSE. Este plan, enmarcado en la Emergencia Pública Ferroviaria declarada por 24 meses, incluye 226 obras, de las cuales 45 ya están en ejecución, enfocadas en garantizar la continuidad y seguridad del servicio.

De los $52.798 millones asignados, $42.617 millones se destinarán a construcciones, con $40.615 millones para proyectos en marcha y $2002 millones para nuevas obras. Además, $10.182 millones se invertirán en maquinaria, incluyendo tres locomotoras, cincuenta triplas diésel y equipamiento para talleres y señalamiento. Las obras abarcan 109 proyectos de vías y puentes, 56 de señalamiento, 28 eléctricas y 33 civiles, destacándose la implementación del sistema de frenado automático ATS en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre, y la renovación de vías en ramales clave como La Plata (línea Roca) y Tigre (línea Mitre).

Desde agosto de 2024, el Estado destinó $260.000 millones extraordinarios para iniciar las obras. La estrategia incluye reasignar recursos del fideicomiso de transporte, cancelar contratos sin ejecución y reducir el déficit operativo antes de considerar futuras concesiones. El responsable de los esquemas de privatización es Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Guillermo Moser, secretario general de Luz y Fuerza nacional, encabezó en Mar del Plata una nueva edición del congreso anual del gremio, donde se reúnen las secretarías de todo el país para evaluar la situación del sector.

Durante el encuentro, Moser explicó que Luz y Fuerza negocia más de 60 paritarias a nivel nacional debido a la diversidad de modelos de gestión en la generación, distribución y transporte de energía: “Tenemos paritarias en base al IPC provincial, dependiendo del valor agregado de distribución en cada lugar”. Según dijo, el gremio logró mantener actualizaciones salariales, aunque reconoció que siguen por debajo de la inflación real de góndola.

Respecto al panorama nacional, el dirigente criticó la falta de inversiones y la incertidumbre generada por la venta o traspaso de activos estratégicos: “Se han privatizado hidroeléctricas en distintas provincias sin contratos claros. Sin certezas sobre el valor del mega y sin reglas de juego, es muy difícil que venga alguien a invertir” menciono en dialogo con El Marplatense.

Además, apuntó contra la situación interna de Nucleoeléctrica Argentina, donde aseguró que hoy están sin gerente general tras la renuncia de sus dos últimos directivos. “Nos cambiaron tres veces el presidente y estamos sin conducción”, dijo. También advirtió que si bien se menciona la incorporación de nuevos reactores, no hay definiciones sobre la matriz energética futura.

Sobre el sudeste bonaerense, Moser mencionó que el sistema energético en la región replica el esquema de Edenor y Edesur, y que hay proyectos en estudio, como baterías en Central de la Costa o nuevas instalaciones en Necochea. “Hay una gran recesión y eso afecta el consumo. El país hoy se calefacciona con energía, sobre todo en zonas sin gas, como el norte”, agregó.

Finalmente, sobre los salarios, afirmó que en provincias como Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires se vienen recuperando puntos frente al IPC. “No hay imposición de techos, pero sí un retraso respecto al aumento de precios reales. El 1.6% oficial no se corresponde con lo que vale una góndola”, concluyó.

El Gobierno busca acelerar las privatizaciones de las empresas públicas, que fueron autorizadas por la Ley Bases y que están incluidas en el acuerdo técnico con el FMI. Con el decreto 416, el Ejecutivo fijó este miércoles las condiciones para efectuar las operaciones de venta, concesión o subasta de esos activos. El pase a privados de esas compañías es clave también en la búsqueda del Ejecutivo de acumular reservas en el BCRA.

La gestión de Javier Milei determinó que los procesos para privatizar de manera total o parcial las firmas o desprenderse del paquete accionario, también total o parcial, se realizarán de forma online a través de dos plataformas: CONTRAT.AR y SUBAST.AR.

La Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de implementar un nuevo módulo del Sistema de Gestión Electrónica CONTRAT.AR. En esta plataforma, que hasta el momento regía para los procesos de obra pública, se deberán ejecutar los procedimientos de licitación o concurso público que se efectúen para materializar las privatizaciones mediante la venta de los activos de las empresas, venta o colocación de acciones o cuotas partes del capital social.

En tanto, cuando se trate de operaciones mediante procedimientos de remate público, se deberá utilizar el sistema SUBAST.AR.

El decreto señala que los interesados en participar en los procedimientos de licitación, concurso o remate público deberán inscribirse y validarse previamente como usuarios externos del sistema CONTRAT.AR u oferentes en el sistema SUBAST.AR, según corresponda.

A partir de la Ley Bases, la gestión de Javier Milei ya avanzó con el inicio del proceso de privatización del Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa).

En tanto, a principios de junio, el Gobierno lanzó la licitación pública nacional e internacional para la “ruta del Mercosur” y luego dio los primeros pasos con llamados a audiencias públicas para concesionar en total 9000 kilómetros de rutas nacionales que hoy gestiona Corredores Viales.

Por fuera de ese marco legal, aparecen las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, por las que el ministro Luis Caputo calculó ingresarán divisas por unos US$500 millones. Incluso el ministro dijo que esas operaciones será parte de la etapa en la que el Tesoro sea el que sume dólares a las reservas del BCRA.

Los plazos de esos contratos vencieron y el Gobierno busca nuevos operadores, aunque tensiones con los gobiernos de Neuquén y Río Negro (donde están las represas) demoraron el proceso que se esperaba estuviera listo para licitar antes de mitad de año.

A las cuatro represas del Comahue, se suman otras dos hidroeléctricas, una en Mendoza y la otra en Chubut, cuyos contratos vencieron este año y fueron prorrogados hasta fines de agosto en camino hacia una nueva concesión.

Se espera, no obstante, que tanto para las firmas privatizables por la Ley Bases como para las que están en condiciones de ser concesionadas por contratos vencidos no haya demasiados avances hasta al menos después de las elecciones.

Y que recién para mediados de noviembre, se estima que el Gobierno presente una “hoja de ruta” de las privatizaciones y concesiones a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esos planes fueron incluidos en el acuerdo con el FMI.

Mientras, el Ejecutivo está trabajando en el decreto que habilita la venta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), que se aplicará a través del traspaso de acciones mediante una licitación pública, junto con la colocación de otras en la Bolsa de Comercio. En tanto, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) que maneja los trenes de pasajeros urbanos todavía no cuenta con un plan definido.

De acuerdo con la Ley Bases (27.742), el Gobierno podrá entregar acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), pero el Estado deberá mantener la participación mayoritaria.

El artículo 13 de la ley 27.742 establece que el Congreso intervendrá en los procesos de venta y que deberá ser informada de la modalidad que se utilizará. Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberán presentarle además informes sobre el estado legal y financiero de las empresas.

Fuente: TN

Trabajadores estatales denunciaron que el gobierno nacional aplica una política de privatización de los hoteles estatales tras el fin de la temporada. 

Al respecto, Ezequiel Navarro, secretario general adjunto de ATE, declaró en diálogo con El Marplatense que “el viernes realizamos una asamblea con todos los trabajadores , los cuales están muy preocupados, dada la decisión que ha tomado el gobierno nacional”. 

“Ya lo hicieron en Córdoba, los hoteles que están en Río Tercero ya pasaron a depender del lugar donde el Estado pone las propiedades a la venta”, agregó. 

Desde su perspectiva, “estos complejos son muy importantes para el turismo social, este año han hecho todo lo posible para que estos dos hoteles no trabajen, no hubo ningún tipo de difusión o promoción”. 

“Lo que va a empezar a decir es que son hoteles muy grandes que están desperdiciados, algo que ya han hecho en los 90, y a partir de esto verán sus destinos”, declaró. 

Asimismo, explicó que “el predio no solamente tiene los hoteles, sino que dispone de muchos terrenos y el crecimiento del sur de la ciudad es muy interesante para algún emprendimiento inmobiliario cercano al gobierno. Hay trabajadores de planta permanente y contratados que el 31 de marzo vencen sus contratos y desconocemos cuáles van a ser sus destinos. En total unos 80”. 

Por otro lado, comentó que “hubo una reunión con Daniel Scioli donde no hubo avances, más bien hizo una manifestación de deseo, pero no garantizó ni las fuentes laborales, ni que los hoteles no van a ser vendidos”.  

No obstante, aseguró que “Scioli es un mentiroso, el año pasado les hizo llegar un mensaje a través de sus funcionarios donde le decía a los trabajadores que se queden tranquilos porque iban a continuar con sus trabajos y que los hoteles iban a seguir siendo estatales”.

De modo que “la preocupación principal es que esta temporada, los hoteles trabajaron muy poco porque el gobierno decidió que sea así. La misma dinámica que pasa en otros lugares como el espacio Unzué donde lamentablemente hubo más despidos”, reveló. 

“El menemismo a finales de los 90 no solamente despidió a gran parte de los trabajadores, sino que tercerizó los servicios. Ahora estamos nuevamente con esta incertidumbre de qué va a pasar”, indicó. 

En consecuencia, “hasta la temporada pasada los hoteles trabajaron enero y febrero de forma plena, pero este año no lo hicieron. Queda claro que es una decisión del gobierno que los hoteles no trabajen. No tiene que ver con lo que viene pasando históricamente. Entendemos que a este gobierno no le importa nada y si quieren vender, hasta tirarlos abajo, lo van a hacer”, concluyó. 

El presidente Javier Milei oficializó la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la gestión de una parte clave de la infraestructura vial del país. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 97/2025 y marca un cambio en el modelo de administración de las rutas nacionales.

Según detalla el decreto, la privatización se realizará mediante contratos de concesión de obra pública bajo el régimen de la Ley Nº 17.520 y sus modificaciones. Esto implica que la gestión y mantenimiento de los corredores viales actualmente administrados por la empresa pasará a manos privadas.

El informe que acompaña el decreto del Gobierno revela que el 45% de los 3402 kilómetros de traza vial gestionados por la empresa tiene deficiencias. Además, se expone el déficit financiero de Corredores Viales S.A., que en 2023 reportó pérdidas por más de $142.205 millones, con un rojo acumulado superior a los $268.676 millones.

Para sostener sus operaciones, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de $301.010 millones en el último año, un esquema que el Gobierno considera insostenible. Por ello, la decisión apunta a reducir la carga sobre el Estado y fomentar la inversión privada.

El decreto establece que el Ministerio de Economía será el encargado de llevar adelante el proceso de privatización, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La modalidad será la disolución y liquidación de la empresa tras la adjudicación de las concesiones a operadores privados.

A diferencia de otras privatizaciones, no se prevé un programa de propiedad participada ni preferencias para trabajadores o inversores locales. Se espera que el proceso se concrete en los próximos meses, con licitaciones para la adjudicación de los distintos corredores viales.

Corredores Viales gestiona más de 6000 kilómetros de rutas, representando un tercio del tráfico de la red vial troncal del país. Entre los tramos que cambiarán de administración están:

Si bien el Gobierno sostiene que la medida permitirá mejorar la conectividad y eficiencia, la decisión genera debate. Sectores opositores y sindicatos advierten que la privatización podría derivar en mayores costos para los usuarios y una menor supervisión estatal sobre la seguridad y calidad del servicio.

Fuente: TN

La metalúrgica mendocina IMPSA volverá a pasar a manos privadas este martes. El gobierno de Mendoza firmará el traspaso del paquete accionario de la histórica empresa al grupo estadounidense ARC Energy. De esta manera, se concreta la primera privatización de la gestión de Javier Milei.

El 8 de enero pasado, el Ejecutivo había firmado la preajudicación de las acciones de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA). Los compradores tenían hasta el 31 de dicho mes para negociar la deuda con los acreedores de la compañía por US$576 millones, pero solicitaron una prórroga.

Según indicaron desde el Ministerio de Economía que encabeza, Luis Caputo, para sellar de manera definitiva el traspaso, ARC Energy debía obtener la conformidad de los acreedores para su renegociación. Una vez cumplida esa condición, se redactaría el contrato de compra-venta de acciones para su posterior transferencia.

El Estado tenía el 63,7% del paquete accionario de IMPSA, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) desde el 2021 y necesitaba controlar el 21,2% que estaba en manos de la provincia para poder finalizar el proceso de venta. En tanto, el resto de las acciones se reparten entre el 9,78% de un fondo de acreedores y el 5% que conserva la familia Pescarmona, histórica propietaria.

La vuelta a manos privadas de IMPSA había comenzado en abril de 2023, cuando el directorio tomó la decisión de vender parte de las acciones. Pero los tiempos se aceleraron con la llegada del gobierno de Javier Milei, que aseguró desde el inicio de la gestión que tenía un plan para pasar a manos privadas todas las firmas que funcionaran bajo la órbita del Estado.

La privatización de IMPSA fue lanzada a principios de octubre del año pasado. La intención oficial era cerrarla antes de fines de 2024, pero la oferta del único grupo que se presentó al proceso de licitación, la estadounidense ARC Energy, y algunas condiciones no convencieron al Gobierno, por lo que la operación se demoró.

ARC Energy había propuesto una capitalización de US$27 millones en la metalúrgica a mediano plazo y pidió poder renegociar los contratos que IMPSA tiene con otras empresas con participación estatal, como YPF, Yacyretá, Nucleoeléctrica -que gestiona las centrales nucleares- y el Ministerio de Defensa.

Según los datos del Gobierno, IMPSA arrastra una deuda de más de US$570 millones, principalmente con el Banco Nación, el BICE y el BID, que los inversores estadounidenses buscan renegociar y tener un principio de acuerdo para el mes próximo.

La histórica metalúrgica realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá; las tres centrales nucleares que gestiona Nucleoléctrica, YPF y otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional. Emplea hoy a 660 trabajadores. En Mendoza la expectativa es que la privatización reactive las operaciones.

Había sido estatizada en 2021 por la gestión de Alberto Fernández. En ese momento, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y Mendoza con el 21,2%. El gobierno provincial habilitó en septiembre el traspaso. El resto de las acciones se reparten entre el 9,78% de un fondo de acreedores y el 5% que conserva la familia Pescarmona.

El Gobierno avanzó con la primera privatización de la gestión del presidente Javier Milei. Esta semana podría terminar la última etapa que queda pendiente y así la estatal Impsa, histórica en el sector metalúrgico, pasará a manos de ARC Energy, una compañía energética estadounidense. Todavía queda cerrar una deuda que tiene la empresa mendocina por más de US$570 millones y no hay definición sobre los casi 700 puestos de trabajo. Mientras tanto, el Gobierno ya tiene otras 3 empresas en la mira para concretar un pronto traspaso a privados.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que el Gobierno “resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones” de IMPSA, hoy en poder del Estado nacional y parte también del gobierno de Mendoza, al consorcio IAF, cuyo principal socio es la estadounidense ARC Energy, compañía vinculada a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

Sin embargo, en el mismo comunicado también se informa que se cumpla una condición: “IAF deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compraventa de acciones y su posterior transferencia”. El consorcio pidió tiempo hasta el 31 de enero para llegar a ese entendimiento con los acreedores.

La compañía metalúrgica, fundada por la familia Pescarmona, tiene una deuda que asciende US$576 millones. ARC Energy ya le presentó una oferta formal a los acreedores y posiblemente la semana que viene se firmen las cartas de intención y de conformidad. “La situación económica crítica de la empresa no está para dilatar la firma mucho más”, comentó una fuente al tanto de la negociación.

“Los acreedores saben que es su última oportunidad de cobrar algo”, agregó. Entre ellos, se encuentran bancos estatales, como el Banco Nación y el BICE, pero también las obligaciones trascienden las fronteras y llegan hasta el banco multilateral BID.

Los nuevos dueños de IMPSA ya tienen diseñado el plan de negocios que estará enfocado en 3 sectores: la producción de reactores para lo que se espera un mayor uso de la energía nuclear, que se espera que abastezca el crecimiento de la demanda energética de la inteligencia artificial. “El plan nuclear de IMPSA ya está en manos del gobierno de Trump”, comentó una fuente al tanto del desembarco de la nueva gestión. También en la Argentina, recientemente Milei anunció la puesta en marcha de un plan nuclear.

El segundo enfoque de la metalúrgica, productora de grúas, pasará justamente por el sector portuario. Se espera que Estados Unidos reemplace las grúas de los puertos que son de origen chino por abastecimiento de tecnología de Occidente. El tercer punto será el del mantenimiento y provisión de insumos para las centrales hidroeléctricas, sobre todo en la Argentina, que desde 2023 comenzaron a vencer las concesiones y se espera que haya cambios en el sector.

“El objetivo será una internacionalización de la empresa, que antes se quedaba afuera del mundo por falta de capital de trabajo y de garantías”, contaron. IMPSA, con más de 100 años de historia, es un ícono del sector metalúrgico argentino. Los nuevos dueños creen que pueden hacerla crecer, por conocer el sector energético, pero también por los contactos políticos: son donantes activos de los republicanos en Estados Unidos y estuvieron reunidos con el equipo de Trump en Mar-a-Lago, la lujosa residencia de Trump en Florida. Incluso, Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Trump, es asesor de ARC en un proyecto petrolero en Guyana.

Lo que no está claro es el futuro de los casi de 700 trabajadores que hoy integran la compañía. “No hay una decisión tomada”, afirmaron fuentes al tanto del desembarco. Hoy la capacidad productiva está ociosa porque no cuentan con proyectos, pero se espera un rápido desarrollo en los negocios tanto en la Argentina como en Estados Unidos.

El Gobierno tiene más empresas en la mira. En el comunicado sobre IMPSA, lo mencionaron: “La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas”.

Por la Ley de Bases, tienen la posibilidad de avanzar en la venta de 6 empresas: Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo podrían ser privatizadas de manera total, mientras Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales podrán ser concesionadas.

En el caso de Intercargo, el Gobierno ya habilitó la libre competencia de los servicios de rampa en los aeropuertos, por lo que el escenario es que la compre algún interesado en ingresar al mercado.

Con Aysa, el Gobierno ya dejó listo el terreno: el Gobierno le habilitó subas de tarifas superiores al 300% en 2024, y así “por primera vez en la historia la empresa alcanzó equilibrio económico-operativo”, informaron en un comunicado.

En el caso de Enarsa radica en los activos valiosos con los que cuenta, como las centrales hidroeléctricas y el gasoducto a Vaca Muerta, que el sector energético sigue de cerca. Además, Enarsa comparte a medias con Pampa Energía la mitad de las acciones de Transener, la empresa de transporte de energía más importante del país. A fin de 2024, el ministro coordinador de Energía, Daniel González, reveló que las pondrán a la venta.

Fuente: TN

El Consejo Portuario Argentino (CPA) manifestó su preocupación por la reciente resolución de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación por las condiciones del llamado a licitación para la concesión de la obra pública de la Hidrovía.

Los miembros del CPA advirtieron que los pliegos publicados “contienen errores estratégicos y económicos que tendrán graves consecuencias en mediano y largo plazo para las exportaciones e importaciones, y por lo tanto para la economía de nuestro país”.

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y prosecretario de la entidad, Marcos Gutiérrez, remarcó la importancia que tiene para la logística el futuro del mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad de los ríos de La Plata y Paraná. “De avanzarse con la idea presentada por el Gobierno nacional, se perjudicarán significativamente las posibilidades de las economías regionales y el desarrollo federal”, afirmó.

Entre otros cuestionamientos a la privatización de la denominada Vía Navegable Troncal, apuntan a la insistencia en el mantenimiento del Canal Emilio Mitre como ruta principal, “tramo que ya ha demostrado ampliamente sus dificultades y altos costos de mantenimiento de calado”, según indicaron

Manifiestaron un abrupto desacuerdo con la idea de profundizar y ampliar el Canal Punta Indio, “con altísimos costos diferenciales si se suman apertura y mantenimiento frente a la alternativa del Canal Magdalena”.

“Así, las aproximadamente 1500 embarcaciones al año que bajan por el Río Paraná para completar carga en Quequén o Bahía Blanca, al igual que otras con rumbo al sur, se verán obligados a recorrer 150 kilómetros más que si lo hicieran por el Canal Magdalena”, explicaron.

Al respecto, señalaron que la ruta por el Canal Punta Indio “es prácticamente imposible de ser profundizada a 14 metros y con una solera apropiada para una doble vía, lo que condenaría a la República Argentina a convertirse en Feeder permanente de puertos extranjeros”.

“Queda claro que el sistema será altamente costoso y requerirá elevadas tarifas de peaje sin posibilidades de comparación al entregarse todo el sistema a un único operador”, añadieron, además de considerar que su aplicación será “en el marco de dudosa sustentabilidad ambiental, que quedaría supeditada supuestamente a futuros estudios a realizar por el concesionario”.

La dirección del CPA lamentó que con este pliego licitatorio “se haya incurrido en estos errores, haciendo que la intención de resolver rápidamente termine en una solución inconveniente”, y en tal sentido expresaron su deseo de que estas cuestiones “puedan ser revisadas antes de establecer compromisos contractuales de alto perjuicio a los intereses de la economía y la población”.

El ex ministro de Obras Públicas y cerebro de la reforma del Estado durante el menemismo, Roberto Dromi, falleció en las últimas horas a los 79 años.

Dromi, que comandó el Ministerio de Obras Públicas entre julio de 1989 y enero de 1991, fue el principal artífice jurídico de las privatizaciones de la década de 1990, que abarcaron sectores como telecomunicaciones, ferrocarriles y energía. 

En 1989, junto a Rodolfo Barra (actual Procurador del Tesoro del gobierno de Milei) redactó la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que permitió la venta de las empresas estatales YPF, ENTel y Ferrocarriles Argentinos. En 1990, durante una entrevista con la revista Gente, defendió las privatizaciones, que calificó como un “un instrumento” porque, explicó “no somos rematadores del Estado”.

“Significa que pasamos bienes del sector público al privado para dinamizar la producción. Para que Doña Rosa no soporte más un estado ineficiente y para disminuir el déficit fiscal”, agregó el por entonces ministro. En 1993, tras dos años como embajador argentino ante España, asumió como secretario de Estado para la Reforma del Derecho de la Nación Argentina, cargo que ocupó hasta 1997.

Dromi, abogado especializado en derecho administrativo, obtuvo su doctorado en Ciencias Jurídicas a los 29 años con una tesis sobre licitación pública. Durante su gestión, pronunció la célebre frase: “Nada de lo que deba ser del Estado seguirá en manos del Estado”.

Antes de su rol en el gobierno de Menem, Dromi fue intendente de la ciudad de Mendoza durante la última dictadura militar (1981-1982) y luego, en 1985, consiguió trabajo como asesor jurídico de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí se desempeñó hasta el 8 de julio de 1989. Un día después, al tomar el poder Carlos Saúl Menem, asumió en Obras Públicas.

Su relación con el riojano venía de antes, ya que desde 1986 era, a la vez, asesor del Poder Ejecutivo de La Rioja. De hecho, durante la campaña electoral (de diciembre de 1988 a mayo del año siguiente), Dromi operó como interlocutor ante las Fuerzas Armadas del candidato a presidente por el Partido Justicialis­ta.

En 1999, el ex funcionario Guillermo Laura acusó a Dromi de recibir sobornos por 7 millones de dólares de empresas viales para adjudicar concesiones de rutas con peaje. Según Laura, los contratos se realizaron en condiciones “leoninas” y fueron obtenidos mediante sobornos. Dromi negó las acusaciones y prometió querellar judicialmente a Laura, a quien calificó de “mentiroso y fracasado”. Por esa denuncia, el ex funcionario menemista nunca fue condenado.

Ese mismo año, el ex ministro, hincha de Independiente, acercó al por entonces presidente del club de sus amores, Héctor Emilio Grondona, un proyecto para construir un estadio nuevo, techado, que incluiría un shopping, en el predio que el Rey de Copas aún tiene en Villa Domínico. El proyecto contemplaba formar una sociedad mixta con capitales privados, pero la idea naufragó porque no contó con el apoyo de los socios.

Pasada la década menemista, en los 2000 asesoró al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y a través de su consultora DYSAN participó en ventas de gas licuado a Enarsa, la empresa estatal de energía. Además, colaboró en la reestatización de YPF en 2012, impulsada por Axel Kicillof y la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Tras haber ganado en el balotaje presidencial, a finales de 2023, Javier Milei adelantó sus intenciones de privatizar la petrolera estatal YPF y el conglomerado de medios públicos. Dromi le hizo llegar un paper con los alcances de nuevas regulaciones contractuales para las empresas públicas o con mayoría accionaria estatal, y trabajó silenciosamente en las nuevas concesiones de Energía y Transporte, como el anuncio de la venta del Belgrano Cargas, una línea que Menem le dio en 1999 al gremio de la Unión Ferroviaria tras no encontrar compradores.

“Producto de la Ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración de Javier Milei”, comunicó en octubre el vocero presidencial Manuel Adorni frente a periodistas en Casa Rosada.

Dromi, nacido el 11 de abril de 1945, fue sometido a la investigación de la Justicia por presuntas irregularidades en las privatizaciones, pero no se registraron condenas en su contra.

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la privatización de la Hidrovía, en un esquema que volverá a ser de concesión privada de 30 años, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía.

La licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y se recibirán las ofertas hasta el 29 de enero de 2025.

En un anuncio realizado con la presencia de los principales representantes del sector privado y productivo, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, adelantó que los pliegos contemplan una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

Entre otras medidas, se sumarán bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques. 

Además, se renovará totalmente la señalización -generando una navegación más segura-, y se aumentarán las medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El jefe de Gabinete señaló que durante las reuniones que mantuvieron con el Presidente de la nación y los gobernadores de las provincias litoraleñas, “todos han planteado la necesidad de llegar a un entendimiento” sobre la Vía Navegable Troncal.

Francos subrayó, además, que esta nueva licitación es “más completa, más moderna porque hay muchos temas que no estaban en la concesión anterior y que se han incluido en esta”.

“En esta licitación se permite que todas estas medidas de modernización que vayan transcurriendo en el plazo de ejecución de los contratos puedan ir incorporándose de manera de hacerlo cada vez más útiles para el comercio internacional”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta, destacó: “Si queremos desarrollar nuestra Argentina, es crítico darle competitividad, ya que somos un país que está lejos del mundo y, por lo tanto, tenemos una desventaja natural. Para llegar a acercarnos necesitamos una logística eficiente”.

“Este hito permitirá que el 80 por ciento de nuestro comercio exterior tenga tarifas logísticas más eficientes y bajas”, lo cual tendrá “un impacto directo en lo que reciba el productor y en lo que pague el consumidor”, indicó.

También destacó como “otro punto muy importante que la licitación es a riesgo empresario, sin avales del Estado”.

“Es decir, aquí es la propia carga la que va a pagar la obra, y no necesitamos que el Estado ponga un peso. Lo que sí necesitamos es un pliego que sea ambicioso, y que apunte a un sistema de navegación muy eficiente que nos permita dar esa competencia”, remarcó.

El futuro concesionario, que pondrá fin a la estatización provisoria de la Vía Navegable Troncal, deberá cumplir el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de obras prioritarias que se deberán realizar en los primeros cinco años de la concesión.

Según se especifica en el modelo de contrato, se trata de una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas.

Además, habrá fuertes exigencias que garanticen la trayectoria y capacidad técnica de las empresas que se presenten, así como su solvencia financiera.

Participaron de la actividad el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor; el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Iocco; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.

Fuente: Noticias Argentinas

Con el respaldo de aliados, el Gobierno obtuvo hoy dictamen de mayoría para privatizar Aerolíneas Argentinas, en un agitado plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Tras este paso, quedó habilitado a tratar la iniciativa en el recinto para intentar darle media sanción, aunque aún carece de las mayorías necesarias para hacerlo.

Los libertarios consiguieron el respaldo de PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Producción y Trabajo y la oficialista UCR, a lo que hay que sumar el voto de Paula Olivetto, de la CC, que respaldó pese a que su compañero de bloque, Maximiliano Ferraro, se opuso. Fueron en total 35 firmas. Pero a eso hay que añadir el guiño clave de los radicales disidentes y el bloque de Pichetto, que dieron quórum.

Así, quedó aprobado el proyecto que presentó el PRO Hernán Lombardi, junto a Juan Manuel López de la CC, que permite la privatización total de la compañía. Encuentro Federal (el bloque que preside Miguel Pichetto) y la UCR “Democracia para Siempre” (disidentes de Lousteau y Manes) propusieron una privatización parcial, con aporte de capital privado pero mayoría accionaria en manos del Estado, pero su moción fue derrotada. Sin embargo, la jugada de estos dos últimos bloques fue ambigua: al presentarse para tratar sus proyectos habilitaron el quórum que le permitió a LLA avanzar con la iniciativa de Lombardi.

El reglamento de la Cámara exige que la mitad más uno de los miembros acompañen algunos de los dictámenes en danza para completar el trámite. El oficialismo y sus aliados de PRO, el MID y la UCR “oficial” no llegaban a las 41 firmas por sí mismos. Pero sí lo lograron cuando firmaron su dictamen propio, aparte, ocho diputados de Encuentro Federal y Democracia para siempre, a los que se les sumó Ferraro, de la CC.

En ese contexto, el único rechazo nítido fue el de Unión por la Patria, que votó contra cualquier esquema de privatización.

“Hay un grupo de diputados que le están permitiendo al oficialismo avanzar en la privatización y le dan las firmas para el dictamen”, les reprochó el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez. Junto a la Izquierda se abroquelaron en el rechazo, cada uno con un dictamen de minoría.

El proyecto se vota luego de que en la Ley Bases se excluyera explícitamente a Aerolíneas de la lista de empresas privatizables, lo que permitió que en su momento aquella iniciativa avanzara. Pero luego, en el contexto de las disputas gremiales con los gremios aeronáuticos, el gobierno reactivó el plan para vender la empresa. Ahora, el OK del plenario llega 24 horas antes de un paro de transportes, que incluye a los trabajadores aeronáuticos.

Según informó Pamela Verasay, presidente de la Comisión de Transporte y una de las piezas claves para lograr un triunfo para el oficialismo, es posible que la sesión para tratar este despacho se convoque para la segunda semana de noviembre.

Fuente: DIB

El gobierno nacional anunció este miércoles la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas. La decisión oficial fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su conferencia de prensa adelantó: “Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar”.

El funcionario comunicó la medida en compañía del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, quien indicó que la medida se tomó producto de la Ley Bases sancionada a mitad de año en el Congreso de la Nación. Se trata de la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que Javier Milei asumió la administración.

En su anuncio, el portavoz del Gobierno dio detalles sobre el funcionamiento actual del ferrocarril y contextualizó sobre sus últimos meses: “El año pasado el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa, por supuesto dinero que salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos. Para dimensionar el deficiente estado del sistema ferroviario argentino de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros y es exactamente la misma distancia media que se transportaba hace 50 años en la República Argentina”.

Asimismo, subrayó que el límite de cantidad de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009 y que en este medio siglo la distancia media transportada no varió y la producción agrícola, que representa el 60% de la carga transportada, se multiplicó por 5.

“Ahora, sin la intromisión inútil del Estado, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia, y bueno, como dijo el prócer liberal Milton Friedman, uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados”, continuó Adorni.

Tras las palabras del vocero presidencial, habló Chaher, quien se explayó en la explicación sobre cómo será el nuevo funcionamiento del ferrocarril, ahora privatizado.

“Iniciamos hoy el proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., un proceso que implica la concesión al sector privado. La empresa opera tres líneas ferroviarias que cubren un total de 7.600 kilómetros. Para cada una de las tres líneas vamos a instrumentar siete procesos de concesión diferenciados”, detalló el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Según anunció el funcionario, será una concesión por la vía, con derecho a pago de peaje, y que incluirá el traspaso de los empleados afectados a la misma; dos concesiones de locomotoras; dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados.

“De esta manera, todas las vías quedarán concesionadas en el sector privado, permitiendo con este modelo triplicar el volumen de carga transportada, ya que se incrementará la cantidad de trenes y su frecuencia. El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, es decir, que el concesionario de la misma tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, evitando con esto conductas monopólicas”, comunicó Chaher.

Y concluyó: “Con todo esto, se les quiere decir que la empresa Belgrano Cargas, tal como funcionaba hasta ahora, deja de existir”.

Fuente: Infobae

Según indicó, la gestión libertaria decidió “poner en manos del sector privado la gestión para operar las rutas nacionales” y justificó además la decisión en el “déficit de US$30 millones”. “Las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. De esta manera, se estima que el Estado tendrá un ahorro de US$5600 millones”, detalló el vocero presidencial.

“El Gobierno ha decidido poner en el sector privado la gestión para operar y mantener las rutas nacionales concesionadas que se encuentran mayormente a cargo de Corredores Viales SA”, sostuvo el portavoz tras una reunión de Gabinete. Y explicó el funcionario que “cualquier empresa nacional que presente los seguros requeridos en cada caso podrá participar en la licitación para prestar el servicio, como ocurre en otros países de la región”.

Después de señalar que la medida implica “una apertura inédita”, Adorni también señaló que “las empresas que sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación cuando hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones”.

Corredores Viales S.A tiene su cargo 10 tramos de autovías que abarcan a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. En total, son casi 6000 kilómetros de rutas.

La compañía vial es una de las pocas que quedaron sujetas a privatización como dicta el Artículo 7 de la Ley Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.

Fuente: DIB

La agenda de medidas de desregulación continuaría esta semana ya que el Gobierno apunta a poder enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley con un paquete de artículos para derogar unas 75 leyes que consideran vetustas pero que no tendrán impacto significativo en el funcionamiento de los sectores productivos. En paralelo, el Poder Ejecutivo avanza en otros frentes, entre ellos, en el de facilitar eventuales procesos de privatización de empresas públicas.

La cuestión de la desregulación y la derogación de normas formó parte de la agenda del primer día de la Semana Mundial del Inversor que organiza la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que contó este lunes con la presencia de funcionarios del equipo económico y referentes del mercado de capitales.

El cierre estuvo a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Sueño que las pymes emitan acciones, que no se financien con deuda”, destacó en el marco del acto promovido por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco). “Creo que vamos a defender mucho más un régimen de libertad económica cuando todos, de alguna manera, seamos parte de esas empresas y de la efervescencia productiva que puede tener Argentina en sus distintos sectores”, afirmó el ministro.

El Gobierno apunta a enviar esta semana al Congreso un nuevo paquete de desregulación a través de la Ley de Hojarascas, que buscará derogar 75 normas que el equipo económico considera vetustas

Por otro lado, Sturzenegger aseguró que “no hay que tenerle miedo al exceso de desregulación, siempre se puede corregir”, si surgieran errores, planteó al defender la medida de la CNV que permitirá que los adolescentes desde los 13 años puedan tener a su nombre una cuenta comitente y hacer operaciones en el mercado de capitales.

“Una regulación en el buen sentido trata de minimizar los riesgos, pero hay que ponderar el riesgo que minimiza con los costos que genera esa regulación. Cuando estamos en este proceso de diseñar las regulaciones, tenemos que estar permanentemente preguntándonos no sobre lo que la regulación hace, sino sobre lo que la regulación destruye. Porque quizás estamos destruyendo todo un mercado por esa regulación para proteger un riesgo a un costo muy alto”, razonó el funcionario.

En una exposición que incluyó un repaso rápido por las últimas medidas del ministerio que encabeza y lo que planea concretar en lo sucesivo, Sturzenegger anticipó que lo que viene es una flexibilización en el uso de pagarés, hoy permitidos en monedas como pesos o dólares, hacia variantes como los pagarés en mercancía (como el pago en soja) o atados a un indicador como el Badlar, que es la tasa de interés de los depósitos superiores al millón de pesos.

El equipo económico asistió a la primera jornada de la Semana Mundial del Inversor que organizó la CNV

“Hay un libro que escribió un economista de la Universidad de Berkeley, George Akerlof, que se llama The Market for Lemons, referido al mercado de autos usados en Estados Unidos; él dijo que es un mercado donde hay asimetría de información, porque el que vende el auto sabe más del auto que el que lo compra. Es un trabajo muy sencillo, pero que le permitió obtener el Nobel de Economía. Esa asimetría no debe llevarnos en forma inexorable a generar una regulación; si algo falla, se corrige, pero no significa que siempre se necesite regular todo”, explicó.

Una de las líneas de trabajo del ministerio desregulador de los últimos meses tras la aprobación de la Ley de Bases fue la elaboración de un nuevo paquete de derogación de normas que en el equipo económico consideran vetustas. Esa medida se verá corporizada en la nueva “ley Hojarasca”, con la que el Gobierno buscará derogar unas 75 leyes y que sería presentado, estiman, esta semana en el parlamento.

La CNV lleva en paralelo otra agenda desreguladora. Una de las que fue anticipada por el titular del organismo Roberto Silva en el mismo evento este lunes en la sede de la Bolsa de Comercio en el centro porteño tiene que ver con dos medidas para facilitar eventuales procesos de privatización de empresas públicas.

Sturzenegger anticipó que lo que viene es una flexibilización en el uso de pagarés, hoy permitidos en monedas como pesos o dólares, hacia variantes como los pagarés en mercancía (como el pago en soja) o atados a un indicador como el Badlar

En ese sentido, Silva explicó que en primer lugar buscarán dejar de hacer mandatorio la realización de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) porque un requerimiento de esa naturaleza, por el cual para ofertar por una parte del paquete accionario debería extenderse esa propuesta para todo el resto, dejaría en los papeles a esa operación fuera del mercado de capitales.

“Hay sociedades por privatizarse y hay una idea de hacerlo vía mercado de capitales. Buscamos flexibilizar la parte de la presentación de balances, algo que les cuesta cumplir a sociedades en manos del Estado”, dijo Silva respecto al segundo aspecto, que implica que los balances de esas empresas públicas puedan ser presentados pro forma.

“Si vamos a traer una compañía para ver si podemos fijar precio de esa manera, (la norma actual) dispara que tenga que ofertar por todo el paquete, eso la saca del mercado de capitales. Sobre los balances buscamos igualar la vieja norma de los ‘90. Cuando una mira a las empresas públicas, no cumple balances como cualquier empresa privada”, concluyó Silva.

Fuente: Infobae.

La Armada de la República Argentina comenzó a evaluar la posibilidad de renunciar a la gestión de la Escuela Nacional de Pesca, el centro de formación que tiene su principal sede en Mar del Plata. 

Ante esta situación, distintos gremios vinculados a la marina mercante y buques pesqueros, se manifestaron para rechazar la privatización del establecimiento educativo y resaltar la importancia de este espacio.

Oscar Bravo, secretario general de SOMU, declaró que “nos hemos convocado por cuestiones de clima en el club Talleres, pero la idea era estar afuera de la escuela en apoyo a los profesores junto con la capacitación y formación de profesionales en el mar”. 

Sobre el cierre, contó que “habíamos escuchado rumores, pero consultamos y no dijeron que no iba a ser posible. Que en todo caso nos avisaban, cosa que no pasó”. 

Asimismo, resaltó que “somos la segunda reserva de la Armada, no nos tienen en cuenta como deberían y ante la pérdida de formación de profesionales, somos marineros, pero también somos posibles conductores, maquinistas o capitanes”. 

Por lo que “no vamos a permitir que pase, haremos todo lo que sea necesario” para frenar esta situación que afectará a “alrededor de 25 mil personas”, concluyó. 

En medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, que amenazan nuevamente con realizar medidas de fuerza, los diputados del PRO acordaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el Gobierno apoye un proyecto de ley elaborado por el espacio para privatizar Aerolíneas Argentinas.

El pedido lo hicieron durante la habitual reunión que el funcionario nacional mantiene los lunes en sus oficinas de la Casa Rosada con los miembros de la oposición dialoguista, en la que también estuvieron el jefe del bloque del MID, Oscar Zago, y miembros de La Libertad Avanza en la Cámara baja.

En el Salón de los Escudos, ubicado en el antiguo Ministerio del Interior, los referentes del oficialismo y de la oposición continuaron con los encuentros de “seguimiento legislativo” para tratar de acordar una agenda común antes de que los debates lleguen al recinto.

Además de la situación en la empresa estatal, los presentes también conversaron sobre la posible disolución de la Defensoría del Público, la Boleta Única de Papel (BUP), Ficha Limpia y la reciente reglamentación de la ley de acceso a la información pública, que fue muy cuestionada por un sector del partido fundado por Mauricio Macri.

Si bien estaba previsto que el líder del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, asistiera a la reunión, finalmente el dirigente no se presentó, ya que se le complicó la agenda porque realizó una recorrida de campaña por la provincia de Buenos Aires, según precisaron fuentes de su entorno.

Sí fueron, en su lugar, sus compañeros de banca Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Diego Santilli, Patricia Vásquez y Sergio Capozzi. A último momento se sumó también Hernán Lombardi, autor del proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas.

Por el lado de las autoridades nacionales, en tanto, además de Francos estuvieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Hay acuerdo en avanzar con el proyecto de privatización. Yo creo que hay mucho consenso, la Coalición Cívica también expresó su respaldo, igual que una buena parte del radicalismo y no me extrañarían que otros bloques se sumen. Soy muy optimista con respecto a la resolución en la Cámara de Diputados. Primero, porque ya estuvo en la Ley Bases original y, segundo, por el chantaje al que nos someten los gremios, que irrita a todos los ciudadanos”, expresó Lombardi.

Al respecto de la medida, el legislador sostuvo que la decisión tendrá un resultado diferente al que tuvo cuando se hizo en la década de 1990, ya que en esta oportunidad se da en paralelo “a una desregulación del sistema aerocomercial”, que traerá, a su entender, “más inversión, más vuelos y más frecuencias”.

El texto de la iniciativa establece en sus tres artículos dejar “sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado”, a la compañía pública y autorizar “al Poder Ejecutivo a establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento”.

Entre los fundamentos, Lombardi señaló que “solo en el año 2023 la aerolínea reportó pérdidas cercanas a 200 millones de dólares” y que “desde su reestatización, los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a los 8 mil millones de dólares”.

“En los últimos años, viajar con la aerolínea de bandera se ha convertido en un privilegio reservado para unos pocos, financiado por aquellos que apenas logran cubrir sus necesidades básicas. Para muchos que intentan acceder a este servicio, el alto costo de los pasajes, sumado a la escasa oferta de rutas aéreas, ha representado un obstáculo significativo”, agregó el diputado en su propuesta.

El próximo miércoles, a partir de las 11, está previsto un plenario de las Comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que funcionarios del Poder Ejecutivo y de la firma estatal expondrán sobre este tema.

“La privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos”, sostuvo Lombardi en el proyecto.

La iniciativa está firmada también por Martín Yeza, Sergio Capozzi, María Florencia De Sensi, María Sotolano, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Damián Arabia, Alejandro Bongiovanni, Laura Rodríguez Machado, Daiana Fernández Molero, Martín Ardohain, Silvana Giudici, Germana Figueroa Casas, Patricia Vázquez, José Núñez, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro y Marilú Quiroz.

Fuenet: Infobae

La mesa de estrategia parlamentaria del Gobierno, que armó y coordina el presidente Javier Milei, volverá a reunirse este lunes en Casa Rosada. Allí participan diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone.

El último encuentro lo encabezó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero la anterior la hizo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Quien no falta a esos encuentros es el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, con cada vez mayor sintonía con los diputados y senadores nacionales.

La mesa podría ampliarse, al menos esa es la intención del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, otro socio fundador del espacio de discusión. La idea del oficialismo es sumar a los cinco diputados del bloque radical que cambiaron su voto y apoyaron el veto de Milei a la Movilidad Jubilatoria.

Los libertarios los sienten como propios, pero la UCR entiende que forman parte de la bancada de Rodrigo de Loredo.

El presupuesto es uno de los temas centrales, aunque la privatización de Aerolíneas Argentinas estuvo en la agenda la semana pasada. A la par del crecimiento del conflicto, ya le ponen fecha para convocar a las comisiones con cabecera en Transporte para dictaminar el proyecto del diputado del PRO Hernán Lombardi.

Si los números le dan al oficialismo, buscarán debatirlo en el recinto el próximo 2 de octubre. La construcción de mayorías incluiría a los socios naturales del PRO, el MID y el bloque Creo de Paula Omodeo. Sumarían a la Coalición Cívica, parte del radicalismo, y habrá que analizar las posturas de los bloques de Encuentro Federal de Miguel Pichetto y de Innovación Federal de los gobernadores de fuerzas provinciales.

Pablo Biró y el resto de los representantes sindicales de la empresa aérea se fueron del Congreso este jueves sabiendo que Unión por la Patria será el muro de contención a los intentos privatizadores de los libertarios y el Pro.

Ya presentado en sociedad por el Presidente en el recinto de la Cámara baja, habrá nuevos contactos con los bloques dialoguistas por parte del titular de la Comisión, José Luis Espert (LLA).

Espert ya le envió comunicación por WhatsApp a varios diputados, asegurándoles que las reuniones comenzarán el próximo martes 1 de octubre, mientras recibe pedidos como el planteado por el diputado Germán Martínez, de Unión por la Patria (UxP). El titular del bloque peronista pide citar a los ministros del Poder Ejecutivo, secretarios de Estado y titulares de organismos públicos, aunque hace hincapié en la visita al Congreso del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La misma solicitud llevará la bancada de Pichetto. En principio, los libertarios no están dispuestos a que Caputo vaya, pero prometerían que lo hará hacia el final de la discusión en comisión. Eso sería para después de la primera quincena de noviembre.

El diputado Mariano Campero compartió en las redes sociales fotos que tomó tras la reunión con Javier Milei (Foto: Captura de X/@mariano_campero).

Hubo ya un primer encuentro entre el gobierno y los titulares de presupuesto, Espert y el senador Ezequiel Atauche. También una prolongada reunión de tres horas, entre Espert y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Se trató de un encuentro técnico sobre el proyecto de ley. En todos los cónclaves que mantuvieron los libertarios con sus socios políticos del PRO y el MID dejaron en claro que quieren sí o sí la sanción del presupuesto 2025, que es una necesidad de confianza financiera del país.

Cada bloque parlamentario plantea además su estrategia y su manera de encarar esta trascendental discusión. El radicalismo, que tiene en el mendocino Lisandro Nieri su representante en la comisión, ya entabló conversaciones sobre la organización de la discusión con Espert. El bloque tomará contacto con sus cinco gobernadores: Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Alfredo Cornejo de Mendoza, Leandro Zdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes. Los escuchará e intercambiará información.

En tanto, el PRO que encabeza Cristian Ritondo ya programó para este martes un encuentro de análisis con los exministros de Economía de la gestión del expresidente Mauricio Macri, Hernán Lacunza y Nicolás Dujovne. A ellos se podría sumar un análisis del diputado Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación, sobre los números proyectados para el próximo año en ese rubro.

La bancada del rosarino Germán Martínez tendrá también una reunión este martes, donde le explicarán el proyecto al resto del kirchnerismo. Esa exposición será encabezada por el diputado Carlos Heller y luego evaluarán si será necesario invitar al bloque a los gobernadores, intendentes o analistas.

El Gobierno analizará las posturas del bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto (Foto: Cámara de diputados).

Los diferentes espacios políticos aguardan el cronograma de reuniones informativas que arme el Gobierno con el titular de Presupuesto, que tendría como inicio de las discusiones la presencia del ya mencionado Guberman y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó una fuente de la UCR.

Mientras tanto, el Gobierno va asumiendo algunos compromisos en la búsqueda de mayorías que le aseguren los votos en el recinto. Al respecto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cerró la semana reuniéndose en su despacho con la diputada radical Roxana Reyes. La legisladora por Santa Cruz no concurrió a la Casa Rosada cuando fue invitada a discutir el veto a la reforma jubilatoria. En el recinto adelantó su abstención, y terminó ausentándose al momento de la votación.

“Analizamos el presupuesto y las cuestiones esenciales para Santa Cruz, que están incluidas en la propuesta que ahora será debatida en el Congreso”, resumió Reyes sobre el encuentro con Guberman, buscando garantizar la llegada de obras y recursos para la provincia que permitan mantener fuentes de trabajo, obras e infraestructura esencial.

El Presidente proyectó, en su iniciativa de presupuesto 2025, una inflación de 18% y estima que a fines del próximo año el dólar oficial llegue a $1207. Espera para 2025 un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que para el 2026 el producto subiría 5% y otro 5,5% en 2027.

El artículo 1º del Proyecto establece una regla fiscal que dispone que el Sector Público Nacional deberá obtener, a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La prioridad es el déficit cero en las cuentas públicas.

El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2025 en el Congreso. (Foto: NA)

Además, suspende el art. 9 de la ley de Educación que establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Suspende tres artículos de la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación que establecen que el presupuesto destinado a esa función se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI de cada año.

Respecto a jubilaciones, se mantiene la fórmula de las prestaciones establecida en el artículo 1° del DNU 274/2024, que no fue analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y la nueva fórmula de Movilidad que sancionó el Congreso fue vetada por el presidente de la Nación.

En cuanto a los tributos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzará los 24,71 billones de pesos en recaudación, un incremento del 0,9% en relación con este año. El Impuesto a las Ganancias tendrá un crecimiento del 10,7%, mientras que el Impuesto P.A.I.S. será eliminado. Este impuesto, que vence el próximo 31 de diciembre, grava la compra de moneda extranjera, y las transacciones con tarjetas de débito o crédito desde el exterior.

Sobre los servicios de la deuda se solicita autorización al Congreso para que 18% de las emisiones de títulos puedan colocarse en moneda y bajo jurisdicción extranjera. Los desembolsos previstos con organismos internacionales y bilaterales de crédito alcanzan el 0,5% del PBI. No se prevén nuevos financiamientos con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Club de París y se continuará con el calendario de cancelación de vencimientos.

Fuente: TN