Se trata de un problema que nos encontramos en todas las culturas, países y estratos sociales. Aunque las mujeres también pueden ser las que infligen los malos tratos, son de forma más habitual las víctimas.

Según la OMS alrededor del 35% de mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o por terceros en algún momento de su vida.

Para abordar esta problemática se han llevado a cabo investigaciones que intentan comprender y explicar qué es lo que lleva a un ser humano a agredir a aquellos con los que convive.

Entre otras cosas, parece que el funcionamiento cognitivo de los agresores domésticos podría ser distinto del de las personas no violentas, con especial relevancia de lo que conocemos como funciones ejecutivas.

Una de esas investigaciones se ha realizado en la Universidad de Jaén, en España.

En esta investigación se comparó el rendimiento en una prueba de funcionamiento ejecutivo de un grupo de maltratadores domésticos con el obtenido por otros grupos de delincuentes: sexuales, violentos y no violentos. También se incluyó un grupo control compuesto por participantes no delincuentes.

La tarea evaluada se conoce como Trail Making Test y tiene dos partes. En su parte A, el individuo debe trazar una línea continua que una los números del 1 al 25 presentados desordenados y dentro de sendos círculos en una hoja de papel.

En la parte B, se presentan círculos con números o letras y la actividad requiere ir uniendo de forma alterna cada número con su letra correspondiente alfabéticamente hasta llegar al último elemento.

Más problemas en la flexibilidad mental

Los resultados, aparecidos en la revista científica Medicine, Science and Law, mostraron que, efectivamente, los agresores domésticos presentan un funcionamiento ejecutivo alterado.

Tanto ellos como el grupo de agresores sexuales necesitaron más tiempo para completar la parte B del test. Por otro lado, el grupo de agresores violentos mostró más errores en esa parte de la prueba, entendidos como más fallos en el control de la impulsividad.

Lo que el autor concluye es que los datos parecen sugerir que tanto los agresores domésticos como los de tipo sexual parecen mostrar más problemas en la flexibilidad mental y el control ejecutivo, lo que podría explicar en parte las interrelaciones que existen entre estos tipos de violencia.

La flexibilidad mental es lo que nos permite, por ejemplo, ajustarnos a los cambios e imprevistos, o poder tomar diferentes puntos de vista ante una situación o problema.

El titular del Juzgado de Garantías N°4, Juan Tapia, sumó cuestionamientos al proyecto que el oficialismo busca revitalizar en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad y sostuvo que las "respuestas penales a los problemas sociales" solo otorgan un mayor complejidad al escenario delictual.

En medio de la polémica por el proyecto, el magistrado advirtió que "los discursos que proponen un aumento de la penalidad y el castigo como salida" son los que hoy parecen contar con un "aval de gran parte de la población".

Tapia atribuyó este respaldo por el "miedo al delito" que se instala en parte de la sociedad pero, ante ello, también insistió en que se "construyen realidades que no se ajustan a las estadísticas", después de hacer mención de la baja incidencia que tienen los menores en el total de los delitos cometidos. "El porcentaje es insignificante en términos estadísticos", ratificó.

El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Mar del Plata, Néstor Salas, se había expresado en la misma sintonía con Radio Mitre Mar del Plata y afirmado que esa cifra sólo ascendía al 7 por ciento. “No creo que la baja de la edad tenga un efecto en cuanto a la disminución de la delincuencia juvenil", coincidió.

Por su parte, Tapia insistió en que "el discurso punitivo y de segregación y exclusión hacia el otro" se puede traducir en importantes riesgos vinculados con la violación de distintos derechos humanos que están contemplados en la Constitución y tratados internacionales.

El juez de Garantías reconoció que debe modificarse la Ley Penal Juvenil porque la normativa tiene su origen en la dictadura pero cuestionó que la discusión se "empantane" en la baja de la edad de la imputabilidad. "Un joven de 15 o 14 años que está cometiendo un delito en vez de estar con la familia, lo que pone de manifiesto en realidad son las falencias sociales del Estado y de otra serie de derechos", analizó, y sentenció: "Cuando a un problema social se propone una respuesta penal, evidentemente lo que se hace es agravar la problemática".

Además, el magistrado señaló que la situación que atraviesa a los institutos de menores "no dista de las falencias" que se advierten hace tiempo en las cárceles para mayores. "Hay altas tasas de suicidio y de violencia", remarcó, y concluyó: "Pensar en aumentar la cantidad de jóvenes que ingresan a la unidad penal sin buscar alternativas previas seguramente aumentará el estigma y consolidará la trayectoria criminal de ese joven hacia la comisión de delitos", concluyó.