El Gobierno nacional avanzó en la privatización total de Intercargo al publicar el pliego de bases y condiciones para la venta del 100% de la empresa estatal, mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, con fecha límite de ofertas el 7 de mayo, en el marco de la transformación del sistema aerocomercial.

La medida se inscribe en lo dispuesto por la Ley de Bases, que declaró a Intercargo sujeta a privatización y habilitó la transferencia total de su paquete accionario. El proceso busca garantizar transparencia y concurrencia de oferentes en un esquema competitivo.

En paralelo, el Ejecutivo profundizó la desregulación del sector aerocomercial mediante la modificación y eliminación de más de 30 normativas y procedimientos considerados obsoletos, algunos con más de 50 años de antigüedad. Según se indicó, estas reformas apuntan a modernizar el marco regulatorio, fomentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos operadores.

En ese contexto, la política de Cielos Abiertos promovió la apertura del mercado y permitió la incorporación de 11 nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra, de los cuales cuatro ya operan en distintos aeropuertos del país. El objetivo es reemplazar un esquema monopólico por uno competitivo, con mejores estándares de servicio.

Intercargo, creada en 1961 y operador exclusivo de rampa desde 1990, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos y cuenta con más de 1500 empleados. Su privatización forma parte de un cambio de paradigma en el que el Estado deja de operar directamente para concentrarse en la regulación y supervisión del sistema.

Entre los objetivos del proceso se encuentran incorporar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructura, mejorar la calidad y eficiencia de los servicios en tierra, reducir costos operativos en un contexto competitivo y alinear el sistema local con estándares internacionales. También se busca corregir distorsiones acumuladas en el esquema operativo y tarifario.

El proceso de venta se realizará bajo la modalidad de empresa en marcha e incluye la transferencia integral de la compañía con todos sus activos, la salida total del Estado nacional sin reserva de acciones ni participación en el directorio, y la continuidad operativa en los aeropuertos donde presta servicio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en conferencia de prensa que el Gobierno nacional avanza con la concesión por 30 años del Complejo Hotelero de Chapadmalal, con el objetivo de atraer inversión privada, mejorar su infraestructura y reabrirlo al público, tras permanecer cerrado desde 2024.

“Estamos avanzando con la concesión del histórico Complejo Hotelero de Chapadmalal”, afirmó Adorni, quien detalló que se tratará de “una concesión a 30 años” orientada a “atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”.

Asimismo, señaló que la medida permitirá “reducir la carga de su mantenimiento para el Estado”.

Según el oficialismo, la iniciativa apunta a aliviar el costo fiscal que implica sostener el predio y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo económico local a partir de nuevos proyectos vinculados al turismo. El plan contempla que el complejo quede disponible para el uso público bajo gestión privada.

De acuerdo a información difundida por TN, ya existirían interesados en la concesión, aunque no se brindaron detalles sobre posibles oferentes ni sobre el esquema específico de licitación.

La privatización del complejo formaba parte de la agenda del Gobierno y tuvo como antecedente su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), luego de que el Ejecutivo declarara la “innecesariedad” del espacio destinado al turismo social.

El anuncio se produce tras una temporada 2026 en la que la Unidad Turística permaneció cerrada, y pocas semanas después de que el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, afirmara que “lo que viene” para Chapadmalal “va a ser muy bueno a partir de la inversión privada”.

En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había celebrado previamente el traspaso de los complejos a la AABE, con el objetivo de avanzar en su “liquidación” y transferencia a “un operador idóneo”.

En 2024 el gobierno de Javier Milei declaró “innecesario” el mantenimiento del Complejo Turístico de Chapadmalal y del complejo de Embalse, en Córdoba, por lo que ambos permanecen cerrados desde entonces.

Fuente: con información de TN e Infobae

El Ejecutivo nacional ultima los detalles para lanzar en las próximas semanas el proceso de privatización de AySA, una de las compañías incluidas en la Ley Bases. 

Según confirmaron fuentes oficiales, el pliego licitatorio se encuentra en su etapa final y sería publicado en el Boletín Oficial antes de que termine el primer trimestre del año. El esquema contempla la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, mientras que el remanente podría colocarse en el mercado.

Actualmente, el Estado nacional posee el 90% del capital accionario de AySA, mientras que el 10% restante pertenece al programa de propiedad participada de los trabajadores. El proceso fue habilitado formalmente por el Decreto 494/2025, que autorizó la venta total de las acciones estatales.

Desde el Gobierno explicaron que podrán presentarse empresas con experiencia en servicios públicos, no exclusivamente del sector de agua y saneamiento. Entre los posibles interesados, en el último tiempo se mencionó a la empresa brasileña SABESP, que opera en el estado de San Pablo.

El control del servicio quedará en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), encargado de tarifas y calidad, y de la Agencia de Planificación (APLA), que supervisará inversiones y planes de expansión. En paralelo, el Ejecutivo ya avanzó con un nuevo marco regulatorio que habilita, entre otros puntos, cortes del suministro por falta de pago.

AySA brinda servicio a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La privatización de la empresa se inscribe en una agenda más amplia que también incluye a Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa e Intercargo, y marca uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno para 2026.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional firmó los contratos de concesión de 741 kilómetros de rutas estratégicas del país, que desde esta semana quedaron en manos de empresas privadas. La medida forma parte de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones e incluye corredores clave del Mercosur y el Puente Rosario–Victoria, con impacto directo en el transporte, la logística y los costos de circulación.

El dato central es que dos concesionarias comenzarán a administrar, explotar y mantener seis trazas nacionales, entre ellas las rutas 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria (RN 174). La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. se hará cargo del Tramo Oriental, rebautizado como Autovía del Mercosur, mientras que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) gestionará el Tramo Conexión, denominado Conexión Alto Delta.

Las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y conforman un corredor estratégico para el comercio regional con Brasil y Uruguay. Según destacó el Ejecutivo, estas vías conectan pasos fronterizos, zonas productivas y puertos clave del Gran Rosario, por lo que se espera que la nueva gestión privada potencie las exportaciones y mejore la infraestructura logística.

Como cierre, desde el área económica remarcaron que el nuevo esquema no contará con subsidios estatales, a diferencia del sistema anterior, considerado deficitario. Además, se estableció un esquema de peajes 100% electrónicos, con tarifas iniciales de $3.563 en el Tramo Oriental y $3.385 en el Tramo Conexión, una decisión que vuelve a poner en debate el impacto de las privatizaciones en los costos para los usuarios y el rol del Estado en la gestión vial.

Fuente: Dib

Tras meses de negociaciones, la gestión de Javier Milei logró llegar a un acuerdo con Neuquén y Río Negro, donde están ubicadas las represas, sobre la administración de los recursos hídricos y el canon que recibirán esas jurisdicciones por la generación de energía eléctrica de las centrales.

El convenio era el paso obligado para que se conozcan los pliegos de bases y condiciones de una licitación en la que el Gobierno espera recaudar unos US$500 millones, según calculó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esas centrales, que están ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro, representan el 10% de la generación de energía del país y son clave por ser de producción limpia y porque el costo es menor que las que utilizan combustibles fósiles para operar (las centrales térmicas).

En el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años, según destacaron desde los distritos provinciales.

Fuente: TN

Según el cronograma oficial, durante este segundo semestre quedarán listos los pasos administrativos para lanzar las licitaciones de Intercargo, Corredores Viales, Aysa, Enarsa y las centrales hidroeléctricas del Comahue, con el objetivo de concretar los traspasos en 2026.

La medida forma parte de la hoja de ruta que el Ejecutivo se comprometió a presentar ante el FMI en noviembre, tras firmar en abril el acuerdo por USD 20.000 millones. El proceso está a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, quien confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque estimó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.

Intercargo, responsable de los servicios de rampa en los aeropuertos, será vendida en su totalidad. Aunque mostró superávit financiero en el primer trimestre, el Gobierno apunta a reducir su participación en el mercado tras habilitar la competencia. El llamado a licitación está previsto para diciembre.

Corredores Viales, que administra 6000 kilómetros de rutas nacionales, también será privatizada bajo la modalidad de concesión por tramos. Ya se lanzó la licitación para transferir a privados 700 kilómetros de la ruta del Mercosur, aunque la apertura de ofertas fue postergada para septiembre por pedido de los oferentes.

En el caso de Enarsa, que controla parte de Transener y es una de las compañías con mayor déficit, se avanzará con la venta del 50% de las acciones que posee en Citelec. El proceso será a través de un concurso nacional e internacional.

Para Aysa, el esquema será mixto: se privatizará el 51% a través de una licitación, otro 39% se colocará en la Bolsa, y el 10% restante quedará en manos de los trabajadores. El marco regulatorio ya fue publicado y el proceso formal comenzará hacia fin de año.

Finalmente, también se privatizarán las cuatro represas del Comahue (Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila), cuyos contratos vencieron en 2023. El Gobierno extenderá las concesiones actuales hasta diciembre y luego licitará su operación por otros 30 años.

Fuente: TN